Decreto Nº 166/017 - Se reglamenta la ley 19.484 en lo relativo a la identificación de beneficiarios finales de las formas jurídicas determinadas.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

Montevideo, 26 de junio de 2017

VISTO: el Capítulo II de la Ley N° 19.484 de 5 de enero de 2017.

RESULTANDO: que por dicha norma se obliga a determinadas estructuras jurídicas a identificar a su beneficiario final y se amplía el registro oportunamente creado para la identificación de los titulares de participaciones patrimoniales al portador emitidas por entidades residentes en el país, y ciertas entidades residentes en el exterior, incorporando a los beneficiarios finales de las entidades así como a los titulares de las participaciones patrimoniales nominativas.

CONSIDERANDO: que es necesario reglamentar las disposiciones de la norma citada precedentemente.

ATENTO: a lo expuesto, y a lo dispuesto por el numeral 4°) del artículo 168 de la Constitución de la República.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA:

ART. 8º.-
(Entidades exceptuadas de informar).- No estarán obligadas a presentar la declaración jurada a que refiere el artículo 29 de la Ley que se reglamenta:
a) Las sociedades personales o sociedades agrarias en que la totalidad de las cuotas sociales pertenezcan a personas físicas, siempre que sean estas sus beneficiarios finales.
Se considerarán sociedades personales a efectos del Capítulo II de la Ley que se reglamenta, las siguientes:
i. Sociedad colectiva;
ii. Sociedad en comandita simple;
iii. Sociedad de capital e industria;
iv. Sociedad de responsabilidad limitada;
v. Sociedad en comandita por acciones respecto del socio comanditado.
Se considerarán sociedades agrarias a las reguladas por la Ley N° 17.777 de 21 de mayo de 2004.
b) Las sociedades de hecho y sociedades civiles integradas exclusivamente por personas físicas, siempre que sean sus titulares efectivos.
c) Las cooperativas integradas exclusivamente por personas físicas, siempre que sean sus titulares efectivos.
No obstante, tales entidades deberán cumplir con la obligación impuesta por los artículos 22 a 25 de la Ley que se reglamenta, debiendo conservar toda la documentación acreditante, la que podrá ser solicitada en cualquier momento por los organismos que tengan acceso al registro que lleva el Banco Central del Uruguay, así como la Auditoría Interna de la Nación en el marco de sus cometidos de control. (Sustituido) (Literal Agregado) (Sustituido)

ART. 9º.-
(Contenido de la declaración jurada adicional sobre titulares de acciones o participaciones patrimoniales nominativas).- La declaración jurada aludida en el artículo 5° del presente Decreto deberá contener, en el caso de los titulares de acciones o participaciones patrimoniales nominativas, la siguiente información:
a) en el caso de personas físicas: nombre del titular, estado civil con identificación del cónyuge, naturaleza jurídica propia o ganancial de los títulos declarados, domicilio real, y en su caso, fiscal y constituido ante la Dirección General Impositiva, nacionalidad, aportando según corresponda, número de cédula de identidad expedida por la Dirección Nacional de Identificación Civil, número de identificación expedido por el Registro Único Tributario (RUT) de la Dirección General Impositiva, o documento identificatorio expedido por otro Estado. Si se tratase de sucesiones indivisas y no hubiese aún declaratoria judicial de herederos, la declaración podrá ser formulada por cualquiera de los herederos presuntos con calidad acreditada mediante certificado notarial, a nombre de la sucesión indivisa. Una vez declarados judicialmente los herederos corresponderá efectuar nueva declaración indicando el porcentaje que le corresponde a cada heredero en el acervo sucesorio; (Sustituido)
b) en el caso de personas jurídicas o de otras entidades: razón social y nombre de fantasía de la persona jurídica o entidad titular, lugar y fecha de constitución, domicilio, sede, domicilio fiscal y constituido ante el organismo fiscal, número de identificación expedido por el Registro Único Tributario (RUT) de la Dirección General Impositiva, en su caso, así como nombre, domicilio y documento identificatorio del representante;
c) porcentaje de participación.
Cuando se verifique el desmembramiento del dominio, la información deberá comprender tanto al nudo propietario como al usufructuario.
En todos los casos, deberá especificarse el valor nominal total de las participaciones patrimoniales emitidas por la entidad, así como la identificación del depositario o custodio y el lugar donde las mismas se encuentran depositadas o en custodia, cuando corresponda. Si la titularidad declarada recayese sobre los instrumentos referidos en el artículo 302 de la Ley N° 16.060 de 4 de setiembre de 1989, u otros instrumentos de naturaleza equivalente que no tuvieren valor nominal, se indicará el derecho que confiere el respectivo instrumento a su tenedor.
El Banco Central del Uruguay podrá establecer formatos de declaración a ser utilizados por las entidades que deben efectuar la declaración a la que refiere el presente artículo, y podrá exigir que se incorporen en esa declaración datos adicionales a los citados precedentemente.

ART. 10.-
(Entidades en liquidación).- Las entidades en liquidación, salvo las entidades disueltas de pleno derecho conforme a lo establecido en la Ley N° 19.288 de 26 de setiembre de 2014, se encuentran obligadas por sus disposiciones hasta que hayan presentado clausura por cese de actividades ante la Dirección General Impositiva y declarado, según corresponda:
a) la extinción de la totalidad del pasivo y adjudicación de la totalidad de los activos remanentes a los accionistas, socios o titulares de participaciones patrimoniales, por concepto de reembolso de capital;
b) la anulación o destrucción de la totalidad de los títulos representativos de participaciones patrimoniales;
c) la identificación del liquidador o administrador.
Para quedar comprendido en el inciso precedente, la entidad deberá relevar a la Dirección General Impositiva del secreto tributario (artículo 47 del Código Tributario), al único efecto de comunicar al registro a cargo del Banco Central del Uruguay el cumplimiento de las condiciones establecidas, para la cancelación de la inscripción en el mismo.
La Dirección General Impositiva establecerá las formalidades y condiciones en que se aplicarán las disposiciones precedentes.
Los datos identificatorios de las entidades que queden comprendidas en esta disposición serán enviados por la Dirección General Impositiva al Banco Central del Uruguay por vía informática, debiendo coordinar ambos organismos la forma y los plazos en los que se realizará la incorporación de dicha información al referido registro.
La información correspondiente a la entidad, a los titulares y a los beneficiarios finales, permanecerá en el registro a que refiere el artículo 15 del presente Decreto por el término de prescripción que dispone el artículo 38 del Código Tributario.

ART. 11.-
(Modificación de los datos de la declaración jurada).- Toda modificación de los datos contenidos en la declaración, excepto la variación del valor nominal que no altere el porcentaje de participación, debe ser comunicada por la entidad obligada dentro de los 30 (treinta) días de su verificación.
Dicho plazo será de 90 (noventa) días en el caso de que los beneficiarios finales o los titulares de participaciones o títulos nominativos sean no residentes.
En el caso de que se altere el porcentaje de participación de los accionistas, socios o partícipes en el capital integrado o su equivalente o en el patrimonio según corresponda, como consecuencia de la modificación del contrato social o instrumento equivalente, o del aumento de capital integrado, el plazo referido en los incisos anteriores se computará desde la fecha del acto correspondiente o de la resolución del órgano societario competente, que determine la modificación en las participaciones de los titulares o beneficiarios finales. (Sustituido) (Artículo agregado)

ART. 12.-
(Variaciones en el valor nominal de las participaciones).- La obligación de presentar las declaraciones juradas a que refieren los artículos 5° y 9° del presente Decreto, no será de aplicación cuando las modificaciones en el valor nominal del capital integrado o su equivalente, o del patrimonio, según corresponda, no alteren el porcentaje de participación de los titulares o no alteren el control de los beneficiarios finales. En la declaración jurada inmediata siguiente que deba presentar la entidad, se actualizará la información correspondiente a dicha modificación.

ART. 13.-
(Documentación acreditante).- Las entidades obligadas por los artículos 23, 24 y 25 de la Ley que se reglamenta, deberán implementar procedimientos que le permitan identificar a sus beneficiarios finales, los que serán aplicables a los efectos de su identificación actual, así como en cada modificación de su composición, los que deberán ser debidamente documentados.
La Auditoría Interna de la Nación podrá establecer la forma y condiciones en las que las entidades deberán acreditar el cumplimiento de lo establecido en el presente artículo.

ART. 14.-
(Conservación de registros).- Los sujetos obligados deberán conservar en su domicilio los registros y la documentación respaldante obtenida para la identificación en las mismas condiciones que las establecidas para los libros sociales obligatorios para las sociedades comerciales y por un plazo mínimo de 5 (cinco) años contados a partir de su obtención.
La información deberá ser suficiente para permitir la reconstrucción de la identificación del beneficiario final y la cadena de titularidad si correspondiere.

ART. 15.-
(Registro).- El registro al que refiere el artículo 3° de la Ley N° 18.930 de 17 de julio de 2012, comprenderá la custodia y la administración de la información correspondiente a los beneficiarios finales y a los titulares de las entidades emisoras de acciones o partes sociales nominativas, conforme a los cometidos específicos atribuidos.
A tales efectos, también se considerará cometido específico del Banco Central del Uruguay, la confección de estadísticas sobre el número y la naturaleza de las entidades a que refieren los artículos 23, 24, 25, 29 y 30 de la Ley que se reglamenta.
A los efectos de la remisión de las declaraciones juradas a que refieren los artículos 5° y 9° del presente Decreto, el Banco Central del Uruguay pondrá a disposición un formulario, que deberá ser completado y suscrito por las entidades obligadas. El formulario deberá ser suscrito por quienes representen debidamente a la respectiva entidad. Su otorgamiento y suscripción, así como la personería jurídica y la representación de los firmantes, deberán ser certificadas notarialmente. El Escribano Público actuante deberá remitir a la Superintendencia de Servicios Financieros el formulario y la certificación notarial referidos a través de firma electrónica avanzada (artículo 6° de la Ley N° 18.600 de 21 de setiembre de 2009), la que previamente deberá ser registrada ante el Banco Central del Uruguay, en las condiciones que ese organismo definirá. Recibida la respectiva declaración en el sitio informático destinado a tal efecto, y luego de completados por el Escribano Público actuante los datos requeridos por el sistema respecto de la entidad y los titulares declarados, se expedirá automáticamente el certificado que acreditará la recepción de la declaración por el Banco Central del Uruguay y su incorporación al registro a su cargo.

ART. 16.-
(Contenido de las declaraciones juradas).- La Auditoría Interna de la Nación determinará los criterios técnicos según los cuales deberán formularse las declaraciones juradas para su correcta registración, los que deberán darse a publicidad en forma coordinada con el Banco Central del Uruguay, cada uno en el ámbito de las competencias atribuidas por el presente Decreto.

ART. 17.-
(Contralor).- Las entidades obligadas por la Ley que se reglamenta, no podrán inscribir actos ni negocios jurídicos en los registros dependientes de la Dirección General de Registros, del Ministerio de Educación y Cultura, sin acreditar la recepción de la declaración por el Banco Central del Uruguay, y la incorporación de la misma al registro a su cargo. Asimismo se requerirá la declaración de la entidad de que no han existido modificaciones posteriores a la fecha de dicho certificado.
En caso de no estar comprendidas en las obligaciones de identificar o informar previstas en las disposiciones del presente Decreto, deberá acreditarse dicho extremo por certificado notarial o declaración jurada de la entidad, según el acto inscribible requiera o no de intervención notarial. (Inciso Agragado)

ART. 18.-
(Obligados a reportar operaciones sospechosas).- Los obligados por los artículos 1° y 2° de la Ley N° 17.835 de 23 de setiembre de 2004, en la redacción dada por el artículo 50 de la Ley N° 19.355 de 19 de diciembre de 2015, deberán requerir a sus clientes la información resultante del cumplimiento de las obligaciones reglamentadas por el presente Decreto, en la forma en que la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay establezcan en el marco de sus cometidos de control del cumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

ART. 19.-
(Cometidos de la Auditoría Interna de la Nación).- Para el cumplimiento de los cometidos que le asigna la Ley que se reglamenta, la Auditoría Interna de la Nación podrá efectuar todos los controles que considere necesarios con las más amplias facultades.
A tales efectos, podrá:
a) recabar del Banco Central del Uruguay, del Banco de Previsión Social, de la Dirección General de Registros y de la Dirección General Impositiva la información que considere pertinente;
b) requerir a las entidades obligadas por la Ley, información sobre las mismas, sus representantes y mandatarios, sobre sus titulares, representantes y mandatarios, y sobre sus beneficiarios finales; así como toda otra información que considere relevante para el cumplimiento de sus cometidos en el marco de la Ley que se reglamenta.

ART. 20.-
(Sanciones).- Para la aplicación de las sanciones previstas en los artículos 32, 33 y 35 de la Ley que se reglamenta, se procederá en la forma establecida en el Decreto N° 500/991 de 27 de setiembre de 1991.
En el caso de que la sanción fuere de carácter pecuniario, la resolución deberá disponer simultáneamente la intimación de pago a sus responsables dentro del plazo de 30 (treinta) días. (Artículo agregado)

ART. 21.-
(Graduación de sanciones).- Las multas establecidas por los artículos 32, 33 y 35 de la Ley que se reglamenta, se graduarán en función de la dimensión económica de las entidades y del plazo de incumplimiento, y considerando el valor de la multa máxima por contravención (MC) establecida por el artículo 95 del Código Tributario.
La dimensión económica se definirá tomando en consideración el activo y los ingresos que consten en los estados contables correspondientes al cierre del último ejercicio económico.
Se entiende por entidad de pequeña y mediana dimensión económica aquellas cuyos activos no superen U.I. 7:500.000 (Unidades Indexadas siete millones quinientas mil), o cuyos ingresos no superen U.I. 24.000.000 (Unidades Indexadas veinticuatro millones).
Las entidades que superen cualquiera de las cifras establecidas precedentemente, serán consideradas de gran dimensión económica.
El período de incumplimiento será el que transcurre desde el vencimiento del plazo correspondiente, hasta la fecha del efectivo cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley que se reglamenta, o de la verificación del incumplimiento, según corresponda.
El incumplimiento de las obligaciones de identificar e informar el beneficiario final, establecidas en los artículos 23, 24, 26, 29 y 30 de la Ley que se reglamenta, se graduará entre un mínimo de 2 (dos) y un máximo de 100 (cien) veces la multa máxima por contravención establecida en el artículo 95 del Código Tributario.
Asimismo para la graduación de la multa por el incumplimiento de la obligación de identificar e informar el beneficiario final, establecidas en los artículos 23, 24, 26, 29 y 30 de la Ley que se reglamenta, se considerará el porcentaje de participación respecto del cual se desconoce su beneficiario final.
El incumplimiento de las obligaciones de identificar e informar la titularidad de acciones o partes sociales nominativas, establecidas en los artículos 25, 26, 29 y 30 de la Ley que se reglamenta, se graduará entre un mínimo de 20 (veinte) y un máximo de 100 (cien) veces la multa máxima por contravención establecida en el artículo 95 del Código Tributario. (Sustituid0)

ART. 22.-
(Formas jurídicas inadecuadas).- Los organismos estatales que, en el marco de sus actuaciones, identifiquen estructuras que pudieran configurar la infracción prevista en el artículo 35 de la Ley que se reglamenta, deberán ponerlo en conocimiento de la Auditoría Interna de la Nación.

ART. 23.-
(Levantamiento de la obligación de reserva).- Para acceder a la información que el Banco Central del Uruguay tenga en custodia conforme a lo dispuesto en la Ley que se reglamenta, se requerirá:
a) resolución del Director General de Rentas. La Dirección General Impositiva podrá solicitar al Banco Central del Uruguay información contenida en el citado registro conexa a toda actuación inspectiva, iniciada formalmente, vinculada a sujetos pasivos determinados. A tales efectos podrá requerir información relacionada a personas o entidades vinculadas al sujeto inspeccionado. La misma información podrá ser solicitada por la Dirección General Impositiva para el cumplimiento de solicitudes de intercambio de información expresas y fundadas por parte de la autoridad competente de un Estado extranjero, exclusivamente en el marco de tratados internacionales ratificados por la República en materia de intercambio de información o para evitar la doble imposición, que se encuentren vigentes;
b) resolución de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el desarrollo de sus tareas relacionadas con la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo y con el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas tendientes a impedir la proliferación de armas de destrucción masiva, en el cumplimiento estricto de tales funciones;
c) resolución de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay, en el desarrollo de sus tareas relacionadas con la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo y con el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas tendientes a impedir la proliferación de armas de destrucción masiva, en el cumplimiento estricto de tales funciones;
d) resolución fundada de la Justicia Penal o de la Justicia competente si estuviera en juego una obligación alimentaria;
e) resolución de la Junta de Transparencia y Ética Pública, siempre que tal información se solicite una vez que se haya iniciado formalmente una actuación vinculada al ámbito de su competencia.
En los casos no previstos precedentemente, la reserva solo podrá ser levantada con autorización expresa y por escrito de los sujetos cuyos datos están consignados en el registro, sin perjuicio de la potestad de la Auditoría Interna de la Nación referida en el literal a) del artículo 19 del presente Decreto.

ART. 24.-
(Transitorio).- Las entidades deberán enviar por medios informáticos las declaraciones juradas a que refieren los artículos 5° y 9° del presente Decreto, dentro del plazo de 60 (sesenta) días corridos, contados a partir de:
a) 1° de agosto de 2017, en el caso de las entidades obligadas a informar por la Ley N° 18.930 de 17 de julio de 2012;
b) 1° de mayo de 2018, en el caso de las entidades emisoras de acciones nominativas, sociedades personales y demás entidades.

ART. 25.-
(Nuevas entidades).- Las entidades que se constituyan o devinieren obligadas a partir de la vigencia de la Ley que se reglamenta, deberán cumplir con la obligación de presentar la declaración jurada a que refiere el artículo 29 de la misma, dentro del plazo de 30 (treinta) días a partir de la fecha de la efectiva formalización de la entidad o de los supuestos por los cuales devinieren obligadas, de acuerdo a las disposiciones aplicables en cada caso y sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior. (Sustituido)

ART. 26.-
(Disposición transitoria).- Otórgase el mismo plazo establecido en el literal b) del artículo 24 del presente Decreto, a las entidades obligadas a que refiere el literal a) de dicho artículo, siempre que tengan presencia real en nuestro país y que, aún habiendo adoptado todas las medidas razonables para conocer su estructura de propiedad y control, no hubieran podido determinar la identidad de su o sus beneficiarios finales, en razón de la existencia de entidades residentes en terceras jurisdicciones, siempre que:
a) comuniquen al registro la o las personas físicas que ejercen el control directo sobre la entidad obligada en el plazo establecido en el literal a) del artículo 24 del presente Decreto,
b) exista la obligación efectiva de identificar al beneficiario final de cada entidad propietaria directa conforme a las normas del país de su residencia;
c) se encuentren vigentes con dicho país instrumentos de asistencia administrativa mutua para intercambiar información relevante para la investigación de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y de intercambio de información con fines tributarios.
En ningún caso se encontrarán amparadas en el presente artículo las entidades no financieras pasivas definidas en el artículo 8° del Decreto N° 77/017 de 27 de marzo de 2017.
Las entidades a que refiere el presente artículo deberán informar al registro que se encuentran en tal situación y cumplir con las obligaciones de conservación de registros y documentos establecida en el artículo 14 (Conservación de registros).