ART. 1º.- Interprétase que la reducción dispuesta por el artículo 1° de la Ley N° 19.615, de 27 de abril de 2018, comprende a los propietarios, poseedores, promitentes compradores con o sin promesa inscripta y los usufructuarios, que exploten con fines agropecuarios los padrones por sí o por terceros.

ART. 2º.- Extiéndese hasta el 31 de diciembre de 2018 el plazo establecido para el presente ejercicio por el artículo 3° de la Ley N° 19.615, de 27 de abril de 2018.

ART. 3º.- Agrégase al artículo 23 del Título 4 del Texto Ordenado 1996, en la redacción dada por el artículo 712 de la Ley N° 19.355, de 19 de diciembre de 2015, y con la modificación introducida por el artículo 242 de la Ley N° 19.535, de 25 de septiembre de 2017, el siguiente literal:
"K) Los gastos incurridos en la contratación de seguros para cultivos agrícolas de índice para déficit hídrico. El Poder Ejecutivo podrá otorgar el mismo tratamiento a otros seguros que cubran riesgos de déficit o exceso hídrico".
Las modificaciones de disposiciones del Texto Ordenado 1996 dispuestas en el presente artículo, se entienden realizadas a las normas legales que les dieron origen.

ART. 4º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a otorgar a los titulares de explotaciones agropecuarias que no se encuentren gravados por el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas, un crédito equivalente al 12% (doce por ciento) de los gastos correspondientes a contrataciones de seguros para cultivos agrícolas de índice para déficit hídrico, así como de otros seguros que cubran riesgos de déficit o exceso hídrico.
El productor podrá deducir de sus obligaciones a pagar al Banco de Previsión Social, el crédito fiscal a que refiere el inciso anterior. Si existiera un excedente de crédito, el mismo podrá ser imputado en futuras liquidaciones. La imputación por parte del productor de un crédito mayor al que le corresponda de acuerdo a las normas vigentes, será sancionada con una multa del 100% (cien por ciento) de los tributos impagos, sin perjuicio de los recargos por mora aplicables de acuerdo al régimen general. La Dirección General Impositiva establecerá el régimen de contralor aplicable y determinará en coordinación con el Banco de Previsión Social, la forma en que se computará el referido crédito.
Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 17 de octubre de 2018. LUCÍA TOPOLANSKY, Presidente; HEBERT PAGUAS, Secretario.

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Montevideo, 26 de octubre de 2018