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Acordada S.C.J. Nº 8.140 - Se crea la Comisión para asesorar a la Suprema Corte de Justicia en materia de ascensos.

En Montevideo, a los veintiocho días del mes de marzo de dos mil veintidós, estando en audiencia la Suprema Corte de Justicia, integrada por los Señores Ministros doctores: John Pérez Brignani -Presidente-, Elena Martínez Rosso, Bernadette Minvielle Sánchez, Tabaré Sosa Aguirre y Doris Morales Martínez, con la asistencia de su Prosecretario Letrado doctor Juan Pablo Novella Heilmann;

DIJO:

VISTO: I. Que por Acordada Nro. 7.772, del 19 de agosto de 2013, se reguló el sistema de traslados y ascensos de magistrados, el que fue modificándose con el paso del tiempo mediante diversas acordadas, ante distintas necesidades de ajustes a tal normativa.
II. Que, en base a la experiencia acumulada a lo largo de estos años de funcionamiento del sistema, resulta necesario aprobar una regulación integral en materia de calificaciones y ascensos, con el objetivo de brindar la máxima transparencia y claridad en los procedimientos de selección.
III. Que, por otra parte, se han detectado distintas situaciones de magistrados que, por no contar con apelaciones a sus decisiones, quedan por fuera ...


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Acordada S.C.J. Nº 8.140 - Se crea la Comisión para asesorar a la Suprema Corte de Justicia en materia de ascensos.

En Montevideo, a los veintiocho días del mes de marzo de dos mil veintidós, estando en audiencia la Suprema Corte de Justicia, integrada por los Señores Ministros doctores: John Pérez Brignani -Presidente-, Elena Martínez Rosso, Bernadette Minvielle Sánchez, Tabaré Sosa Aguirre y Doris Morales Martínez, con la asistencia de su Prosecretario Letrado doctor Juan Pablo Novella Heilmann;

DIJO:

VISTO: I. Que por Acordada Nro. 7.772, del 19 de agosto de 2013, se reguló el sistema de traslados y ascensos de magistrados, el que fue modificándose con el paso del tiempo mediante diversas acordadas, ante distintas necesidades de ajustes a tal normativa.
II. Que, en base a la experiencia acumulada a lo largo de estos años de funcionamiento del sistema, resulta necesario aprobar una regulación integral en materia de calificaciones y ascensos, con el objetivo de brindar la máxima transparencia y claridad en los procedimientos de selección.
III. Que, por otra parte, se han detectado distintas situaciones de magistrados que, por no contar con apelaciones a sus decisiones, quedan por fuera de los procesos calificatorios, ya que los superiores procesales no tienen la posibilidad de valorar sus fallos, lo que redunda en un claro perjuicio para ellos.
La presente reglamentación, en este punto, lo que busca es que los magistrados que no hayan tenido ninguna apelación contra las sentencias dictadas y que pretendan ser evaluados, envíen dos sentencias correspondientes al período y, asimismo, se evaluarán dos sentencias seleccionadas en forma aleatoria.
Se garantiza que los jueces puedan ser calificados y no deban depender de la impugnación de sus decisiones judiciales para que el órgano procesal correspondiente evalúe su desempeño.
La Ley 19.830 en su art. 8 no consagró un supuesto de desconcentración privativa en materia de calificaciones hacia los titulares de los órganos procesales superiores.
No se está, como enseña CAJARVILLE, frente a un supuesto de desconcentración privativa, pues no existe la atribución de un poder o poderes propios y exclusivos a un órgano jerarquizado; esa atribución debe ser parcial, es decir, no referida a la totalidad de la actividad del órgano (CAJARVILLE PELUFFO, Juan Pablo: "Sobre Derecho Administrativo", Tomo I, FCU, 3ª Edición, Montevideo, 2012, pág. 605).
Precisamente, porque la Corte tiene la superintendencia administrativa y directiva (art. 239 ordinal 2° de la Carta). La Ley no puede recortar o mutilar una potestad constitucional de la Corporación, impidiéndole a ésta que pueda avocarse en asuntos puntuales para el ejercicio de su competencia originaria.
No habría ningún inconveniente, desde el punto de vista constitucional, en que la ley o el reglamento -dictado por la propia Corte- para cumplir con esta función, con este cometido de "ejercer la superintendencia" sobre todas las dependencias del Poder Judicial, desconcentrara poderes jurídicos en diversos órganos del sistema orgánico Poder Judicial (CASSINELLI MUÑOZ, Horacio: "La superintendencia administrativa de la Suprema Corte de Justicia" en Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, año XXXI, julio-diciembre, Montevideo, 1990, págs. 216/217).
Pero lo que no puede hacer la Ley es descargar esos poderes jurídicos en forma exclusiva a órganos inferiores del sistema orgánico del Poder Judicial, vedándole la intervención a la Suprema Corte de Justicia.
En definitiva, lo que está haciendo la Corte a través de la presente regulación, no es otra cosa que ejercer directamente sus competencias constitucionales, avocándose a la calificación de aquellos jueces que, de otro modo, verían cercenados sus derechos funcionales a la evaluación de su desempeño, por la circunstancial falta de impugnación de sus sentencias o por cumplir tareas de asistencia directa al órgano jerarca del Poder Judicial.
IV. Que la Suprema Corte de Justicia, en uso de sus facultades reglamentarias, considera oportuno y conveniente uniformizar en una reglamentación las diversas normas de la materia en un texto único, estableciendo con ello reglas de juego claras y precisas en el sistema de ascensos de magistrados.

ATENTO: A lo expuesto y a lo dispuesto por el artículo 239 ordinal 2° de la Constitución de la República;

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
RESUELVE:

1º.- Aprobar el siguiente sistema de ascensos para magistrados.

I.
DE LA COMISIÓN ASESORA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA EN MATERIA DE ASCENSOS.

2º.- Créase una Comisión para asesorar a la Suprema Corte de Justicia en materia de ascensos.

3º.- La Comisión Asesora será designada por la Corporación y se integrará por seis miembros:
- un Ministro de la Suprema Corte de Justicia, quien la presidirá; debiéndose designar dos suplentes.
- dos Ministros de los Tribunales de Apelaciones, uno de los cuales será designado, con sus respectivos suplentes, a propuesta de la Asociación de Magistrados del Uruguay;
- un Abogado en ejercicio de la profesión, con sus respectivos suplentes, designado a propuesta del Colegio de Abogados del Uruguay;
- un Profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, con sus respectivos suplentes, designado a propuesta del Consejo de ficha facultad.
- un Profesor titular de las distintas Facultades de Derecho privadas del país, con sus respectivos suplentes, designado a propuesta acordada entre ellas.
En el acto de designación de cada uno de sus miembros, la Corte designará los miembros suplentes para cada titular, en orden preferencial, para los casos de vacancia o impedimento temporal o definitivo.
Los miembros suplentes solo podrán participar de la Comisión con voz y voto en caso de ausencia circunstancial del respectivo miembro titular, sin perjuicio de su asistencia a las sesiones de la Comisión.

4º.- Los integrantes de la Comisión, tanto titulares como suplentes, actuarán con independencia y guardarán reserva de lo actuado. Durarán dos años en el ejercicio de sus cargos y no podrán ser reelectos sin que medien dos años entre su cese y su reelección.

5º.- El período de actuación de la Comisión será de dos años contados a partir del 1° de abril de cada año impar.
Transcurridos treinta días de la fecha indicada para la instalación de la Comisión sin que, a solicitud de la Corporación, las instituciones mencionadas en el artículo 3° hayan efectuado la correspondiente propuesta de la terna (titular y dos suplentes), la Suprema Corte de Justicia podrá designar a los integrantes faltantes, atendiendo a las calidades indicadas para los mismos.

6º.- En todos los casos, las resoluciones de la Comisión deberán contar con el voto de la mayoría absoluta de sus componentes.

7º.- Será cometido de la Comisión la elaboración de listas de prelación de los magistrados mejor calificados para el ascenso, teniendo en consideración a tales efectos:
a) las calificaciones de sus superiores procesales;
b) sus antecedentes funcionales resultantes del legajo;
c) la capacitación permanente en los cursos brindados por el Centro de Estudios Judiciales;
d) el resultado de la prueba de concurso y;
e) otros méritos.
La antigüedad en el cargo, en todos los casos, será considerada para determinar el orden de prelación de los magistrados en la lista a confeccionar, en caso de empate o evaluaciones muy similares en otros rubros.

8º.- Para efectuar el listado referente a las categorías de Jueces de Paz Seccionales, Jueces de Paz de Ciudad, Jueces de Paz Departamentales del Interior y Jueces de Paz Departamentales de la Capital, la Comisión asesora tendrá en cuenta exclusivamente:
a) las Calificaciones de sus superiores procesales;
b) sus antecedentes funcionales;
c) la capacitación permanente en los cursos brindados por el Centro de Estudios Judiciales y;
d) otros méritos.
La antigüedad operará de igual forma que lo dispuesto para el artículo anterior.

9º.- La Comisión confeccionará anualmente nóminas de hasta veinte magistrados dispuestas por orden de prelación según los puntajes obtenidos, que en cada grado y categoría considere más aptos para el ascenso durante el año civil siguiente, procurando que, en aquellos casos en que tales nóminas comprendan diversas materias, se incluyan magistrados actuantes en todas ellas, manteniendo en lo posible la proporción que emerge del número de superiores procesales.
Por otra parte, la Comisión excluirá de los listados a aquellos magistrados que no reúnan las condiciones exigidas para desempeñar un cargo superior al 1° de enero del año siguiente, así como los magistrados que hubieren hecho uso de la facultad consagrada en el artículo 44 de la presente acordada.
En caso que la Comisión lo considere necesario, por razones que deberá explicitar, podrá superar el número de veinte magistrados para la integración de las listas.

10.- La Comisión deberá presentar las nóminas ante la Corte antes del 10 de diciembre de cada año a fin de que sean aprobadas por la Suprema Corte de Justicia. Contra su resolución, cabrá el recurso de revocación (art. 317 Constitución de la República)
El orden de prelación establecido por la Comisión tendrá vigencia de un año y entrará a regir a partir del 1° de enero del año siguiente a su homologación, salvo que no se haya culminado el proceso de conformación de las nuevas listas, lo que podrá aparejar la extensión de la vigencia del listado anterior.

11.- Las nóminas serán tenidas especialmente en cuenta por la Suprema Corte de Justicia en oportunidad de efectuarse ascensos, pudiendo la Corporación recabar de la Comisión Asesora los antecedentes e informes que considere oportuno solicitar.

12.- En caso de que la Suprema Corte de Justicia entienda pertinente apartarse de las listas, lo hará en forma fundada.

II.
DE LAS CALIFICACIONES

13.- Cada superior procesal tiene el deber de presentar antes del 15 de marzo de cada año, una nómina reservada de hasta diez magistrados que, en su concepto, se encuentren mejor capacitados para el ascenso.
No podrán ser evaluados aquellos magistrados respecto de los cuales no haya sido considerado un mínimo de tres expedientes, que deberán individualizarse, en el período a calificar, de lo que deberá dejarse constancia por parte del superior procesal.
Tampoco podrán evaluarse aquellos magistrados que no cuenten con una antigüedad mínima en el cargo actual de seis meses contados desde la fecha de toma de posesión del cargo, de lo que también se dejará constancia por parte del superior procesal.
El informe que habrá de elaborar el magistrado se realizará con indicación de la I.U.E. respectiva y en base a las siguientes pautas:
a) Corrección en la tramitación desde el punto de vista procesal; dirección del proceso y de las audiencias;
b) Nivel de conocimiento sobre el mérito del asunto reflejado en la decisión adoptada, así como la fundamentación lógica suficiente de tal pronunciamiento;
c) Los plazos para la fijación de audiencias y sus prórrogas, así como para el dictado de la sentencia;
d) Duración de los procesos del magistrado a calificar, tomando estrictamente en cuenta las demoras que le son imputables.
Cada ítem será evaluado por separado y luego en su conjunto con las siguientes calificaciones: Bueno (B), Muy Bueno (MB) y Sobresaliente (S).
A los efectos correspondientes la Suprema Corte de Justicia proporcionará a los superiores procesales el formulario correspondiente adecuado a las nuevas bases.

14.- A los efectos de la presente acordada, se consideran superiores procesales:
a. Los Tribunales de Apelaciones respecto de los Jueces Letrados de Primera Instancia de igual especialización que la Sala informante.
b. Los Jueces Letrados de Primera Instancia en lo Civil y de lo Contencioso Administrativo respecto de los Jueces de Paz Departamentales de la Capital.
c. Los Jueces Letrados de Primera Instancia del Interior respecto de los Jueces de Paz de sus límites jurisdiccionales, cualquiera fuera su categoría.

15.- El informe se hará cuando corresponda en relación a cada categoría de magistrados inferiores procesales.

16.- El informante indicará los magistrados inferiores procesales respecto de los cuales carece de adecuada información para expedirse.

17.- El informe podrá incluir a magistrados que durante el año anterior a la presentación del informe hayan revestido la calidad de inferiores procesales al informante aunque actualmente no lo sean, debiendo precisar, en tal caso, el período al cual corresponde el informe.

18.- La omisión y/o retraso en el cumplimiento de esta obligación hará incurrir al magistrado en falta y eventual responsabilidad disciplinaria. (art. 112 inc. 1° de la Ley 15.750).

19.- Sin perjuicio de lo establecido, aquellos magistrados que durante el último año civil no hayan tenido ninguna apelación contra las sentencias dictadas (definitivas o interlocutorias) y que pretendan ser evaluados, deberán elevar a la Suprema Corte de Justicia antes del 15 de marzo de cada año, dos sentencias seleccionadas por el magistrado interesado y correspondientes a ese período.
En ese supuesto, la Secretaría Letrada de la Corporación seleccionará a su vez, de manera aleatoria, otras dos sentencias correspondientes también a ese mismo período. Las cuatro sentencias serán examinadas, por lo menos, por tres Ministros de la Suprema Corte de Justicia y se efectuará la calificación correspondiente que se comunicará a la Comisión Asesora. A los efectos de la calificación a extender se podrá acceder al expediente a fin de considerar las pautas a que refiere el artículo 13 de la presente.
Para que opere el procedimiento previsto en los incisos anteriores, será necesario que en el último año civil se hayan dictado, por lo menos, cuatro sentencias definitivas.
Hace excepción a lo expuesto en el inciso anterior, los Juzgados de Familia Especializada y de Ejecución Penal requiriéndose, para Familia Especializada, por lo menos dos sentencias interlocutorias que seleccionarán los magistrados interesados y dos que se seleccionarán aleatoriamente conforme lo expuesto supra, mientras para Ejecución Penal, se elevará el veinte por ciento de las sentencias de Habeas Corpus y de libertades anticipadas que hayan dictado esos magistrados, más un informe de su actuación que se requerirá sea efectuado por el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario.

III.
DE LAS ANTECEDENTES FUNCIONALES DE LOS MAGISTRADOS

20.- Anualmente, la Prosecretaría Letrada de la Suprema Corte de Justicia elevará a la Comisión Asesora un informe que contendrá las observaciones y/o sanciones disciplinarias y los antecedentes funcionales que resultaran de los legajos de los magistrados, correspondientes a los últimos dos años civiles, los que serán considerados por la Comisión al momento de efectuar el orden de prelación de las listas correspondientes a cada categoría.

21.-No podrán ser incluidos en el listado que elabore la Comisión Asesora, aquellos magistrados que, en el último año civil, hayan recibido la sanción disciplinaria comprendida en el numeral 6° del art. 114 de la Ley 15.750 (descenso a la categoría inmediata inferior).

22.-En caso de habérsele impuesto al magistrado la sanción disciplinaria prevista en el numeral 5° del art. 114 de la Ley 15.750 (pérdida del derecho al ascenso), deberá estarse a su vencimiento para poder volver a integrar las listas elaboradas por la Comisión Asesora.

IV.
DE LA CAPACITACIÓN PERMANENTE

23.-La Comisión Asesora deberá tomar en consideración la formación continua que cada magistrado realice, en cumplimiento de lo establecido en la Acordada Nro. 7.848 y sus modificativas.

24.-Anualmente, el Centro de Estudios Judiciales deberá elevar a la Comisión Asesora un informe en el que establecerá un listado de los magistrados que cumplieron en el último año civil con la formación permanente, así como la cantidad de horas realizadas y las notas por ellos obtenidas. Ello, independientemente de que hayan sido cursadas en su totalidad en esa casa de estudios, o aquellas que se computen según el régimen de reválidas vigente.
Además, informará en listado aparte el nombre de los magistrados que no dieron cumplimiento a la totalidad de las horas de capacitación continua. En ningún caso, se comunicará las horas de capacitación continua si no se ha realizado la prueba evaluatoria.

25.-El incumplimiento de las horas de capacitación obligatoria con rendición de prueba, de acuerdo a las disposiciones vigentes, aparejará la imposibilidad de que el magistrado sea considerado por la Comisión para su inclusión en la lista a elaborar.

V.
DEL CONCURSO DE OPOSICIÓN

26.-Como un elemento más a ser considerado por la Comisión para elaborar las listas de magistrados en condiciones de ascender, se tendrá en cuenta el resultado del concurso de oposición, de presentación voluntaria, entre los miembros de la judicatura.

27.-A tales efectos, existirán concursos anuales para ascender a:
- Ministro de Tribunal, donde podrán presentarse los Jueces Letrados de Primera Instancia de la Capital que cuenten con una antigüedad mínima de cinco años en el cargo.
- Juez Letrado de Primera Instancia de la Capital, donde podrán presentarse los Jueces Letrados de Primera Instancia del Interior que cuenten con una antigüedad mínima de cinco años en el cargo.
- Juez Letrado de Primera Instancia del Interior, donde podrán presentarse los Jueces de Paz Departamental de la Capital e Interior que cuenten con una antigüedad mínima de dos años en el cargo.
La antigüedad se computará desde la toma de posesión del cargo hasta el día en que finaliza el plazo de inscripción del concurso.

28.-Los concursos se realizarán según los siguientes parámetros:
a. Quienes se postulen al concurso para ascender a Ministro de Tribunal, podrán concursar en base a cuatro opciones de pruebas por materias. Esto es: Civil, Penal, Laboral o Familia, según el concurso al que se inscriban.
b. En el caso del concurso para ascender a Juez Letrado Primera Instancia de la Capital, se establecerán dos modalidades de pruebas:
- Civil en sentido amplio (Civil, Laboral, Familia, Familia Especializada/Género, Contencioso Administrativo)
- Penal en sentido amplio (Penal, Adolescentes, Familia Especializada/Género y Aduana).
Al respecto, los Jueces Letrados del Primera Instancia del Interior podrán elegir entre inscribirse a uno o a ambos concursos, según estimen pertinente.
c. Para el caso de quienes se inscriban al concurso para ascender a Juez Letrado de Primera Instancia del Interior, el examen abarcará todas las materias.

29.-Sin perjuicio de que los concursantes puedan optar por la prueba de la materia de su preferencia, de acuerdo a lo previsto en el artículo anterior, la lista de prelación resultante de los concursos, por categoría, -que será empleada como insumo por la Comisión Asesora- será única y general, teniendo en consideración las futuras necesidades del servicio.

30.-Cada tribunal examinador se integrará por tres miembros: dos Profesores o ex Profesores de alto grado académico (grado 4 o 5) designado por la Suprema Corte de Justicia perteneciente a cualquiera de las Facultades de Derecho que funcionan en el país y por un docente de alto grado académico (grado 4 o 5) designado por la Asociación de Magistrados del Uruguay, quien, a su vez, no podrá integrar su Comisión Directiva.
Los tres docentes deberán ser especialistas en las respectivas materias para las cuales se llama a concurso y, al menos, uno de ellos deberá ser versado en aspectos procesales de la materia/s a concursar.

31.-El tribunal examinador, con la colaboración de la Comisión Directiva del Centro de Estudios Judiciales, elaborará las bases, las que serán sometidas a consideración de la Suprema Corte de Justicia.
Se deberá considerar en las bases que la prueba contenga el dictado de una sentencia como objeto principal de evaluación y que para su aprobación, se deba alcanzar, al menos, el 85% de acierto en el fundamento de la decisión adoptada.

32.-El tribunal examinador diseñará ejes temáticos en atención a la competencia de los Tribunales, con inclusión, en todos ellos, del derecho procesal vigente en la materia, los cuales serán incluidos en las bases que elaborará dicho tribunal.
Los integrantes de los tribunales mantendrán bajo la más estricta reserva las pruebas hasta el momento de su realización.

33.-Sus decisiones se adoptarán por mayoría absoluta de integrantes.

34.-La prueba será confidencial y anónima en todas sus etapas hasta la publicación del respectivo resultado, el que se notificará a cada concursante.

35.-En el período comprendido entre el 1° y el 15 de marzo de cada año, la Suprema Corte de Justicia dictará la resolución correspondiente a efectos de instrumentar las pruebas de oposición.

36.-El llamado a concurso se publicará en la página web del Poder Judicial y en el Diario Oficial el primer día hábil siguiente a dicha fecha, poniendo en conocimiento las bases elaboradas y aprobadas.

37.-El plazo de inscripción se extenderá hasta el 10 de abril o hasta el primer día hábil siguiente a dicha fecha.

38.-El concurso debe realizarse en una fecha próxima a la culminación de la feria judicial menor que, en cada caso, deberá determinar la Suprema Corte de Justicia.

39.-El tribunal examinador dispondrá de quince días hábiles para expedirse, contados a partir del día hábil siguiente al de la realización de la prueba, debiendo remitir sus resultados a la Corporación para su homologación.

40.-Contra la decisión de la Corte, cabrá el recurso de revocación (art. 317 de la Constitución de la República).

41.-Homologado que sea el resultado de la prueba, se remitirá a la Comisión Asesora a los efectos de su oportuna valoración para la confección de las listas respectivas.

VI.
OTROS MÉRITOS

42.-Cada magistrado podrá remitir anualmente, antes del 15 de marzo, aquellos méritos jurídicos relevantes que desee destacar para que la Comisión Asesora los considere.
Podrán considerarse méritos académicos o de servicio vinculados a la función, entre otros: doctorados, maestrías, posgrados y otros cursos que no hayan sido revalidados por el C.E.J.U., subrogaciones a categorías superiores por períodos iguales o superiores a 30 días, publicaciones, docencia, ponencias, entre otros.

43.-La Comisión tomará en cuenta los méritos que deberán ser apreciados examinando la actuación y el comportamiento del Juez en el desempeño de sus funciones. Además, deberá requerir a la Prosecretaría Letrada de la Corporación, informe sobre estadísticas e inspecciones emanadas de las oficinas de la Suprema Corte de Justicia, en el último año civil.

VII.
DISPOSICIONES GENERALES

44.-Aquellos magistrados que durante un lapso que determinen, que no podrá exceder de dos años, aspiren a no ser ascendidos o trasladados, deberán hacerlo saber por escrito a la Prosecretaría Letrada de la Suprema Corte de Justicia antes del 15 de marzo de cada año.
Tal opción podrá ejercerse una sola vez por categoría, sin perjuicio de las necesidades de servicio que valorará la Corporación.

45.-Apruébase el formulario de calificaciones de inferiores procesales, considerándose parte integrante de esta Acordada.

46.-El nuevo método de evaluación que por la presente se regula, comenzará a regir a partir del 1° de febrero de 2023, respecto de las calificaciones del período 2022 y los puntajes obtenidos por los magistrados en los concursos a celebrarse a partir del 2023.

47.-Deróganse las Acordadas Nros. 7.772, 7.982, 7.996, 8.115 y todas aquellas disposiciones que se opongan a la presente.

48.-Comuniquese, publíquese en el Diario Oficial y en el Portal Corporativo, e insértese en el sitio web.

Dr. John PÉREZ BRIGNANI - PRESIDENTE
Dra. Elena MARTÍNEZ ROSSO - MINISTRO
Dra. Bernadette MINVIELLE SÁNCHEZ - MINISTRO
Dr. Tabaré SOSA AGUIRRE - MINISTRO
Dra. Doris MORALES MARTÍNEZ - MINISTRO
Dr. Juan Pablo NOVELLA HEILMANN - PROSECRETARIO LETRADO