ART. 1º.-
Modifícase el artículo 1° del Decreto N° 245/007 de fecha 2 de julio de 2007, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 1°.- Créase la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, dependiente de la Presidencia de la República, que estará integrada por el Prosecretario de la Presidencia de la República que la presidirá, por el Secretario General de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos que la convocará y coordinará sus actividades, por los Subsecretarios de los Ministerios del Interior, de Economía y Finanzas, de Defensa Nacional, de Educación y Cultura, de Relaciones Exteriores y el Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay, quienes podrán hacerse representar, mediante delegados especialmente designados al efecto."

ART. 2º.-
Modifícase el art. 2° del Decreto N° 245/007 de fecha 2 de julio de 2007, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 2°: Dicha Comisión tendrá los siguientes cometidos sustantivos:
a) Elaborar y someter a consideración del Poder Ejecutivo, políticas nacionales en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en coordinación con los distintos organismos involucrados.
b) Proponer al Poder Ejecutivo la estrategia nacional para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, a partir del desarrollo de los componentes preventivos, represivos y de inteligencia financiera del sistema, asegurando la realización de diagnósticos periódicos generales que permitan identificar vulnerabilidades y riesgos, a efectos de posibilitar los ajustes que resulten necesarios en cuanto a objetivos, prioridades y planes de acción.
c) Impulsar en función de los objetivos y planes definidos, el desarrollo de acciones coordinadas por parte de los organismos concompetencia en la materia.
A efectos de apoyar el cumplimiento de tales cometidos, la Comisión Coordinadora promoverá el desarrollo e implementación de una red de información que contribuya a la actuación del Poder Judicial, el Ministerio Público, las autoridades policiales, la Junta Nacional de Drogas y la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay y posibilite la producción de estadísticas e indicadores que faciliten la revisión periódica de la efectividad del sistema, así como de programas educativos y de concientización sobre riesgos del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, dirigidos a los sectores público y privado."