JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL DE 4º TURNO
Sentencia N° 75
Montevideo, 30 de noviembre de 2021
VISTOS:
Para sentencia definitiva de primera instancia, estos autos caratulados: "SM, GS C/ MV, DC Y OTROS –RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL"; IUE 2-57550/2019.
RESULTANDO:
1– DEMANDA: Que el Sr. GSM, promueve demanda por daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual fundada en el artículo 1319 del Código Civil contra los Sres: DCMV, Sra. FGG y Sr. CDC, en mérito a los siguientes fundamentos que expone.
Antecedentes.
Que el compareciente es una figura pública que se dedica a la música en el género tropical desde el año 2012.
Desde sus inicios ha tenido una carrera en ascenso, conforme a los diferentes discos y hits musicales que fue creando, lo que reflejaron en centenares de shows masivos.
Producto de su trabajo, ha forjado una carrera que determinó que fin de semana tras fin de semana, tuviera más de 10 shows, en lugares bailables, fiestas privadas, cumpleaños de quinceañeras, casamientos y despedidas del año, etc.
Que la popularidad del artista es tal, que cuando se refieren a S como cantante, lo identifican como “G”, siendo su mérito lograr una prestigiosa carrera.
Que tal es así, que gracias a la notoria carrera del artista y su popularidad, sabiendo que el compareciente tenía acceso a miles de personas, eventuales votantes a los que el partido Frente Amplio no alcanzaba, fue que en el año 2014, G fue contactado por la Agrupación de Jóvenes del Frente Amplio integrado por la Dra. FG para realizar los cierres de actos de campaña para el plebiscito contra la reducción de la edad de imputabilidad “No a la baja” (acompaña prueba: Adjuntos 1 y 2).
Al siguiente año, tuvo participación en las elecciones a Intendente Municipal, cuando lo convocaron para el spot publicitario y compuso el jingle para el Ing. DM, como candidato en aquel entonces a Intendente de Montevideo, campaña en la cual se los llegó a ver juntos en más de una ocasión (acompaña prueba–adjunto 3).
Hechos.
Que como consecuencia de ello y a sabiendas de la ideología política de “El G” y conscientes de que era un hecho evidente que el compareciente lograba captar votos y tener acceso a personas por su popularidad, fue que aceptó ingresar a la política tras recibir una invitación de la agrupación Baluarte Progresista, cuya lista es la 890 sector liderado por el Sr. HC.
Ante tal motivo, luego del acuerdo entre el Sr. S y los Srs. HC, DM (consejal) y el candidato a la presidencia Ing. M del ingreso a la agrupación, se reunieron todos en el Comando del Frente Amplio, publicitando el encuentro (acompaña prueba Adjunta 4 a 10).
Más tarde, en las redes sociales y varias figuras del elenco del gobierno municipal que encabezó M, principalmente la Dra. FG y el Sr. CGC (Intendente de Montevideo) se pronunciaron en contra de la candidatura de S.
A los pocos días y ante la inminente presión de los citados G y DC, atendiendo a los reclamos de los colectivos feministas en las redes sociales, DM decidió que el compareciente ya no servía más y fue dejado abruptamente de lado, en medio de un escándalo mediático que puso a S en la palestra y lo convierte en el foco negativo del episodio.
Que la “sensibilidad de las feministas” hace inconveniente la postulación del compareciente, debido a las denuncias de acoso en las redes sociales. Así se lo hicieron saber los allegados y el propio candidato en las reuniones íntimas al punto que manifestó la frase “G es ingobernable”, en alusión a que no podría con ella y que la decisión ya no tendría marcha atrás.
Que en el seno del Frente Amplio la noticia hizo ruido, analizaron la situación y concluyeron que si bien NO había elementos judiciales de ningún tipo para pedirle que no sea candidato al compareciente, entendían que SI los había desde el punto de vista político, y que podían perder más votos de los que pensaban ganar cuando lo fueron a buscar.
Que FG directora de Desarrollo Social de la IM, dijo en la radio que se enteró de la incorporación de S a través de las redes sociales y que lo vio con “mucha preocupación”, que participe de la campaña de M el compareciente, siendo de “público conocimiento” que S “estuvo vinculado con denuncias relacionadas con acoso y violencia de género”. “Si bien judicialmente no llegaron a concretar nada específico…” (Adjunto Nº 12).
Que a su vez CGC, Intendente de Montevideo, dijo en radio, “No me gusta que el G acompañe a DM en una lista”. Preguntado por qué? El Sr. DC contesta “…Y bueno porque creo que también hay otra agenda que esta sobre la mesa que hay que respaldar, hay muchísimas compañeras que han hecho denuncias importantes que recaen sobre su persona, creo que estamos en momento de no dar la espalda a ese tipo de cosas…” (Adjunto Nº 13, 14 a 20 dichas notas fueron replicadas por todos los portales webs, radios, informativos centrales).
Que la repercusión y presión determino que M se reuniría con el comando de campaña y referentes del Frente Amplio para revisar la incorporación de “El G”, principalmente por la presión que recibió de G y DC (adjuntos Nº 21 y 22).
Que dado el tinte mediático negativo que estaba tomando el asunto, el sector Baluarte Progresista, emitió un comunicado (adjunto Nº 23).
Que por tanto, entrada la noche, M se reunió con el compareciente y le pidió que se bajará de la candidatura. No conformes con su desplazamiento argumentaron que la decisión obedeció a las denuncias que pesaban en su contra.
La repercusión negativa de la imagen del compareciente fue en notorio ascenso (Adjunto Nº 24).
Que todo esto es más grave porque M le pidió previo a desvincularlo, que le haga llegar de inmediato al equipo de asesores del candidato presidencial toda la documentación que respalde que S era inocente (Adjunto Ns 24-1).
Que la documentación fue solicitada para que el presidenciable tuviera un respaldo ante la fuerza política y su electorado.
Que el daño se agrava porque M cometió el atropello de señalar que S había sido sobreseído (Adjunto prueba Nº 25 a 32).
Que sin perjuicio del resultado gravoso de estas inconductas, el hecho ilícito de la exposición indebida de su imagen y su posterior divulgación, hecho notorio y reconocido públicamente, independientemente de las nefastas consecuencias, constituyen por sí un hecho ilícito y provocan un daño a la imagen que habilita la reparación.
Este daño se ve acentuado por ser el compareciente una figura pública y por ser expuesto por tres referentes de la fuerza política Frente Amplio, teniendo presente la investidura que representan (ver adjuntos 33 a 37 a 45).
Que las denuncias que hacen referencia a varios actores políticos y la Sra. G, vocera de la Intersocial Feminista, son denuncias que quedaron en nada, porque el compareciente había tenido que salir a defenderse en 2018 y se constató que es inocente, de esta manera menoscabaron el prestigio e imagen de “El G”.
Que lo que más agrava el daño a la imagen, es agarrarse de denuncias realizadas en redes sociales, las cuales nunca se comprobaron, máxime personas formadas y con los puestos que representan y la llegada a miles de personas, evidentemente el costo político tenia mayor valor que el atropello a los derechos de una persona, vulnerando y avasallando derechos consagrados en la Constitución.
Además de los daños extrapatrimoniales que son imposibles de cuantificar, ya que nadie sabe del padecimiento que experimento durante ese período y que persisten hasta hoy, con la etiqueta “abusador, violador, acosador”.
Que la realidad es que nunca más nadie le quitará la etiqueta de busador, acosador, violador, pues una vez que ese estigma y presunción se inserta en la mente de las personas es difícil de quitárselo.
Peor aún cuando son consentidas y siembran un manto de duda un futuro candidato a Presidente, un Intendente y una autoridad de la Intendencia siendo de profesión abogada.
Que la carrera política de S duró menos que un suspiro, fue utilizado y despojado, lo expusieron a un linchamiento público.
Que hay una realidad, no solo lo alejaron de sus intereses en el partido, sino de todo lo que era beneficioso para el cantante compareciente, hoy día no lo contratan, habiendo sido en muchos casos embajador de marcas o shows, como Teletón, Unicef, Clubes de Futbol, todas estas instituciones lo han cesado, por el “desprestigio” que ellos entienden genera la figura de “El G”.
Que vulneraron el derecho a la imagen, utilización indebida del nombre y marca personal, por tanto, se hace necesario la existencia de mecanismos judiciales que procuren la protección efectiva y combatir el abuso del derecho y actuación de mala fe de la parte demandada.
Que también se vulneró el derecho a la intimidad de la vida privada, el respeto al honor y reputación.
Que relata los hechos, estima los daños, daño moral por violación a la imagen, lucro cesante por pérdida de trabajos comprometidos, pérdida de contratos, daño que también deberá ser cuantificado, ya que finalmente en las elecciones nacionales el Sector que S se postulaba, obtuvo 57.071 votos, 2 bancas en el Senado.
Siendo que el compareciente iba a ocupar el segundo lugar en la lista, tenía grandes posibilidades y deberá tenerse presente en su oportunidad.
Que relata los hechos, ofrece prueba, funda el derecho y solicita condene a la parte demandada a pagar las sumas reclamadas en el petitorio (ver fojas: 224 a 242).
2- Que por providencia Nº 3260/2019 de fojas 243 dispuso el traslado de la demanda.
3- CONTESTACIÓN DE DEMANDA SR. CGC.
Que el Sr. CGC comparece a evacuar el traslado conferido y a contestar la demanda, contradiciéndola por infundada y temeraria, solicitando su rechazo total así como la expresa condena con costas y costos.
Precisiones previas.
Que antes de ingresar a la contestación, niega, rechaza y controvierte toda afirmación, hecho, pretensión o fundamento incorporado a este juicio, salvo aquellos que expresamente sean reconocidos como ciertos en este escrito (art 132 del C.G.P).
Que desde el inicio es preciso alertar a la Sede que la demanda en traslado será completamente rechazada, en función de la ausencia total y absoluta de fundamento jurídico válido en las pretensiones articuladas, así como ausencia de elementos probatorios que puedan fundar las temerarias alegaciones realizadas por la parte actora contra su persona.
Que la responsabilidad extracontractual invocada por el actor nunca podrá prosperar en este proceso, en función de la ausencia de todos y cada uno de los elementos que conforman la misma de acuerdo al art. 1319 del Código Civil.
Que en lo que respecta al compareciente, NO existe hecho ilícito, además de la lectura de la demanda, surge que carece de “nexo causal”.
En definitiva, toda la demanda en traslado se puede resumir en una “serie de quejas y/o disconformidades” manifestadas por el Sr. S, quién se limitó a alegar una serie de supuestos perjuicios, los que NO probó ni acreditó.
Que controvierte la demanda en todos sus términos.
Que no existe solidaridad entre las partes demandadas, el Sr. S agrupó en un mismo proceso a tres demandados.
Que en consecuencia, desconoce y rechaza en forma expresa y genérica, todas las manifestaciones, hechos y/o actos realizados por otros demandados donde NADA tiene que ver la actuación personal del compareciente.
Que la parte actora desde el inicio de la infundada y temeraria demanda, en forma constante refiere a hechos que son completamente ajenos al suscripto, hechos sobre los cuales no tuvo participación ni implicancia alguna, ni directa ni indirectamente (por ejemplo: ingreso del Sr. S al FA, apoyo a la candidatura de DM, retiro del mismo y todas sus circunstancias, etc.).
Que controvierte y rechaza esta forma de actuación, porque constituye un abuso de las vías procesales.
Que todo lo señalado anteriormente configura una violación a la Teoría de la sustanciación (se demandó a tres personas por hechos que nos son absolutamente ajenos y diversos), no forman parte de ningún colectivo y la única conexión entre los demandados es que forman parte de un Partido Político Frente Amplio.
Que no se configuran los elementos de la responsabilidad extracontractual.
Que quién se expuso pública y voluntariamente para participar de la discusión política (elecciones Nacionales de 2019) fue el propio Sr. S.
Que el compareciente nunca tuvo trato personal ni directo con el Sr. S, si lo conoce como cantante de música tropical.
De lo anterior surge que controvierte y rechaza todo lo manifestado en el capítulo de Antecedentes de la demanda (fs. 224, 224 vto.) en tanto refieren a hechos que son totalmente ajenos y en los cuales no tuvo participación.
En primer lugar, el compareciente no pertenece y nunca formo parte de la agrupación Baluarte Progresista, por lo tanto su parte no tuvo ningún tipo de participación en los hechos relatados desde el comienzo de la demanda.
Nunca lo invito a Sr. S a formar parte de un colectivo político, nunca lo excluyó.
Lo que ocurrió es que en el ejercicio constitucional del Derecho de Libertad de Expresión, Comunicación y Pensamiento, el compareciente emitió (con todo derecho) una opinión personal respecto de una posible candidatura política del hoy actor.
Que el actor manifiesta conjeturas respecto a que lograba captar votos, sin fundar sus manifestaciones.
Que el compareciente tampoco participo de la reunión de Comando del Frente Amplio.
Que recién en el numeral “2.3” de la demanda a fojas 226, el actor hace referencia directa a un hecho que involucra al compareciente.
Que el compareciente no manifestó en redes sociales que estaba en contra de la candidatura de S, no lo hizo, es falsa la afirmación del actor, conforme el art 139 del C.G.P.
Que el relato del actor es falso y agraviante y reitera, se basa en conjeturas, no tiene sustento probatorio.
Que el compareciente en ese momento se encontraba en pleno ejercicio de sus obligaciones y facultades como Intendente de Montevideo y por ello NO PARTICIPO de la campaña política, ni del comando de campaña a Presidente de la República del Ing. M, no ejerció ningún tipo de presión, ni tuvo participación en ninguna decisión que refiera a la campaña presidencial del Ing. M.
Una vez más se trató de una temeraria afirmación y acusación contra el compareciente, que carece de todo elemento probatorio que la respalde y por ello será completamente desestimada.
Que en función de su investidura como Intendente se mantuvo por fuera de la campaña presidencial.
Que, además el actor, tampoco refiere a ninguna participación del suscripto (párrafo “2.5” de la demanda, cfme fojas: 226).
Que por su parte, el siguiente numeral de su demanda refiere y cita declaraciones de la Sra. FG (numeral 2.6. a fojas: 226 y 226 vto. de la demanda).
Que tratan de declaraciones efectuadas por un tercero, completamente ajeno al compareciente, pues no existe ningún grado ni tipo de vinculación ni solidaridad.
Que en los numerales “2.7 y 2.8” de la demanda (cfme fojas 227 y 227 vto.) es la primera vez que la parte actora se refiere a hechos y manifestaciones relacionadas con quién suscribe.
Que allí se refiere a dos entrevistas que le realizaron, en el Programa una en el programa “Todo Pasa” con fecha 12 de agosto de 2019 y posteriormente otra entrevista en el programa “Doble Click” Del sol FM 99.5, con fecha 13 de agosto de 2019.
Que agrega las declaraciones de la entrevista y que en ejercicio de los derechos constitucionales que lo asisten (derecho de expresión y pensamiento), dio su opinión respecto a una “candidatura política”.
Que el actor continuó diciendo que las entrevistas fueron replicadas, que está situación resulta ajena a quién suscribe.
Que el pretender inferir que se “revisaría” la incorporación de “El G” principalmente por presión que recibió de G y DC”, constituye una burda, infundada y temeraria alegación carente de elementos probatorios.
Que se trata de hechos que le son completamente ajenos NO tuvo participación (denominados adjuntos Ns 21 y 22, cf. Fs 229, 229 vto).
Que el actor refiere a una reunión que mantuvo con el Ingeniero M en el domicilio del actor, donde los únicos participantes de la misma fueron ambos.
Que reitera que el compareciente es ajeno a estos hechos por NO haber participado ni directa ni indirectamente sobre los mismos, por los cuales se rechazan y controvierten en todos sus términos.
En definitiva, hay inexistencia de nexo causal entre el obrar del Sr. M y su comando de campaña, para con quién suscribe.
Que como consecuencia, de ausencia de nexo causal, no hay hecho ilícito, ni atribuible a su persona, por tanto se descarta cualquier hipótesis de responsabilidad civil en los hechos alegados por el actor.
Que en el numeral “2.14” (fs. 231) el actor hace referencia en la demanda “Sin perjuicio del resultado gravoso de estas inconductas, el hecho ilícito de la exposición indebida de su imagen y su posterior divulgación…”.
¿A qué “inconductas” está haciendo referencia el Sr. S?
Que no existió ningún tipo de “exposición de la imagen” del Sr. S por parte del compareciente.
Que el expresar que no le gustaba que el Sr. S integrara una lista a DIPUTADOS junto con el entonces candidato M, aunque al actor no le agraden “mis gustos” o “mi forma de pensar” debería saber –máxime si pretendía ser un “Representante Nacional” que en un Estado de Derecho, Republicano y Democrático, los ciudadanos pueden expresar libremente su forma de pensar y mucho más cuando se está refiriendo a posibles candidatos para ser parte de un Poder del Estado, tan importante como el Poder Legislativo.
Que no existió ningún tipo de inconducta, ni hecho ilícito por parte del compareciente que haga nacer la responsabilidad extracontractual.
Es por ello que el actor habla en forma genérica de inconductas, pues las declaraciones realizadas NO admiten ningún tipo de reproche desde el punto de vista jurídico.
Que el numeral 2.20 de la demanda fs. 232 está falto de fundamento y sentido común del reclamo en traslado, lo afirmado por el actor se desvanece con la declaración de la Sra. G.
Por lo tanto ninguna vinculación existió entre lo resuelto por los colectivos feministas y cualquier tipo de manifestación y/o conducta por parte de DC.
Que el único momento donde el actor reconoce que todo este proceso NO tiene el más mínimo sentido, es cuando reconoce que él libremente decidió presentarse y postularse como “posible candidato”.
Por tanto el actor prestó su consentimiento, en resumen, de todos los hechos alegados en la demanda, quien suscribe únicamente participo en dos entrevistas, en las cuales no existieron hechos ilícitos algunos respecto al actor.
Que a fojas. 266 a 269 surge la transcripción de las entrevistas.
Que en las entrevistas no se pronunció sobre las denuncias, simplemente dio opinión respecto a la candidatura de S.
Que no existen derechos del Actor vulnerados, en ningún momento dijo cual derecho supuestamente vulnero el compareciente, pues no existió ningún tipo de violación a los derechos enumerados por el actor en ese capítulo.
Que el Sr. S, presto libre y voluntariamente su imagen y presto su consentimiento para que el resto de los ciudadanos de este país de su opinión al respecto, desde el momento que opto por candidatearse como representante nacional por un determinado partido político.
Esa decisión del actor ingresa a la libre exposición de La Teoría de los Actos Propios.
Que en definitiva y del análisis realizado respecto a las declaraciones efectuadas no existió ningún tipo de responsabilidad civil, ni daño a la imagen, ni al honor, ni a la honra del Sr. S de índole alguna.
Surgen como conclusiones que S no pudo siquiera individualizar cuál fue el hecho ilícito y en donde pretendió fundar la responsabilidad civil.
S tampoco pudo expresar de qué manera fueron supuestamente –vulnerados sus derechos.
Que por el contrario, las declaraciones del compareciente fueron una opinión personal que en nada puede agraviar a una persona que se candidatea a futuro representante nacional.
Que toda la discusión respecto al ámbito en que se dieron las denuncias, si tenían o no fundamento, sí pudieron o no acreditar sus dichos, carece de trascendencia respecto al objeto del proceso, dado que el suscrito no ingreso ninguna consideración y/o calificación respecto a las denuncias.
Que controvierte total y absolutamente los daños y su cuantificación y liquidación.
Que el actor incumplió con la carga de la prueba, art 139 del C.G.P.
Que cito doctrina y jurisprudencia.
El actor no probo, el daño, la existencia de nexo causal entre los hechos alegados y los supuestos perjuicios por perdidas de trabajo, no probo absolutamente nada.
Que se opone a determinados medios probatorios solicitados. Que controvierte la demanda en todos sus términos y montos reclamados, ofrece prueba, funda el derecho y solicita se falle rechazando la temeraria demanda con expresa condena en costas y costos por malicia temeraria (fojas: 258 279).
4- CONTESTACION DE DEMANDA MV, DC.
Que comparece el Sr. DCM y contesta la demanda de responsabilidad civil, en virtud de los siguientes fundamentos.
Hechos, las pretensiones deducidas.
El actor reclama al Ing. DM la suma de dólares estadounidenses setenta mil (U$S 70.000) “por violación moral a la imagen” y en forma conjunta con los otros dos codemandados la suma de dólares ciento cincuenta mil (U$S 150.000) por concepto de lucro cesante, ambas pretensiones fundadas en la responsabilidad aquiliana.
El sustento fáctico de tal reclamación lo constituye la postulación del actor como candidato a diputado por la agrupación “Baluarte Progresista” del partido Frente Amplio y su posterior declinación a la misma tras la polémica motivada en la existencia de una denuncia de acoso sexual en su contra formulada por terceras personas a través de las redes sociales, el actor entiende que M tuvo responsabilidad civil.
Que la controversia y polémica pública que despertó la candidatura de S a raíz de aquella denuncia –aún cuando no mediara retractación por parte de la denunciante– fue la razón que motivó que la participación de S integrando una lista del Frente Amplio, no fuera oportuna ni conveniente.
En este contexto M trasmitió personalmente su punto de vista a los líderes de la agrupación política Baluarte Progresista y al Sr. S, sugiriendo con franqueza que lo más conveniente era que declinara el actor a su candidatura.
Que se trató de una sugerencia no de una decisión, en el marco de la libertad de pensamiento y de expresión.
Que el compareciente no podía impedir la postulación del Sr. S y en definitiva, fue la agrupación política “Baluarte Progresista” y el propio S, quienes –de común acuerdo y voluntariamente, resolvieron no postular la candidatura de éste último.
Que previo a ingresar a las pretensiones del actor, es preciso consignar que nuestra Constitución, garantiza el ejercicio pleno del derecho de libertad (art 7 y expresamente consagra la libertad de expresión, art. 29).
Que emitir una opinión acerca de las razones de conveniencia o de oportunidad política de una postulación, en ningún caso puede reputarse un acto ilícito y generador de responsabilidad.
Que con relación a la expresión utilizada por M “sobreseído”, sobre ello (define la palabra) y sobre el particular los dichos del compareciente tienen el sentido contrario al que pretende atribuir el actor, mal puede entenderse que existió ilicitud.
Respecto a los elementos configurativos de responsabilidad extracontractual, en el presente caso, resulto notorio que las opiniones y expresiones de M relativas al tema en cuestión, fueron razonables, su proceder fue de buena fe, no advirtiéndose culpa, dolo o intencionalidad de perjudicar, por lo que se descarta el abuso de derecho.
Hay inexistencia de la utilización indebida del nombre y marca personal del actor, hay ausencia de violación del derecho de imagen, el compareciente no hizo uso indebido del nombre del actor ni de su marca, no afecto ni directa ni indirectamente la imagen del actor.
Que las afirmaciones fueron en un contexto político, la exposición mediática de S en su faceta política no fue motivada por dichos del compareciente.
En cuanto al monto reclamado por este rubro el mismo carece de toda lógica.
Que con relación al lucro cesante por presunta disminución de ingresos, es importante lo que afirma el actor en su demanda, cuando reconoce que la disminución de ingresos se arrastraba desde 2018, por tanto reconoce que su imagen ya estaba deteriorada.
Que la constancia emitida por AGADU, agregada con la demanda, marca el descenso que ya era notorio desde 2016 y puede obedecer a múltiples causas.
Que sea cual fuere la causa de la pérdida de ingresos de S, es notoria la ausencia de nexo causal entre ésta y el proceder de M.
Que sobre el litis consorcio facultativo, es improcedente formular una única pretensión cuando se funda en distintos hechos para cada uno de los litisconsortes.
Que el actor reclama in solidum un monto de U$S 150.000 por concepto de lucro cesante contra los tres co-demandados.
Que tal reclamación es improcedente.
Que relata los hechos, la ausencia de responsabilidad extracontractual, controvierte la demanda en todos sus términos y montos pretendidos, ofrece prueba, funda el derecho, cita doctrina y jurisprudencia y solicita desestime la demanda en todos sus términos, aplicando al actor las más graves condenas procesales (ver fs. 280 a 291).
CONTESTACION DE DEMANDA DE LA SRA. FG.
Que en tiempo y forma comparece la Sra. FGG a evacuar el traslado conferido y contesta la demanda, la cual deberá ser rechazada en todos sus términos, con expresa condena en costas y costos sobre la base de las siguientes consideraciones de hecho y fundamentos de derecho que expone.
Que el actor formula demanda de daños y perjuicios contra la compareciente y encuadra el reclamo en un presunto supuesto de responsabilidad extracontractual.
Se funda estrictamente en las declaraciones que la compareciente hiciere de forma pública y que fueran replicadas por terceros: distintos medios de comunicación y usuarios de redes sociales.
Que reclama la suma de U$S 60.000 (dólares americanos sesenta mil) por concepto de daño moral y U$S 50.000 (dólares americanos cincuenta mil) por el rubro lucro cesante como cuota parte de la suma total pretendida respecto de los tres co-demandados.
Que de la plataforma fáctica que se desprende del relato parcial y tergiversado de los hechos (numeral 2.6 de la demanda) la presunta conducta ilícita de la Dra. G radico en la expresión de su opinión en entrevista radial, y en un posteo en la red social Twitter (Tuit) relativa a la integración del actor a un sector político de su mismo partido (12/8/2019).
Que el objeto de la contestación de la demanda contra la Dra. FG está determinada por si sus expresiones públicas constituyen un hecho ilícito que, además, le sea atribuible y se establezca un nexo causal entre su obrar y los daños presuntamente padecidos por S. Todo ello claro está sujeto a la carga de la prueba.
Que controvierte cada uno de los extremos de hecho reseñados en el escrito de demanda y ejerce la defensa sobre las siguientes premisas, que en pleno ejercicio del derecho constitucional de la libertad de expresión (art 29) manifestó su opinión personal de hechos que ya eran de público conocimiento. Asimismo, el punto al que se refirió la compareciente era -y es- de interés público, en el marco de un ciclo electoral nacional en nuestro país y las personas involucradas ostentan la calidad de figura pública que, como desarrollará, justifica que sus trayectorias personales estén sometidas a un escrutinio público superior a la media de la comunidad.
En cuanto a la responsabilidad extracontractual hay inexistencia de supuestos para su configuración, en el caso opera el eventual hecho de la víctima.
Que los supuestos de la responsabilidad extracontractual no se configuran.
Que mal puede ser responsable la Dra. G por la declaración en entrevista radial y un tuit en el que manifestó su opinión contraria a la integración del actor a listas del partido Frente Amplio, además atribuye el actor un efecto en cascada de divulgación en los medios de comunicación, opiniones de otros actores políticos y expresiones en redes sociales.
Que mal puede ser responsable la compareciente de las “replicas” de medios y usuarios. En todo caso, el actor contra éstos debería accionar.
Que la firmante respecto de este extremo carece de legitimación pasiva.
Que el Sr. S contribuyó y promovió su exposición pública al aceptar ser candidato en una campaña política y anunciarlo en los medios.
Que sería razonable sostener que hasta la incentivó por entender que esto lo favorecería personal y económicamente.
El análisis de la fundabilidad de la pretensión contra la dicente debe enmarcarse solamente en sus declaraciones públicas, conforme adjuntos 12 (entrevista en el programa “Doble Click”) y 46 (capturas de pantalla de twits relacionados).
Que la posible calificación de hecho ilícito NO puede trascender la frontera de los dos elementos señalados. Tales consideraciones serían el único fundamento de la demanda contra la compareciente.
Que las declaraciones se enmarcaron en el ejercicio del derecho constitucional de libertad de expresión (art 29) lo que hace caer el fundamento.
Que en materia de derechos vulnerados se controvierte expresamente las afirmaciones –imprecisas en el numeral 2.28 cuando se acude con absoluta liviandad, al bloque constitucional y una presunta vulneración de éstos.
Que la compareciente no afecto el derecho a la imagen, utilización indebida del nombre y marca personal, intimidad, honor, respeto.
Que la parte actora aplica erróneamente el derecho. (fs. 388).
Que la compareciente no violentó límites normativos, quien acepto improvisar fue el propio actor, ello implicó una exposición por encima de la media en nuestra sociedad, fue el actor que decidió ingresar a una lista como candidato.
Entonces, cuanto alguien se expone voluntariamente al escrutinio público, lo hace también merecedor de mayores críticas.
Que S conocía las denuncias en redes sociales, medios y diversos ámbitos que existían y existen sobre su persona.
Que la compareciente manifestó una opinión a título personal.
Que desarrolla la libertad de expresión, cita doctrina y jurisprudencia.
Que en el caso no se configura el nexo causal, se deberá probar que el obrar de la compareciente provocó los daños cuya indemnización reclama. Esto es, si la expresión de la opinión de la compareciente es causa principal de su daño moral y material.
Los daños reclamados son improcedentes, la contraria efectuó su reclamo sin cumplir con la carga de la correcta sustanciación de los actos procesales, y de la prueba de lo que afirma.
Relata los hechos, controvierte la demanda en todos sus términos y montos pretendidos, ofrece prueba, funda el derecho y solicita rechace la pretensión del actor con condena en costas y costos (fojas: 385 a 405).
5- Que convocó a las partes a la audiencia preliminar, con la comparecencia de ambas partes, quienes se ratificaron de sus proposiciones iniciales, tentó inútilmente la conciliación, fijó el objeto del proceso y se dispuso el diligenciamiento de las probanzas ofrecidas, cumplidas las formalidades las partes alegaron y convoco a las partes a la audiencia de dictado de sentencia.
CONSIDERANDO:
1- Que, fueron cumplidas en autos, las formalidades previstas en el proceso ordinario.
2- Que el objeto del proceso fue delimitado en la audiencia preliminar, en dilucidar “si corresponde o no hacer lugar a la demanda con base en la responsabilidad civil extracontractual art. 1319 del Código Civil (derecho moral, violación al derecho de imagen, derecho a la intimidad y lucro cesante).
Montos pretendidos y cuantificación, condena:
1. Por violación moral a la imagen del actor la suma de U$S 70.000 (setenta mil dólares americanos) por parte del Ing, M, U$S 60.000 (sesenta mil dólares americanos) por parte de la Dra. G y U$S 50.000 (cincuenta mil dólares americanos) por parte del Sr. DC.
2. Por lucro cesante condena U$S 150.000 (ciento cincuenta mil dólares americanos) respecto a los tres demandados.
La demanda se encuentra controvertida en todos los términos, en cuanto a la procedencia de la existencia y configuración de la responsabilidad extracontractual (fs. 258 y siguientes, fs. 280 y siguientes, fs. 385 y siguientes).
Si es o no aplicable la teoría del acto propio.
Si se configura o no el hecho de la víctima, así como si procede la condena en costas y costos” (fs. 413 y siguientes, Audire del día 25 de junio de 2020).
3- Que en la especie, la parte actora SS centró su reclamo por daños y perjuicios con base en la responsabilidad extracontractual contra los Srs: DM, FG y CGC, atribuyéndole a éstos la autoría de un hecho o conducta ilícita constituida por un actuar abusivo, art 1319 del Código Civil.
Que la relación de causalidad, con el supuesto daño y las pérdidas alegadas por la parte actora, no fueron expuestas en la demanda conforme a la teoría de la sustanciación.
Que la parte actora tampoco individualizó con precisión en su demanda cuál sería el porcentaje de responsabilidad de cada uno de los demandados en autos y cuál fue su participación.
4- Que es un hecho admitido que el Sr. GS se postuló para candidato a diputado de la lista 890 de Baluarte Progresista (ver declaraciones de WS, invitación realizada por HC, fs: 525 y ss, Audire 5-8-2021).
Surge acreditado que el actor comunico con fecha 11 de agosto de 2019 en sus redes sociales que se incorporaba a la política en la lista 890 de Baluarte Progresista – Frente Amplio (ver fojas: 70 y ss).
Que luce probado que el Sr. S, libre y voluntariamente acepto la invitación a participar en política partidaria por el sector “Baluarte Progresista”.
5- Que de la prueba documental aportada por parte actora, a fojas 20, se desprende, la actuación de la Fiscalía de fecha 24-04-2018, donde consta que el Sr. S denuncio a CV y que posteriormente arriban a un acuerdo y se archiva las actuaciones (ver fojas: 20).
6- Que surge del material probatorio: publicación en sitios web, redes sociales y diferentes medios de prensa, denuncias al Sr. S por supuesto acoso, las que tomaron estado público con anterioridad a la reunión mantenida y las declaraciones realizadas por los codemandados (ver fojas: 21 y siguientes de fecha 14-8, ver fojas: 250 a 257 , 292 a 384).
Que al transcender dicha reunión esas publicaciones resurgieron y se replicaron por distintos medios.
7- Carga de la Prueba artículo 139 del C.G.P.
Que de acuerdo al material probatorio y las respectivas posiciones de las partes, es de aplicación el régimen general de distribución de la carga de la prueba previsto por el artículo 139 del Código General del Proceso, corresponde probar a quien pretende algo (al actor) los hechos constitutivos de su pretensión (explicitada ut-supra) y a quien los contradice (al demandado) los hechos modificativos, extintivos o impeditivos.
Y sabido es que la carga de la prueba es “…el requerimiento del legislador a uno o a ambos litigantes, para que acrediten la verdad de los hechos enunciados por ellos.- …, la ley crea al litigante la situación embarazosa de no creer sus afirmaciones, en caso de no ser probadas.- Él puede desprenderse de esa peligrosa suposición si demuestra la verdad de las mismas.- La carga de la prueba … es una circunstancia de riesgo que consiste en que quien no prueba los hechos que ha de probar, pierde el pleito … Como el antiguo dístico, es lo mismo no probar que no existir.- …” Couture, Eduardo en “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, edit. Aniceto López, 1942, págs. 120-122).
Que el actor ofreció prueba documental, testimonial y por informes.
De acuerdo a la carga de la prueba el Sr. S debía probar el actuar ilícito causado por los co-demandados y daños pretendidos.
Que a los efectos de satisfacer esta carga de la prueba que les adjudico la parte actora específicamente en lo que refiere al hecho ilícito aquiliano - atribuido a los co-demandados, la parte demandada ofreció los medios de prueba a fin de demostrar que no incurrió en responsabilidad civil, sino que sus expresiones se encuentran amparadas en la libertad de expresión (ver prueba documental, testimonial, por oficio y declaración de parte).
Que en la situación a estudio, el Sr. S tiene la carga de acreditar los elementos constitutivos de su pretensión.
8- Hecho Ilícito – Responsabilidad Extracontractual y Relación de Causalidad.
Que respecto al objeto del proceso, corresponde ingresar al estudio de si se configura o no la responsabilidad alegada, con relación al Ingeniero M y los daños y perjuicios peticionados.
Que surge de autos, que en el año 2018 por medio de las redes sociales se realizaron comentarios respecto a la conducta del Sr. S.
Que en el año 2019 luego de anunciar el Sr. S su participación en la política en el grupo Baluarte Progresista, Lista 890, en ese momento, resurgen a través de diferentes medios y redes sociales comentarios sobre el Sr. S.
Que en esa instancia el Ing. M se encontraba en el medio de la campaña por las elecciones nacionales y era el Presidenciable por el Frente Amplio (año 2019).
La parte actora, atribuye al Ingeniero M una conducta que encuadra en el ámbito de la responsabilidad extracontractual, por violación moral a la imagen.
Que ante los trascendidos, por la controversia que despertó la candidatura de S y los comentarios aparecidos nuevamente en redes, el Ing. M se comunica con los integrantes de Baluarte Progresista y con el Sr. S, acordando una reunión, con el fin de trasmitir que sería beneficioso políticamente que el Sr. S declinara a su candidatura.
Que el Ing. M al ver la magnitud y comentarios de las redes sociales, se reunió con el Sr. S, por el problema suscitado con el fin de arribar a una solución al respecto.
Que con relación a las expresiones del el Ing. M cuando declara que el Sr. S, fue “sobreseído, no sé cómo se dice …”, dichas declaraciones fueron admitidas por el codemandado y se encuentran probadas en autos.
Ahora bien, cuál es el alcance de ésta declaración con relación a la configuración de la responsabilidad aquiliana pretendida, la misma; ¿Configura un hecho ilícito?.
Que en primer término, sobre la expresión “sobreseído” el término utilizado no era jurídicamente aplicable al caso.
Ahora bien, ello no implica que el Ing. M diera por cierto o compartiera los comentarios de las redes o imputará al actor las conductas denunciadas en la cadena mediática impulsadas por distintos colectivos.
Que el Ingeniero M, emitió una opinión acerca de las razones de conveniencia y oportunidad de que el Sr. S se postulase a un cargo electivo. ¿Esta sugerencia, configura un acto ilícito?
La prueba testimonial y documental informan que lo que buscaba el Ing. M -reitero- era una solución política al problema planteado por grupos que actuaban en las redes sociales. No porque el Ing. M considerará responsable a S de los dichos y acusaciones que resurgían, sino porque no estaba a su alcance y no era posible controlar la cadena mediática con denuncias anónimas contra el actor y había que evitar las consecuencias políticas (Audire: declaración de R cuando expresa: “Y efectivamente fuimos y tuvimos una reunión donde había algunas otras personas donde el Ingeniero M, le plantea la situación, el problema de sensibilidad política que había con este tema y que él creía que más adecuado era que no integrara la lista , porque se estaba generando una situación política compleja. P: ¿Cuál fue la contestación del Sr. S? R. R declara: ”…El planteó que era inocente.
DM le dijo que él sabía que no tenía ninguna cuestión judicial, se lo dijo, yo sé que no tenés ninguna cuestión judicial en tu contra, pero hay situaciones en la vida pública, como esta, en que hay denuncias extremadamente sensibles, en que a veces dar un paso al costado, por un momento es lo más adecuado…Y le planteo que él creía que tanto para la campaña, pero también para el mismo, lo mejor era dar un paso al costado en la lista, y no integrarla…” (Audire: Audiencia del día 8 de setiembre de 2020), Sr. CI, declara en audiencia del 9 de setiembre de 2020 manifiesta: “….la ida de DM a esa reunión que él me invitó a participar y por eso yo asistí, tenía que ver con un resorte más que político, aunque al final en una campaña todo es política, un resorte humano, de poder ir, sentarse con esta persona y hablar sobre el tema…la situación era difícil para cualquiera de las partes… Yo quiero insistir, en que se fue a la casa del G, que el candidato fue a la casa de G a buscar un acuerdo, porque ese fue el objetivo de la reunión, que quién era el candidato a
Presidente en ese momento, se propuso sobre la base de resorte humano, no es común que los candidatos a Presidente actúen de esa manera, frente a situaciones que además el candidato no tiene arte o parte en la decisión final de las listas…” (Audire: los testigos son coincidentes en sus declaraciones sobre este punto).
Que en autos, no fue probado que el Ing. M ejerciera abuso de derecho, coordino una reunión con S por un tema humano, (Audire: según lo acredita la prueba testimonial) a plantear el problema de otra manera, con buena fe y sin incurrir en culpa, dolo, no había intención de dañar.
Que asimismo respecto a la conducta observada por el Ing. M, fue acreditado que en la presente situación, no tenía potestad para excluir a un candidato de las listas de los distintos sectores (ver declaración de la lista 890 Baluarte Progresista fs. 19 “...obliga a repensar la lista
890”).
Que hay que ver el contexto que se da la situación a estudio, campaña electoral, cadena mediática sin control, por tanto a problemas políticos el Ing. M propuso una solución política.
Que a criterio de la decisora, no se configura en la especie, el nexo causal entre la conducta y actuar del Sr. M y los daños pretendidos por el actor Sr. S.
La prueba testimonial demuestra que M no incurrió en responsabilidad civil, no hay un hecho ilícito que lo vincule y que sea la causa del daño al Sr. S (ver audiencias complementarias: Audire R, WS, I, C, fs. 523).
9- Que con relación a la responsabilidad extracontractual pretendida contra el Sr. DC, surge de autos que:
La parte demandada CGC sobre los hechos de autos, admitió únicamente haber sido entrevistado en dos oportunidades en dos programas radiales.
En el programa “Todo Pasa” Fm Océano con fecha 12/8/2019 y en el Programa “Doble Click” Del Sol FM, con fecha 13/8/2019 (aporta grabación, ver prueba documental y testimonial).
Y en uso del derecho de la libertad de expresión realizó declaraciones.
De esta forma negó vinculación o participación en los hechos de autos, su posición como Intendente de Montevideo, en la fecha de los hechos, fue no participar en la campaña presidencial ni en el comando del Frente Amplio, que a criterio de la decisora su defensa fue acreditada mediante la prueba que integran estas actuaciones.
Por tanto, el Sr. DC, no participo de los hechos alegados en la demanda con el alcance que pretende dar la parte actora.
Que, fue probado en autos que el Sr. DC admitió y dio su opinión respecto a que el Sr. S integrara una lista a diputados junto con el entonces candidato DM.
Que el Sr. DC manifestó: “El G tiene todo el derecho como cualquier ciudadano a hacer política desde los partidos, de presentarse y ver cómo la ciudadanía lo respalda o no”.
“A mí no me gusta la idea de que acompañe a Daniel con la Lista “(ver fojas. 115 vto. y 264 contestación de demanda).
Que de acuerdo al material probatorio que componen las actuaciones, la parte demandada Sr. DC, cumplió con la carga de la prueba a su cargo, por tanto el actor no pudo demostrar las inconductas relatadas en su pretensión.
Que en consecuencia, las declaraciones vertidas, son opiniones que no configuran los elementos de la responsabilidad aquiliana pretendida, pues no hay acto ni hecho ilícito alguno respecto a la conducta observada por el co-demandado DC, ni que su conducta sea la causa de los daños y perjuicios pretendidos.
10- Que respecto a la Dra. G y si las expresiones vertidas por la codemandada constituyeron un hecho ilícito y si dicha conducta fue la causa de los daños pretendidos por el actor, surge de la prueba que:
La Dra. G dentro del marco de la libertad de expresión, declaro que le preocupaba “muchísimo” que M aceptará la candidatura del G (ver fs 105 y ss, declaración de parte).
Que la prueba documental, testimonial y declaración de parte, demuestra que en el marco del derecho a la libertad de expresión realizó las declaraciones que surgen acreditadas y reconocidas en autos.
El hecho de dar una opinión o no simpatizar o defender posturas dentro de una fuerza política, no es un acto o un hecho ilícito que configure la responsabilidad invocada por la parte actora.
Asimismo si los distintos medios, replicaron sus declaraciones y las mismas se retrasmitieron la Dra. G no tiene legitimación pasiva ni responsabilidad alguna por tal situación.
Que por lo tanto, a juicio de la decisora, el actor no pudo acreditar los hechos alegados en la demanda, en consecuencia, no se configura la responsabilidad extracontractual pretendida por el actor.
Derechos Constitucionales.
11- Que con referencia al derecho a la intimidad, al honor, al nombre, al derecho de imagen y libertad de expresión, la jurisprudencia expresa conceptos trasladables al caso a estudio, cuando el Tribunal Supremo de Madrid, Sala Civil, la base esencial del derecho al honor, sin entrar en disquisiciones doctrinales ni en la copiosísima jurisprudencia, es la dignidad de la persona, que es menoscabada por el ataque de un tercero. Es evidente que se trata de un concepto relativo y casuista, puesto que subjetivamente cada persona puede tener un propio sentimiento de sí mismo de orden subjetivo (susceptibilidad de cada uno) y objetivamente, debe considerarse una intromisión en el grado objetivo (visto por un sujeto medio) que permita ser entendida como tal. Por lo cual, deben ser atendidos ambos aspectos, siempre de forma casuista y viendo cada caso dentro de su contexto. Y agrega este órgano jurisdiccional español, que en cuanto al carácter injurioso u ofensivo, de las acciones reprochadas, “la potencialidad ofensiva o deshonrosa de una conducta se deba examinar a la luz del contexto, de las concretas circunstancias y de conformidad con la realidad social actual y los valores imperantes en una sociedad democrática”. (Sentencia del Tribunal Supremo. Sala de lo Civil Sede: Madrid Sección: 1 Nº de Recurso: 1564/2012 Nº de Resolución: 408/2014 Procedimiento: Casación Ponente: XAVIER O'CALLAGHAN MUÑOZ) (resalte en la letra de la firmante).
Es aceptado doctrinariamente, que una persona pública se encuentra más expuesta a los comentarios sobre su persona que realicen los miembros de la sociedad en que se desenvuelve; que debe soportar un cierto riesgo de lesión en los derechos de su personalidad, por su propia elección de desarrollar su vida como un personaje público.
Pizarro, citado por Cifuentes (h), sostiene que las personas públicas y los particulares gozan de igual derecho al honor, pero que si bien se descarta la distinción foránea expuesta, por no ser propia de nuestro orden jurídico, los primeros tienen un "umbral cuantitativamente más circunscripto", por cuanto aspectos que normalmente quedan al margen de las difusiones masivas, pueden tener vinculación con las funciones que cumplen y dar lugar a "un interés general prevaleciente". Como señalé, pienso que, la diferenciación no cualitativa debe buscarse por el lado de la buena fe y de los actos propios. Quien tiene preeminencia social y poder, goza de beneficios, incluido el de la publicidad de sus explicaciones, descargos y rectificaciones, a la vez se somete a la impugnación y crítica de los actos que se identifican con la actuación pública. No pierde el derecho al honor, ni tiene menos, sino que entrega por voluntad implícita en el área de su esfera de actuación, un sector a la opinión pública, pero conserva el ejercicio de su honor en todas las esferas no consentidas. Hay, si se quiere, una disposición relativa presumida del honor y de otros derechos espirituales. Como se ha dicho en un fallo, una cosa es la crítica áspera o hiriente justificada por la libre discusión de las cuestiones públicas, para no quitar profundidad al debate, y otra la ofensa al funcionario, mero acto dirigido a su persona (Cifuentes, Santos E. (h.); “El honor y la libertad de expresión. La responsabilidad civil” cita on line La Ley UY/DOC/511/2014).
Que asimismo una sentencia del Tribunal Constitucional Alemán conocida como el caso Luth.
Con posterioridad, el mismo Tribunal, dicta otra sentencia, también en un caso de boicot, pero esta vez de un periódico alemán por motivos políticos. Sostuvo el Tribunal: “El llamado a un boicot, que se basa en la manifestación de una determinada opinión, se encuentra protegida especialmente por el Art. 5, párrafo 1, frase 1 de la ley Fundamental, cuando se emplea como instrumento de lucha ideológica en un asunto de esencial importancia para la opinión pública, cuando se encuentra fundada no en una controversia privada, sino en una preocupación por los intereses políticos, económicos, sociales o culturales de la generalidad”. Y agrega luego:
“no obstante, los medios de que se sirven quienes invitan a realizar un boicot, deben estar aprobados constitucionalmente. La invitación a un boicot no se encuentra protegida por el derecho fundamental a la libertad de opinión cuando no sólo se apoya en argumentos morales, o se limita al poder de convicción que tienen las reflexiones, aclaraciones y análisis, sino que además, se sirve de medios que no le dan al destinatario la posibilidad de tomar su decisión en plen libertadd y sin presión económica. Dentro de éstas se encuentran especialmente las amenazas y el anuncio de graves perjuicios, así como el empleo de la dependencia social o económica, cuando éstos pueden servir para presionar el boicot… (Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán, ed. Konrad Adenauer Stiltung caso 48, p. 210 – TAC 7 Turno Sentencia).
12- Que de acuerdo a lo enseñado por doctrina y jurisprudencia, los hechos de autos dan cuenta que la conducta observada por el Ingeniero DM, la Dra. G y el Sr. DC con relación al Sr. S, en todo caso, tenía su origen en una decisión política, en el derecho de libertad de expresión y no configura un ataque a la dignidad de la persona, con el fin de menoscabar al actor.
No fue demostrado que el Ing. M considerará como ciertos los hechos relatados en las redes sociales.
Con relación al Sr. DC y la Dra. G, el centro de su participación está basada en declaraciones a la prensa y a criterio de la decisora las mismas están resguardadas por el derecho de libertad de expresión, manifestarse sobre si: ¿El Sr. S podía ser o no candidato dentro del FA, si les gustaba o no su participación, si preocupaba que integrará la lista a representante nacional? , a criterio de la decisora, no configuran inconductas, no configuran actos ni hechos ilícitos que causen daño en los términos del art. 1319 del C. CIVIL.
Pues bien, es necesario preservar y equilibrar la vigencia de estos derechos consagrados en la Constitución y frente a la existencia de dos derechos en contradicción, torna necesario determinar si se ha hecho uso del derecho en forma abusiva por parte de los co-demandados, trasvasando los límites que la ley establece, tornando esa conducta en ilícita; provocando daño y que ese daño que sufre la víctima, sea causado por el accionar de quien realiza los actos ilícitos (nexo causal).
Ahora bien, la situación y contexto vivido, no significa la existencia de un ánimo subjetivo en la conducta de los co-demandados, de dañar o injuriar los derechos del Sr. S, ni exponerlo al escarnio público, como se sostiene en la demanda y tampoco se configure el nexo causal requerido como elementos de la responsabilidad.
13- Que se debe diferenciar en las redes sociales, declaraciones escondidas en el anonimato (que muchas veces denuncian hechos no probados, - como sucedió en el caso – y en otras denuncian hechos que permiten informar a la sociedad) de las expresiones de los codemandados y comportamientos del Sr. S y sus respectivos derechos.
Que respecto al tema de si el “El honor” de las personas constituye un bien jurídico que se descompone en dos aspectos uno subjetivo y otro objetivo. Es el primero – dice Cuello Calón – el sentimiento de la propia dignidad moral nacido de la conciencia de nuestras virtudes, de nuestros méritos, de nuestro valor moral. El aspecto objetivo está presentado por la apreciación y estimación que hacen los demás de nuestras cualidades morales y de nuestro valor social.
Aquél es el honor en sentido estricto; ésta es la buena reputación. (Eduardo A. Zannoni. El daño en la responsabilidad civil, 2da. Ed., p. 353).
En cuanto a la relación entre estos dos derechos fundamentales involucrados- honor, honra vs -libertad de expresión u opinión - la Corte Interamericana DDHH ha sostenido en el Caso Tristán Donoso vs. Panamá - Sentencia de 27 de enero de 2009: “Respecto al contenido de la libertad de expresión, la jurisprudencia de la Corte ha sido constante en señalar que quienes están bajo la protección de la Convención tienen el derecho de buscar, recibir y difundir ideas e informaciones de toda índole, así como también el de recibir y conocer las informaciones e ideas difundidas por los demás.
Sin embargo, la libertad de expresión no es un derecho absoluto. El artículo 13.2 de la Convención, que prohíbe la censura previa, también prevé la posibilidad de exigir responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este derecho. Estas restricciones tienen carácter excepcional y no deben limitar, más allá de lo estrictamente necesario, el pleno ejercicio de la libertad de expresión y convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa.
Por su parte, el artículo 11 de la Convención establece que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Esto implica límites a las injerencias de los particulares y del Estado. Por ello, es legítimo que quien se considere afectado en su honrar recurra a los medios judiciales que el Estado disponga para su protección.
El ejercicio de cada derecho fundamental tiene que hacerse con respeto y salvaguarda de los demás derechos fundamentales. En ese proceso de armonización le cabe un papel medular al Estado buscando establecer las responsabilidades y sanciones que fueren necesarias para obtener tal propósito. La necesidad de proteger los derechos a la honra y a la reputación, así como otros derechos que pudieran verse afectados por un ejercicio abusivo de la libertad de expresión, requiere la debida observancia de los límites fijados a este respecto por la propia
Convención.
Por último, respecto del derecho a la honra, la Corte recuerda que las expresiones concernientes a la idoneidad de una persona para el desempeño de un cargo público o a los actos realizados por funcionarios públicos en el desempeño de sus labores gozan de mayor protección, de manera tal que se propicie el debate democrático. La Corte ha señalado que en una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y la crítica del público. Este diferente umbral de protección se explica porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente. Sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público. Este umbral no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el interés público de las actividades que realiza”.
Estas últimas palabras condicen con la exposición en que se encuentra el Sr. S –(cantante, hombre público y postulante a candidato a legislador, lo cual no fue posible concretar) el Ingeniero M, la Dra. G y el Sr. DC, (hombres y mujer públicos, con cargos públicos y Presidenciable en el año 2019).
Que en definitiva, a criterio de la decisora, la causa de la situación vivida radica en el comportamiento de terceras personas que manejan las redes sociales, anónimamente sin responsabilidad, por tanto, no se configura el hecho de la víctima en el caso a estudio.
14- Que si bien las redes sociales, deben corroborar los hechos que denuncian, ello no quiere decir que la conducta de los co-demandados sea ilícita y busque causar daño al actor en los términos requeridos por el art. 1319 del C. Civil.
Como reza una antigua sentencia absolutoria en el orden penal, dictada en nuestro país: “En un plano puramente doctrinario, puede señalarse que al concepto objetivo del honor, corresponde la figura de la difamación, así como al concepto subjetivo, corresponde la de injuria (Soler -Derecho, Penal Argentino Tomo III Pág. 195). Advirtiendo el mismo autor que
“una protección ilimitada del honor subjetivo, llevaría las cosas demasiado lejos” (ob cit., pag. 197), precisando además que para deshonrar o desacreditar mediante imputación falsa de un hecho, éste debe revestir determinada gravedad”. (T.A.P. 3° turno 3/86, citado por Fernando Urioste Braga Libertad de Expresión y Derechos Humanos, Editorial B de F. 2008, p. 16).
Como es sabido, la protección del honor en nuestro sistema tiene una doble vertiente: la civil y la penal.
En el caso el eventual daño que sufre la víctima, no fue causado por los co-demandados (nexo causal).
Que es importante considerar también en la presente situación, la Ley de Partidos Políticos Nº 18.485 tutela el derecho de postulación a ocupar un cargo electivo, cumpliendo con los requisitos que la ley enumera, por tanto el Sr. S, podía postularse y el Ing. M no tenía participación en estos hechos. Que respecto a la limitación a la libertad de comunicación del pensamiento está establecida en la Constitución uruguaya, en el Pacto de San José de Costa Rica y, en materia de medios de comunicación, en las leyes Nª 16.099 y 18515.
Que de acuerdo al estudio realizado bajo el auspicio de la Universidad de Montevideo sobre las reglas jurisprudenciales aplicables al abuso de derecho en Uruguay, en general nuestra jurisprudencia sostiene que existe abuso de derecho cuando: 1) se causa un perjuicio inmotivado o provoca un daño excesivo en relación a las consecuencias normales de su ejercicio o 2) cuando el derecho se ejerce: i) de manera irrazonable, excesiva o extravagante; ii) sin necesidad o interés legítimos; iii) en forma irregular o agraviante; iv) en forma contraria a la moral, a las buenas costumbres o de mala fe; v) más allá de la necesidad determinada por su destino individual; vi) con desviación de los fines de la institución o para lo que fue conferido; vii) afectando la solidaridad social; o viii) en forma contraria al derecho natural.” Ver al respecto sentencia de este Tribunal referida a responsabilidad de los medios de comunicación Número 9/2005; (Derecho Jurisprudencial – UM, Montevideo 2016, p. 29; sentencia citada a fs. 43 TAC 7).
15- En el presente caso, a juicio de la decisora el actor no cumplió con la carga de la prueba, no logró probar que los hechos alegados en su demanda sean el origen del daño a su esfera personal y económica, con relación a sus intereses.
Que es totalmente comprensible que el Sr. S, se haya visto afectado por las expresiones de las redes sociales y por no ingresar a la vida política.
Pero la decisión fue tomada por el Sr. S quien libre y voluntariamente anunció su ingreso a la actividad política en los medios, área que seguramente no conocía y esta aceptación permite concluir que es de aplicación la Teoría de los Actos Propios.
Como surge de autos fue acreditado que el Sr. S, fue invitado por el sector Baluarte Progresista, Lista 890 a integrar la misma y postularse a representante nacional (ver fs. 19).
Que es un hecho probado en autos, que en la reunión mantenida entre el Ing. M y el Sr. S, se propuso una salida que beneficiaría a ambas partes como una solución política, pero finalmente no fue posible lograrla.
Que en el caso a estudio, la decisora considera, que el derecho al honor, los derechos a la intimidad al nombre y reputación del Sr. S, no fueron vulnerados por los co-demandados, de acuerdo a lo que surge del material probatorio aportado.
Pero ello no implica que pueda confundirse la actuación de las redes sociales; con la conducta observada por los co-demandados, la cual no configura la responsabilidad extracontractual.
16- En consecuencia, desestimará la demanda, sin desconocer la especial situación vivida por el reclamante.
17- Conducta Procesal.
La conducta de las partes ha sido correcta, cada parte defendió su postura sin malicia temeraria, por tanto no impondrá sanciones (art. 688 del Código Civil y 56 del Código General del Proceso).
Por los fundamentos expuestos y lo dispuesto en la Constitución de la República arts. 7, 29 y siguientes, el art. 1319 del Código Civil, art. 139 del C.G.P doctrina y jurisprudencia, Leyes individualizadas, doctrina y jurisprudencia,
FALLO:
Desestimando la demanda en todos sus términos. Ejecutoriada, abónese el aporte sobre honorarios fictos, fijándose los mismos en $ 25.000 para cada parte. Efectúese los desgloses a que hubiere lugar y oportunamente, archívese, sin especial condenación.
Dra. Ana María BELLO ANDRIOLO - JUEZ LETRADO
DDU - CASO - JPP - 11339