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PROMULGACION: 9 de diciembre de 2019
PUBLICACION: 24 de diciembre de 2019

Decreto Nº 381/019 - Se aprueba versión vigente a la fecha del “Texto Ordenado Ley de Vivienda” (T.O.L.VI.).

MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

Montevideo, 9 de diciembre de 2019

VISTO: la facultad conferida por el artículo 217° de la Ley No. 13.728, de 17 de diciembre de 1968, en la redacción dada por el artículo 4° de la Ley No. 16.237 de 2 de enero de 1992;

RESULTANDO: I) que dicha norma encomendó al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la elaboración de un Texto Ordenado que contenga la Ley mencionada así como sus ...


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PROMULGACION: 9 de diciembre de 2019
PUBLICACION: 24 de diciembre de 2019

Decreto Nº 381/019 - Se aprueba versión vigente a la fecha del “Texto Ordenado Ley de Vivienda” (T.O.L.VI.).

MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

Montevideo, 9 de diciembre de 2019

VISTO: la facultad conferida por el artículo 217° de la Ley No. 13.728, de 17 de diciembre de 1968, en la redacción dada por el artículo 4° de la Ley No. 16.237 de 2 de enero de 1992;

RESULTANDO: I) que dicha norma encomendó al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la elaboración de un Texto Ordenado que contenga la Ley mencionada así como sus modificativas y complementarias que se encuentren vigentes, a cuyo amparo se dictó el Decreto N° 78/999, de 22 de marzo de 1999;
II) que muchas de las disposiciones contenidas en ese Texto, han sido modificadas mediante normas legales posteriores, por lo cual actualmente se encuentra desactualizado y no se corresponde con el marco jurídico vigente;

CONSIDERANDO: I) que se estima imprescindible mantener ordenadas y actualizadas todas las normas en materia de vivienda, por ser de consulta permanente en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, en el Banco Hipotecario del Uruguay y servir además de marco de referencia, a amplios sectores de nuestra sociedad, como son las cooperativas de viviendas o los promotores privados de las mismas;
II) que a tales efectos, es necesario aprobar un nuevo "Texto Ordenado de la Ley de Vivienda", la redacción actual de la Ley Marco en materia de vivienda, así como normas complementarias;

ATENTO: a lo expuesto precedentemente y a lo dispuesto en el artículo 168° numeral 4° de la Constitución de la República;

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA:

ART. 1º.-
Apruébase el Texto Ordenado de la Ley No. 13.728 de 17 de diciembre de 1968, con leyes modificativas y complementarias que se encuentran vigentes a la fecha, el que se denominará "Texto Ordenado Ley de Vivienda" (T.O.L.VI.), el cual será sustitutivo del aprobado por Decreto N° 78/999, de 22 de marzo de 1999, cuyo texto se adjunta y forma parte del presente Decreto.-

ART. 2º.-
Comuniquese, publíquese, etc.
VÁZQUEZ - JORGE RUCKS.

MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

TEXTO ORDENADO DE LA LEY N° 13.728
DE 17 DE DICIEMBRE DE 1968
LEY DE VIVIENDA

Actualizado al 31 de octubre de 2019

TEXTO ORDENADO DE LA LEY N° 13.728, CON LEYES MODIFICATIVAS Y
COMPLEMENTARIAS VIGENTES.

MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

INDICE

CAPITULO I
PRINCIPIOS GENERALES

CAPITULO II
CALIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS

CAPITULO III
CONDICIONES Y TIPOS DE VIVIENDA

CAPITULO IV
DEL CREDITO

SECCIÓN I. Principios Generales
SECCIÓN 2. Reajuste
SECCIÓN 3. Préstamo para vivienda nueva
Préstamos a los destinatarios de las viviendas
Préstamos a los organismos públicos promotores de viviendas
Préstamos a los promotores privados de viviendas para vender
Préstamos a empresarios que construyan viviendas destinadas a residencia de su personal
SECCIÓN 4. Préstamos para locales nuevos no destinados a vivienda
SECCIÓN 5. Préstamos para vivienda usada
SECCIÓN 6. Metas y Prioridades
CAPITULO V
DEL SUBISIDIO A LA VIVIENDA

CAPITULO VI
DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA

CAPITULO VII
DEL SISTEMA FINANCIERO DE LA VIVIENDA

CAPITULO VIII
DEL SISTEMA DE AHORRO Y PRESTAMO

CAPITULO IX
DEL SISTEMA PÚBLICO DE PRODUCCION DE VIVIENDAS

CAPÍTULO X
DE LAS COOPERATIVAS DE VIVIENDA

Título I

Capítulo I
Disposiciones generales

Capítulo II
Constitución

Capítulo III
Socios

Capítulo IV
Organización y Administración
Sección I Asamblea General
Sección II Consejo Directivo
Sección III Comité Ejecutivo
Sección IV Comité de Recursos
Sección V Comisiones Auxiliares
Sección VI Recursos
Sección VII Comisión Fiscal
Sección VIII Comisión Electoral
Sección IX Compensaciones

Capítulo V
Régimen Económico
Sección I Patrimonio social
Sección II Capital social
Sección III Fondos patrimoniales especiales
Sección IV Fondos patrimoniales especiales
Sección V Legados y donaciones
Sección VI Otros instrumentos de capitalización
Sección VII Re-expresiones contables
Sección VIII Resultados acumulados
Sección IX Recursos no patrimoniales
Sección X Régimen documental y contable

Capítulo VI
Asociación, Fusión, Incorporación
Operaciones con no socios

Capítulo VII
Otras modalidades de colaboración económica, disolución y liquidación

Título II
De las cooperativas en particular
Capítulo I
Cooperativas de vivienda
Sección I Disposiciones generales
Sección II De las unidades cooperativas de vivienda
Sección III De los usuarios
Sección IV De los propietarios
Sección V De las cooperativas matrices de vivienda
Sección VI De los institutos de asistencia técnica
TITULO III
Capítulo I
De la promoción de las cooperativas
Sección I Compromiso, forma jurídica, competencias
y relacionamiento con el Poder Ejecutivo
Sección II Naturaleza y fiscalización
Sección III Organización y funcionamiento
Sección IV Régimen financiero

Capítulo II
Control estatal de las cooperativas

TITULO IV
Disposiciones especiales y transitorias

CAPITULO XI
DE LOS FONDOS SOCIALES

CAPÍTULO XII
AGENCIA NACIONAL DE VIVIENDA

Sección I Naturaleza, fines y competencia
Sección II Patrimonio, recursos y presupuesto
Sección III Privilegios para la gestión y recuperación de créditos
EJECUCION JUDICIAL SIMPLIFICADA DE CREDITO HIPOTECARIO PARA VIVIENDA
Sección I Ámbito de aplicación
Sección II Procedimiento judicial
Sección III Remate
Sección IV Liquidación del remate, escrituración y cobro del acreedor
Sección V Costo de la ejecución y responsabilidad
Sección VI Procesos conexos
CAPÍTULO XIII
NORMAS REFERIDAS AL BANCO HIPOTECARIO DE URUGUAY

CAPÍTULO XIV
DISPOSICIONES VARIAS

CAPITULO I
PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1°.- Toda familia, cualesquiera sean sus recursos económicos, debe poder acceder a una vivienda adecuada que cumpla el nivel mínimo habitacional definido en la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968. Es función del Estado crear las condiciones que permitan el cumplimiento efectivo de ese derecho.
Fuente: Artículo 1°, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
Artículo 2°.- Es función del Estado estimular la construcción de viviendas y asegurar que los recursos asignados a este fin alcancen para la satisfacción de las necesidades, no sobrepasen las posibilidades de la economía y se usen racionalmente para alcanzar los objetivos señalados en la Ley N° 13.728 de 17 de diciembre de 1968.
Fuente: Artículo 2°, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
Artículo 3°.- Declárese de interés general el establecimiento de una política planificada de vivienda, integrado en los planes de desarrollo económico y social, tendiente a atender las necesidades de vivienda en todo el país, que preste preferente atención a los grupos de escasos recursos y evite generar categorías sociales o áreas geográficas privilegiadas. Todos los organismos y en particular los de derecho público que financien, promuevan, construyan, reglamenten o asistan en cualquier forma a la construcción de viviendas, ajustarán su acción a las disposiciones de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968 y cooperarán al éxito de la política que se establezca dentro del marco de la misma y de los planes periódicos a que se hace referencia en el artículo siguiente.
Fuente: Artículo 3°, Ley 13728, de 17 de diciembre de 1968.
Artículo 4°.- El Poder Ejecutivo, tomando en cuenta las propuestas del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, ajustará y enviará al Parlamento, dentro del primer año de cada período de Gobierno y simultáneamente con el Presupuesto Nacional, un Plan Quinquenal de Vivienda, integrado en los planes de desarrollo económico y social, que incluya: un diagnóstico de la situación, un cálculo de las necesidades para el período, por áreas geográficas y categoría de ingresos, las inversiones, los requerimientos en préstamos y subsidios por programas, las metas de producción de viviendas del sistema público, la previsión de recursos, su distribución y las medidas y los proyectos de Ley complementarios que se consideren necesarios.
Todas las referencias formuladas en la Ley N° 13.728 de 17 de diciembre de 1968, a la Dirección Nacional de Viviendas se entenderán hechas al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
Fuente: Artículo 1°, Ley N° 16.237, de 2 de enero de 1992.
Artículo 5°.- Sin perjuicio de lo anterior, el Poder Ejecutivo, simultáneamente con la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, enviará cada año al Parlamento la propuesta de ajuste del Plan Quinquenal de Vivienda que incluya un detalle ajustado del mismo para el período anual correspondiente.
Fuente: Artículo 1°, Ley 16.327, de 2 de enero de 1992.
Artículo 6°.- Tanto los planes quinquenales a que se refiere el artículo 4°, como los anuales a que refiere el artículo 5°, deberán ser aprobados por el Poder Legislativo, que dispondrá para ello de los mismos plazos de que dispone para considerar el Presupuesto Nacional y las Rendiciones de Cuentas respectivas.
Transcurridos esos términos, tanto el Plan Quinquenal como las modificaciones anuales, en su caso, se tendrían por aprobados, pero sólo tendrán fuerza de Ley las disposiciones de los mismos que se aprueben expresamente con ese alcance.
El Poder Ejecutivo, en acuerdo con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, por resolución fundada, podrá introducir modificaciones en los programas y metas previstos en los planes, a fin de adecuarlos a las circunstancias que se operen durante su ejecución, dando cuenta.
Fuente: Artículo 3°, Ley N° 16.237, de 2 de enero de 1992.
CAPITULO II
CALIFICACION DE LOS BENEFICIARIOS
Artículo 7°.- Cada plan quinquenal formulado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4° establecerá una clasificación de las familias en categorías de ingresos, determinando para cada categoría la afectación del ingreso familiar que puede destinarse al servicio de préstamos para vivienda.
Esta afectación no podrá sobrepasar en ningún caso el 20% (veinte por ciento) del ingreso familiar, teniéndose en cuenta a aquellas familias de menores ingresos relativos, a los efectos del otorgamiento de subsidios que posibiliten su acceso a la vivienda.
Entiéndese por familia, exclusivamente a los fines de la Ley N° 13.728 de 17 de diciembre de 1968, al núcleo familiar que ha de convivir establemente bajo un mismo techo, esté o no vinculado por razones de parentesco.
Fuente: Artículo 1°, Ley N° 16.237, de 2 de enero de 1992.
Artículo 8°.- Se entiende por vivienda adecuada aquella que cumpla con el mínimo habitacional definido en el artículo 18 y que tenga el número de dormitorios necesarios de acuerdo a la composición familiar.
Fuente: Artículo 12, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
(Nota: el artículo 18 referido, corresponde al artículo 13 del presente Texto Ordenado)
Artículo 9°.- Para calcular el número de dormitorios necesarios se aplicarán los siguientes criterios:
Se asignará un dormitorio por cada matrimonio;
Al resto de los componentes se les asignará dormitorios separando los sexos y admitiendo hasta dos personas por dormitorio, cuando estas sean mayores de seis años y hasta tres cuando tengan como máximo esa edad;
La reglamentación establecerá las excepciones a esta norma y en particular la posibilidad para los matrimonios jóvenes de reclamar una previsión del futuro crecimiento de la familia.
Fuente: Artículo 14, Ley 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
Artículo 10°.- A objeto de la clasificación de las familias en categorías de ingresos, la reglamentación podrá fijar criterios para estimar un ingreso ficto en razón del patrimonio, aun en el caso de que no produzca renta real. También fijará los criterios a aplicar en casos de ingresos irregulares, así como el período de tiempo que se estudiará, para fijar los ingresos promediales. En el caso de los productores rurales, la estimación de ingresos podrá realizarse sobre la base de producciones fictas.
Fuente: Artículo 15, Ley 13.728, 17 de diciembre de 1968.
Artículo 11°.- Los límites de las categorías podrán ser diferentes en distintas áreas del país, en razón de la existencia de distintos costos para alcanzar las condiciones habitacionales mínimas.
Fuente: Artículo 16, Ley 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
CAPITULO III
CONDICIONES Y TIPOS DE VIVIENDA
Artículo 12°.- Todas las viviendas que se construyan en el país deberán cumplir con el mínimo habitacional definido en el artículo siguiente. Sólo quedan exceptuadas y tan sólo en cuanto a las exigencias contenidas en el literal A) de dicha norma, los programas que atiendan situaciones de emergencia o económico-sociales especiales, por resolución fundada del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
Los Gobiernos Departamentales podrán conceder a los particulares permisos que los habiliten a construir viviendas de acuerdo con la excepción establecida en el artículo anterior.
Fuente: Artículo 17, Ley 13.728, de 17 de diciembre de 1968 en la redacción dada por Artículo 1° Ley N° 19.581 de 22 de diciembre de 2017.
Artículo 13°.- Defínese como mínimo habitacional el que resulta de cumplir las siguientes condiciones:
A) La superficie habitable de una vivienda no será inferior en ningún caso a 35 (treinta y cinco) metros cuadrados. Este mínimo será aplicable a las viviendas que tengan un dormitorio. Por cada dormitorio adicional se incrementará el mínimo en 15 (quince) metros cuadrados. En todos los casos en que se autorice, construya o financie la vivienda para uso de una familia determinada, se exigirá como mínimo el número de dormitorios necesarios definido en el artículo 14 de esta Ley.
B) Toda vivienda tendrá además, como mínimo, un cuarto de baño y el o los ambientes adecuados a las funciones de cocina, comedor y estar diario.
C) Los techos deberán asegurar la impermeabilidad y la aislación térmica mínima que fijará la reglamentación.
D) Los muros exteriores deberán impedir la entrada de humedad, asegurar la aislamiento térmica mínima que fije la reglamentación, y presentar superficies interiores resistentes, sin fisuras y susceptibles de mantenimiento higiénico.
E) Los pisos deberán ser suficientemente duros para soportar el uso sin desagregarse y admitir el lavado o el lustre.
F) Los dormitorios y ambientes de estar, comedor o cocina, tendrán vanos de iluminación cerrados con materiales transparentes o traslúcidos adecuados para mantener una iluminación natural suficiente.
G) Todos los ambientes tendrán condiciones de ventilación natural o sistemas de ventilación artificial que garanticen las condiciones higiénicas del aire y la eliminación de olores.
H) Toda vivienda dispondrá de agua potable distribuida por cañerías hasta el cuarto de baño y la cocina. El cuarto de baño estará equipado como mínimo, con un lavatorio o pileta para el aseo personal una ducha o bañera y un WC o letrina con descarga de agua instalada. La cocina tendrá por lo menos una pileta con canilla. Cuando la vivienda esté ubicada en un centro poblado y exista red pública de agua potable a distancia razonable, la instalación mencionada estará obligatoria y exclusivamente conectada a la red pública. Cuando no se cumplan las condiciones anteriores podrán admitirse pozos o aljibes cerrados siempre que la potabilidad del agua sea comprobada y que sea bombeada y distribuida por cañerías y almacenada en depósitos cerrados, de acuerdo a las especificaciones que se dicten.
I) Toda vivienda dispondrá de un sistema de desagües para la evacuación de las aguas servidas. Cuando la vivienda esté ubicada en un centro poblado y exista red pública de alcantarillado en el frente del predio, la instalación de la vivienda se conectará obligatoriamente a la red. Cuando no se cumplan las condiciones anteriores, se autorizarán otros sistemas. La reglamentación, al establecer las condiciones que deben cumplir esos sistemas, tomará precauciones contra el riesgo de contaminación de aguas que puedan ser usadas para el consumo humano, así como contra cualquier otro riesgo de transmisión de enfermedades o de creación de condiciones de insalubridad ambiental.
J) Toda vivienda ubicada en un centro poblado, si existe red pública de energía eléctrica a distancia razonable, contará con una instalación de iluminación eléctrica conectada a la red pública y dotada, como mínimo, de una luz por ambiente.
K) La reglamentación podrá determinar las dimensiones mínimas para los distintos tipos de locales.
L) Las especificaciones del presente artículo son mínimos que las reglamentaciones pueden elevar en razón de condiciones locales o del campo de acción de un organismo especial. Sin embargo, los límites que se adopten no deberán proscribir u obstaculizar los tipos de vivienda de interés social que más adelante se definen.
Fuente: Literal A Artículo 2° Ley N° 19.581 de 22 de diciembre de 2017. Otros literales Artículo 18 Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
(Nota: el artículo 14 referido, corresponde al artículo 9 del presente Texto Ordenado)
Artículo 14°.- Entiéndase por "área habitable" de una vivienda, al objeto de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968, la superficie horizontal ocupada por dormitorios, cuartos de baño, ambientes cerrados destinados a cocina, comedor, estar, circulación, recepción o tareas domiciliarias, más los placares, alacenas y despensas u otros lugares interiores de depósito y el espesor de los muros que los dividan o envuelvan, hasta su cara exterior.
Fuente: Artículo 19, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
Artículo 15°.- Entiéndase por vivienda urbana aquella ubicada dentro de los límites de las áreas urbana y suburbana de los centros poblados.
Todas las demás se considerarán viviendas rurales.
Fuente: Artículo 20, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
Artículo 16°.- Entiéndase por vivienda de temporada la vivienda usada sólo una parte del año, como lugar de vacación, descanso o recreo. Las demás son "viviendas permanentes".
Presúmanse viviendas de temporada todas las viviendas ubicadas en balnearios y otros centros turísticos del interior del país, que determine la reglamentación, siempre que su ocupante no demuestre usarla como residencia permanente. Cuando una familia disponga para su uso a cualquier título de más de una vivienda, se presumirá que salvo una, las demás son viviendas de temporada.
Fuente: Artículo 21, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
Artículo 17°.- Entiéndase por vivienda económica, en relación a una familia, aquella vivienda que satisfaga para ella el mínimo habitacional y cumpla las siguientes condiciones:
A) Que su área habitable sea menor de 40 (cuarenta) metros cuadrados en el caso de que la familia necesite un solo dormitorio, o de esa superficie, más 20 (veinte) metros cuadrados adicionales por cada dormitorio más que necesite de acuerdo a los criterios de esta Ley.
B) Que su valor de construcción no supere los límites máximos establecidos por la reglamentación. Para fijar estos límites la Dirección Nacional de Vivienda tomará en cuenta los costos reajustados normales del metro cuadrado, correspondientes al mínimo habitacional definido en el artículo 18, incrementado en un margen prudencial no superior al 40% (cuarenta por ciento).
Fuente: Literal A Artículo 3° Ley N° 19.581 de 22 de diciembre de 2017. Otros Literales Artículo 22, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
(Nota: el artículo 18 referido, corresponde al artículo 13 del presente Texto Ordenado).
Artículo 18°.- Entiéndase por Valor de Construcción el costo de construcción de la vivienda incluyendo aleros, porches, garajes y otras obras realizadas en el predio, y/o la cuota-parte de obras comunes, en el caso de viviendas colectivas.
Exclúyase del Valor de Construcción, al objeto de la clasificación en los tipos definidos en este Capítulo, el costo de los locales destinados a actividades no habitualmente domiciliarias, como locales para artesanías, industrias, comercios, oficinas o escritorios profesionales, aunque la reglamentación autorice incorporarlos al ambiente interior de la vivienda.
Entiéndase por costo de construcción, el costo normal resultante para el propietario de las obras hasta su habilitación incluyendo rubros tales como honorarios técnicos, beneficios de la empresa constructora, conexiones, impuestos o trámites. Se excluyen, naturalmente, el costo del terreno y de las obras de urbanización.
Los límites del Valor de Construcción de cada tipo se fijarán en Unidades Reajustables. Se establecerá el límite para la vivienda de un dormitorio y el aumento de valor por cada dormitorio adicional.
Fuente: Artículo 23, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
Artículo 19°.- Entiéndase por Valor de Tasación el valor de construcción definido en el artículo 23 incrementado hasta en un 15% (quince por ciento) en razón del terreno y obras complementarias de urbanización.
La Dirección Nacional de Vivienda, por razones fundadas, podrá elevar este porcentaje cuando se trate de conjuntos habitacionales que requieran por razones justificadas una inversión elevada en obras de urbanización.
Fuente: Artículo 24, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
(Nota: el artículo 23 referido, corresponde al artículo 18 del presente Texto Ordenado).
Artículo 20°.- Entiéndase por Vivienda Media en relación a una familia, aquella que superando uno o más de los límites establecidos para la Vivienda Económica cumpla las siguientes condiciones:
A) Que su área habitable sea menor de cincuenta metros cuadrados en el caso de necesitar un dormitorio, más veinticinco metros cuadrados por cada dormitorio necesario adicional
B) Que su valor de construcción no supere los límites máximos establecidos por la reglamentación, que no excederán en más de 100% (cien por ciento) los límites establecidos en el artículo 22 para la Vivienda Económica.
Fuente: Literal A, Artículo 4° Ley N° 19.581 de 22 de diciembre de 2017. Otros Literales Artículo 25, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
(Nota: el artículo 22 referido, corresponde al artículo 17 del presente Texto Ordenado).
Artículo 21°.- Entiéndese por Vivienda de Interés Social cualquier vivienda definida como Económica o Media, según los artículos anteriores de esta Ley, así como aquella designada como Núcleo Básico Evolutivo
Fuente: Artículo 26, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968 en la redacción dada por Artículo 6° Ley N° 19.581 de 22 de diciembre de 2017.
Artículo 22°.- Entiéndase por Vivienda Confortable en relación a una familia, aquella que superando uno o más de los límites establecidos para la Vivienda Media cumpla con las siguientes condiciones:
A) Que su área habitable sea menor de 65 (sesenta y cinco) metros cuadrados, en el caso de necesitar un dormitorio, más 30 (treinta) metros cuadrados por cada dormitorio necesario adicional;
B) Que su valor de construcción no supere los límites máximos establecidos por la reglamentación, que no excederán en más de 300% (trescientos por ciento) los límites máximos establecidos en el artículo 22 para la Vivienda Económica.
Fuente: Literal A, Artículo 5° Ley N° 19.581 de 22 de diciembre de 2017. Otros literales Artículo 27, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
(Nota: el artículo 22 referido, corresponde al artículo 17 del presente Texto Ordenado).
Artículo 23°.- Entiéndase por Vivienda Suntuaria la que supere uno o más de los límites establecidos para la Vivienda Confortable.
Fuente: Artículo 28, Ley N° 13.728 de 17 de diciembre de 1968.
Artículo 24°.- El Poder Ejecutivo en los planes de vivienda, podrá introducir modificaciones a estos límites o agregar especificaciones adicionales a las definiciones de los tipos, documentando que los valores propuestos son compatibles con las necesidades, con las metas físicas del plan y con la capacidad económica del país y de los beneficiarios.
Fuente: Artículo 1°, Ley 16.237, de 2 de enero de 1992.
Artículo 25°.- Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente el Poder Ejecutivo podrá por vía reglamentaria, ajustar límites distintos de "Valor de Construcción" válidos para zonas del interior, cuando las diferencias en el costo de construcción así lo justifiquen.
Fuente: Artículo 30, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
CAPITULO IV
DEL CREDITO

SECCIÓN I
Principios Generales

Artículo 26°.- Entiéndase por préstamos de vivienda los créditos que se conceden con la finalidad de construir, reformar, ampliar, complementar o adquirir una vivienda.
Fuente: Artículo 31, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
Artículo 27°.- Todos los préstamos de vivienda y los préstamos para locales nuevos, no destinados a vivienda, mencionados en la Sección 4 de este Capítulo, que se concedan al amparo de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968 suponen la devolución total en su valor actualizado. En consecuencia sólo podrán otorgarse en proporción a la capacidad de pago del beneficiario, con las debidas garantías, y mediante el sistema de reajuste que la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968, establece para compensar la pérdida de poder adquisitivo de la moneda.
Fuente: Artículo 32, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
Artículo 28°.- Los organismos de derecho público sólo podrán otorgar préstamos de vivienda en los casos que la Ley N° 13.728 de 17 de diciembre de 1968 prevé en el Capítulo IV y de acuerdo a las normas de la misma y su reglamentación. Todos los recursos destinados a ese fin, inclusive los actualmente disponibles, deberán canalizarse a través de los organismos habilitados por la Ley de referencia. Las demás instituciones de crédito no podrán otorgar préstamos reajustables para vivienda. Sin perjuicio de ello, los mecanismos establecidos en las leyes y reglamentaciones especiales de vivienda para funcionarios de organismos públicos mantendrán su vigencia hasta 30 meses de promulgada la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968. A partir de esa fecha, los recursos previstos en dichas leyes, así como las amortizaciones de los préstamos concedidos, pasarán a verterse en el Fondo Nacional de Vivienda, establecido en el artículo 81 de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
Fuente: Artículo 33, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
(Nota: el artículo 81 referido, corresponde al artículo 72 del presente Texto Ordenado).
Artículo 29°.- Los programas de construcción de viviendas para la venta promovidos por el sector privado podrán gozar de los beneficios, exenciones y aplicaciones del sistema de reajustes establecidos en la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968, siempre que los mismos cumplan los siguientes requisitos:
a) Deberán ser previamente aceptados por la Dirección Nacional de Vivienda siempre que estén incluidos en el contexto de los Planes de Vivienda a que hacen referencia los artículos 3°, 4°, 5° y 6° de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968;
b) La operación de venta así como la administración del servicio de amortizaciones deberá ser realizado, en todos los casos, por el Banco Hipotecario del Uruguay.
c) El reajuste se aplicará sobre el monto de las facilidades que otorguen al adquirente los promotores, empresarios o constructores para integrar el precio de venta, a partir de la fecha de compraventa;
d) En el caso de programas financiados total o parcialmente con fondos en moneda extranjera, los organismos habilitados por la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968, no tomarán a su cargo ningún riesgo por diferencia de cambio en el reintegro del préstamo, ni en el pago de intereses.
La financiación externa deberá contar, además, con la aprobación del Banco Central del Uruguay.
Fuente: Artículo 34, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
Artículo 30°.- Los plazos de amortización de los préstamos otorgados por el Fondo Nacional de Vivienda, serán de hasta veinticinco años, pudiendo prorrogarse por causas excepcionales, a criterio de la administración, hasta un máximo de treinta y cinco años. Ningún hogar podrá afectar a servicios de amortización de dichos préstamos, un monto que supere el 25% (veinticinco por ciento) de los ingresos líquidos de la familia. A tales efectos el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, aplicará los instrumentos de subsidio más convenientes para el logro de sus fines y del respeto al derecho de las familias a acceder a una vivienda adecuada.
Para las cooperativas de vivienda de usuarios o de propietarios, las condiciones antes descriptas se aplicarán a cada uno de los socios
Fuente: Artículo 35, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968 en la redacción dada por Artículo 1, Ley N° 19.588 de 28 de diciembre de 2017.
Artículo 31°.- En la determinación de los ingresos la carga de la prueba corresponderá al mutuario, quien además estará obligado a permitir las inspecciones y contralores que las reglamentaciones establezcan.
La adulteración o falsificación de la documentación aportada, así como cualquier falsedad u ocultamiento en la declaración de ingresos será causal suficiente para desechar una solicitud o para obligar a la cancelación de préstamos concedidos, haciéndolos exigibles inmediatamente, inclusive por la vía de apremio, o en el caso del Banco Hipotecario del Uruguay por la vía del artículo 81 y siguientes de su Carta Orgánica, sin perjuicio de las sanciones adicionales que la reglamentación establezca.
Fuente: Artículo 36, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
Artículo 32°.- No podrán ser objeto de los préstamos de vivienda establecidos al amparo de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968, las viviendas suntuarias ni las viviendas de temporada.
Fuente: Artículo 37, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
SECCIÓN 2
Reajuste
Artículo 33°.- Créase una "Unidad Reajustable" cuyo valor será de $ 1.000.00 (mil pesos m/n) durante el período siguiente al 1° de setiembre de 1968.
El Poder Ejecutivo procederá a corregir anualmente el valor de la Unidad Reajustable, de acuerdo a la variación registrada en el índice medio de salarios a que hace referencia el artículo 39, en los doce meses anteriores al 1° de agosto inmediato anterior.
La reglamentación podrá establecer, a los fines que especifique, reajustes intermedios hasta por períodos trimestrales, que éstos no afectarán ni los depósitos de ahorro, ni el valor de las Obligaciones Reajustables, ni las cuotas y saldo de los préstamos, los que seguirán rigiéndose por el valor de la Unidad Reajustable al 1° de setiembre del año respectivo.
Fuente: Artículo 38, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
(Nota: El artículo 39 referido, corresponde el artículo 34 del presente Texto Ordenado).
Artículo 34°.- Cométase al Poder Ejecutivo la elaboración de un índice Medio de Salarios que será usado a todos los fines indicados en la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968. El índice deberá ser suficientemente representativo de los ingresos corrientes de los trabajadores comprendidos en los grandes sectores de la actividad pública y privada, que sean remunerados exclusivamente en dinero, excluyendo los regímenes de ocupación estacional o zafral, los trabajadores rurales y los ingresos por pasividades.
La variación del Indice deberá publicarse mensualmente. En todos los casos el Indice usado para cada reajuste deberá conocerse al menos con un mes de anticipación a la fecha de aplicación del mismo. Si en ese plazo el Indice no estuviera disponible, el Banco Hipotecario del Uruguay estará autorizado para realizar el reajuste de acuerdo a su propia estimación y éste se considerará válido hasta el próximo período. En caso de descensos del valor de la Unidad Reajustable las deudas y los servicios de los préstamos no podrán bajar de su valor original.
Fuente: Artículo 39, Ley 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
Artículo 35°.- Todas las normas reglamentarias que dicten los organismos participantes en el sistema de vivienda expresarán los valores monetarios correspondientes a límites de ingresos, valores de construcción, valores de tasación y montos de depósitos, préstamos y subsidios y cuotas de amortización y/o interés en unidades indexadas o unidades reajustables.
Fuente: Artículo 40, Ley 13.728, de 17 de diciembre de 1968 en la redacción dada por Artículo 247 de la Ley 18.172, de 31 de agosto de 2007.
Artículo 36°.- Cuando los organismos financiadores de vivienda realicen tasaciones de inmuebles o proyectos y cuando autoricen préstamos o subsidios expresarán los valores correspondientes en unidades indexadas o unidades reajustables. El beneficiario tendrá derecho a que, en el momento de percibir el dinero, las cantidades equivalgan al monto autorizado en unidades indexadas o unidades reajustables, según corresponda.
Fuente: Artículo 41, Ley 13.728, de 17 de diciembre de 1968 en la redacción dada por Artículo 247 de la Ley 18.172, de 31 de agosto de 2007
Artículo 37°.- Todo préstamo de vivienda efectuado al amparo de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968, será documentado y valorizado en unidades indexadas o unidades reajustables, estableciendo su monto, el valor de las cuotas de construcción si corresponde y el valor de las cuotas de amortización e intereses. El acreedor llevará en la misma forma una contabilidad de los saldos adeudados. Esta información será siempre accesible al deudor.
Fuente: Artículo 42, Ley 13.728, de 17 de diciembre de 1968 en la redacción dada por Artículo 247 de la Ley 18.172, de 31 de agosto de 2007
Artículo 38°.- En los casos en que la Ley autorice el uso del reajuste en cuentas de ahorro, en títulos, bonos u obligaciones, o para otras finalidades, la reglamentación establecerá los procedimientos para realizarlo sobre la base de los principios aplicados en los artículos anteriores.
Fuente: Artículo 43, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
Artículo 39°.- Los contratos de construcción podrán ser establecidos en unidades indexadas o unidades reajustables. En ese caso quedará excluido automáticamente y sin excepciones cualquier otro ajuste posterior de costos en razón de aumentos de jornales, materiales o leyes sociales.
Fuente: Artículo 44, Ley 13.728, de 17 de diciembre de 1968 en la redacción dada por Artículo 247 de la Ley 18.172, de 31 de agosto de 2007
SECCIÓN 3
Préstamo para vivienda nueva
Artículo 40°.- Entiéndese por vivienda nueva la vivienda a construir o en construcción. Se asimila a ésta la vivienda terminada para el primer adquirente hasta dos años de su terminación, documentada mediante prueba fehaciente.
Entiéndese por préstamo para vivienda nueva el destinado a financiar su construcción total o parcial y/o adquisición. En todos los demás casos el préstamo se considerará para vivienda usada.
Fuente: Artículo 45, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
Préstamos a los destinatarios de las viviendas
Artículo 41°.- Podrán percibir préstamos para vivienda nueva las personas físicas que no posean ninguna en la localidad cuando destinen el préstamo a obtener en propiedad una vivienda para residir en ella con su familia. En ese caso los prestatarios estarán obligados a usarla para ese fin y no podrán transferir su propiedad ni ceder su uso a cualquier título hasta transcurridos diez años, salvo por causa justificada y previa autorización del organismo prestamista.
Cuando se autorice el arrendamiento se podrá exigir que todo o parte del alquiler se destine a amortización extraordinaria del préstamo.
La violación de aquel compromiso comportará la obligación de cancelar el préstamo sin perjuicio de las multas que la reglamentación establezca, que podrán alcanzar para el propietario hasta un 50% (cincuenta por ciento) del saldo del préstamo y para el escribano interviniente en la compra - venta, hasta dos veces el monto de honorarios a que tuviera derecho según arancel. La reglamentación penará especialmente los casos en que existiera ocultación o engaño de los que derive beneficio económico.
La liquidación de multas que efectúe el organismo prestamista al propietario y escribano autorizante constituirá título ejecutivo y su cobro se perseguirá por vía de apremio, sin perjuicio de las facultades previstas en la Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay para proceder extrajudicialmente.
Fuente: Artículo 46, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
Artículo 42°.- También podrán recibir préstamos para vivienda nueva las Cooperativas de Vivienda y los Fondos Sociales y con ventajas similares a las que gocen los destinatarios individuales, sin perjuicio de los beneficios especiales que se establezcan y siempre que se ajusten a lo especificado para ellas en el Capítulo X de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
Para la presentación de propuestas y durante el período de construcción las cooperativas de vivienda y fondos sociales, conjuntamente con los institutos de asistencia técnica actúan como empresas de construcción.
La reglamentación establecerá las condiciones crediticias y operativas que aseguren su eficiente desempeño en tal carácter.
Fuente: Inciso 1° Artículo 47, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968, Inciso 2° Artículo 5°, Ley N° 16.237, de 2 de enero de 1992.
Artículo 43°.- Los Planes Quinquenales deberán establecer:
1) Las características de la población a ser atendida con recursos públicos, los ingresos máximos del núcleo familiar a efectos de poder ser considerados beneficiarios de dichos recursos públicos, así como la forma o formas de contabilizar los mismos.
2) Los tipos de solución habitacional a financiar con recursos públicos. Estos no podrán exceder las categorizadas como vivienda de interés social en la presente Ley, indicando valor de construcción y valor de tasación.
3) Aporte previo, cuando corresponda según el plan, exigido a cada familia si correspondiera para acceder a la financiación pública y forma de integrarlo; ello es sin perjuicio de que se prevea la integración de ese aporte en especie o mano de obra, teniendo en cuenta las posibilidades reales del destinatario.
Fuente: Artículo 48, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968 en la redacción dada por Artículo 2, Ley N° 19.588 de 28 de diciembre de 2017.

Préstamos a los organismos públicos promotores de viviendas
Artículo 44°.- Existirán dos categorías de préstamos para viviendas nuevas a los organismos públicos promotores de viviendas:
A) Viviendas para vender. El plazo de préstamo será de tres años, extensible hasta cinco años por resolución de la Dirección Nacional de Vivienda.
En el momento de producirse la venta, el préstamo al organismo será sustituido por préstamos individuales a las personas físicas o por préstamos a la cooperativa de usuarios, en su caso, en las condiciones estipuladas en el artículo 48.
B) Viviendas para alquilar. Estas viviendas permanecerán en propiedad del organismo promotor. El servicio del préstamo será atendido con los alquileres pagados por los usuarios. El monto del préstamo será calculado en función de la recaudación estimada por concepto de alquileres, los que serán móviles, afectando, como máximo, el 20% (veinte por ciento) de los ingresos del núcleo familiar que ocupa la vivienda.
Los plazos no excederán de veinticinco años.
En ambos casos el monto del préstamo podrá alcanzar el 100% (cien por ciento) de la inversión total, incluyendo las viviendas, terrenos, obras complementarias y servicios sociales comunes. La tasa de interés, no superará el 6% (seis por ciento).
Fuente: Artículo 49, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
(Nota: El artículo 48 referido, corresponde al artículo 43 del presente Texto Ordenado).

Préstamos a los promotores privados de viviendas para vender
Artículo 45°.- Los préstamos a personas físicas o jurídicas privadas, destinados a financiar la construcción de viviendas para vender, se reglamentarán de acuerdo a las siguientes especificaciones.
Sólo podrán otorgarse a viviendas cuya superficie y valor de construcción en relación al número de dormitorios, cumplan las especificaciones exigidas por las viviendas definidas como Económicas, Medias o Confortables.
El plazo podrá extenderse hasta tres años, prorrogable hasta cinco años por el Instituto prestamista, cuando medien circunstancias excepcionales que lo justifiquen.
El préstamo por vivienda no superará el mayor valor de tasación admitido para una Vivienda Media del mismo número de dormitorios, ni será mayor del 60% (sesenta por ciento) del valor de tasación de la unidad objeto del préstamo.
Fuente: Artículo 50, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
Artículo 46°.- Los préstamos a promotores privados de vivienda serán siempre sustituibles, en el momento de la venta, por préstamos a los destinatarios personas físicas, en las condiciones estipuladas en el artículo 48.
Fuente: Artículo 51, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
(Nota: El artículo 48 referido, corresponde al artículo 43 del presente Texto Ordenado).
Artículo 47°.- La Dirección Nacional de Vivienda deberá exigir en forma transitoria o permanente, que se efectúe un control sobre el precio de venta de las viviendas construidas con los préstamos autorizados por los artículos anteriores.
El control será efectuado por el Banco Hipotecario del Uruguay de acuerdo a reglamentaciones que el mismo dictará. La escritura del préstamo establecerá el precio máximo de cada unidad expresado en Unidades Reajustables. La violación del compromiso sobre el precio máximo será causa de nulidad de la venta, determinará la obligación de cancelar el préstamo por todas las unidades no vendidas y será penada con una multa al enajenante que podrá alcanzar al 50% (cincuenta por ciento) del préstamo correspondiente a la unidad cuyo precio se viole, y con una multa al escribano autorizante de la compraventa que alcanzará hasta dos veces el monto de los honorarios a que tuviera derecho, según arancel.
Será aplicable en estos casos lo previsto en el Inciso final del artículo 46.
Fuente: Artículo 52, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
(Nota: El artículo 46 referido, corresponde al artículo 41 del presente Texto Ordenado).

Artículo 48°.- Los préstamos que se otorguen a empresarios que construyan viviendas para residencia de su personal se sujetarán a las condiciones siguientes:
El préstamo alcanzara como máximo al 60% (sesenta por ciento) del valor de construcción de una Vivienda Económica y no sobrepasará el 60% (sesenta por ciento) del valor de construcción de la unidad objeto del préstamo.
El plazo máximo será de diez años.
En el caso de que la empresa alquile las viviendas a su personal, el alquiler no podrá exceder el 5% (cinco por ciento) del valor actual de la vivienda y dentro del límite máximo del 20% (veinte por ciento) del ingreso salarial.
Fuente: Artículo 53, Ley N° 13.728, de 17 diciembre de 1968.

SECCIÓN 4
Préstamos para locales nuevos no destinados a vivienda
Artículo 49°.- Los locales destinados a comercio, industria o servicio podrán recibir préstamos reajustables hasta por el 50% (cincuenta por ciento) del valor de tasación y con plazos que no excedan de diez años.
La Dirección Nacional de Vivienda, en acuerdo con el Ministerio de Industria y Comercio, limitará los valores máximos de los locales que recibirán estos préstamos.
Fuente: Artículo 54, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
(Nota: Ministerio de Industria y Comercio corresponde al actual Ministerio de Industria, Energía y Minería).
Artículo 50°.- Las instituciones deportivas, culturales, gremiales y sociales, sin fines de lucro, podrán obtener préstamos para la construcción, ampliación, mejora y complementación de sus sedes sociales o de los servicios que constituyan el objeto especifico de su existencia, prevista en su Estatuto Orgánico y en cuya virtud se les otorgó por los poderes públicos, la pertinente personería jurídica.
Estos préstamos podrán otorgarse hasta por veinticinco años de plazo y el monto máximo del préstamo podrá llegar hasta el 75% (setenta y cinco por ciento) del valor de construcción.
Serán aplicables en estos casos las medidas de garantías especificadas en la Ley N° 8.594, de 23 de diciembre de 1929.
También podrán ser beneficiarios de estos préstamos las instituciones mencionadas en el artículo 6° de la Ley número 12.314, de 11 de setiembre de 1956.
Fuente: Artículo 55, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
Artículo 51°.- No podrá destinarse a préstamos para locales nuevos no destinados a vivienda más del 5% (cinco por ciento) del producido de la emisión de Obligaciones Reajustables.
Fuente: Artículo 56, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
SECCIÓN 5
Préstamos para vivienda usada
Artículo 52°.- Existirán las siguientes categorías de préstamos para vivienda usada:
A) Préstamo para la adquisición de vivienda usada y refacción con destino a residencia propia;
B) Préstamo para adquisición o transformación de vivienda usada con la finalidad de aumentar el número de unidades habitacionales en la construcción original.
Los planes quinquenales deberán establecer programas habitacionales específicos para promover los préstamos comprendidos en la categoría B) y la reglamentación establecerá las condiciones de los créditos.
Fuente: Artículo 1°, Ley N° 16.237, de 2 de enero de 1992.
Artículo 53°.- Los inquilinos con más de cinco años de antigüedad podrán recibir préstamos en condiciones especiales para la adquisición de la vivienda que ocupan, siempre que el valor de la tasación actual de la misma no supere el límite establecido para las Viviendas de Interés Social.
En este caso las condiciones del préstamo podrán asimilarse a las de los préstamos para vivienda nueva.
Fuente: Artículo 58, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
Artículo 54°.- Las cooperativas de usuarios para adquirir un inmueble o conjunto habitacional de acuerdo al Incido B) del artículo 146, podrán recibir préstamos en condiciones similares a las del artículo anterior.
Fuente: Artículo 59, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
(Nota: El artículo 146 referido, que correspondía al artículo 130 del Texto Ordenado de 1998, fue derogado por Artículo 224, Ley 18.407 de 24 de octubre de 2008).
Artículo 55°.- No podrá destinarse a préstamos para adquisición de vivienda usada más del 20% (veinte por ciento) de los recursos totales del Fondo Nacional de Vivienda.
Fuente: Artículo 60, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
Artículo 56°.- La reglamentación establecerá líneas especiales de préstamo para conservación, ampliación y complementación de viviendas usadas. Estos préstamos deberán facilitar particularmente la realización de las obras que permitan alcanzar y mantener el mínimo habitacional definido en el artículo 18.
En particular los planes deberán prever recursos destinados a programas de préstamos a acordarse a los beneficiarios de Núcleos Básicos Evolutivos, a fin de financiarles los materiales necesarios para construir uno o dos dormitorios adicionales, de acuerdo con la estructura del núcleo familiar y, en los plazos y condiciones que establezca la reglamentación.
Fuente: Artículo 1°, Ley N° 16.237, de 17 de diciembre de 1968.
(Nota: El artículo 18 referido, corresponde al artículo 13 del presente Texto Ordenado).
SECCIÓN 6
Metas y Prioridades
Artículo 57°.- Los planes quinquenales y anuales de vivienda fijarán las metas a alcanzar para cada categoría de préstamo, determinando el número de viviendas a financiar por tipo, categoría de ingreso de la familia y ubicación. La reglamentación establecerá un sistema de prioridades que asegure que los recursos no se desvíen del destino planeado en perjuicio de las familias de menos ingresos, o de los programas de Viviendas de Interés Social.
Fuente: Artículo 62, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
Artículo 58°.- Los organismos prestamistas estarán obligados a llevar mensualmente a la Dirección Nacional de Vivienda la información estadística correspondiente al objeto de evaluar la ejecución de los planes e introducir los ajustes correspondientes.
Fuente: Artículo 63, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
CAPITULO V
DEL SUBSIDIO A LA VIVIENDA
Artículo 59°.- Entiéndese por subsidio habitacional, al objeto de la presente Ley, como la ayuda estatal directa aplicada a una familia, para acceder a una solución habitacional, que se otorga sin cargo de restitución por parte del adjudicatario. Los aportes que se otorguen como complementos de sueldos y salarios o las prestaciones pagadas por la Seguridad Social, aunque tengan como causal la vivienda serán considerados componentes del ingreso familiar y no subsidios a la vivienda
Fuente: Artículo 64, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968 en la redacción dada por Artículo 3, Ley N° 19.588 de 28 de diciembre de 2017.
Artículo 60°.- Es finalidad del subsidio a la vivienda permitir que las familias cuyos ingresos no alcancen al nivel de suficiencia puedan acceder a viviendas adecuadas.
Fuente: Artículo 65, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968
Artículo 61°.- Los subsidios habitacionales podrán tomar las siguientes formas y podrán aplicarse en forma combinada:
A) Contribuciones en dinero, especie o mano de obra para la construcción, mejora, ampliación o adquisición de una vivienda y el correspondiente terreno. Dichos subsidios se entenderán como subsidios directos de capital.
B) Contribuciones al pago de cuotas de amortización e intereses de préstamos, destinados al acceso o a la permanencia de una familia a una vivienda adecuada en las condiciones establecidas en la presente Ley. Dichos subsidios se entenderán como subsidios a la cuota de amortización.
C) Fijación de alquileres inferiores a los que corresponderían para la recuperación de las inversiones realizadas en la vivienda por concepto de terreno, construcción y obras complementarias.
Esta forma estará restringida a inmuebles propiedad de organismos de derecho público.
D) Contribuciones al pago de alquileres de viviendas de propiedad privada, arrendadas por familias cuyas características se establezcan en los Planes Quinquenales de Vivienda.
E) Prestación de servicios gratuitos como el suministro de proyectos tipo, la asistencia técnica a la construcción, la no contabilización de costos administrativos en el valor de la vivienda y la asistencia social.
Fuente: Fuente: Artículo 66, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968 en la redacción dada por Artículo 4, Ley N° 19.588 de 28 de diciembre de 2017.
Artículo 62°.- En ningún caso los subsidios podrán otorgarse a familias cuyas condiciones no se encuentren definidas en los planes quinquenales, ni podrán involucrar viviendas que no estén categorizadas como de interés social en los términos establecidos en la presente Ley.
Para los subsidios otorgados en las formas indicadas en los literales B), C) y D) del artículo 66 de la presente Ley, se establecen aquí los porcentajes máximos de afectación de los ingresos familiares que se aplicarán a la amortización de préstamos o al pago de alquiler.
A esos efectos, en el cuadro que se desarrolla en el inciso siete del presente artículo, se establecen topes diferenciales para distintos niveles de ingresos familiares, con el objetivo de instrumentar un régimen de tipo progresivo que privilegie a las familias de menores recursos.
Los referidos niveles de ingresos familiares se definen en base a los ingresos totales del núcleo familiar y la cantidad de integrantes del mismo y se miden en cantidad de Canastas Básicas de Alimentación per cápita, según la definición de la misma establecida por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En la determinación de los ingresos, la carga de la prueba corresponderá a la familia solicitante, quien además estará obligada a permitir los contralores e inspecciones que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente establezca.
La cuota parte de amortización de capital correspondiente a los subsidios establecidos en el literal B) del artículo 66 de la presente Ley, podrán computarse al capital social de los socios de cooperativas de vivienda.

Fuente: Artículo 67, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968 en la redacción dada por Artículo 5, Ley N° 19.588 de 28 de diciembre de 2017.
Artículo 63°.- Los subsidios otorgados en las formas indicadas en el inciso D) del artículo 66 se entenderán subsidios indirectos y podrán otorgarse a viviendas económicas.
Fuente: Artículo 68, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
(Nota: El artículo 66 referido, corresponde al artículo 61 del presente Texto Ordenado).
Artículo 64°.- Podrán recibir subsidios dentro de las condiciones señaladas anteriormente:
A) Los destinatarios de las viviendas, personas físicas, que cumpla dichas condiciones;
B) Las cooperativas de viviendas, para trasladar el beneficio del subsidio a sus miembros que cumplan dichas condiciones, siempre que lo hagan en las formas establecidas por la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968 y su reglamentación;
C) Los organismos públicos promotores de vivienda con el mismo objeto.
Fuente: Artículo 69, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
Artículo 65°.- Cuando se otorgue un subsidio en la forma especificada en el literal A) del artículo 66 de la presente Ley, deberá dejarse constancia en el título de propiedad el monto del subsidio, la proporción que representa en el valor total de la vivienda y el plazo de vigencia del mismo. En ese caso no podrá ser vendida ni alquilada, ni se podrá ceder su uso a ningún título, durante el plazo de vigencia establecido a contar desde la ocupación de la vivienda por el adjudicatario, según surja de la documentación emanada de la Administración, sin reembolsar en forma previa o simultánea al organismo pertinente el subsidio reajustado y depreciado a razón de una cuota ava parte del plazo de vigencia por año transcurrido desde el momento de la referida ocupación. Este reembolso podrá ser sustituido por la aplicación del monto resultante de la adquisición de una nueva vivienda, previa aprobación de las características de la misma por parte del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
Los subsidios establecidos en los literales B), C) y D) del artículo 66 de la presente Ley, cesarán de forma inmediata en caso de no uso de la vivienda, alquiler, subalquiler o venta de la misma por parte del beneficiario según corresponda.
Fuente: Artículo 70, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968 en la redacción dada por Artículo 6, Ley N° 19.588 de 28 de diciembre de 2017.
(Nota: el artículo 66 es el artículo 61 del presente Texto Ordenado).
Artículo 66°.- La violación de las obligaciones establecidas en el artículo 70 de la presente Ley será penada con la devolución inmediata del subsidio y del saldo del préstamo de vivienda que el beneficiario hubiese recibido y con multas al mismo y al escribano interviniente, que podrán alcanzar cada una hasta un 100% (cien por ciento) del valor del subsidio en el momento de la violación.
Sin perjuicio de ello, para las modalidades de subsidio establecidas en los literales B), C) y D) del artículo 66 de la presente Ley, la violación de las obligaciones establecidas en el artículo 70, la declaración falsa por parte del solicitante del subsidio, la no ocupación de la vivienda, la venta de la misma sin autorización previa del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el cambio de destino habitacional principal, el arriendo o subarriendo de la vivienda, determinarán el cese del subsidio tornándose exigible el monto total de la cuota de amortización o alquiler asumido por el prestatario desde la fecha en que fue otorgado el subsidio. Estos adjudicatarios quedarán inhabilitados a solicitar financiación o subsidio habitacional por hasta los diez años siguientes".
Fuente: Artículo 71, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968 en la redacción dada por Artículo 7, Ley N° 19.588 de 28 de diciembre de 2017.
Nota: el artículo 66 es el artículo 61 del presente Texto Ordenado.
Artículo 67°.- En todos los casos, el beneficio de subsidio tendrá carácter temporal, revisable y revocable, sujeto a la verificación de las condiciones establecidas en la reglamentación correspondiente.
La reglamentación podrá exigir la actualización periódica de las condiciones económicas y la integración de la familia y en consecuencia la modificación correspondiente del subsidio otorgado.
Las recaudaciones suplementarias que se originen por efecto de la actualización de los servicios y de los alquileres, se reintegrarán al Fondo en la forma establecida en el artículo 81 de la presente Ley.
Fuente: Artículo 72, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968 en la redacción dada por Artículo 8, Ley N° 19.588 de 28 de diciembre de 2017.
(Nota: El artículo 81 referido, corresponde al artículo 72 del presente Texto Ordenado).
Artículo 68°.- Todas las obligaciones establecidas por los artículos 35, 36, 62 y 63 en relación con los préstamos de vivienda serán aplicadas también a los subsidios.
Fuente: Artículo 73, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
(Nota: Los artículos 35, 36, 62 y 63 referidos, corresponden a los artículos 30, 31, 57 y 58 respectivamente del presente Texto Ordenado).

CAPITULO VI
DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
Artículo 69°.- Cométese al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente la constitución de una Comisión Asesora que será presidida por el Director Nacional de Vivienda y se integrará con los Directores Nacionales de Ordenamiento Territorial y de Medio Ambiente y con delegados de los siguientes organismos: Banco Hipotecario del Uruguay, Congreso de Intendentes, Ministerios de Defensa Nacional, de Economía y Finanzas, de Desarrollo Social y de Trabajo y Seguridad Social, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Universidad de la República, Banco de Previsión Social, Comisión Honoraria de Erradicación de Vivienda Rural Insalubre (MEVIR), gremiales de destinatarios, empresarios, trabajadores y profesionales afines al sistema de producción de viviendas, organizaciones no gubernamentales e institutos de asistencia técnica cooperativa.
Dicha Comisión podrá prestar su asesoramiento en todos los asuntos de competencia de la Dirección Nacional de Vivienda a solicitud de ésta o por iniciativa de cualquiera de sus miembros.
Facúltese al Poder Ejecutivo a dictar la reglamentación tendiente a determinar su funcionamiento, el número de representantes en la Comisión de cada uno de los organismos, gremiales, instituciones y organizaciones miembros, así como el procedimiento de elección de los representantes gremiales y de las organizaciones, y de admisión de nuevos miembros o exclusión de los existentes.
Fuente: Artículo 349 de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005.
Artículo 70°.- Para el cumplimiento de los planes anuales el Banco Hipotecario del Uruguay podrá utilizar, además de los recursos creados por la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968, sus fondos propios y los provenientes de sus líneas de captación de ahorro.
Fuente: Artículo 1°, Decreto - Ley N° 14.666, de 9 de junio de 1977.
Artículo 71°.- El Poder Ejecutivo con el asesoramiento del Banco Hipotecario del Uruguay promoverá la prestación a las cooperativas de vivienda, de los servicios de educación cooperativa y social por parte del Estado.
Dicha función será realizada por aquellos organismos que la reglamentación indique, teniendo en cuenta sus competencias específicas, procurando dar intervención en lo pertinente a las Intendencias Municipales.
Fuente: Artículo 1° del Decreto - Ley N° 14.666, de 9 de junio de 1977.
CAPITULO VII
DEL SISTEMA FINANCIERO DE LA VIVIENDA
Artículo 72°.- Créase el Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización que se integrará con los siguientes recursos:
A) El producido del impuesto vigente del 1% (uno por ciento) a todas las retribuciones nominales sujetas a montepío, sobre sueldos de funcionarios de los Entes del Estado, de los Municipios y la Administración Central. El impuesto será de cargo del empleador, no pudiendo ser trasladado;
B) A partir del primer día del mes siguiente al de promulgación de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968, el 1% (uno por ciento) sobre el monto imponible del impuesto creado por el artículo 25 del Decreto - Ley 15.294, de 23 de junio de 1982, que deben pagar quienes perciben retribuciones por servicios personales se destinará al Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización. Esta disposición no modifica lo dispuesto por el numeral V) del artículo 618 de la Ley 16.170, de 28 de diciembre de 1990.
Esta disposición deja vigente la afectación dispuesta por el artículo 7° de la Ley 15.900, de 21 de octubre de 1987, del producido del impuesto que grava las jubilaciones y pensiones servidas por el Banco de Previsión Social (Inciso 2° del artículo 25 del Decreto-Ley 15.294, de 23 de junio de 1982), para la construcción de viviendas para dar en usufructo personal a jubilados y pensionistas cuyas asignaciones mensuales de pasividad sean inferiores al monto de dos Salarios Mínimos Nacionales.
A partir del primer día del mes siguiente a la promulgación de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968, deberá verterse al Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización la totalidad del impuesto afectado, a los efectos del cumplimiento de esta disposición;
C) Todas las partidas de Rentas Generales por Ley se disponga destinar al rubro vivienda.
Exceptuándose de lo dispuesto en este literal las partidas establecidas en el literal A) del artículo 590 de la Ley 16.170, de 28 de diciembre de 1990, correspondiente a los períodos 1991/1992 y 1992/1993 por $ 4.226:250.000,00 (cuatro mil doscientos veintiséis millones doscientos cincuenta mil pesos) equivalente a U$S 5:250.000,00 (cinco millones doscientos cincuenta mil dólares) cada una y de la correspondiente al período 1993/1994 por $ 2.113:125.000.00 (dos mil ciento trece millones ciento veinticinco mil pesos) equivalente a U$S a 2:625.000.00 (dos millones seiscientos veinticinco mil dólares).
Exceptuándose asimismo, las partidas establecidas en el literal B) del artículo 590 de la Ley 16.170, de 28 de diciembre de 1990, y en el artículo 434 de la Ley 16.226, de 29 de octubre de 1991.
Todas estas partidas se destinaran expresamente al Banco Hipotecario del Uruguay;
D) Los préstamos internacionales que se contraigan con destino a la construcción o refacción de viviendas;
E) La proporción del producido de la colocación de valores públicos de largo plazo con garantías hipotecarias que pueda emitir el Banco Hipotecario del Uruguay que se establezca en el Plan Quinquenal;
F) El producido de la amortización y cobranza de los préstamos efectuados con los recursos previstos en esta disposición;
G) Los reintegros de subsidios que correspondan;
H) El importe de las multas que se recauden por incumplimiento de las prohibiciones de enajenación previstas en la Ley N° 13.728 de diciembre de 1968, cuando el préstamo se realizó utilizando parcialmente recursos de la Cuenta Subsidios;
I) Los aportes y las donaciones que reciba el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente con destino a la construcción de viviendas;
J) El producto de la prestación de servicios, venta de pliegos de licitaciones y publicaciones relativas a vivienda;
K) Las sumas percibidas por la enajenación de inmuebles de propiedad estatal administrados por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, afectados a la Cartera de Inmuebles de Interés Social (CIVIS).
El Fondo creado por esta norma se destinará a la ejecución de la política de vivienda, a la adquisición de tierras, a la realización de servicios de infraestructura urbana y de servicios comunitarios mínimos.
Todas las referencias hechas en la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968, al Fondo Nacional de Vivienda se entenderán realizadas al Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización.
Fuente: Artículo 1°, Ley N° 16.237, de 2 de enero de 1992.
Literal K, Artículo 207 Ley 19.670 de 15 de octubre de 2018.
Artículo 73°.- Todas las instituciones que realicen operaciones de seguros en moneda nacional, deberán integrar sus reservas en Obligaciones Hipotecarias Reajustables.
Cuando las operaciones de seguros se efectúen en moneda extranjera, las reservas se integrarán en valores públicos emitidos en la moneda pactada o en dólares estadounidenses en su defecto.
El Poder Ejecutivo, con el asesoramiento del Banco Central del Uruguay, establecerá en todos los casos los porcentajes de integración de dichas reservas y controlará, por los medios que estableciere en la reglamentación de esta disposición, el efectivo cumplimiento de la misma.
Fuente: Artículo 1°, Decreto - Ley N° 14.768, de 26 de abril de 1978.
Artículo 74°.- Autorízase a todas las entidades de derecho público no mencionadas en el artículo anterior a integrar hasta el 50% (cincuenta por ciento) de sus reservas en Obligaciones Hipotecarias Reajustables.
Fuente: Artículo 84, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
Artículo 75°.- Todos los depósitos que por obligaciones legales o contractuales o por disposición administrativa o judicial deban constituirse en carácter de garantía por plazos no inferiores a un año se integrarán a partir de la fecha, en Obligaciones Hipotecarias Reajustables, las que se considerarán por su valor de cotización en la Bolsa de Comercio a la fecha de la constitución de la garantía.
Fuente: Artículo 3°, Ley N° 14.104, de 16 de enero de 1973.
Artículo 76°.- Los recursos del Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización se distribuirán de acuerdo con la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968 y, a sus fines, en las siguientes cuentas:
A) Cuentas de Préstamos;
B) Cuentas de Subsidios;
C) Cuentas de Gastos.
La distribución se hará en los porcentajes que establezcan los planes principales y anuales, sin perjuicio de los ajustes que se establezcan por el Poder Ejecutivo en función del desarrollo de la operativa respectiva.
Fuente: Artículo 1°, Ley N° 16.237, de 2 de enero de 1992.
Artículo 77°.- Cuando el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente otorgue un subsidio total o parcial, el mismo se entiende que es personal hacia su beneficiario y se perfecciona al momento de otorgarse la escritura respectiva.
Respecto a los bienes adquiridos con subsidio estatal se aplicarán las disposiciones que en materia sucesoria contiene el Código Civil y demás normas, siéndole aplicable a los causahabientes lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
Los actos realizados en contravención a la prohibición impuesta por la norma citada serán nulos, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de los profesionales intervinientes
Fuente: Artículo 342 Ley 17.930, de 19 de diciembre de 2005.
Artículo 78°.- El Banco Hipotecario del Uruguay será órgano central del sistema financiero de vivienda. Además de los cometidos asignados por su Carta Orgánica tendrá los siguientes, que deberá desempeñar en un todo de acuerdo a la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968, a los planes de vivienda a las orientaciones que fije el Poder Ejecutivo:
A) Administrar el Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización de acuerdo y a las directivas del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. La contabilización por el Banco Hipotecario del Uruguay se hará en forma independiente a la de los recursos de su propia operativa;
B) Otorgar préstamos con fondos propios de conformidad a lo previsto en su Carta Orgánica y en las Secciones 3, 4 y 5 del Capítulo IV de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968;
C) Celebrar e instrumentar todos los préstamos que se otorguen con recursos del Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización, correspondientes al sistema público de producción de viviendas de acuerdo con las exigencias y requisitos establecidos en la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968 y reglamentaciones aplicables.
D) Afectar las cuentas del Fondo de acuerdo a las decisiones del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente;
E) Orientar y acordar con todo organismo legalmente constituido formas de financiamiento de viviendas;
F) Elevar al Poder Ejecutivo propuestas de planes y reglamentaciones relativas al financiamiento de la vivienda;
G) Recopilar toda la información estadística sobre utilización de recursos para el financiamiento de la vivienda y proporcionarla al Poder Ejecutivo;
H) Aplicar, si lo estima conveniente, el procedimiento establecido en el artículo 4° y normas complementarias de la Ley 9.385, de 10 de mayo de 1934, y sus modificativas, a efectos de retener de los sueldos o pasividades el importe de los servicios hipotecarios, cuotas o arrendamientos de los prestatarios, promitentes compradores o arrendatarios individuales propios, así como de aquellos que se beneficien con recursos del Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización conforme a lo que se coordine, en este último caso, con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
Fuente: Artículo 1°, Ley N° 16.327, de 2 de enero de 1992.
Artículo 79°.- El Banco Hipotecario del Uruguay podrá cobrar comisiones por todas las operaciones relativas al Fondo de Préstamos. Estas comisiones deberán ser previamente aprobadas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
Fuente: Artículo 1°, Ley N° 16.237, de 2 de enero de 1992.
Artículo 80°.- El Banco Hipotecario del Uruguay instrumentará o concederá los préstamos a que refiere el artículo 89 de acuerdo a los fondos que se utilicen y de conformidad a lo previsto en la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968. Los préstamos para edificios industriales se otorgarán, también, sin perjuicio de lo dispuesto en la citada Ley, por los organismos que la Ley o la reglamentación disponga.
Fuente: Artículo 1°, Ley N° 16.237, de 2 de enero de 1992.
(Nota: El artículo 89 referido, corresponde al artículo 78 del presente Texto Ordenado).
CAPITULO VIII
DEL SISTEMA DE AHORRO Y PRÉSTAMO
Artículo 81°.- El Banco Hipotecario del Uruguay regulará y dirigirá el sistema de ahorro y préstamo con destino a vivienda que por la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968, se implementa en todo el territorio nacional, pudiendo dictar las reglamentaciones internas que el funcionamiento exija.
Para el cumplimiento de esos fines el Banco Hipotecario del Uruguay podrá:
A) Prestar asesoramiento técnico a los órganos operativos del sistema;
B) Adquirir, pagando su importe en efectivo, títulos, bonos u obligaciones las hipotecas que otorguen los órganos operativos en las condiciones que el Directorio del Banco determine;
C) Depositar fondos o conceder préstamos en efectivo para cubrir el retiro de fondos de ahorro en los órganos operativos, a los plazos, tasas de interés y con las garantías que el directorio del Banco determine;
D) Garantizar en los órganos operativos los depósitos de ahorro, pudiendo a este efecto fijar, en relación a los saldos o promedios de saldos de ahorro, el costo de dicha garantía;
E) Garantizar a los órganos operativos por el deterioro de la garantía hipotecaria y garantizar el cobro íntegro de los créditos hipotecarios, de los intereses y demás obligaciones consignadas en los contratos hipotecarios, mediante la percepción del complemento de servicios que se establezcan en las referidas escrituras;
F) Colaborar con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en la promoción y asistencia de entidades y grupos que persigan la concreción de ahorro para la obtención de vivienda en forma colectiva o individual;
G) Convenir modalidades de ahorro y préstamo en moneda extranjera conforme a la reglamentación que se dicte.
Fuente: Artículo 96, Ley 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
Artículo 82°.- El Departamento Financiero de la Habitación del Banco Hipotecario del Uruguay, organizado de acuerdo a las leyes Nos. 10.976 de 4 de diciembre de 1974, y 12.011, de 16 de octubre de 1953, es el órgano operativo del sistema de Ahorro y Préstamo a nivel nacional.
Fuente: Artículo 97, Ley 13.728, de 17 de diciembre de 1968
(Nota: El Departamento Financiero de la Habitación corresponde al actual Banco Hipotecario del Uruguay).
Artículo 83°.- Dentro de los noventa días de la fecha de publicación de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968, el Departamento Financiero de la Habitación del Banco Hipotecario del Uruguay recibirá depósitos en efectivo con destino a la vivienda en cuentas de ahorro que gozarán de un interés que fijará el Banco Hipotecario del Uruguay, en acuerdo con la Dirección Nacional de Vivienda y el Banco Central, así como del beneficio que se establece en los artículos siguientes.
Fuente: Artículo 98, Ley 13.728, de 17 de diciembre de 1968
(Nota: El Departamento Financiero de la Habitación corresponde al actual Banco Hipotecario del Uruguay).
Artículo 84°.- El Departamento Financiero de la Habitación procederá al periódico reajuste del ahorro, aplicando el porcentaje de variación del índice a que se refieren los artículos 38 y 39.
Fuente: Artículo 99, Ley 13.728, de 17 de diciembre de 1968
(Nota: Los artículos 38 y 39 referidos, corresponden a los artículos 33 y 34 respectivamente del presente Texto Ordenado. El Departamento Financiero de la Habitación corresponde al actual Banco Hipotecario del Uruguay).
Artículo 85°.- El reajuste del ahorro se realizará sobre la base del promedio de los saldos mensuales de cada cuenta, con los ajustes y deducciones que establezca la reglamentación.
Fuente: Artículo 100, Ley 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
Artículo 86°.- El Departamento Financiero de la Habitación podrá implantar modalidades especiales de ahorro reajustables. Las condiciones de dichas cuentas, y en especial la posibilidad de beneficiarse con el reajuste, serán establecidas en la reglamentación que dicte el Banco Hipotecario del Uruguay, la cual deberá contar con la aprobación del Banco Central.
Fuente: Artículo 101, Ley 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
(Nota: El Departamento Financiero de la Habitación corresponde al actual Banco Hipotecario del Uruguay).
Artículo 87°.- En el caso de cancelación virtual de una cuenta de ahorro, el ahorrista será suspendido en la posibilidad de hacer uso de los derechos que le acuerda el artículo 99.
Se considerará que existe cancelación virtual de una cuenta del ahorro, cuando operándose un retiro, el saldo remanente se sitúe por debajo del 50% (cincuenta por ciento) del saldo mayor que tuvo la cuenta en el período de su vigencia.
El derecho a solicitar préstamos se readquirirá en oportunidad en que el ahorro supere el mayor saldo acumulado en dicho período.
Fuente: Artículo 102, Ley 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
(Nota: El artículo 99 referido, corresponde al artículo 84 del presente Texto Ordenado).
Artículo 88°.- Los depósitos podrán ser retirados total o parcialmente, previo aviso dado con treinta días de anticipación. La reglamentación determinará los períodos de vigencia de las cuentas de ahorro a efectos de poder beneficiarse con todo o con parte del reajuste acreditado.
Fuente: Artículo 103, Ley 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
Artículo 89°.- Los intereses se capitalizarán al 31 de agosto de cada año y los mismos no serán tenidos en cuenta en el cálculo de reajuste de ese año.
Fuente: Artículo 104, Ley 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
Artículo 90°.- Los actuales ahorristas del Departamento Financiero de la Habitación del Banco Hipotecario del Uruguay, tendrán derecho al reajuste de su ahorro, a partir del 1° de setiembre de 1968 y podrán ampararse al régimen que la misma establece, salvo que, dentro del plazo de sesenta días de su publicación, manifiesten por escrito su voluntad de mantener las estipulaciones del contrato de ahorro y préstamo que hayan suscrito.
En caso de optar por el régimen de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968, se les reconocerá el monto del ahorro acumulado, la antigüedad de la cuenta y la regularidad de las aportaciones, a los efectos de las condiciones a fijarse en el préstamo (artículo 107), pero se les reintegrarán las sumas depositadas por concepto de derecho de inscripción.
Fuente: Artículo 105, Ley 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
(Nota: El artículo 107 referido, corresponde al artículo 92 del presente Texto Ordenado. El Departamento Financiero de la Habitación corresponde al actual Banco Hipotecario del Uruguay).
Artículo 91°.- El Departamento Financiero de la Habitación tendrá el cometido de facilitar préstamos a sus ahorristas, destinados a la adquisición o construcción de viviendas, en las condiciones indicadas en los artículos 48, Inciso B) y 57, Inciso B).
Para solicitar préstamos el ahorrista deberá tener abierta una cuenta de ahorro por un período no menor de veinticuatro meses.
El Banco Hipotecario del Uruguay, cuando las circunstancias lo hagan aconsejable, podrá reducir con carácter general, el plazo precedentemente establecido.
Fuente: Artículo 106, Ley 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
(Nota: Los artículos 48 y 57 referidos, corresponden a los artículos 43 y 52 respectivamente del presente Texto Ordenado.
El Departamento Financiero de la Habitación corresponde al actual Banco Hipotecario del Uruguay).
Artículo 92°.- Para determinar en cada caso las condiciones del préstamo, en cuanto a monto, plazo de reembolso, tasa de interés, comisiones y el porcentaje sobre el valor de tasación, se tendrán en cuenta, en la forma que establecerá la reglamentación, los siguientes factores:
A) La antigüedad de la cuenta de ahorro.
B) La regularidad y permanencia de los depósitos.
C) El monto acumulado del ahorro.
D) La capacidad de pago del deudor.
E) La composición del núcleo familiar.
F) El tipo de vivienda.
G) El plan de financiación para cubrir la totalidad del costo de la obra.
Fuente: Artículo 107, Ley 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
Artículo 93°.- Sin perjuicio de lo establecido por los artículos que anteceden para los ahorristas particulares, el Departamento Financiero establecerá convenios de ahorro y préstamo colectivo con las cooperativas de vivienda, con los Fondos Sociales de carácter gremial establecidos por convenios colectivos, y con los organismos de derecho público que dispongan de recursos para conceder préstamos de vivienda.
Estos convenios se realizarán dentro de las normas que fije la reglamentación y deberán adaptarse a las modalidades de estos organismos.
Fuente: Artículo 108, Ley 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
(Nota: El Departamento Financiero de la Habitación corresponde al actual Banco Hipotecario del Uruguay).
Artículo 94°.- Los depósitos de cuentas de ahorro del Departamento Financiero de la Habitación de Banco Hipotecario del Uruguay serán inembargables hasta un monto de pesos 50.000.00 (cincuenta mil pesos). Dicho importe será actualizado anualmente de acuerdo con el Capítulo IV, Sección 2.
Fuente: Artículo 109, Ley 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
(Nota: El Departamento Financiero de la Habitación corresponde al actual Banco Hipotecario del Uruguay).
Artículo 95°.- Queda facultado el Departamento Financiero de la Habitación para aplicar el procedimiento establecido en el artículo 4° de la Ley N° 9.385, de 10 de mayo de 1934 y sus modificativas, a efectos de retener de los sueldos o pasividades, el importe del servicio hipotecario o el monto mensual de ahorro que determina en cada caso el propio ahorrista.
Fuente: Artículo 110, Ley 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
(Nota: El Departamento Financiero de la Habitación corresponde al actual Banco Hipotecario del Uruguay).
Artículo 96°.- Cuando el Fondo de Reserva General alcance un monto equivalente al 20% (veinte por ciento) de la suma de los saldos de ahorro vigente y de los créditos hipotecarios que el Departamento tenga en cartera, los beneficios anuales pasarán a pertenecer al Banco Hipotecario del Uruguay, hasta cubrir la cantidad que éste ha anticipado de acuerdo con lo dispuesto en el Inciso a) del artículo 4°.
Fuente: Artículo 111, Ley 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
CAPITULO IX
DEL SISTEMA PÚBLICO DE PRODUCCIÓN DE VIVIENDAS
Artículo 97°.- Todo organismo de derecho público que construya o promueva la construcción de viviendas integra el sistema público de producción de viviendas. En consecuencia deberá:
A) Ajustar sus programas y proyectos a las normas de esta Ley, y cooperar en la realización del plan de viviendas para el sector público.
B) Elevar, en los plazos que estipulen, esos programas y proyectos al Instituto Nacional de Viviendas Económicas y a la Dirección Nacional de Vivienda al objeto de la coordinación que más adelante se establece.
C) Elevar a esos mismos organismos toda la información que les sea requerida.
Fuente: Artículo 112, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
(Nota: El Instituto Nacional de Viviendas Económicas fue suprimido pasando sus cometidos al Banco Hipotecario del Uruguay).
Artículo 98°.- El sistema público de viviendas tiene por objeto proporcionar viviendas económicas a familias de menores niveles de ingreso, compensando la insuficiencia de la acción privada para satisfacer las necesidades habitacionales en estos niveles. No obstante, subsidiariamente y dentro de los límites fijados en los planes; los organismos públicos podrán construir viviendas medias y ampliar su acción a la categoría media en los siguientes casos:
A) Cuando sea conveniente integrar familias de distintos niveles de ingresos en el mismo conjunto habitacional con el objeto de evitar una segregación social inconveniente;
B) Cuando se construyan viviendas para alojar personal de empresas públicas en lugares donde existan dificultades de alojamiento también para los niveles medios.
Fuente: Artículo 1°, Ley N° 16.237, de 2 de enero de 1992.
Artículo 99°.- Los organismos que participen en el sistema público de producción de viviendas procurarán la construcción de conjuntos habitacionales socialmente integrados, dotados de espacios públicos, de servicios sociales, culturales y recreativos y de unidades comerciales o de producción artesanal o agraria cuando corresponda.
Fuente: Artículo 114, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
Artículo 100°.- Los organismos que participen en el sistema público de producción de viviendas, prestarán preferente atención al desarrollo de programas de construcción de viviendas por esfuerzo propio y ayuda mutua, así como a estimular la construcción y administración cooperativa de los conjuntos habitacionales.
Los organismos signatarios de convenios para la construcción de Núcleos Básicos Evolutivos y en particular las Intendencias Municipales, son responsables de la implementación de programas de asistencia social, de asistencia técnica y de suministro de materiales por sí o provenientes de recursos proporcionados por el Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización, que aseguren la adecuada evolución posterior de todas las unidades construidas.
Fuente: Artículo 1°, Ley N° 16.237, de 2 de enero de 1992.
Artículo 101°.- Los organismos que participen en el sistema público de producción de viviendas coordinarán sus esfuerzos para que los programas de construcción faciliten siempre que sea posible, la incorporación de técnicas modernas de producción en masa.
Fuente: Artículo 116, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
Artículo 102°.- Los organismos que participen en el sistema público de producción de viviendas programarán sus realizaciones en las ciudades del interior del país de modo que, tanto por su tecnología como por la regularidad de la demanda, estimulen la organización de la construcción con empresas, mano de obra y materiales locales.
Fuente: Artículo 117, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
Artículo 103°.- El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente será el organismo central coordinador del Sistema Público de Producción de Viviendas.
En ese carácter tendrá la responsabilidad del cumplimiento de los planes de vivienda en cuanto a metas, del número de viviendas y distribución geográfica y sin perjuicio e todos los cometidos asignados por la Ley 16.112, de 30 de mayo de 1990.
Fuente: Artículo 1°, Ley N° 16.237, de 2 de enero de 1992.
Artículo 104°.- El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente dispondrá la ejecución de los planes a través de convenios con otros organismos de derecho público habilitados legalmente para construir viviendas o con entidades privadas, por los cuales estos se obligan a tomar a su cargo la promoción o construcción en forma no lucrativa de conjuntos de vivienda comprendidos dentro de aquellos planes. Estos convenios dispondrán los aportes de ambos organismos, que podrían ser de tierras, urbanizaciones, servicios, dinero, trabajo o especies.
Fuente: Artículo 1°, Ley N° 16.237, de 2 de enero de 1992.
Artículo 105°.- En el caso de los convenios referidos en el artículo anterior, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente podrá convenir con el Banco Hipotecario del Uruguay en que éste realice la supervisión de los programas y con cargo a éstos. El Ministerio podrá ordenar la suspensión de la utilización de los recursos del Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización cuando los organismos patrocinantes se aparten de las normas del convenio y acordar con otros organismos la culminación de las obras, aún cuando éstas se ejecuten en predios propiedad del organismo incumplidor. Igualmente el Ministerio citado podrá intervenir las obras, declarar rescindidos administrativamente los contratos de construcción y convenir la terminación de las obras con recursos del Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización.
Fuente: Artículo 1°, Ley N° 16.237, de 2 de enero de 1992.
Artículo 106°.- Las Intendencias Departamentales podrán celebrar los convenios a que refiere el artículo 119 aportando a su costo las tierras necesarias urbanizadas y dotadas de servicios de agua, alcantarillado, alumbrado público, pavimentos y energía domiciliaria.
Fuente: Artículo 1°, Ley N° 16.237, de 2 de enero de 1992.
(Nota: artículo 119 referido, corresponde al artículo 104 del presente Texto Ordenado).
Artículo 107°.- La Comisión Nacional de Acción Comunitaria y en general los organismos que se creen por Ley y tengan entre sus finalidades el mejoramiento de la vivienda en los núcleos poblados de menor desarrollo y/o en áreas rurales, podrán reclamar una participación en los programas respectivos acorde con su capacidad ejecutiva.
Fuente: Artículo 122, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
Artículo 108°.- En los convenios con entidades privadas se exigirá que estas tomen a su cargo como mínimo el 25% (veinticinco por ciento) del costo total del programa, incluyendo construcción, tierra, urbanización y servicios. Ese 25% (veinticinco por ciento) podrá ser integrado en dinero, trabajo o especie.
Fuente: Artículo 123, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
Artículo 109°.- Los organismos públicos podrán construir viviendas para alquilar o para transferirlas a propiedad de los destinatarios personas físicas o de cooperativas de usuarios.
Fuente: Artículo 124, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
Artículo 110°.- Cuando se construyan viviendas para alquilar el organismo promotor y propietario calculará, según los ingresos de los usuarios y su capacidad de pago, la renta neta a obtener, en Unidades de Pago Reajustable, del conjunto habitacional y podrá solicitar:
A) De la Cuenta Préstamos de Vivienda y en las condiciones establecidas en el literal B) del artículo 49 de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968, el monto de préstamo hipotecario cuyo servicio pueda ser atendido con la renta prevista;
B) De la Cuenta Subsidios a la Vivienda, de acuerdo al literal C) del artículo 69 de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968, la financiación complementaria.
Fuente: Artículo 1°, Ley N° 16.237, de 2 de enero de 1992.
(Nota: Los artículos 49 y 69 referidos, corresponden a los artículos 44 y 64 respectivamente del presente Texto Ordenado).
Artículo 111°.- Los alquileres de las viviendas que se construyan de acuerdo al artículo anterior se establecerán en unidades de Pago Reajustables y se percibirán en su equivalente en moneda nacional en el momento de pago, por todo el plazo en que el organismo propietario esté obligado al pago de cuotas de amortización e intereses. Vencido ese plazo podrán establecerse reducciones en función de la pérdida de valor habitacional de las viviendas. No se aplicarán las disposiciones generales sobre arrendamientos en cuanto se opongan a lo dispuesto en ese artículo.
Fuente: Artículo 126, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
Artículo 112°.- Cuando se construyan viviendas para ser vendidas a terceros, el respectivo programa determinará los niveles de ingresos de las familias destinatarias y los recursos a afectar de las Cuentas Préstamo y Subsidios del Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización.
En cada programa se determinará, asimismo, el monto máximo de subsidio a otorgar a las familias destinatarias en el momento de procederse a la enajenación de esas viviendas.
Al producirse la venta, el préstamo y el subsidio otorgados originalmente al organismo, serán sustituidos por los préstamos y subsidios otorgados a los adquirentes de acuerdo a la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
Fuente: Artículo 1°, Ley N° 16.237, de 2 de enero de 1992.
Artículo 113°.- Cuando las circunstancias lo exijan, las ventas a que se refiere el artículo anterior podrán no ser al contado. En ese caso, los pagos diferidos podrán estar sujetos a reajuste.
Fuente: Artículo 129, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
CAPÍTULO X
DE LAS COOPERATIVAS DE VIVIENDA(1)

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(1) Los artículos 114 a 168 del anterior TOLVI, correspondientes a los artículos 130 a 176 de la Ley N° 13.728, que trataban sobre Cooperativas de Vivienda, fueron derogados por Artículo 224 de la Ley 18.407 de 24 de octubre de 2008 en la redacción dada por artículo 1 de la Ley N° 19.181 de 29 de diciembre de 2013, rigiéndose actualmente las Cooperativas de viviendas por la Ley N° 18.407.
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Título I

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 114°.- (Objetivo de la Ley) La presente Ley tiene por finalidad regular la constitución, organización y funcionamiento de las cooperativas y del sector cooperativo.
Fuente: Artículo 1, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 115°.- (Declaración de interés y autonomía). Declárase a las cooperativas de interés general e instrumentos eficaces para contribuir al desarrollo económico y social, al fortalecimiento de la democracia y a una más justa distribución de la riqueza.
El Estado garantizará y promoverá la constitución, el libre desarrollo, el fortalecimiento y la autonomía de las cooperativas, en todas sus expresiones económicas y sociales.
Fuente: Artículo 2, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 116°.- (Régimen y derecho cooperativo). Las cooperativas se regirán por las disposiciones de la presente Ley y, en general, por el derecho cooperativo. Supletoriamente se regirán por las disposiciones de la Ley de sociedades comerciales en lo no previsto y en cuanto sean compatibles.
Derecho cooperativo es el conjunto de normas especiales, jurisprudencia, doctrina y prácticas basadas en los principios que determinan y regulan la actuación de las organizaciones cooperativas y los sujetos que en ellas participan.
Fuente: Artículo 3, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008
Artículo 117°.- (Concepto). Las cooperativas son asociaciones autónomas de personas que se unen voluntariamente sobre la base del esfuerzo propio y la ayuda mutua, para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales comunes, por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente gestionada.
Cualquier actividad económica lícita podrá ser organizada y desarrollada mediante una entidad constituida al amparo de la presente Ley.
Las cooperativas podrán revestir la forma de cooperativa de primer, segundo y ulteriores grados, de acuerdo con las especificidades previstas en la presente Ley.
Fuente: Artículo 4, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 118°.- (Denominación).- La denominación de la entidad incluirá necesariamente la palabra "Cooperativa" o su abreviatura "Coop.", con el agregado de la palabra "Suplementada" en los casos en que la responsabilidad de la cooperativa sea tal, e indicará la naturaleza de la actividad principal.
El empleo del vocablo "cooperativa", o el de "cooperación" o sus derivados, ya sea como denominación, marca o nombre comercial, queda prohibido a toda persona que no se ajuste a las disposiciones de la presente Ley.
La denominación no podrá ser igual o semejante a la de otra cooperativa preexistente.
Fuente: Artículo 5, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 119°.- (Domicilio y sede). El domicilio de la cooperativa será dentro del territorio nacional, en el lugar donde centralice su gestión administrativa y dirección.
La sede de la cooperativa será la ubicación precisa de su administración dentro del domicilio.
En caso de existir sucursales, podrán tener domicilio y sede propios.
Fuente: Artículo 6, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 120°.- (Principios).- Las cooperativas deben observar los siguientes principios:
1) Libre adhesión y retiro voluntario de los socios.
2) Control y gestión democrática por los socios.
3) Participación económica de los socios.
4) Autonomía e independencia.
5) Educación, capacitación e información cooperativa.
6) Cooperación entre cooperativas.
7) Compromiso con la comunidad.
Los principios enunciados tendrán los alcances y sentidos reconocidos por el cooperativismo universal.
Dichos principios han de aplicarse al funcionamiento y la organización de las cooperativas, han de incorporarse a las fuentes del derecho cooperativo como principios, generales y aportan un criterio de interpretación del derecho cooperativo.
Fuente: Artículo 7, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 121°.- (Caracteres).- Las cooperativas deben de reunir los siguientes caracteres:
1) Ilimitación y variabilidad del número de socios que no podrá ser inferior a cinco, salvo para las cooperativas de segundo o ulterior grado y lo dispuesto en los Capítulos del Título II de las cooperativas en particular, de la presente Ley.
2) Plazo de duración ilimitado.
3) Variabilidad e ilimitación del capital.
4) Neutralidad en materia política, religiosa, filosófica y no discriminación por nacionalidad, clase social, raza y equidad de género.
5) Igualdad de derechos y obligaciones entre los socios.
6) Reconocimiento de un solo voto a cada socio, independientemente de sus aportes, excepto la posibilidad del voto ponderado en las cooperativas de segundo o ulterior grado.
7) La imposibilidad del reparto de las reservas sociales y el destino desinteresado del sobrante patrimonial en caso de liquidación
Fuente: Artículo 8, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008 en la redacción dada por Artículo 1, Ley N° 19.181, de 29 de diciembre de 2013.
Artículo 122°.- (Acto cooperativo).- Son actos cooperativos los realizados entre las cooperativas y sus socios, por éstas y los socios de sus cooperativas socias, o por las cooperativas entre sí cuando estuviesen asociadas bajo cualquier forma o vinculadas por pertenencia a otra de grado superior, en cumplimiento de su objeto social.
Los mismos constituyen negocios jurídicos específicos, cuya función económica es la ayuda mutua, quedan sometidos al derecho cooperativo y para su interpretación se entenderán integrados por las estipulaciones del estatuto social.
Tendrán por objeto la creación, modificación o extinción de obligaciones, negocios dispositivos en sentido amplio o en sentido estricto.
En caso de incumplimiento, la parte a la cual se le incumpla podrá optar entre la ejecución forzada y la resolución o rescisión según corresponda, más daños y perjuicios. Se deberá solicitar judicialmente y el Juez podrá otorgar un plazo de gracia.
En todo lo no previsto en las leyes cooperativas se aplicarán al acto cooperativo los principios generales en materia de negocio jurídico en general y de los contratos en particular, en lo compatible y en cuanto correspondiere o fuere pertinente.
Los vínculos de las cooperativas con sus trabajadores dependientes se rigen por la legislación laboral.
Fuente: Artículo 9, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008
Artículo 123°.- (Modalidades).- Las cooperativas, de acuerdo al objeto del acto cooperativo, serán de trabajadores, de consumidores (o usuarios) o de trabajadores y consumidores a la vez.
Fuente: Artículo 10, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008
Artículo 124°.- (Transformación).- Las cooperativas no podrán transformarse en entidades de otra naturaleza, tipología o forma jurídica.
Es nula toda resolución en contrario, con la excepción que se establece en el inciso siguiente.
Solamente podrán transformarse en otro tipo de entidad jurídica, cuando a criterio de la Auditoría Interna de la Nación y del Instituto Nacional del Cooperativismo, las circunstancias económicas y financieras de la cooperativa de que se trate indiquen que constituye la única alternativa viable para mantener la continuidad de la unidad productiva y los puestos de trabajo.
La solicitud de transformación deberá provenir de una resolución de la Asamblea General Extraordinaria, adoptada por una mayoría de por lo menos las 3/4 (tres cuartas partes) del total de socios de la cooperativa, y presentarse en la Auditoría Interna de la Nación.
Se deberá contar con la autorización previa y fundada de los dos organismos referidos en el presente artículo para que pueda precederse a la transformación solicitada.
El Poder Ejecutivo reglamentará el presente artículo.
Fuente: Artículo 11, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008
Capítulo II
Constitución
Artículo 125°.- (Asamblea constitutiva).- Las cooperativas se constituirán por la decisión de una asamblea citada a ese fin, la que aprobará el estatuto, y en la que se suscribirán partes sociales y se elegirá a los miembros de los órganos sociales. Las resoluciones adoptadas deberán consignarse en documento público o privado, con firmas certificadas notarialmente y debidamente protocolizado
Fuente: Artículo 12, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008 en la redacción dada por Artículo 1, Ley N° 19.181, de 29 de diciembre de 2013.
Artículo 126°.- (Formalidades y personería jurídica).- La cooperativa será persona jurídica desde la inscripción en el Registro de Personas Jurídicas, Sección Registro Nacional de Cooperativas, de la primera copia de la escritura pública o del primer testimonio de la protocolización del documento de constitución y aprobación del estatuto social.
El Registro de Personas Jurídicas, Sección Registro Nacional de Cooperativas, efectuará el control de legalidad sobre el estatuto social, el que deberá contener las previsiones establecidas en la presente Ley.
Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, las cooperativas deberán cumplir también con las inscripciones y trámites correspondientes a los efectos de obtener las autorizaciones necesarias para las actividades que desarrollarán.
Fuente: Artículo 13, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 127°.- (Cooperativas en formación).- Los actos celebrados y los documentos suscritos a nombre de la cooperativa antes de la obtención de su personería jurídica, salvo los necesarios para el trámite ante el Registro, hacen solidariamente responsables a quienes los celebraron o suscribieron por parte de la cooperativa en formación.
Una vez inscripta la cooperativa, dichos actos podrán ser ratificados por ésta. La referida ratificación tendrá efectos retroactivos.
En tanto no se produzca la inscripción registral, la entidad deberá añadir a su denominación las palabras "en formación".
Fuente: Artículo 14, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 128°.- Las unidades cooperativas de usuarios sólo, atribuyen a los socios cooperadores, derecho de uso y goce sobre las viviendas. Derecho que se concederá sin limitación en el tiempo, que se trasmitirá a los herederos y aún podrán cederse por acto entre vivos, pero sujeto a las limitaciones que se establecen en la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
Fuente: Artículo 15, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008..
Artículo 129°.- (Reforma del estatuto).- La reforma del estatuto deberá ser resuelta por la Asamblea General. El Consejo Directivo deberá proceder a su inscripción registral en la forma establecida para la constitución de las cooperativas o con el testimonio notarial por exhibición del acta suscrita y debidamente incorporada al Libro de Actas de Asambleas rubricado. La reforma entrará en vigencia a partir de su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas, Sección Registro Nacional de Cooperativas
Fuente: Artículo 16, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008 en la redacción dada por Artículo 1, Ley N° 19.181, de 29 de diciembre de 2013
Artículo 130°.- (Cooperativas constituidas en el extranjero).- Para las cooperativas constituidas en el extranjero rigen las disposiciones contenidas en la Sección XVI del Capítulo I de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989, con las modificaciones establecidas en la presente Ley en materia de control de legalidad, registro y autorización para funcionar.
Fuente: Artículo 17, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Capítulo III
Socios
Artículo 131°.- (Condiciones).- Pueden ser socios las personas físicas mayores de edad, los menores de edad e incapaces por medio de sus representantes legales, los menores de edad habilitados por matrimonio y las personas jurídicas de carácter público o privado, siempre que reúnan los requisitos establecidos por el estatuto. El ingreso es libre pero podrá ser supeditado a las condiciones derivadas del objeto social.
Los menores de edad e incapaces sólo podrán ser socios de cooperativas de responsabilidad limitada.
La suscripción e integración de partes sociales por los tutores o curadores requerirán aprobación judicial del acto si la cuantía de la obligación supera las 500 UR (quinientas unidades reajustables).
Los padres y los menores habilitados por matrimonio no requieren autorización en ningún caso.
Fuente: Artículo 18, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 132°.- (Ingreso).- La calidad de socio se adquiere mediante la adhesión en el acto constitutivo b posteriormente por decisión del Consejo Directivo, apelable ante la Asamblea General en su caso.
Fuente: Artículo 19, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 133°. (Responsabilidad).- Las cooperativas deberán establecer en sus estatutos la responsabilidad económica de los socios para con la cooperativa y con terceros, debiendo optar por alguna de las siguientes:
A) Responsabilidad limitada: en este caso la responsabilidad de los socios queda limitada a los aportes suscritos.
B) Responsabilidad suplementada: en este caso los socios serán responsables, además y subsidiariamente, por un monto suplementario que deberá ser siempre determinado en el estatuto y no superior a veinte veces el importe del aporte, suscrito.
Por la vía de la modificación del estatuto sólo se podrá aumentar el grado de responsabilidad de los miembros, no pudiendo efectuarse la transformación inversa.
Aquellos socios que disientan con las resoluciones que impliquen aumento de su responsabilidad, cualesquiera sean las previsiones estatutarias, tendrán derecho a renunciar a la cooperativa y al reembolso de las correspondientes partes sociales de acuerdo a lo previsto en la presente Ley.
En tal caso, los representantes legales de los socios menores de edad o incapaces solicitarán la rescisión parcial a su respecto, sometiendo las cuentas a la aprobación judicial.
Fuente: Artículo 20, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 134°.- (Deberes).- Sin perjuicio de los demás que se establezcan en la presente Ley y en el estatuto, los socios tendrán los siguientes deberes:
A) Cumplir con sus obligaciones sociales y económicas.
B) Desempeñar los cargos para los que fueren electos, salvo justa causa de excusa.
C) Respetar y cumplir el estatuto, reglamentos y resoluciones de los distintos órganos de la cooperativa.
D) Participar en las actividades que desarrolla la cooperativa para el cumplimiento de su objeto social.
E) Ser responsable por el uso y destino de la información de la cooperativa
Fuente: Artículo 21, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 135°.- (Derechos).- Sin perjuicio de los demás que se establezcan en la presente Ley y en el estatuto, los socios tendrán los siguientes derechos:
A) Participar con voz y voto en las asambleas, sin perjuicio de las disposiciones específicas de los Capítulos del Título II de la presente Ley o de lo que establezca el estatuto.
B) Ser elector y elegible para desempeñar cargos en los distintos órganos de la cooperativa.
C) Participar en todas las actividades de la cooperativa, sin discriminaciones.
D) Utilizar los servicios sociales en las condiciones estatutarias y reglamentarias.
E) Solicitar información sobre la marcha de la cooperativa al Consejo Directivo o a la Comisión Fiscal, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el estatuto.
F) Formular denuncias por incumplimiento de la Ley, el estatuto o los reglamentos ante la Comisión Fiscal.
G) A renunciar voluntariamente a la cooperativa, mediante preaviso por escrito al Consejo Directivo, que deberá realizar con el plazo de antelación que fijen los estatutos, el cual no podrá ser superior a seis meses para las personas físicas y a un año para las personas jurídicas, sin perjuicio del derecho de la cooperativa a exigir el cumplimiento de las obligaciones que estime pertinentes, por los mecanismos legales previstos.
Los estatutos podrán contener la obligación de no renunciar antes de la expiración de un plazo, que no podrá exceder de cinco años contados desde el ingreso del socio a la cooperativa.
H) Cuando la naturaleza de la cooperativa lo permita, los empleados podrán ser socios de ella pero no podrán votar cuestiones relativas a su condición en las Asambleas ni formar parte de los otros órganos sociales, sin perjuicio de otras estipulaciones que se establezcan en el estatuto. En todo caso gozarán de un tratamiento no inferior al que la legislación otorga a los trabajadores de la misma actividad.
Fuente: Artículo 22, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008
Artículo 136°.- (Pérdida de la calidad de socio).- La calidad de socio se extingue por:
A) Fin de la existencia de la persona física o jurídica, sin perjuicio de los eventuales derechos de los sucesores del socio fallecido y/o del cónyuge supérstite por su mitad de gananciales cuando corresponda.
B) Renuncia.
C) Pérdida de las condiciones establecidas por el estatuto para ser socio.
D) Exclusión.
Fuente: Artículo 23, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008
Artículo 137°.- (Exclusión-suspensión).- Los socios podrán ser excluidos o suspendidos en sus derechos, por las causales previstas en el estatuto.
Corresponde al Consejo Directivo adoptar la decisión, que podrá ser apelada ante la Asamblea, previa solicitud de reconsideración de la medida.
El estatuto establecerá el procedimiento para adoptar la suspensión o exclusión y los efectos con que se conceden los recursos.
Serán excluidos los socios que pierdan los requisitos exigidos para serlo, según la presente Ley o el estatuto de la cooperativa, por el Consejo Directivo, de oficio o a petición de cualquier socio.
Asimismo, podrán ser excluidos aquellos que hayan incurrido en incumplimiento grave.
Fuente: Artículo 24, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008
Capítulo IV
Organización y Administración
Artículo 138°.- (Órganos).- En todas las cooperativas, la dirección, administración y vigilancia estarán a cargo de la Asamblea General, el Consejo Directivo, la Comisión Fiscal y demás órganos que establezca el estatuto.
Fuente: Artículo 25, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008
Sección I
Asamblea General
Artículo 139°.- (Naturaleza de la Asamblea y clases).- La Asamblea General es la reunión de los socios de la cooperativa a los efectos de adoptar las decisiones que le competen, de acuerdo con lo que establecen las normas legales, reglamentarias y estatutarias. La Asamblea General, que será ordinaria o extraordinaria, es la autoridad máxima de la cooperativa. Sus decisiones adoptadas conforme a la presente Ley, el estatuto y el reglamento, obligan a los demás órganos y a todos los socios. Tendrán derecho a participar en la Asamblea General en carácter de socios o delegados todos los socios activos, entendiéndose por tales a todos aquellos que estén al día con sus obligaciones económicas y con las partes sociales integradas que fije la Asamblea General.
Fuente: Artículo 26, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008 en la redacción dada por Artículo 1, Ley N° 19.181, de 29 de diciembre de 2013.
Artículo 140°.- (Asamblea ordinaria).- La asamblea se reunirá en sesión ordinaria dentro de los ciento ochenta días siguientes al cierre del ejercicio económico, para tratar los temas previstos en la convocatoria, dentro de los cuales deberán incluirse:
1) La memoria anual del Consejo Directivo.
2) Los estados contables.
3) La distribución de excedentes o financiación de pérdidas, de acuerdo con lo dispuesto por el estatuto.
4) El informe de la Comisión Fiscal.
5) La elección de los miembros del Consejo Directivo, Comisión Fiscal y Comisión Electoral y demás órganos que establezca el estatuto, cuando éste así lo disponga.
Fuente: Artículo 27, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008
Artículo 141°.- (Asamblea extraordinaria).- La asamblea podrá reunirse en forma extraordinaria cuando las circunstancias lo requieran y tratar cualquier asunto de su competencia. Para tratar los temas previstos en el artículo 27 de la presente Ley se requerirá que existan razones de urgencia.
Fuente: Artículo 28, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008
Artículo 142°.- (Convocatoria).- La Asamblea Ordinaria será convocada por el Consejo Directivo o por la Comisión Fiscal cuando aquél omitiera hacerlo en el plazo legal.
La Asamblea Extraordinaria se reunirá toda vez que lo disponga el Consejo Directivo o lo solicite la Comisión Fiscal o un número de socios superior al 10% (diez por ciento), salvo que el estatuto exigiera un porcentaje menor.
También puede convocarla la Comisión Fiscal cuando el Consejo Directivo no respondiera o respondiera negativamente a su pedido o al de los socios.
Para el caso que la convocatoria sea solicitada por un número de socios superior al 10% (diez por ciento) y la misma no sea atendida por el Consejo Directivo o por la Comisión Fiscal, los referidos socios podrán solicitar dicha convocatoria a través de la Auditoría Interna de la Nación a la cooperativa o por vía judicial.
Fuente: Artículo 29, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008
Artículo 143°.- (Forma de convocatoria).- En todos los casos la convocatoria deberá indicar fecha, hora y lugar de la Asamblea, y expresa mención de los puntos del orden-del día. Deberá realizarse en la forma prevista por el estatuto, con adecuada publicidad, quedando debida constancia y con una antelación mínima de diez días y un máximo de treinta días de la fecha de la Asamblea.
La Asamblea podrá celebrarse sin publicidad de la convocatoria cuando participen en ella todos los socios.
Son nulas las resoluciones sobre temas ajenos al orden del día
Fuente: Artículo 30, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008
Artículo 144°.- (Asamblea de Delegados).- En sustitución de las Asambleas Generales el estatuto podrá prever, por causas objetivas y expresas, Asambleas de Delegados. Los delegados deberán ser elegidos conforme con el procedimiento previsto en el estatuto y los reglamentos, debiendo respetarse el principio de control y gestión democrática por los socios. Asimismo, para la elección de dichos delegados, se deberá aplicar un criterio de proporcionalidad de acuerdo con la cantidad de socios que representen, en las condiciones que establezca la reglamentación
Fuente: Artículo 31, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008 en la redacción dada por Artículo 1, Ley N° 19.181, de 29 de diciembre de 2013.
Artículo 145°.- (Quórum).- La Asamblea se constituirá en primera convocatoria con la mitad más uno de los socios activos o delegados convocados al efecto. La Asamblea en segunda convocatoria tendrá los mismos requisitos formales y se celebrará dentro de los treinta días siguientes a la primera convocatoria. No obstante el estatuto podrá autorizar la segunda convocatoria a realizarse una hora más tarde que la primera, sesionando la Asamblea con el número de presentes en la misma. La Asamblea podrá pasar a cuarto intermedio, a fin de continuar dentro de los treinta días corridos siguientes. Solo podrán participar en la segunda reunión los socios que se hayan registrado en la primera convocatoria. Para decidir la fusión, incorporación, escisión o disolución de la cooperativa o reformas estatutarias que supongan el cambio sustancial del objeto social o el cambio de responsabilidad limitada a suplementada, el estatuto deberá prever que las Asambleas sesionen con un quórum no inferior al que se detalla:
1) Dos tercios de los socios activos en cooperativas que cuenten con hasta cien socios activos.
2) Dos tercios de los socios activos o cien socios activos (el número menor de ambos) en cooperativas que cuenten con un número superior a cien socios activos.
3) Dos tercios del total de delegados, si se tratare de Asambleas de Delegados".
Fuente: Artículo 32, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008 en la redacción dada por Artículo 1, Ley N° 19.181, de 29 de diciembre de 2013
Artículo 146°.- (Mayoría y voto por poder).- Las resoluciones se adoptarán por mayoría simple de votos presentes, salvo los asuntos para los cuales la Ley o el estatuto exigieran mayorías especiales. Se requerirá mayoría especial de tres cuartos de votos presentes para decidir la fusión, escisión o incorporación de la cooperativa o reformas estatutarias que supongan el cambio sustancial del objeto social, o el cambio de responsabilidad limitada a suplementada. La disolución se resolverá por las mayorías establecidas en el artículo 93 numeral 1) de esta Ley. En la Asamblea General, el socio podrá hacerse representar por otro socio mediante poder escrito. Ningún apoderado podrá representar a más de un socio. No se admite el voto por poder en las Asambleas de Delegados
Fuente: Artículo 33, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008 en la redacción dada por Artículo 1, Ley N° 19.181, de 29 de diciembre de 2013
Artículo 147°.- (Competencia).- Es de competencia exclusiva de la Asamblea General, sin perjuicio de otros asuntos que la presente Ley o el estatuto le reserven:
1) Aprobar, modificar e interpretar el estatuto y los reglamentos de la cooperativa.
2) Fijar las políticas generales de la cooperativa y autorizar el presupuesto general, cuando lo determine el estatuto.
3) Elegir, en su caso, y remover a los miembros del Consejo Directivo y de la Comisión Fiscal y demás órganos sociales, si hubieren sido electos por la Asamblea.
4) Fijar las compensaciones de los miembros del Consejo Directivo, de la Comisión Fiscal y de las Comisiones que se determinen cuando haya lugar.
5) Resolver sobre la memoria y los estados contables, previo conocimiento de los informes de la Comisión Fiscal y del auditor si correspondiere.
6) Decidir sobre la distribución de excedentes y financiación de pérdidas, de acuerdo con las disposiciones del estatuto.
7) Aprobar la emisión de obligaciones, de participaciones subordinadas o con interés, de participaciones especiales u otras formas de financiación mediante valores negociables, previstas en el estatuto.
8) Decidir la iniciación de acción de responsabilidad contra los miembros del Consejo Directivo y de la Comisión Fiscal.
9) Decidir sobre la asociación con las personas referidas en el artículo 81 de la presente Ley.
10) Resolver sobre fusión, incorporación, disolución, cambio sustancial del objeto social, cambio de responsabilidad limitada a suplementada o reforma del estatuto de la cooperativa.
11) Resolver sobre las apelaciones de los socios que fueren excluidos en virtud de resoluciones del Consejo Directivo, salvo que el estatuto prevea la existencia del Comité de Recursos.
12) Resolver sobre las reclamaciones de los socios contra los actos del Consejo Directivo y de la Comisión Fiscal.
13) Aprobar nuevos aportes obligatorios, admitir aportes voluntarios, actualizar el valor de los aportes al capital social, fijar los aportes de los nuevos socios y establecer cuotas de ingreso o periódicas.
Fuente: Artículo 34, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Sección II
Consejo Directivo
Artículo 148°.- (Concepto y naturaleza).- El Consejo Directivo es el órgano encargado de la administración permanente de la cooperativa.
Sus atribuciones serán determinadas en el estatuto, sin perjuicio de las establecidas por la Ley.
Se consideran facultades implícitas de este órgano las que la Ley o el estatuto no reserven expresamente a la Asamblea y las que resultan necesarias para la realización de las actividades en cumplimiento del objeto social.
Fuente: Artículo 35, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 149°.- (Composición y elección).- El Consejo Directivo se compondrá de un número impar de miembros no inferior a tres, determinado por el estatuto, debiendo existir, en todo caso, Presidente, Secretario y Tesorero. Los miembros titulares y suplentes serán socios electos por el procedimiento y período que establezca el estatuto, el que deberá establecer también si son o no reelegibles. Los suplentes reemplazarán a los titulares en caso de renuncia, remoción, ausencia o fallecimiento o cualquier tipo de vacancia y serán llamados a ocupar el cargo por el Consejo Directivo. Agotada la lista de suplentes proclamados, el Consejo Directivo designará a los reemplazantes de la misma lista si la hubiere, o según la votación decreciente en la elección nominal y dará cuenta a la Asamblea General más inmediata. En aquellas cooperativas cuyo número de socios sea inferior a diez, el estatuto podrá establecer la existencia de un Administrador único, persona física que ostente la condición de socio, que asumirá las competencias y funciones previstas en la presente Ley para el Consejo Directivo, su Presidente y Secretario. Los miembros del Consejo Directivo deberán declarar al inicio de su mandato, o durante su ejercicio y según lo que establezca el estatuto, las actividades personales o comerciales que desarrollan y que puedan ser competencia de las actividades de la cooperativa
Fuente: Artículo 36, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008 en la redacción dada por Artículo 1, Ley N° 19.181, de 29 de diciembre de 2013
Artículo 150°.- (Remoción).- La Asamblea General puede remover en cualquier tiempo a los miembros del Consejo Directivo, siempre que éstos hayan sido electos por la Asamblea y que el asunto figure en el orden del día. Consumada la remoción, asumirán los cargos los suplentes respectivos. En caso de remoción de éstos, también la Asamblea, en el mismo acto, mediante voto secreto y por un plazo que fijará la misma, elegirá a los reemplazantes, salvo que el estatuto establezca un procedimiento especial al efecto.
El estatuto deberá prever la forma y el procedimiento de remoción, en aquellos casos en que el propio estatuto haya previsto el procedimiento eleccionario por forma diferente a la elección directa por la Asamblea General..
Fuente: Artículo 37, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 151°.- Reglas de funcionamiento).- El estatuto debe establecer las reglas de funcionamiento del Consejo Directivo.
Las actas de las sesiones deben ser firmadas por el Presidente y por el Secretario, salvo que el estatuto requiera también la firma de otros asistentes. El quorum será de más de la mitad de sus miembros.
Fuente: Artículo 38, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 152°.- (Representación).- La representación de la cooperativa le corresponde al Consejo Directivo, debiendo actuar conjuntamente el Presidente y el Secretario del mismo, salvo que el estatuto disponga otra cosa al respecto.
Fuente: Artículo 39, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 153°.- (Responsabilidad de los miembros del Consejo Directivo).- Los miembros del Consejo Directivo responden solidariamente frente a la cooperativa y los socios por violación de la Ley, el estatuto y los reglamentos. Sólo puede eximirse el miembro que no haya participado en la sesión que adoptó la resolución, o haya dejado constancia en acta de su voto en contra.
Fuente: Artículo 40, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Sección III
Comité Ejecutivo
Artículo 154°.- (Comité Ejecutivo).- El estatuto podrá prever un Comité Ejecutivo, integrado por miembros provenientes del Consejo Directivo, para atender la gestión ordinaria de la cooperativa. La existencia de este Comité no modifica los deberes y las responsabilidades de los miembros del Consejo Directivo.
Fuente Artículo 41, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Sección IV
Comité de Recursos
Artículo 155°.- (Comité de Recursos).- El estatuto podrá prever la existencia de un Comité de Recursos, delegado de la Asamblea General, que tramitará y resolverá inapelablemente cuantos recursos vengan atribuidos a su conocimiento o al de la Asamblea, por vía legal o estatutaria. La composición y el régimen de funcionamiento del Comité de Recursos serán fijados por el estatuto. Estará integrado, al menos, por tres miembros de entre los socios con plenitud de derechos, elegidos en votación secreta, de acuerdo con el procedimiento que establezca el estatuto. Deberán abstenerse de intervenir en la tramitación y resolución de los correspondientes recursos los miembros del Comité que, respecto del socio o aspirante a socio afectado, sean su cónyuge o concubina o tengan parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado, de afinidad dentro del segundo o relación de dependencia, asimismo, deberán abstenerse aquellos miembros que tengan relación directa con el objeto del recurso. No podrán formar parte del Comité de Recursos los miembros del Consejo Directivo, ni de la Comisión Fiscal, ni las personas que tengan relación de dependencia con la cooperativa
Fuente Artículo 42, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008 en la redacción dada por Artículo 1, Ley N° 19.181, de 29 de diciembre de 2013.
Sección V
Comisiones Auxiliares
Artículo 156°.- (Comisiones Auxiliares).- El Consejo Directivo podrá designar de su seno o de entre los socios, Comisiones Auxiliares de carácter permanente o temporal y les determinará sus funciones.
En las cooperativas de primer grado deberá integrarse, en forma permanente, una Comisión de Educación, Fomento e Integración Cooperativa.
Fuente: Artículo 43, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Sección VI
Artículo 157°.- (Recursos).- Las resoluciones del Consejo Directivo podrán ser recurridas por los socios ante la Asamblea General o, en su caso, ante el Comité de Recursos, según el procedimiento establecido en el estatuto.
Fuente: Artículo 44, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Sección VII
Comisión Fiscal
Artículo 158°.- (Naturaleza y atribuciones).- La Comisión Fiscal es el órgano encargado de controlar y fiscalizar las actividades económicas y sociales de la cooperativa. Debe velar para que el Consejo Directivo cumpla la Ley, el estatuto, los reglamentos y las resoluciones de la Asamblea General.
Fuente: Artículo 45, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 159°.- Las Cooperativas Matrices en caso de promover grandes conjuntos habitacionales, deberían establecer un proyecto urbanístico y edilicio de conjunto. Los lineamientos generales de estos proyectos deberán ser respetados por las unidades cooperativas filiales.
Fuente: Artículo 46, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 160°.- (Funciones específicas).- Sin perjuicio de las demás funciones señaladas en la presente Ley y en el estatuto, la Comisión Fiscal debe:
A) Fiscalizar la dirección y administración de la cooperativa, a cuyo efecto, sus miembros pueden asistir con voz, pero sin voto, a las sesiones del Consejo Directivo. Esta fiscalización se cumplirá en forma ilimitada y permanente sobre las operaciones sociales, pero sin intervenir en la gestión administrativa.
B) Examinar los libros, títulos y cualquier otro documento cuando juzgue conveniente y, por lo menos, una vez cada tres meses.
C) Presentar a la Asamblea General Ordinaria un informe escrito y fundado sobre la situación económica y financiera de la cooperativa, dictaminando sobre la memoria y los estados contables.
D) Suministrar a la Asamblea General toda información que ésta le requiera sobre las materias que son de su competencia.
E) Hacer incluir en el orden del día de la Asamblea General los puntos que considere procedentes dentro del plazo previsto en el estatuto social.
F) Vigilar que los órganos sociales acaten debidamente las leyes, el estatuto, los reglamentos y las resoluciones de la Asamblea General.
G) Investigar las denuncias que los socios le formulen por escrito, mencionarlas en sus informes a la Asamblea General y expresar acerca de ellas las consideraciones y propuestas que correspondan.
H) Si el estatuto lo prevé, asumir transitoriamente el gobierno de la cooperativa, cuando por desintegración parcial o total del Consejo Directivo, éste no esté en condiciones de funcionar, convocando a la Asamblea General Extraordinaria dentro del plazo de treinta días a fin de considerar la situación.
Fuente: Artículo 47, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 161°.- (Composición y elección).- La Comisión Fiscal se compondrá de un número impar de miembros, será elegida en la forma y por el período que establezca el estatuto. En las cooperativas con menos de quince socios podrá integrarse por un solo miembro. Será incompatible la calidad de miembro de la Comisión Fiscal con la de miembro de cualquier otro órgano social. Tratándose de cooperativas de segundo o ulterior grado con hasta cinco socios, la incompatibilidad establecida en el inciso precedente se exigirá únicamente respecto de las personas físicas designadas para actuar en la Comisión Fiscal (artículo 82 de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989).
Fuente: Artículo 48, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008 en la redacción dada por Artículo 1, Ley N° 19.181, de 29 de diciembre de 2013
Artículo 162°.- (Aplicación de otras normas) Rigen para la Comisión Fiscal las disposiciones sobre remoción, reglas de funcionamiento, suplencia, incompatibilidad y responsabilidad establecidas para el Consejo Directivo.
Fuente: Artículo 49, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Sección VIII
Comisión Electoral
Artículo 163°.- (Comisión Electoral).- La Comisión Electoral tendrá a su cargo la organización, la fiscalización y el contralor de los actos eleccionarios de la cooperativa y la proclamación de las autoridades electas. Se compondrá por un número impar de miembros electos por la Asamblea General, de acuerdo al procedimiento que establezca el estatuto, y será obligatoria en el caso de las cooperativas de primer grado.
En las cooperativas con menos de quince socios podrá componerse por un solo miembro.
Le compete a la misma resolver los recursos que pudieran presentarse durante todo el proceso electoral, de los que entenderá subsidiariamente la Asamblea General.
Será incompatible la calidad de miembro de la Comisión Electoral con la de miembro de cualquier otro órgano de dirección.
Fuente: Artículo 50, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Sección IX
Compensaciones
Artículo 164°.- (Compensaciones).- Si el estatuto lo prevé, la Asamblea General podrá resolver compensar el trabajo personal realizado por los miembros del Consejo Directivo, del Comité Ejecutivo, de la Comisión Fiscal u otras Comisiones en el desempeño de sus cargos. Dicha compensación podrá realizarse además del pago de los gastos, con rendición de cuentas, en que se incurra por el mismo motivo
Fuente: Artículo 51, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008
Capítulo V
Régimen Económico

Sección I
Patrimonio social

Artículo 165°.- (Recursos patrimoniales).- Son recursos de naturaleza patrimonial de las cooperativas para el cumplimiento de su objeto social, los siguientes:
1)- El capital social.
2)- Los fondos patrimoniales especiales.
3)- Las reservas legales, estatutarias y voluntarias.
4)- Las donaciones, legados y recursos análogos que reciban destinados a incrementar el patrimonio.
5)- Los recursos que se deriven de los otros instrumentos de capitalización.
6)- Los ajustes provenientes de las re-expresiones monetarias o de valuación.
7)- Los resultados acumulados.
Fuente: Artículo 52, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Sección II
Capital social
Artículo 166°.- (Capital social).- El capital social está compuesto por las partes sociales, provenientes de los aportes obligatorios y voluntarios realizados por los socios y, cuando correspondiere, de sus re-expresiones contables.
Fuente: Artículo 53, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 167°.- (Partes sociales).- Las partes sociales son nominativas, indivisibles, de igual valor y transferibles solamente a las personas que reúnan las condiciones requeridas por el estatuto para ser socios, previa aprobación del Consejo Directivo. Serán integradas en dinero, en especie o en trabajo, convencionalmente valuados, en la forma prevista en el estatuto y en el plazo que disponga la Asamblea. En las cooperativas de vivienda, la transferencia del capital social no podrá suponer cesión directa ni indirecta del derecho de uso y goce, el que es inherente a la calidad de socio, requiriéndose la previa aceptación del nuevo socio por el Consejo Directivo de la cooperativa
Fuente: Artículo 54, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008 en la redacción dada por Artículo 1, Ley N° 19.181, de 29 de diciembre de 2013
Artículo 168°.- (Aportes obligatorios).- El estatuto fijará el aporte obligatorio mínimo de capital social para ser socio, el que podrá variar en proporción al compromiso y/o uso potencial que cada socio asuma de la actividad cooperativa.
La Asamblea General podrá acordar la exigencia de nuevos aportes obligatorios. El socio que tuviera desembolsados aportes voluntarios podrá aplicarlos, en todo o en parte, a cubrir los nuevos aportes obligatorios acordados por la Asamblea General.
Fuente: Artículo 55, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 169°.- (Aportes voluntarios).- La Asamblea General y, si el estatuto lo prevé, el Consejo Directivo, podrán acordar la admisión de aportes voluntarios al capital social por parte de los socios.
Fuente: Artículo 56, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 170°.- (Capital variable e ilimitado).- El monto total del capital social será variable e ilimitado, sin perjuicio de que en el estatuto se deberá establecer una cantidad mínima
Fuente: Artículo 58, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 171°.- (Documentación de partes sociales).- El estatuto deberá establecer que las partes sociales sean representadas por certificados, constancias de aportes u otro documento nominativo.
Fuente: Artículo 60, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Sección III
Legados y donaciones
Artículo 172°.- (Legados y donaciones).- Las cooperativas podrán recibir de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, todo tipo de legados o donaciones, compatibles con el objeto social, destinados a incrementar su patrimonio a ser consumidos de conformidad con la voluntad del donante o del causante.
Fuente: Artículo 63, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008
Sección IV
Re-expresiones contables
Artículo 173°.- (Re-expresiones contables).- Sin perjuicio de las normas legales en la materia, los estatutos podrán establecer que los ajustes a los que se refiere el numeral 6) del artículo 52 de la presente Ley, se reconozcan con el rubro de ajustes al patrimonio o, de corresponder, en los otros rubros patrimoniales.
Fuente: Artículo 68, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Sección V
Resultados acumulados
Artículo 174°.- (Resultados acumulados).- Son los acrecentamientos o disminuciones patrimoniales generados por el resultado neto de la gestión de la cooperativa, que están pendientes de distribución o de absorción, respectivamente.
La distribución de los excedentes como la absorción de las pérdidas generadas en cada ejercicio económico, deberán ser sometidas a consideración de la Asamblea General Ordinaria, conjuntamente con los estados contables respectivos, a través del proyecto de distribución de los excedentes netos del ejercicio.
Fuente: Artículo 69, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 175°.- (Destino de los excedentes netos del ejercicio).- La Asamblea General Ordinaria determinará el destino de los excedentes netos del ejercicio, de acuerdo al siguiente orden:
En primer lugar, se deducirán los importes necesarios para:
1) Abonar los intereses a pagar a los instrumentos de capitalización que correspondan.
2) Recomponer los rubros patrimoniales cuando hayan sido disminuidos por la absorción de pérdidas de ejercicios anteriores y compensar pérdidas aún pendientes de absorción.
El remanente se destinará de acuerdo al siguiente orden:
1) El 15% (quince por ciento) como mínimo, para la constitución de un Fondo de Reserva Legal, hasta que éste iguale al capital reduciéndose al 10% (diez por ciento) a partir de ese momento y cesando al ser triplicado el capital.
2) El 5% (cinco por ciento) como mínimo, para el Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa.
3) El 10% (diez por ciento) para la constitución de una Reserva por concepto de operaciones con no socios.
Y el saldo será destinado al reparto entre los socios en concepto de retorno o a pagar intereses a las partes sociales integradas hasta el máximo de interés corriente en plaza, según determine la Asamblea.
El monto a ser repartido entre los socios en concepto de retorno no podrá ser inferior al 50% (cincuenta por ciento) del remanente y se distribuirá de acuerdo a los siguientes criterios:
A) En las cooperativas de primer grado, en proporción a las operaciones efectuadas con la cooperativa o al trabajo realizado en ella.
B) En las cooperativas de segundo o ulterior grado, en proporción al capital social aportado o a los servicios utilizados, según establezca el estatuto.
Fuente: Artículo 70, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 176°.- (Reembolso de las partes sociales).- Los socios o sus sucesores sólo tendrán derecho al reintegro de su capital integrado por su valor nominal o, si el estatuto o la Ley lo prevé, en valores ajustados. El reintegro procederá siempre que el socio haya perdido su condición de tal en la cooperativa y haya saldado todas sus obligaciones con la misma. Asimismo, se deberán adicionar o disminuir, según corresponda, los resultados acumulados no distribuidos y los del ejercicio en curso al momento de la pérdida de la calidad de socio.
Los estatutos establecerán los criterios relativos a la forma del reintegro.
Los titulares de los aportes integrados en otros instrumentos de capitalización, tendrán derecho al reintegro de los mismos en las condiciones establecidas en los contratos de emisión respectivos.
Fuente: Artículo 72, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 177°.- (Irrepartibilidad de otros recursos patrimoniales).- Los recursos patrimoniales de la cooperativa, a excepción de las partes sociales, de las reexpresiones contables, de los instrumentos de capitalización y de los resultados acumulados, constituyen patrimonio propio e irrepartible de la cooperativa. No podrán distribuirse entre los socios a ningún título ni acrecentarán sus aportes individuales.
Fuente: Artículo 74, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Sección VI
Recursos no patrimoniales
Artículo 178°.- (Fuentes de financiamiento y fondos especiales).- Las cooperativas podrán asumir todas las formas de pasivo y emitir obligaciones a suscribir por socios o terceros conforme con las condiciones que establezca la reglamentación.
Asimismo, con el objeto de proveer recursos con destino específico para la prestación de servicios y beneficios a los socios o para gastos de gestión, las cooperativas podrán crear e incrementar cuotas sociales o fondos especiales con aportes voluntarios u obligatorios de los socios o parte de los excedentes netos anuales, conforme lo establezca el estatuto.
Fuente: Artículo 75, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 179°.- (Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa).- El Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa tendrá por objeto la difusión y promoción del cooperativismo, la formación de los socios y trabajadores en técnicas cooperativas, económicas y profesionales, el sostenimiento de los organismos de integración de segundo y tercer grado que cumplan funciones educativas, de asistencia técnica e investigación y, complementariamente, la atención de objetivos de incidencia social, cultural o medioambiental.
Dichas actividades podrán ser desarrolladas directamente por la cooperativa o a través de federaciones, confederaciones o entidades auxiliares especializadas o conjuntamente con ellas.
Integrarán el Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa los excedentes netos del ejercicio que se asigne al mismo con un porcentaje mínimo establecido en el artículo 70 de la presente Ley y las donaciones y ayudas recibidas de terceros con ese destino específico.
El informe anual de la gestión que se presente a la Asamblea incluirá un detalle del uso de dicho Fondo, con expresión de cantidades, conceptos y actividades.
Fuente: Artículo 76, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Sección VII
Régimen documental y contable
Artículo 180°.- (Libros sociales).- Deberán llevar en orden y al día, los siguientes libros:
1) Libro de registro de socios.
2) Libros de actas de la Asamblea General, del Consejo Directivo, de la Comisión Fiscal y del Comité de Recursos, en su caso.
Los referidos libros podrán ser presentados en soportes informáticos u otros medios admitidos por la reglamentación.
Los libros y demás documentos de la cooperativa estarán bajo la custodia, vigilancia y responsabilidad del Consejo Directivo.
Fuente: Artículo 77, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008
Artículo 181°.- (Ejercicio económico, contabilidad, memoria y estados contables).- El ejercicio económico será anual, salvo en los casos de constitución, extinción o fusión de la cooperativa, o en otros casos extraordinarios, debidamente autorizados por la Auditoría Interna de la Nación.
La contabilidad será llevada con arreglo a las disposiciones legales vigentes y a las disposiciones y criterios impartidos por la Auditoría Interna de la Nación u otros organismos competentes.
A la fecha de cierre del ejercicio, en un plazo máximo de ciento ochenta días, el Consejo Directivo presentará los estados contables, la memoria sobre la gestión realizada y la evolución del número de socios en el período y el proyecto de distribución de los excedentes de gestión o de absorción de pérdidas, a la Asamblea General con informe de la Comisión Fiscal y del auditor si correspondiere.
Fuente: Artículo 78, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 182°.- (Auditoría).- Las cooperativas podrán contar con un servicio permanente de auditoría externa con intervención de profesional habilitado. Y, en su caso, de conformidad con lo establecido en la presente Ley, su reglamentación o las normas jurídicas que regulan el sistema de auditorías obligatorias prescriptas para la rama de actividad que desarrollen las cooperativas.
El servicio de auditoría podrá ser prestado por otra cooperativa o entidad con intervención de profesional habilitado.
Fuente: Artículo 79, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008
CAPITULO VI
ASOCIACION, FUSION, INCORPORACION
Operaciones con no socios
Artículo 183°.- (Asociación entre cooperativas o con otras personas jurídicas).- Las cooperativas podrán asociarse entre sí o con personas de otra naturaleza jurídica, sean públicas o privadas, así como tener en ellas participación, si así lo prevé el estatuto, a condición de que sea conveniente para su objeto social y que no transfieran beneficios fiscales ni legales que les sean propios.
Fuente: Artículo 81, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 184°.- (Federaciones y confederaciones).- Para la defensa y la promoción de sus intereses en cuanto cooperativas, éstas podrán asociarse libre y voluntariamente en federaciones y confederaciones de cooperativas, sin perjuicio de poder promover cualquier otra fórmula asociativa, de acuerdo con la legislación general reguladora del derecho de asociación.
Corresponde a las federaciones y confederaciones de cooperativas:
A) Representar a los miembros que se asocien de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos.
B) Procurar la conciliación de los conflictos surgidos entre sus entidades asociadas, cuando éstas lo soliciten.
C) Organizar servicios de asesoramiento, asistencia jurídica, contable y técnica y cuantos sean convenientes a los intereses de sus socios.
D) Fomentar la promoción, formación y educación cooperativa.
E) Colaborar con los organismos competentes en la materia cooperativa.
F) Ejercer cualquier otra actividad de naturaleza análoga.
Fuente: Artículo 82, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 185°.- (Fusión).- Dos o más cooperativas podrán fusionarse a los efectos de alcanzar con mayor eficacia sus objetivos sociales. Las cooperativas fusionadas se disuelven sin liquidar su patrimonio pero se extingue la personería jurídica. La cooperativa emergente de la fusión, subroga de pleno derecho a las que le dieron origen en todos sus derechos, acciones y obligaciones.
Fuente: Artículo 83, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 186°.- (Incorporación).- Habrá incorporación cuando una cooperativa absorbe a otra o a otras cooperativas o entidades jurídicas, conservando la incorporante su personería jurídica y extinguiéndose la de las incorporadas. La incorporante subroga en los derechos, acciones y obligaciones a las incorporadas.
Fuente: Artículo 84, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008
Artículo 187°.- (Trámites).- Para la fusión o incorporación, las entidades interesadas elaborarán un plan de operaciones que una vez aprobado por el órgano estatal de control y por el organismo público competente por la naturaleza de la actividad que realice la cooperativa, será sometido a las Asambleas Extraordinarias de las afectadas. Aprobada la fusión o la incorporación, se solicitará la inscripción respectiva en el Registro de Personas Jurídicas, Sección Registro Nacional de Cooperativas.
Fuente: Artículo 85, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008
Artículo 188°.- (Cooperativas de grado superior).- Por resolución de sus respectivas asambleas las cooperativas podrán constituir cooperativas de segundo o ulterior grado o asociarse a ellas. Estas se regirán por las disposiciones de la presente Ley con las adecuaciones que resulten de su naturaleza. Deben contar con un mínimo de dos socios.
En las cooperativas de segundo o ulterior grado también podrán integrarse en calidad de socios personas jurídicas de otra naturaleza, públicas o privadas, y personas físicas, hasta un máximo del 20% (veinte por ciento) del total del capital social de la cooperativa.
Fuente: Artículo 86, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008
Artículo 189°.- (Actividad).- Las cooperativas de segundo o ulterior grado podrán realizar, conforme con las disposiciones de la presente Ley y de sus respectivos estatutos, actividades de carácter técnico, económico, social, cultural y asumir la representación de sus miembros.
Fuente: Artículo 87, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 190°.- (Representación y voto).- Las cooperativas de segundo o ulterior grado podrán establecer un régimen de representación y voto proporcional al número de socios, al capital aportado, uso de los servicios u otros criterios que establezca el estatuto.
Fuente: Artículo 88, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
CAPITULO VII
OTRAS MODALIDADES DE COLABORACIÓN ECONÓMICA, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
Artículo. 191°.- (Corporaciones cooperativas).- Son corporaciones cooperativas aquellas asociaciones empresariales que, constituidas mayoritariamente por cooperativas de primer y segundo o ulterior grado, tengan por objeto la definición de políticas empresariales, su control y, en su caso, la planificación estratégica de la actividad de sus socios, así como la gestión de los recursos y actividades comunes.
El estatuto de la corporación cooperativa distribuirá las facultades de administración y fiscalización de la misma entre un órgano de fiscalización y un órgano de dirección, unipersonal o colegiado.
El órgano de dirección tendrá a cargo la gestión y la administración, incluyendo las facultades referidas a la admisión y renuncia, o exclusión de socios y a la aplicación del régimen disciplinario, así como la representación de la entidad. Sus miembros serán designados y revocados por el órgano de fiscalización.
El órgano de fiscalización controlará la gestión y la actividad del órgano de dirección. Asimismo, corresponde a dicho órgano de fiscalización autorizar los actos de administración extraordinaria que determine el estatuto. Los miembros del órgano de fiscalización serán elegidos de acuerdo a lo que determine el estatuto.
Las corporaciones cooperativas son personas jurídicas y en todo lo no regulado expresamente por este artículo se aplicará lo dispuesto para las cooperativas de segundo o ulterior grado.
Fuente: Artículo 89, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 192°.- (Causas de disolución).- Las cooperativas se disolverán por:
1) Decisión de la Asamblea General por la mayoría de 2/3 (dos tercios) de votos presentes.
2) Reducción del número de socios por debajo del mínimo legal durante un período superior a un año.
3) Fusión o incorporación.
4) Reducción del capital por debajo del mínimo establecido por el estatuto.
5) Declaración de liquidación en un proceso de liquidación concursal.
6) Sentencia judicial firme.
7) Finalización o imposibilidad de cumplimiento del objeto para el que fue creada.
8) Por otras causales previstas en las disposiciones legales aplicables en razón de la actividad de la cooperativa.
Fuente: Artículo 93, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 193°.- (Efectos de la disolución).- Disuelta la cooperativa se procederá inmediatamente a su liquidación, salvo en los casos de fusión o incorporación. La cooperativa conservará su personería jurídica a ese solo efecto. Los liquidadores deben comunicar la disolución a la Auditoría Interna de la Nación y al Registro de Personas Jurídicas, Sección Registro Nacional de Cooperativas, para su inscripción.
Fuente: Artículo 94, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 194°.- (Órgano liquidador).- La liquidación en principio estará a cargo del Consejo Directivo, salvo disposición en contrario del estatuto o impedimento o imposibilidad para ejercer el cargo, caso en el cual la designación de la Comisión Liquidadora corresponderá hacerla a la Asamblea General o a la Auditoría Interna de la Nación. La Comisión Fiscal controlará el proceso de liquidación.
Fuente: Artículo 95, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 195°.- (Facultades).- El órgano liquidador ejerce la representación de la cooperativa. Debe realizar el activo y cancelar el pasivo actuando con la denominación social y el aditamento en liquidación.
Fuente: Artículo 96, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008
Artículo 196°.- (Distribución del remanente).- El remanente que resultare una vez pagadas las deudas y devuelto el valor de los aportes según las disposiciones de la presente Ley, se entregará al Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP).
Fuente: Artículo 97, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
TITULO II
DE LAS COOPERATIVAS EN PARTICULAR

CAPITULO I
COOPERATIVAS DE VIVIENDA

Sección I
Disposiciones generales

Artículo 197°.- (Definición y objeto).- Las cooperativas de vivienda son aquellas que tienen por objeto principal proveer de alojamiento adecuado y estable a sus socios, mediante la construcción de viviendas por esfuerzo propio, ayuda mutua, administración directa o contratos con terceros, y proporcionar servicios complementarios a la vivienda.
Fuente: Artículo 117, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008
Artículo 198°.- (Legislación aplicable).- Las cooperativas de vivienda se regularán por las disposiciones de la presente Ley y por la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968, y sus leyes modificativas en lo pertinente y en todo lo que no se oponga a la presente Ley.
Fuente: Artículo 118, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 199°.- (Principios).- Las cooperativas de vivienda, además de los principios consagrados en el artículo 7° de la presente Ley, deberán observar los siguientes:
1) Suministrarán viviendas al costo, no admitiéndose ningún tipo de práctica especulativa.
2) Consagrarán que los excedentes no serán capitalizables en las partes sociales de los socios, ni podrán ser objeto de reparto entre los mismos.
3) En una misma cooperativa podrán existir socios titulares únicos de la participación social y el derivado derecho de uso y goce sobre la vivienda y socios con titularidad compartida de la participación social con derecho de uso y goce sobre una misma vivienda.
Tendrán la categoría de titulares únicos, las personas que, habiendo cumplido lo establecido en los artículos 18 y 19 de la presente Ley, habiten la misma en forma permanente y estén a cargo individualmente del núcleo familiar que habite la vivienda.
Serán simultáneamente socios titulares, las dos personas del hogar destinatario de una vivienda que, habiendo cumplido lo establecido en los artículos 18 y 19 de la presente Ley, habiten la misma en forma permanente, estén a cargo del núcleo familiar y constituyan matrimonio, unión concubinaria reconocida, o unión concubinaria sin declaración judicial de reconocimiento con independencia de su género y estado civil, constituyendo a todos los efectos, una titularidad compartida.
En las cooperativas de usuarios, ambos socios cotitulares ejercerán conjuntamente el derecho de uso y goce sobre la misma vivienda y asumirán las obligaciones correspondientes.
Cada socio ejercerá separadamente los derechos sociales inherentes a su calidad, sin perjuicio de la posibilidad de actuar por el otro con un poder simple otorgado por escrito para cada instancia.
En caso de uniones concubinarias sin declaración judicial de reconocimiento, su reconocimiento estará sujeto a la reglamentación correspondiente.
Los socios titulares que habiten una misma vivienda, no podrán participar conjuntamente en el Consejo Directivo y en la Comisión Fiscal ni simultáneamente en ambos organismos.
Para los casos de socios anteriores a la vigencia del presente régimen de titularidad compartida, quienes tengan conformada una unión matrimonial o concubinaria podrán optar de común acuerdo por incorporarse al mismo, en las condiciones que la reglamentación establecerá.
Para el caso de la conformación de un núcleo familiar que habite la vivienda, a partir de la constitución de un matrimonio, o de una unión concubinaria posterior al ingreso de un socio titular individual, se ingresará al régimen de cotitularidad, debiendo considerarse al efecto del cálculo del valor de las respectivas partes sociales la fecha de inicio de dicha situación, debidamente acreditada por ambos socios a la cooperativa.
Para el caso de retiro de los cotitulares del uso y goce de una vivienda, se requerirá el consentimiento de ambos y la cooperativa efectuará el reembolso de la totalidad de las partes sociales a ambos socios conjuntamente, sin perjuicio de las compensaciones o la distribución de cuotas que entre sí legalmente corresponda.
Se admitirá el retiro de un solo socio de titularidad compartida, para el caso de disolución del vínculo matrimonial o concubinario, en cuya situación continuará el otro como socio titular único de la participación social, sin perjuicio de las compensaciones económicas que entre ambos puedan corresponder. El retiro se regirá por el estatuto de las cooperativas y la legislación vigente.
Fuente: Artículo 119, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008 en el texto dado por Artículo 1, Ley N° 19.837 de 27 de setiembre de 2019.
Nota: la referencia que hace el artículo al artículo 7 corresponde al artículo 120 del presente Texto Ordenado.
Artículo 200°.- (Contenido del estatuto).- Además de lo dispuesto en el artículo 16 de la presente Ley, los estatutos deben establecer:
A) Los criterios de adjudicación de las viviendas.
B) Que se requerirá como mínimo una mayoría de dos tercios de socios presentes para la modificación del estatuto y para la aprobación o reforma de los reglamentos internos.
C) Las elecciones de miembros del Consejo Directivo y de la Comisión Fiscal se efectuarán en votación secreta y obligatoria y si se hiciese por lista, deberá aplicarse el principio de representación proporcional.
D) El carácter honorario de los integrantes de los órganos sociales. Se permite la representación del socio en cargos de la cooperativa, de carácter electivo por integrantes del núcleo habitacional, entendiéndose por éste las personas que cohabiten en forma permanente con el socio titular de la vivienda cooperativa, mayores de edad, debiendo ser el delegado votado por la masa social en la forma que dispone el presente artículo.
Fuente: Artículo 120, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 201°.- (Representación).- En la Asamblea General, los socios podrán hacerse representar por otro socio o por un miembro del núcleo familiar, mediante poder escrito.
Fuente: Artículo 121, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008
Artículo 202°.- (Retenciones).- Las cooperativas inscriptas en el Registro, que a tal efecto lleve el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, tendrán derecho de hacer retener de los sueldos, jornales, remuneraciones o pasividades de los socios, hasta el 20% (veinte por ciento) de los conceptos referidos, si la liquidación que realizase la cooperativa fuera conformada por la Dirección Nacional de Vivienda.
La liquidación practicada de conformidad con lo dispuesto por este artículo tendrá carácter de título ejecutivo y su ejecución se tramitará de acuerdo con lo previsto por el numeral 6) del artículo 353 y por el artículo 354 del Código General del Proceso.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, las infracciones en que incurran las empresas privadas en relación a su obligación de retención, serán sancionadas con una multa de entre cinco, y diez veces el monto correspondiente a la retención que estaba obligada a realizar. Esta multa será aplicada por la Dirección Nacional de Vivienda y su producido se verterá al Fondo Nacional de Vivienda.
Fuente: Artículo 122, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 203°.- (Aspectos patrimoniales).- Las partes sociales no podrán ser inferiores a 2 UR (dos unidades reajustables) y se reajustarán según dicho índice. Corresponden a la cooperativa las sumas que ésta perciba de parte de los socios como compensación por cuota de administración, cuota de mantenimiento de las viviendas y servicios comunes. Se entiende por cuota de administración, aquella suma de dinero que mensualmente aportan los socios a efectos de satisfacer los gastos que la administración y desarrollo de la cooperativa requieren en sus etapas iniciales. Dicho concepto es equivalente al designado como "fondo de gestión" que recaudan las cooperativas habitadas. También corresponden a las Cooperativas los subsidios de capital y las quitas que hayan sido otorgados por los organismos financiadores. Estos rubros no integran las partes sociales del cooperativista y por lo tanto, no serán objeto de restitución al egreso ni de reparto entre los socios".
Fuente: Artículo 123, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008 en la redacción dada por Artículo 1, Ley N° 19.591, de 28 de diciembre de 2017.
Artículo 204°.- (Trabajo de los socios).- Las cooperativas de vivienda podrán utilizar el trabajo de sus socios en la construcción de las viviendas, bajo sus dos modalidades, de autoconstrucción y de ayuda mutua.
La autoconstrucción es el trabajo puesto por el futuro propietario o usuario y sus familiares, en la construcción.
La ayuda mutua es el trabajo comunitario adoptado por los socios para la construcción de los conjuntos colectivos y bajo la dirección técnica de la cooperativa.
Tanto la autoconstrucción como la ayuda mutua deberán ser avaluadas para integrar la respectiva parte social y no darán lugar a aporte alguno a los organismos de previsión y seguridad social.
Fuente: Artículo 124, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008
Artículo 205°.- (Disolución).- Para las cooperativas de vivienda las causales de los numerales 1) y 3) del artículo 93 de la presente Ley, deberán resolverse en una Asamblea Extraordinaria convocada al efecto y por una mayoría de dos tercios de socios habilitados.
Dichas causales no podrán ser invocadas a los efectos del ejercicio del derecho de renuncia.
Fuente: Artículo 125, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008
Nota: el artículo 93 mencionado en el texto refiere al artículo 195 del presente Texto Ordenado.
Artículo 206°.- (Clasificación).- Las cooperativas de vivienda se clasificarán en unidades cooperativas de vivienda y cooperativas matrices de vivienda.
Fuente: Artículo 126, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Sección II
De las unidades cooperativas de vivienda
Artículo 207°.- (Definición).- Son unidades cooperativas de vivienda las que constituidas por un mínimo de diez socios, tienen por finalidad proporcionar vivienda y servicios complementarios a los mismos, construyendo con ese objeto un inmueble o un conjunto habitacional o adquiriéndolo en los casos previstos en el artículo 131 de la presente Ley.
Para el caso en que el objeto de la cooperativa se alcanzara a través de la realización de obras de mejoramiento, complementación y subdivisión en varias unidades de una vivienda existente (reciclaje) el número mínimo de socios se fija en seis.
Fuente: Artículo 127, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 208°.- (Clasificación).- Las unidades cooperativas de vivienda pueden ser de usuarios o de propietarios.
Fuente: Artículo 128, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 209.- (Unidades cooperativas de usuarios).- Las unidades cooperativas de usuarios sólo atribuyen a los socios el derecho de uso y goce sobre las viviendas sin limitación de tiempo.
Fuente: Artículo 129, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 210°.- (Unidades cooperativas de propietarios).- Las unidades cooperativas de propietarios atribuyen la propiedad exclusiva e individual de la propiedad horizontal, sobre las respectivas viviendas, pero con facultades de disponibilidad y uso limitadas, según lo que prescriben los artículos 146 y 147 de la presente Ley.
Las cooperativas de propietarios pueden retener la propiedad de las viviendas, otorgando el uso a los futuros propietarios, mientras éstos amortizan el costo de la vivienda.
Fuente: Artículo 130, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 211°.- (Adquisición de inmuebles).- Sólo podrán adquirir inmuebles o conjuntos habitacionales ya construidos las unidades cooperativas de usuarios y exclusivamente en los siguientes casos:
A) Cuando se trate de un inmueble o conjunto habitacional construido por uno de los organismos de derecho público a que hace referencia el artículo 112 de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968, siempre que el proyecto de estatuto sea sometido a la aprobación del mismo.
B) Cuando se trate de una cooperativa formada por inquilinos de un inmueble construido según permiso aprobado con anterioridad a la vigencia de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968, con la finalidad de adquirir dicho inmueble según el régimen establecido por el artículo 128 de la presente Ley.
Fuente: Artículo 131, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 212°.- (Reducción de órganos).- Las unidades cooperativas de vivienda cuyo número de socios sea inferior a veinte podrán reducir sus órganos al Consejo Directivo y a la Asamblea General. En ese caso las funciones establecidas para la Comisión Fiscal y la de Educación, Fomento e Integración Cooperativa serán desempeñadas por la Asamblea General. Si el estatuto no estableciese la solución indicada, podrá adoptarse la misma por resolución de la Asamblea General por una mayoría de dos tercios de presentes.
Fuente: Artículo 132, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 213°.- (Registro).- Obtenida la personería jurídica, las cooperativas de vivienda deberán inscribirse en el registro que llevará el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. En el mismo Registro se inscribirán también los institutos de asistencia técnica.
Lo dispuesto en el presente artículo es sin perjuicio de lo establecido en el artículo 213 de la presente Ley.
Fuente: Artículo 133, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 214°.- (Licitaciones y programa habitacional).- Las cooperativas de vivienda podrán participar en todas las licitaciones y llamados a presentación de propuestas que realice el sistema público de vivienda, conjuntamente con los institutos de asistencia técnica a que refiere la Sección VI de este capítulo, siendo requisito que la cooperativa y su instituto técnico figuren inscriptos en el registro del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
Para ser adjudicatarios de un programa habitacional financiado por el Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización, así como para obtener alguno de los préstamos de vivienda de los previstos en la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre 1968, o en otras disposiciones legales, la cooperativa deberá cumplir con los siguientes extremos:
A) Todos los socios deben cumplir con los topes de ingreso, situación familiar y otros requisitos que determine el organismo financiador o quien llame a licitación.
B) La propuesta u oferta debe sujetarse estrictamente y en todos los términos a las condiciones del llamado.
C) La propuesta técnico-arquitectónica, el plan de obras y el plan de financiación serán ratificados, además por el instituto de asistencia técnica que se hace corresponsable de la misma.
Fuente: Artículo 134, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Sección III
De los usuarios
Artículo 215°.- (Documento de uso y goce).- Cuando se trate de unidades cooperativas de usuarios la cooperativa suscribirá, en ejercicio del acto cooperativo, con cada uno de los socios adjudicatarios y con carácter previo a la adjudicación de las respectivas viviendas un 'documento de uso y goce', que tendrá una duración indefinida mientras las partes cumplan con sus obligaciones. El 'documento de uso y goce' se otorgará en instrumento público o privado con certificación notarial de su otorgamiento y suscripción
Fuente: Artículo 135, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008 en la redacción dada por Artículo 1, Ley N° 19.181, de 29 de diciembre de 2013.
Artículo 216°.- (Destino).- Los socios deberán destinar la respectiva vivienda adjudicada para residir con su familia y no podrán arrendarla o cederla -directa o indirectamente- siendo nulo todo arrendamiento o cesión, salvo lo dispuesto en los artículos siguientes.
Si el socio no destinara la vivienda adjudicada para residencia propia y de sus familiares, será causa suficiente para la pérdida de la calidad de socio.
Fuente: Artículo 136, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 217°.- (Derecho de uso).- La calidad de socio y consecuentemente de uso se terminarán:
A) Por el retiro voluntario del socio o de sus herederos mediante renuncia.
B) Por expulsión del socio a consecuencia del incumplimiento del pago de las correspondientes amortizaciones o por falta grave a sus obligaciones de socio.
C) Por disolución de la sociedad.
D) Por la sentencia ejecutoriada que declara rescindido el contrato de uso y goce. En caso de renuncia, anulación o conclusión por otra causa de los derechos de los socios, los mismos deberán desocupar la vivienda dentro de los noventa días de ocurrido el hecho. La cooperativa dispondrá de un plazo de doce meses, desde la restitución de la vivienda, para hacer efectivo el pago del 50% (cincuenta por ciento) del reintegro a que tuviera derecho el socio renunciante. El 50% (cincuenta por ciento) restante deberá hacerse efectivo en un plazo no mayor a los cuarenta y ocho meses desde el momento de la restitución de la vivienda. En ningún caso, los montos podrán ser inferiores ni los plazos superiores a los acordados con el nuevo socio que lo sustituye. Para el caso que el nuevo socio que lo sustituya hubiera abonado al contado el monto establecido para el ingreso a la vivienda, la cooperativa deberá hacer el pago en un plazo no mayor a treinta días".
Fuente: Artículo 137, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008 en la redacción dada por Artículo 1, Ley N° 19.181, de 29 de diciembre de 2013.
Artículo 218°.- (Retiro).- El retiro voluntario, desde el ingreso a la cooperativa y hasta los 10 (diez) años de adjudicada la vivienda, deberá solicitarse, ante el Consejo Directivo, con la fundamentación correspondiente. Si el retiro se considera justificado, el socio tendrá derecho a un reintegro equivalente al valor de tasación de su parte social, menos los adeudos que correspondiera deducir y menos un 10% (diez por ciento) del valor resultante. Si el retiro no se considera justificado, el reintegro será equivalente al valor de tasación de su parte social, menos los adeudos que correspondiera deducir y menos un 25% (veinticinco por ciento). El Consejo Directivo tendrá un plazo de treinta días para pronunciarse sobre la solicitud de retiro justificado, vencido el cual se considerará aceptada la solicitud. Los retiros posteriores a los diez años de adjudicación de la vivienda, no podrán considerarse no justificados. Cuando ocurrieren desinteligencias entre los usuarios y la cooperativa, en cuanto a la naturaleza del retiro o a las sumas que por tal concepto se adeudan, resolverá el diferendo el Juez competente
Fuente: Artículo 138, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008 en la redacción dada por Artículo 2, Ley N° 19.591, de 28 de diciembre de 2017.
Artículo 219°.- (Partes sociales).- Las partes sociales se integrarán con los aportes en trabajo (ayuda mutua o autoconstrucción) o el ahorro previo, según la modalidad adoptada, el aporte inicial de 2 UR (dos unidades reajustables), y lo abonado por concepto de amortización del préstamo hipotecario. En ningún caso se considerará capital lo pagado por concepto de intereses del préstamo obtenido".
Fuente: Artículo 139, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008 en la redacción dada por Artículo 3, Ley N° 19.591, de 28 de diciembre de 2017.
Artículo 220°.- (Exclusión).- La exclusión del socio, cuando incurra en incumplimiento que constituya falta grave o la incursión en reiteradas faltas medianas, se tramitará de la siguiente forma:
A) Desde el ingreso a la cooperativa y hasta la adjudicación de la vivienda, la aplicación de la exclusión será resuelta por el Consejo Directivo, mediante información sumaria y oyendo al interesado. La decisión de dicho órgano será pasible de impugnación mediante los recursos de reconsideración y apelación en subsidio, que se interpondrán conjuntamente, dentro de los diez días hábiles y perentorios de notificada la misma al socio. El Consejo Directivo dispondrá de un plazo de quince días hábiles para expedirse sobre la reconsideración y si mantuviese la decisión dentro del término fijado, elevará automáticamente las actuaciones a la Asamblea General, a la que convocará dentro de los sesenta días siguientes al vencimiento del término expresado.
Para que proceda la exclusión, la decisión del Consejo Directivo deberá ser refrendada por dos tercios de presentes de la Asamblea General. En caso contrario, se tendrá por revocada dicha decisión. Las sanciones se harán efectivas una vez transcurridos los plazos para su impugnación o agotada, en su caso, la sustanciación de los recursos interpuestos.
B) Luego de adjudicada la vivienda, corresponde la previa tramitación de los procesos jurisdiccionales, según decida el Consejo Directivo, que se enuncian a continuación:
1) El incumplimiento en el pago de aportaciones que corresponden a la amortización de la vivienda, de capital social, fondos legales y reglamentarios y de toda otra suma que deba abonarse a la cooperativa por el socio, dará lugar al procedimiento de desalojo, según lo dispuesto por las leyes de arrendamientos urbanos, para el arrendatario mal pagador, salvo lo dispuesto en el inciso siguiente. Toda vez que el socio afronte dificultades para el pago de la correspondiente cuota de amortización, debido a causas que no le sean imputables, la cooperativa procurará resolver el problema ya sea gestionando el subsidio oficial si correspondiere o mediante un fondo de socorro, destinado a cubrir las momentáneas dificultades financieras de los socios y que podrán constituir las cooperativas de vivienda. En ambos casos, solo se atenderán las situaciones en que el amparo hubiese sido solicitado a la cooperativa por el socio, con anterioridad a la acción promovida.
2) El incumplimiento grave de sus obligaciones con la cooperativa, que perjudique a la institución o a los demás socios, podrá determinar que sea solicitada la exclusión del socio y la rescisión del "documento de uso y goce" ante Juez competente y por los mismos trámites que para los arrendamientos urbanos. Mientras dure el juicio, el socio podrá ser suspendido por resolución del Consejo Directivo, apelable a la Asamblea General, en sus derechos como integrante de la cooperativa, salvo aquellos inherentes a su calidad de usuario. Si no hay lugar a la exclusión, el socio reasumirá plenamente sus derechos.
3) En ambos procesos la remisión se extenderá, en lo relativo a la competencia y al emplazamiento, a lo que dispone el inciso final del artículo 20 del Decreto-Ley N° 14.219, de 4 de julio de 1974. Bastará para deducir el accionamiento la decisión del Consejo Directivo. Amparada la pretensión procesal de la cooperativa, por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, que equivale a exclusión del cooperativista, se registrará en los libros sociales respectivos y se inscribirá en el Registro de Personas Jurídicas, Sección Registro Nacional de Cooperativas, dándose por rescindido todo vínculo con la cooperativa. Se podrá abatir de la parte social a reintegrar, al excluido o perdidoso del juicio, un porcentaje del 50% (cincuenta por ciento) al 75% (setenta y cinco por ciento), siempre que ello surja de los estatutos o de reglamentos aprobados con antelación no menor a un año de la promoción del litigio; si el plazo fuere menor, se aplicará el descuento establecido para renuncia injustificada. Si se suscitasen diferencias en el monto a reintegrar, se determinará el mismo en la forma establecida en el artículo 138 de la presente Ley".
Fuente: Artículo 140, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008 en la redacción dada por Artículo 1, Ley N° 19.181, de 29 de diciembre de 2013.
Artículo 221°.- (Fallecimiento del socio).-
1) En caso de fallecimiento del socio, los herederos podrán optar por continuar en el uso y goce de la vivienda, en cuyo caso subrogarán al causante en todos sus derechos y obligaciones, debiendo designar a uno de ellos como socio titular o por retirarse de la cooperativa, recibiendo el valor de sus partes sociales. Este criterio se aplicará también en caso de fallecimiento de uno de los socios que ejerzan la situación de titularidad compartida, sin perjuicio de las compensaciones que correspondieran al cotitular.
Cuando los herederos optaren por continuar en el uso de la vivienda, el valor patrimonial de la misma estará exento de todo impuesto nacional.
2) En caso de disolución de matrimonio, o de la unión concubinaria reconocida judicialmente, o de la disolución de la unión concubinaria sin declaración judicial de reconocimiento, tendrá preferencia para continuar en el uso y goce de la vivienda, aquel cónyuge o concubino que conserve la tenencia de los hijos, sin perjuicio de las compensaciones que correspondieren.
3) En caso de situaciones de violencia doméstica o de género, y en general toda violencia que pueda causar daño físico, psicológico o patrimonial a uno o más integrantes del núcleo familiar, tendrá preferencia para continuar en el uso y goce de la vivienda, el o los integrantes que no causaron la agresión.
La adopción de medidas cautelares por parte de la autoridad competente respecto a un socio titular único o con titularidad compartida, significará para el mismo, la suspensión de los derechos de socio por el plazo de las mencionadas medidas cautelares.
Será causal de expulsión de un socio titular único o de titularidad compartida los casos de violencia doméstica o de género, en que se haya producido lesiones graves, tentativa de homicidio, homicidio, tentativa de femicidio, sin perjuicio de las compensaciones por concepto de capital social que correspondieran.
En todo caso se estará a lo que resuelva por sentencia firme el juzgado competente y la reglamentación correspondiente.
Fuente: Artículo 141, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008 en el texto dado por Artículo 2, Ley N° 19.837 de 27 de setiembre de 2019
Artículo 222°.- (Aportes).- En caso que la cooperativa mantenga deudas por concepto de préstamos para la constitución de sus fines, durante el plazo de su amortización los socios aportarán mensualmente, las cuotas correspondientes a la amortización de la vivienda actualizadas en la moneda del préstamo, debiéndose, en forma preceptiva, capitalizar a cada socio lo abonado por concepto de amortización destinado a pago de capital. Los socios aportarán igualmente, en forma mensual, una suma adicional destinada a constituir los fondos de: administración y demás servicios que suministre la cooperativa a los usuarios, de mantenimiento y conservación de las viviendas y los usuarios, de mantenimiento y conservación de las viviendas y de educación cooperativa. Esta suma adicional no integra la parte social y, en consecuencia, no es reintegrable. El atraso reiterado en el pago de estos fondos, será considerado causal suficiente para la exclusión del socio o la promoción de juicio de rescisión del documento de uso y goce, según corresponda
Fuente: Artículo 142, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008 en la redacción dada por Artículo 4, Ley N° 19.591, de 28 de diciembre de 2017
Artículo 223°.- (Obligaciones de la cooperativa).- La cooperativa pondrá a los socios en posesión material de sus respectivas unidades de vivienda adjudicadas, los mantendrá en el ejercicio de sus derechos, los defenderá en las posibles perturbaciones de los terceros y pagará los préstamos, intereses, contribuciones, reparaciones y demás obligaciones y servicios comunes, de acuerdo a lo previsto en la presente Ley y las disposiciones reglamentarias correspondientes.
Fuente: Artículo 143, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 224°.- (Reparaciones y exoneración).- Serán de cargo de la cooperativa todas aquellas reparaciones que derivan del uso normal de la vivienda y no se producen por culpa del usuario.
Las viviendas de interés social que, según el régimen de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968, se otorguen en uso y goce a los socios de cooperativas gremiales o locales, no pagarán impuesto alguno que grave la propiedad del inmueble.
Fuente: Artículo 144, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008 en la redacción dada por Artículo 5, Ley N° 19.591, de 28 de diciembre de 2017.
Artículo 225°.- (Normas supletorias).- Para regular las relaciones entre la cooperativa y los usuarios se aplicarán en todo lo que no se oponga a la presente Ley, las disposiciones del Código Civil relativas al arrendamiento.
Fuente: Artículo 145, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Sección IV
De los propietarios
Artículo 226°.- (Retención de la propiedad).- En las unidades cooperativas de propietarios, la cooperativa podrá retener la propiedad de las viviendas mientras dure la amortización de los créditos si así lo establecen los estatutos. En ese caso, los futuros propietarios regularán sus relaciones con la cooperativa por las normas establecidas en este capítulo en lo que les fuere aplicable, pero sin los beneficios que otorga el inciso segundo del artículo 144 de la presente Ley.
Las cooperativas de propietarios efectuarán la novación del crédito hipotecario, previa Asamblea con mayoría calificada de 2/3 (dos tercios) de los socios y hasta ese momento se regirán, igualmente que en el inciso anterior, por las disposiciones que regulan a las cooperativas de usuarios.
A partir del momento en que se efectúe la novación del préstamo hipotecario, los socios podrán o no continuar integrando la cooperativa, según lo establezcan sus estatutos, pero serán deudores directos por los créditos hipotecarios que se les hubieren otorgado.
Fuente: Artículo 146, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 227°.- (Indisponibilidad).- Los propietarios deberán destinar la vivienda para residencia propia y de su familia y no podrán arrendarla o enajenarla, salvo con causa justificada y previa autorización del organismo financiador. Las operaciones realizadas en contravención de esta disposición serán ineficaces y pasibles de las multas previstas en el artículo 46 de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
Fuente: Artículo 147, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008
(Nota: el artículo 46 de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968 es el Artículo 41 del presente Texto Ordenado).
Sección V
De las cooperativas matrices de vivienda
Artículo 228°.- (Definición).- Son cooperativas matrices de vivienda aquellas que reciben en forma abierta la inscripción de socios mediante un compromiso de aportes sistemáticos de ahorro y con la finalidad de asistirlos en la organización de unidades cooperativas de vivienda, en la decisión y realización de sus programas de obtención de créditos, adquisición de terrenos, proyectos, construcción y adjudicación de viviendas y ejercer las funciones que en ellas deleguen, a esos fines, las unidades cooperativas filiales.
Fuente: Artículo 148, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 229°.- (Ámbito).- Las cooperativas matrices de vivienda actuarán limitadas a un gremio o a un ámbito territorial determinado y se denominarán, respectivamente, gremiales o locales.
La reglamentación determinará las condiciones que deberán reunir los grupos gremiales o locales para ser considerados tales a los efectos de la presente Ley.
Fuente: Artículo 149, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 230°.- (Socios sin vivienda).- Las cooperativas matrices de vivienda no podrán superar el número de mil socios sin vivienda adjudicada, salvo que la Dirección Nacional de Vivienda lo autorice en consideración al interés general y siempre que se encuentren garantizados los derechos de los socios.
Fuente: Artículo 150, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 231°.- (Criterios).- La reglamentación fijará los criterios generales que regularán el derecho de los socios a recibir viviendas. Estos criterios deberán tener en cuenta por lo menos, la antigüedad del socio, su cumplimiento de las obligaciones de tal, sus cargas familiares y su situación habitacional.
Fuente: Artículo 151, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 232°.- (Unidades cooperativas).- Por cada inmueble o conjunto habitacional cuya construcción decida, la cooperativa matriz deberá organizar con los destinatarios de las viviendas una unidad cooperativa.
Estas unidades cooperativas permanecerán ligadas a la cooperativa matriz en calidad de filiales por lo menos hasta que hayan adjudicado definitivamente las viviendas y cancelado sus deudas con la misma.
Entretanto la cooperativa matriz estará obligada a prestarles asistencia técnica y financiera y tendrá sobre ellas el contralor que la reglamentación establezca.
Fuente: Artículo 152, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 233°.- (Proyecto urbanístico y edilicio).- Las cooperativas matrices en caso de promover grandes conjuntos habitacionales, deberán establecer un proyecto urbanístico y edilicio de conjunto.
Los lineamientos generales de estos proyectos deberán ser respetados por las unidades cooperativas filiales.
Fuente: Artículo 153, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 234°.- (Licitaciones).- Las cooperativas matrices de vivienda podrán participaren licitaciones y llamados de presentación de propuestas que realice el sistema público en representación de sus unidades cooperativas, debiendo cumplir con todas las condiciones establecidas por el artículo 134 de la presente Ley.
Fuente: Artículo 154, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008
Artículo 235°.- (Elecciones).- En la elección de autoridades participarán solamente los socios que aún no tengan vivienda adjudicada, pero podrán ser electos para los cargos directivos todos los socios que permanezcan vinculados a la cooperativa, directamente o a través de las unidades cooperativas filiales.
Fuente: Artículo 155, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008
Sección VI
De los institutos de asistencia técnica
Artículo 236°.- (Definición).- Son institutos de asistencia técnica aquellos destinados a proporcionar al costo servicios jurídicos, de educación cooperativa, financieros, económicos y sociales a las cooperativas y otras entidades sin fines de lucro, pudiendo incluir también los servicios técnicos de proyecto y dirección de obras.
Fuente: Artículo 156, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008-
Artículo 237°.- (Personería y forma).- Estos institutos deberán obtener la personería jurídica y constituirse bajo una modalidad societaria, cooperativa o asociativa.
Fuente: Artículo 157, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 238°.- (Estatutos).- Los estatutos de estos institutos establecerán necesariamente:
A) Denominación y domicilio.
B) Servicios que prestan a las cooperativas.
C) Organización interna.
Fuente: Artículo 158, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008
Artículo 239°.- (Costos máximos).- La reglamentación determinará.- los costos máximos de los servicios que proporcionan los institutos de asistencia técnica, no pudiendo sobrepasar en ningún caso el 7% (siete por ciento) del valor total de las obras en caso de proporcionarse la totalidad de los servicios indicados en el artículo 156 de la presente Ley.
Fuente: Artículo 159, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 240°.- (Excedentes).- Los institutos de asistencia técnica no podrán distribuir excedentes si los obtuvieran, debiendo emplearlos exclusivamente en la realización de su objeto social. Todas las retribuciones que paguen estarán sujetas a la reglamentación y control de la Dirección Nacional de Vivienda.
Fuente: Artículo 160, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 241°.- El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente tendrá las más amplias facultades de investigación sobre la actuación de los institutos de asistencia técnica, pudiendo disponer la inhabilitación para la suscripción de nuevos contratos, la suspensión de su personería jurídica por un plazo que no podrá exceder de un año, así como el retiro de la misma, en los casos en que se constate alguna de las siguientes causales:
A) Por exceder los topes fijados legalmente en la percepción de las retribuciones de sus servicios.
B) Por insolvencia técnica determinada por técnicos de dicho Ministerio.
C) Por realizar o respaldar actividades contrarias a la finalidad cooperativa o actuar en cualquier forma al servicio de terceros, en perjuicio del interés de las cooperativas asistidas.
D) Por omisiones incurridas en el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la reglamentación a los servicios que obligatoriamente deben prestar a las cooperativas que contraten sus servicios.
E) Por no presentar la documentación que le sea requerida por el citado Ministerio, en los plazos que éste determine, siempre que tenga relación con la competencia legal del mismo, o por presentar la documentación contable sin cumplir con las normas legales o reglamentarias correspondientes.
El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente podrá aplicar multas a los citados institutos, cuando se comprueben apartamientos a las normas que regulan su actuación, las que, en función de la gravedad de los mismos, no podrán ser inferiores a 10 UR (diez unidades reajustables) ni mayores a 1.500 UR (mil quinientas unidades reajustables).
Los socios, directores y administradores de los institutos de asistencia técnica sancionados, así como a los técnicos que hubieren tenido intervención directa en los hechos objeto de sanción, serán solidariamente responsables en el pago de las multas. El Ministerio podrá compensar el monto de las mismas, con honorarios profesionales que el instituto sancionado tuviera para percibir.
Sin perjuicio de lo expuesto, el Ministerio podrá disponer la inhabilitación de los socios, directores, administradores y técnicos referidos, quienes, en tal caso, no podrán intervenir en ningún otro instituto de igual naturaleza.
Si la sanción aplicada al instituto fuera únicamente una multa, la inhabilitación referida en el inciso anterior finalizará con el pago de la multa.
En los casos de inhabilitación del instituto o de suspensión de su personería jurídica, la inhabilitación de los socios, directores, administradores y técnicos tendrá igual duración que estas sanciones.
Cuando se constatare que las mismas personas físicas participaren en reiteradas infracciones a las normas vigentes, en uno o varios institutos de asistencia técnica, el citado Ministerio podrá disponer su inhabilitación hasta un máximo de cinco años.
El Ministerio o la Dirección Nacional de Vivienda podrán requerir a los institutos la presentación de cualquier clase de documentación referida al cumplimiento de sus cometidos y la lista debidamente actualizada de sus técnicos. El incumplimiento de ello habilitará la aplicación de sanciones pecuniarias.
En los casos que, en ejercicio de las atribuciones conferidas en este artículo, se dispusiera la suspensión o el retiro de la personería jurídica de un instituto de asistencia técnica, el Ministerio deberá remitir testimonio del acto administrativo al Registro Público correspondiente, que procederá a su inscripción sin más trámite, con independencia de la modalidad societaria con que se hubiera constituido el instituto.
Lo dispuesto en el inciso anterior también será de aplicación a los actos administrativos dictados por dicho Ministerio con anterioridad a la vigencia de la presente Ley.
Derógase el artículo 394 de la Ley N° 18.362, de 6 de octubre de 2008"
Fuente: Artículo 161, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008 en la redacción dada por Artículo 157, Ley N° 19.535 de 25 de setiembre de 2017-
TITULO III

CAPITULO I
DE LA PROMOCION DE LAS COOPERATIVAS

Sección I
Compromiso, forma jurídica, competencias y relacionamiento con el Poder Ejecutivo

Artículo 242°.- (Promoción).- El Estado promoverá la aprobación de políticas públicas orientadas al sector cooperativo y de la economía social en general, facilitará el acceso a fuentes de financiamiento públicas y privadas y brindarán el apoyo de sus diferentes Ministerios y áreas en todo programa que sea compatible con los contenidos en los planes de desarrollo cooperativo.
Fuente: Artículo 185, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008
Artículo 243°.- (Creación del Instituto Nacional del Cooperativismo).- Créase el Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP) como persona jurídica de derecho público no estatal, con domicilio en el departamento de Montevideo, para la proposición, asesoramiento y ejecución de la política nacional del cooperativismo.
El INACOOP se vinculará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Fuente: Artículo 186, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008
Artículo 244°.- (Cometidos).- El Instituto que se crea, para el cumplimiento del fin expuesto, tendrá como objetivo, promover el desarrollo económico, social y cultural del sector cooperativo y su inserción en el desarrollo del país.
El Instituto Nacional del Cooperativismo tendrá, en la materia de su competencia, todos los cometidos conducentes al cumplimiento de sus objetivos en relación al sector cooperativo y especialmente los siguientes:
A) Proponer políticas públicas y sectoriales y asesorar preceptivamente a los poderes públicos en la materia cooperativa.
B) Promover y promocionar el cumplimiento de los valores y principios cooperativos.
C) Formular los planes de desarrollo cooperativo a nivel nacional y realizar las evaluaciones de los resultados obtenidos de su aplicación.
D) Coordinar la formulación, articulación y ejecución de los programas del Plan Nacional de Desarrollo Cooperativo, con aquellos de las unidades ejecutoras de los diferentes Ministerios y entidades públicas que tengan alcance y/o incidencia sobre el sector.
E) Preparar, organizar y administrar programas, recursos e instrumentos para la promoción y el fomento del desarrollo del sector cooperativo.
F) Definir políticas y formular programas de formación para la generación de capacidades de dirección y administración económica-financiera y de gestión social de las cooperativas.
G) Definir, coordinar e implementar estudios de investigación, creando un sistema nacional de información público sobre el sector cooperativo.
H) Realizar la evaluación de la incidencia de la gestión de las cooperativas en la economía y la sociedad.
I) Promover la enseñanza del cooperativismo en todos los niveles de la educación pública y privada.
J) Promover la investigación en materia cooperativa, la formación y la capacitación de los cooperativistas.
K) Promover procesos asociativos, integradores y participativos en las cooperativas, entre ellas y en sus organizaciones superiores.
L) Comunicar e informar públicamente sobre la temática cooperativa.
M) Impulsar el estudio y la investigación de otras formas de la economía social y solidaria y realizar propuestas sobre su alcance y regulación, de modo de favorecer la formación de un marco jurídico que facilite su desarrollo y promoción.
N) Administrar, directamente o por intermedio de un fiduciario financiero profesional, como uno o varios patrimonios de afectación independiente, fondos que se constituyan de acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la Ley N° 18.716, de 24 de diciembre de 2010
Fuente: Artículo 187, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008. Literal N agregado por Artículo 11, Ley N° 19.337 de 20 de agosto de 2015
Artículo 245°.- (Atribuciones).- Son atribuciones específicas del Instituto Nacional del Cooperativismo, sin perjuicio de las que le correspondan de acuerdo a su estatuto legal, las siguientes:
A) Relacionarse con los poderes públicos, órganos del artículo 220 de la Constitución de la República, demás empresas del dominio comercial e industrial del Estado y empresas, personas y organizaciones del sector cooperativo y privado en general, a fin de dar cumplimiento a sus cometidos.
B) Coordinar con las empresas y organizaciones del sector cooperativo y con las dependencias públicas y, en general, con las personas y entidades involucradas, la implementación de los programas y planes de desarrollo cooperativo.
C) Asumir, cuando corresponda, la representación estatal ante instancias e instituciones nacionales e internacionales del sector cooperativo y de la economía social.
D) Comunicar e informar sobre los temas cooperativos vinculados a sugestión.
E) Establecer relaciones de cooperación recíproca y convenios con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, así como con organismos internacionales o regionales.
F) Requerir información periódica y sistemática a las cooperativas y entidades de la economía social.
Fuente: Artículo 188. Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008
Sección II
Naturaleza y fiscalización
Artículo 246.- (Personería jurídica y exoneraciones tributarias).- El Instituto Nacional del Cooperativismo, de acuerdo a su naturaleza jurídica de entidad pública no estatal, está dotado de personería jurídica.
Estará exonerado de todo tipo de tributos, con excepción de los aportes al Fondo Nacional de Salud y los aportes jubilatorios patronales y en lo no previsto especialmente en la presente Ley, su régimen de funcionamiento será el de la actividad privada, especialmente en cuanto al régimen de contabilidad, estatuto laboral y contratos que celebre.
Fuente: Artículo 189. Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 247°.- (Bienes inembargables).- Los bienes del Instituto Nacional del Cooperativismo son inembargables y sus créditos, cualquiera fuera su origen, gozan del privilegio establecido en el numeral 6° del artículo 1732 del Código de Comercio.
Fuente: Artículo 190. Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 248°.- (Control sobre el Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP)).- El INACOOP estará sometido al control de la Auditoría Interna de la Nación y del Tribunal de Cuentas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 199 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996, en la redacción dada por el artículo 146 de la Ley N° 18.046, de 24 de octubre de 2006.
Fuente: Artículo 191. Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 249°.- (Recursos contra las resoluciones del INACOOP).- Contra las resoluciones del Directorio procederá el recurso de reposición, que deberá interponerse dentro de los diez días hábiles contados a partir del siguiente a la notificación del acto al interesado.
El Directorio dispondrá de treinta días hábiles para instruir y resolver el asunto y se configurará denegatoria ficta por la sola circunstancia de no dictarse resolución dentro de dicho plazo.
Denegado el recurso de reposición el recurrente podrá interponer, únicamente por razones de juridicidad, demanda de anulación del acto impugnado ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de turno a la fecha en que dicho acto fue dictado.
La interposición de esta demanda deberá hacerse dentro del término de veinte días de notificada la denegatoria expresa o, en su defecto, del momento en que se configure la denegatoria ficta. La demanda de anulación sólo podrá ser interpuesta por el titular de un derecho subjetivo o de un interés directo, personal y legítimo, violado o lesionado por el acto impugnado.
La sentencia del Tribunal no admitirá recurso alguno.
Cuando la resolución emanare de la Dirección Ejecutiva, conjunta o subsidiariamente con el recurso de reposición, podrá interponerse el recurso jerárquico para ante el Directorio. Este recurso de reposición deberá interponerse y resolverse en los plazos previstos en el inciso segundo, el que también regirá en lo pertinente para la resolución del recurso jerárquico y para el posterior contralor jurisdiccional.
Fuente: Artículo 192. Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008
Sección III
Organización y funcionamiento
Artículo 250°.- (Estructura e integración). Los órganos del Instituto Nacional del Cooperativismo serán el Directorio, la Dirección Ejecutiva, el Consejo Consultivo del Cooperativismo y la Junta Directiva del FONDES INACOOP.
Fuente: Artículo 193, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008 en la redacción dada por Artículo 12, Ley N° 19.337 de 20 de agosto de 2015
Artículo 251°.- (Dirección y administración).- El Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP) será dirigido y administrado por un Directorio de cinco miembros, integrado por tres delegados del Poder Ejecutivo, uno de los cuales actuará en calidad de Presidente y otro en calidad de Vicepresidente, y dos delegados del sector cooperativo.
Los delegados representantes del sector cooperativo serán designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (CUDECOOP), de una nómina de seis personas.
El Poder Ejecutivo procederá a designar de oficio los representantes del sector cooperativo cuando no se hubiera formalizado la proposición de los delegados dentro del plazo de treinta días desde su requerimiento.
La compensación por las actividades de los Directores será determinada de acuerdo a la reglamentación que dictará el Poder Ejecutivo.
La duración del mandato de los miembros del Directorio será de dos años, pudiendo ser reelectos por dos periodos más. Los delegados del Poder Ejecutivo podrán ser sustituidos de oficio y los delegados del sector cooperativo a iniciativa de la entidad proponente y, en ambos casos, con expresión de la causa que motiva la medida.
Cada miembro del INACOOP tendrá su correspondiente alterno que será designado por el Poder Ejecutivo. La reglamentación determinará el régimen de suplencias a aplicarse.
Los miembros salientes permanecerán en sus funciones hasta que asuman los nuevos miembros designados.
Fuente: Artículo 194. Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008
Artículo 252°.- (Atribuciones del Directorio).- Compete al Directorio:
A) Actuar como órgano de dirección del Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP), ejerciendo las competencias que se atribuyen al mismo por la presente Ley, salvo las excepciones que se determinan expresamente.
B) Vigilar el cumplimiento de la presente Ley y las normas reglamentarias que rijan la materia, pudiendo proponer al Poder Ejecutivo las medidas u observaciones que estime del caso.
C) Reglamentar los servicios, competencias y funciones respecto del personal y de los recursos materiales del INACOOP.
D) Mantener relaciones con autoridades públicas nacionales y extranjeras, entidades privadas y particulares, pudiendo a tal efecto otorgar mandatos generales y especiales.
E) Aprobar su presupuesto y elevarlo al Poder Ejecutivo para su conocimiento, conjuntamente con el plan de actividades.
F) Aprobar los planes, programas y los proyectos especiales.
G) Elevar la memoria y el balance anual del Instituto.
H) Adquirir, gravar y enajenar toda clase de bienes.
I) Delegar las atribuciones que estime pertinentes mediante resolución fundada y por mayoría de sus miembros.
J) Aprobar el reglamento de su propio funcionamiento.
K) En general, pronunciarse con respecto a los temas y puntos que someta a su consideración el Poder Ejecutivo y todo otro órgano de gobierno, así como realizar todos los actos civiles y comerciales, dictar los actos de administración interna y realizar las operaciones materiales inherentes a sus poderes generales de administración, con arreglo a los cometidos y especialización del Instituto.
L) Promover la creación de mesas departamentales de cooperativismo a nivel nacional.
En los casos previstos en los literales E), F) y H), en este último caso cuando se trate de bienes inmuebles, se deberán adoptar las resoluciones por mayoría especial de por lo menos cuatro miembros.
Fuente: Artículo 195. Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 253°.- (Atribuciones del Presidente).- Compete al Presidente:
A) Presidir y convocar al Directorio y ejercer la representación del INACOOP tanto en el interior como en el exterior de la República.
B) Cumplir y hacer cumplir las normas vigentes en la materia de competencia del Instituto.
Fuente: Artículo 196. Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008
Artículo 254°.- (Ausencia del Presidente).- En caso de ausencia o impedimento del Presidente del INACOOP, sus funciones serán ejercidas interinamente por el Vicepresidente.
Fuente: Artículo 197, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 255°.- (Director Ejecutivo).- Habrá un Director Ejecutivo cuya designación deberá recaer sobre aquella persona que demuestre tener una sólida formación en las materias propias del Instituto, según proceso de selección que a tales efectos dicte el Directorio. La designación requiere una mayoría especial de cuatro votos del Directorio.
El Director Ejecutivo asistirá a las sesiones del Directorio con voz y sin voto.
Fuente: Artículo 198, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 256°.- (Atribuciones del Director Ejecutivo).- El Director Ejecutivo tendrá las siguientes atribuciones:
A) Ejecutar los planes, programas y resoluciones aprobados por el Directorio.
B) Realizar todas las tareas inherentes a la administración del personal y a la organización interna del Instituto.
C) Promover el establecimiento de relaciones con entidades nacionales e internacionales, a fin de facilitar el cumplimiento de los cometidos del Instituto.
D) Promover el fortalecimiento de la cooperación técnica internacional con especial énfasis en la coordinación con institutos de otros países.
E) Toda otra que el Directorio le encomiende o delegue.
Fuente: Artículo 199, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 257°.- (Consejo Consultivo del Cooperativismo).- El Consejo Consultivo del Cooperativismo estará integrado por representantes, de carácter honorario, de cada una de las clases de cooperativas previstas en la presente Ley. Asimismo, lo integrarán dos representantes de la Universidad de la República y dos de la Administración Nacional de Educación Pública.
La reglamentación de la presente Ley determinará cuántos representantes por cada modalidad integrarán el Consejo Consultivo, como así también podrá ampliar su integración con representantes de otras modalidades y organizaciones representativas del sector cooperativo.
El Consejo podrá ser convocado tanto a solicitud del Directorio como a solicitud de cinco de sus miembros.
Fuente: Artículo 200, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008
Artículo 258°.- (Atribuciones del Consejo Consultivo del Cooperativismo).- El Consejo Consultivo del Cooperativismo será un órgano de consulta del Instituto y actuará:
A) Asesorando en la elaboración del Reglamento General del Instituto.
B) Asesorando en la elaboración de los planes y programas.
C) Asesorando en todo aquello que el Directorio le solicite.
D) Opinando en toda otra cuestión relacionada con el cooperativismo y la economía social cuando lo estime conveniente.
E) En la reglamentación de su propio funcionamiento
Fuente: Artículo 201, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008
Sección IV
Régimen financiero
Artículo 259°.- (Fuentes de financiamiento).- El INACOOP dispondrá para su funcionamiento y desarrollo de sus diversos programas y planes, de los siguientes recursos:
A) Los ingresos provenientes de la prestación coactiva establecida en el artículo 204 de la presente Ley.
B) Una partida transitoria con cargo a Rentas Generales de 10.000.000 UI (diez millones de unidades indexadas) anuales para los ejercicios 2009 y 2010.
C) En los siguientes años las partidas presupuestales que se le deberán asignar en las leyes correspondientes.
D) Los provenientes de la asistencia de la cooperación internacional.
E) Las donaciones, legados u otros recursos análogos que se reciban.
F) La totalidad de ingresos que obtenga por la prestación de sus servicios y cualquier otro financiamiento, que reciba para cumplir los programas de su competencia.
G) El remanente de la liquidación de entidades cooperativas de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 97 de la presente Ley.
Fuente: Artículo 202, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008-
Artículo 260°.- (Balance auditado).- El Instituto publicará anualmente un balance auditado externamente y con el dictamen del Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de la presentación periódica de otros estados que reflejen claramente su actuación financiera.
Fuente: Artículo 203, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 261°.- (Prestación coactiva para la promoción, desarrollo y educación cooperativa).- Créase una prestación coactiva anual destinada a la promoción, desarrollo y educación cooperativa, la que se regirá por lo dispuesto en el artículo siguiente.
Fuente: Artículo 204, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 262°.- (Estructura de la prestación coactiva para la promoción, desarrollo y educación cooperativa).- Establécese la siguiente estructura para la prestación creada por el artículo 204:
1) Hecho generador: Constituye hecho generador el desarrollo de las actividades propias de las cooperativas en el ámbito de su naturaleza específica. El hecho generador se considerará configurado al cierre del ejercicio económico de la cooperativa.
2) Período de liquidación: El período de liquidación será anual, salvo en el caso de que la cooperativa inicie actividades o cambie su fecha de cierre de ejercicio económico. En el primer período de vigencia de la prestación, la liquidación se realizará considerando el período comprendido entre el primer día del mes siguiente al de la promulgación de la presente Ley y el cierre del ejercicio económico.
3) Sujeto activo: Será sujeto activo el Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP) quien podrá celebrar convenios de recaudación con organismos públicos y privados.
4) Sujetos pasivos: Serán contribuyentes de la prestación las cooperativas de primer, segundo o ulterior grado que operen en el país. Facúltase al Poder Ejecutivo a designar agentes de retención y percepción, responsables por obligaciones tributarias de terceros y responsables sustitutos en relación a la prestación.
5) Monto imponible de las cooperativas en general: Para las cooperativas en general, excluidas las de vivienda, el monto imponible estará constituido por el total de los ingresos del ejercicio, originados en las enajenaciones de bienes y prestaciones de servicios. A tal fin, se excluirá del cálculo de la base imponible el Impuesto al Valor Agregado y los ingresos provenientes de enajenaciones de bienes y prestaciones de servicios a otras cooperativas.
6) Monto imponible de las cooperativas de vivienda: El monto imponible de las cooperativas de vivienda se establecerá en función del número de socios cooperativistas y de la clase de cooperativas de que se trate, de acuerdo con los artículos 128 a 130 de la presente Ley, según el siguiente detalle: El monto imponible sobre el que se aplicará la alícuota prevista en el numeral 7) del presente artículo será para cooperativas de usuarios, 100 UR (cien unidades reajustables) por socio; para cooperativas de propietarios, 200 UR (doscientas unidades reajustables) por socio.
7) Tasa: La alícuota de la prestación será en todos los casos del 0,15% (cero con quince por ciento).
8) Monto máximo: El monto máximo de la prestación correspondiente a cada cooperativa no podrá exceder las 200.000 UI (doscientas mil unidades indexadas), a la cotización del cierre del ejercicio.
9) Exoneraciones: Estarán exoneradas de la prestación:
A) Las cooperativas sociales.
B) Las cooperativas cuyos ingresos comprendidos en el numeral 5) del presente artículo no superen en el ejercicio las 500.000 UI (quinientas mil unidades indexadas), a la cotización de cierre del mismo.
C) Las cooperativas de trabajo en las que el monto imponible para la liquidación de las contribuciones especiales de seguridad social correspondientes a los socios superen en el ejercicio el 70% (setenta por ciento) de los ingresos a que refiere el numeral 5) y cumplan con la condición de que los salarios y demás prestaciones que la cooperativa pague no sean superiores a los establecidos por los laudos de la rama respectiva.
D) Las cooperativas de trabajo, siempre que hayan surgido como consecuencia de un proceso de liquidación, moratoria, cesación de pagos o situación similar de la empresa titular anterior de la unidad productiva. Esta exoneración regirá por un plazo de cinco años a partir de que la cooperativa comience a producir.
E) Las cooperativas de segundo o ulterior grado que tengan fines y actividad gremial o de representación.
F) Las cooperativas de vivienda antes de ser habitadas por los socios.
10) Liquidación y pago: La prestación se liquidará anualmente, en las condiciones que establezca el sujeto activo, el que queda facultado para establecer pagos a cuenta de la misma.
11) Deducción: Del monto de la prestación a pagar el contribuyente podrá deducir los costos correspondientes a afiliaciones a entidades cooperativas de grado superior de carácter gremial que posean personería jurídica, y los servicios que estas entidades le presten, hasta un máximo del 15% (quince por ciento) del total de la prestación
Fuente: Artículo 205, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008 en la redacción dada por Artículo 1, Ley N° 19.181, de 29 de diciembre de 2013.
Nota: el artículo 204 mencionado en la norma, corresponde al artículo 261 del presente texto ordenado. Los artículos 128 a 130 mencionados en la norma, corresponden a los artículos 208 a 210 del presente texto ordenado
Artículo 263°.- (Certificado de cumplimiento de la prestación coactiva).- Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer un régimen de certificado de cumplimiento de la prestación coactiva creada por el artículo 204 de la presente Ley. Dicho certificado será emitido por el INACOOP y deberá ser presentado ante la Auditoria Interna de la Nación.
La reglamentación podrá establecer que la presentación de dicho certificado ante la Auditoría Interna de la Nación integre el conjunto de obligaciones a que refiere el artículo 213 de la presente Ley.
Fuente: Artículo 206, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008
Artículo 264°.- La prestación coactiva creada por el artículo 204 de la presente Ley queda excluida de las exoneraciones tributarias genéricas o específicas de que gozan las cooperativas y será de aplicación en todos los casos.
Fuente: Artículo 207, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008
Nota: el artículo 204 mencionado en la norma, corresponde al artículo 317 del presente texto ordenado
Artículo 265°.- (Prestación coactiva).- En todo lo no previsto en la presente Ley para la prestación coactiva creada por el artículo 204, se aplicará lo establecido en el Código Tributario en lo pertinente.
Fuente: Artículo 208, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008
Nota: el artículo 204 mencionado en la norma, corresponde al artículo 261 del presente texto ordenado
Artículo 266°.- (Fondo Rotatorio Especial).- Créase el Fondo Rotatorio Especial (FRECOOP) cuyo destino será el apoyo financiero al desarrollo de cooperativas, cualquiera sea su clase y grado, mediante la asistencia directa, la cofinanciación con otras instituciones o la participación en el desarrollo de instrumentos financieros. Este Fondo se integrará con los siguientes recursos:
A) Las partidas presupuestales que se le asignen y los excedentes de la ejecución presupuestal de las mismas.
B) Los aportes que con tal fin se obtengan de cualquier fuente.
C) Los importes pagados por las cooperativas por concepto de reintegro del capital y sus intereses de los préstamos otorgados por dicho Fondo. El Instituto Nacional del Cooperativismo será quien administrará este Fondo y establecerá los criterios y prioridades de acuerdo a los cuales se asignarán los recursos de financiamiento a los diferentes proyectos y actividades".
Fuente: Artículo 209, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008 en la redacción dada por Artículo 1, Ley N° 19.181, de 29 de diciembre de 2013
Artículo 267°.- (Fondo de Fomento del Cooperativismo).- Créase el Fondo de Fomento del Cooperativismo (FOMCOOP), cuya finalidad es el financiamiento de proyectos de actividades de formación, capacitación, promoción y difusión de los principios y valores del cooperativismo y de gestión de entidades cooperativas.
Este Fondo se integrará con los siguientes recursos:
A) Las partidas presupuéstales que se le asignen y los excedentes de la ejecución presupuestal de las mismas.
B) Los aportes que con tal fin se obtengan de cualquier fuente.
C) Los remanentes de las liquidaciones de las cooperativas, luego de cumplir con las disposiciones legales y estatutarias.
El INACOOP será quien administrará el FOMCOOP y establecerá, en función del programa anual de las actividades que financie este Fondo, los criterios y prioridades de acuerdo a los cuales se asignarán los recursos de financiamiento a los diferentes proyectos y actividades.
Fuente: Artículo 210, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008
CAPITULO II
CONTROL ESTATAL DE LAS COOPERATIVAS
Artículo 268°.- (Autoridades de control).- La fiscalización sobre las cooperativas estará a cargo de la Auditoría Interna de la Nación, excepto respecto de las cooperativas sociales que serán controladas por el Ministerio de Desarrollo Social y de las cooperativas de vivienda que serán controladas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, de acuerdo con las especificaciones establecidas en los incisos segundo y tercero de este artículo, respectivamente. Sin perjuicio de las atribuciones y cometidos asignados al Ministerio de Desarrollo Social en relación a las cooperativas sociales, la Auditoría Interna de la Nación podrá establecer criterios técnicos de contralor y, cuando así lo solicite el mencionado Ministerio, ejercerá funciones de fiscalización en esas cooperativas. Asimismo, en el caso de las cooperativas de vivienda, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente tendrá las atribuciones de fiscalización establecidas en el artículo 212 de esta Ley, excepto los numerales 3), 4) y 5), que seguirán siendo atribuciones exclusivas de la Auditoría Interna de la Nación, sin perjuicio de las obligaciones de publicar y comunicar, establecidas en los numerales 8) y 9) del mismo artículo, que alcanzarán a la Auditoría Interna de la Nación y al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, indistintamente según corresponda".
Fuente: Artículo 211, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008 en la redacción dada por Artículo 1, Ley N° 19.181, de 29 de diciembre de 2013
(Nota: el artículo 212 mencionado en la norma, corresponde al artículo 269 del presente texto ordenado).
Artículo 269°.- (Atribuciones de las autoridades de control).- A los efectos del cumplimiento de los cometidos de fiscalización sobre las entidades cooperativas, la Auditoría Interna de la Nación, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, en su caso, tendrán las siguientes atribuciones:
1) Convocar a las cooperativas a inscribirse en el plazo y con los recaudos que ella determine.
2) Ejercer el control del cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias y la fiscalización de las Asambleas que realicen las cooperativas.
3) Realizar las auditorías sobre los estados contables de acuerdo con las disposiciones vigentes.
4) Visar los estados contables de las cooperativas con el alcance y procedimientos que la reglamentación determine.
5) Fijar los planes de cuenta y los formatos de presentación de los estados contables, notas y anexos.
6) Expedir el certificado de situación regular de cumplimiento de obligaciones con el organismo de contralor.
7) Solicitar al Juez competente:
A) La suspensión de las resoluciones de los órganos sociales contrarias a la normativa vigente al estatuto o al reglamento de la cooperativa.
B) La intervención judicial de su administración en los casos de violación de la normativa vigente o del estatuto social según determine la reglamentación.
C) Su disolución y liquidación cuando se compruebe fehacientemente la producción de una causal de disolución y la cooperativa no la haya promovido o cuando se comprueben actos ilícitos, incumplimientos u omisiones graves de lo dispuesto por la presente Ley, por el estatuto o por el reglamento.
8) Publicar las resoluciones sobre el resultado de sus actuaciones en las cooperativas en la página institucional.
9) Remitir al Instituto Nacional del Cooperativismo, a la Dirección General Impositiva, al Área Defensa del Consumidor de la Dirección General de Comercio, al Banco de Previsión Social y al Banco Central del Uruguay toda información relevante que implique una presunción de actos ilícitos o contrarios a lo dispuesto en la normativa vigente.
10) Aplicar sanciones administrativas de observación, apercibimiento con publicación, multa e inhabilitación del régimen de retenciones a las cooperativas, en caso de violación de la normativa vigente, del estatuto o del reglamento de la cooperativa. La reglamentación deberá tipificar las infracciones que darán mérito a la aplicación de las sanciones, así como la entidad y monto de estas últimas. El monto de las multas deberá graduarse de acuerdo a la entidad y a la reiteración de la infracción y su máximo no podrá superar el importe equivalente a 10.000 UR (diez mil unidades reajustables).
Las resoluciones firmes dictadas por la Auditoría Interna de la Nación, que impongan las multas a las cooperativas, tendrán carácter de título ejecutivo, confiriéndole acción ejecutiva para su cobro
11) Realizar fiscalizaciones de oficio o a solicitud de la Comisión Fiscal o del 10% (diez por ciento) de los socios de las cooperativas; en estos dos últimos casos, de disponerse la fiscalización, la misma se limitará al contenido de la solicitud".
Fuente: Artículo 212, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008 en la redacción dada por Artículo 1, Ley N° 19.181, de 29 de diciembre de 2013. Último inciso al numeral 10, agregado por Artículo 218, Ley N° 19.355 de 19 de diciembre de 2015.
Artículo 270°.- (Obligaciones de las cooperativas).- Son obligaciones de las cooperativas con las respectivas autoridades de control:
1) Inscribirse en el registro correspondiente.
2) Exhibir a su requerimiento, los libros sociales y contables y toda información y documentación respaldante que sea sustento de las registraciones en ellos realizadas, así como toda otra documentación que le fuera requerida a los fines de la fiscalización.
3) Presentar, en los plazos, formas y con los contenidos que determine la reglamentación:
A) Las actas de los actos eleccionarios, de las Asambleas y las modificaciones en la integración de los órganos sociales.
B) Las publicaciones de las convocatorias de actos sociales y de los estados contables visados, en las condiciones que determine la reglamentación.
C) Los estados contables y el proyecto de distribución o absorción del resultado de gestión.
4) Difundir en la Asamblea de Socios los informes emitidos y exigidos por las autoridades de control.
5) Presentar las resoluciones de los órganos sociales y los proyectos correspondientes, cuando se decida la fusión, absorción, escisión o disolución y liquidación dentro del plazo que establezca la reglamentación".
Fuente: Artículo 213, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008 en la redacción dada por Artículo 1, Ley N° 19.181, de 29 de diciembre de 2013
Artículo 271°.- (Certificado de cumplimiento regular de obligaciones).- La Auditoría Interna de la Nación, el Ministerio de Desarrollo Social o el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, según corresponda, expedirán el certificado de cumplimiento regular de obligaciones con el respectivo organismo de contralor, a toda cooperativa inscripta en sus registros que lo solicite y que esté al día en el cumplimiento de las referidas obligaciones.
Dicha constancia tendrá una vigencia de un año y deberá ser necesariamente acreditada para:
A) La celebración de convenios y contrataciones con organismos públicos o ante toda empresa o institución pública o privada.
B) Cuando las empresas públicas o privadas deban proceder a la retención y posterior versión de las retenciones sobre retribuciones salariales y pasividades a la cooperativa. En caso de no ser acreditado el certificado de regularidad referido, la empresa o institución pública o privada estará impedida de efectuar las retenciones y posteriores versiones de las retenciones a la cooperativa. La Auditoría Interna de la Nación, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, según corresponda, no expedirán el certificado de regularidad referido:
A) Cuando hubiera resuelto la no visación de los estados contables de la cooperativa de acuerdo al numeral 4) del artículo 212 de la presente Ley.
B) Cuando a su criterio existieren violaciones a lo dispuesto en la normativa vigente, en el estatuto o en el reglamento por parte de la cooperativa.
C) Cuando no cumpla con sus obligaciones previstas en el artículo 213 de la presente Ley".
Fuente: Artículo 214, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008 en la redacción dada por Artículo 1, Ley N° 19.181, de 29 de diciembre de 2013
(Nota: el artículo 212 mencionado en la norma, corresponde al artículo 269 del presente texto ordenado. El artículo 213 mencionado en la norma, corresponde al artículo 270 del presente texto ordenado).
TITULO IV
DISPOSICIONES ESPECIALES Y TRANSITORIAS
Artículo 272°.- (Sección Registro Nacional de Cooperativas). Créase dentro del Registro de Personas Jurídicas, creado por el artículo 294 de la Ley N° 17.296, de 21 de febrero de 2001, la Sección Registro Nacional de Cooperativas que tendrá los cometidos y funciones que le asigna la presente Ley. En la Sección Registro Nacional de Cooperativas se inscribirán los siguientes actos y contratos:
1) El acta de constitución y el estatuto de la cooperativa.
2) Todos los actos que alteren o modifiquen el estatuto de la cooperativa y los que la Ley o la reglamentación dispongan. Los documentos que se presenten a inscribir deberán acompañarse de una información actualizada de la cooperativa, que deberá incluirse en la minuta registral. El contenido de la misma, oportunidad y procedimiento de comunicación por el Registro al Instituto Nacional del Cooperativismo, será reglamentado por este último. La cooperativa inscribiente justificará estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones frente a su respectivo órgano de control, exhibiendo el certificado de situación regular establecido en el artículo 214 de la presente Ley
Fuente: Artículo 215, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008 en la redacción dada por Artículo 1, Ley N° 19.181, de 29 de diciembre de 2013
(Nota: el artículo 214 mencionado en la norma, corresponde al artículo 271 del presente texto ordenado)
Artículo 273°.- (Control de asambleas y elecciones).- Las disposiciones referidas al control de las asambleas y elecciones regirán sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley N° 12.179, de 4 de enero de 1955, y su decreto reglamentario.
Fuente: Artículo 216, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 274°.- (Vigencia de las normas de retenciones).- Mantienen plena vigencia todas las normas legales que consagran y regulan a favor de las cooperativas, la facultad de utilizar el procedimiento de las retenciones de los haberes y pasividades de sus socios, para el cobro de las partes sociales, cuotas de ahorro o amortización de créditos, cuotas de admisión, sostenimiento y solidaridad o cualquier otro concepto establecido en dichas normas, ya sea en empresas u organismos privados o públicos.
Fuente: Artículo 217, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 275°.- (Régimen tributario).- Sin perjuicio de las disposiciones específicas establecidas en los capítulos de la presente Ley que regulan cada tipo de cooperativa, se mantendrá el régimen tributario vigente aplicable a las cooperativas, incluyendo las correspondientes exoneraciones.
Aquellas clases o tipos de cooperativas contenidos en la presente Ley, que no tuvieren una regulación tributaria legal expresa con anterioridad a la vigencia de la misma, gozarán de los beneficios establecidos para las cooperativas de consumo en el artículo 8° de la Ley N° 17.794, de 22 de julio de 2004, con las excepciones establecidas en las disposiciones legales vigentes.
Fuente: Artículo 218, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 276°.- (Transformación de federaciones).- Las entidades de segundo o tercer grado existentes a la fecha de promulgación de la presente Ley, representativas de un sector de las cooperativas o de la totalidad de ellas, que no posean la forma jurídica de cooperativa, tendrán la facultad de transformarse en cooperativa de segundo o ulterior grado, según corresponda.
Fuente: Artículo 219, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 277°.- (Enseñanza del cooperativismo).- Los órganos competentes de la educación, en coordinación con el INACOOP, deberán elaborar los programas curriculares de los niveles primario, secundario y terciario, que incorporen progresivamente la enseñanza y la práctica del cooperativismo, así como la formación de los docentes respectivos.
Fuente: Artículo 220, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008
Artículo 278°.- (Adaptación de las cooperativas a las previsiones de la Ley).- Las cooperativas constituidas con anterioridad a la fecha de promulgación de la presente Ley, deberán adaptar sus estatutos sociales a dicho marco jurídico no más allá del 31 de diciembre de 2016.
Vencido el referido plazo, el Registro de Personas Jurídicas, Sección Registro Nacional de Cooperativas, no inscribirá documento alguno de cooperativas sometidas a esta Ley hasta tanto no se haya inscripto, de ser necesario, la adaptación de sus estatutos; y serán pasibles de las sanciones previstas en la presente Ley.
A los solos efectos de dar cumplimiento a esta exigencia, la reforma del estatuto social deberá ser aprobada en Asamblea General Extraordinaria, siendo suficiente el voto a favor de más de la mitad de los socios presentes, con independencia de los requisitos que al respecto establezcan los estatutos vigentes de cada cooperativa
Fuente: Artículo 221, Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008 en la redacción dada por Artículo Único, Ley N° 19.324, de 19 de junio de 2015.
CAPITULO XI
DE LOS FONDOS SOCIALES
Artículo 279°.- Declárase de interés público la creación de un sistema de aporte solidario gremial que se denominará "Fondos Sociales".
Cuando una organización representativa de trabajadores establezca en un convenio colectivo o se disponga en éste o en un laudo de Consejo de Salarios, la inclusión de un aporte por sector o mixto para constituir Fondos Sociales, se entenderá que el mismo adquiere carácter definitivo y obligatorio para todos los trabajadores y/o empleadores del grupo de que se trate. Ese aporte estará destinado a la construcción y conservación de viviendas propias y permanentes de los participes.
La formación de los Fondos, su administración y distribución así como el destino de los mismos, deberán ajustarse a las prescripciones de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968 y de su decreto reglamentario.
Además los recursos del Fondo podrán destinarse a préstamos para la adquisición, ampliación, regularización y terminación de viviendas propias y permanentes de los partícipes, siempre que las decisiones sean adoptadas por la Comisión Honoraria Administradora del Fondo en acuerdo de todos los delegados del sector empresarial y de los trabajadores.
Fuente: Artículo 177, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968. Inciso final agregado por artículo 411 de la Ley N° 17.296, de 21 de febrero de 2001.
Artículo 280°.- La constitución de los Fondo Sociales se considera una forma de participación en los planes nacionales de vivienda y en tal sentido los Fondos y las viviendas que se financien con ellos se beneficiarán de todas las franquicias fiscales establecidas en la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968 y estarán sometidos a sus disposiciones.
Fuente: Artículo 178, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
Artículo 281°.- Los Fondos serán indivisibles e inalienables y bajo ningún concepto podrá prorratearse o pagarse con ellos, suma alguna por devoluciones, indemnizaciones o compensaciones.
Fuente: Artículo 179, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
Artículo 282°.- Los aportes de las empresas a los Fondos serán depositados por las mismas conjuntamente con los aportes para las asignaciones familiares y bajo las mismas condiciones. Los convenios colectivos podrán sustituir este mecanismo de recaudación por otro que garantice iguales o similares condiciones de seguridad y economía.
Las sumas recaudadas serán depositadas en cuentas especiales de ahorren el Departamento Financiero de la Habitación dentro de las cuarenta y ocho horas de su percepción.
Estas cuentas se establecerán por la vía de convenios colectivos de ahorro y préstamo como se establecen en el artículo 108.
Fuente: Artículo 180, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
(Nota: El artículo 108 referido, corresponde al artículo 93 del presente Texto Ordenado).
Artículo 283°.- Los Fondos Sociales serán administrados por Comisiones Honorarias de integración paritaria que tendrán personería jurídica y actuarán coordinadas con la Dirección Nacional Vivienda y bajo su vigencia y contralor.
A las Comisiones Administradoras de los Fondos Sociales compete especialmente:
A) Controlar la correcta percepción, depósito y destino de los Fondos;
B) Adoptar las decisiones y efectuar las opciones que resulten de la aplicación de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968 y de sus reglamentaciones.
Cuando éstas se refieran a la elección de programas de inversiones o adjudicaciones o gastos de administración, deberán notificarlas a las organizaciones representativas profesionales;
C) Dictar sus reglamentos de funcionamiento interno;
D) Concertar, previa anuencia de la Dirección Nacional de Vivienda, programas de financiamiento colectivo, a que cuyos efectos podrán gravar los bienes que administran.
Fuente: Artículo 181, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
Artículo 284°.- Los Fondos Sociales de Vivienda, creados de conformidad con la Ley 13.728, de 17 de diciembre de 1968, y su reglamentación, tendrán derecho a hacer retención a las empresas y organismos públicos y privados hasta el 20 % (veinte por ciento) de los sueldos, jornales, remuneraciones o pasividades que correspondan a sus integrantes por obligaciones contraídas por los beneficiarios con dichos fondos hasta su cancelación.
Las liquidaciones de deudas, que a tal efecto realicen los Fondos Sociales de Vivienda, tendrán carácter de título ejecutivo siempre que sean conformadas por la respectiva Comisión Administrativa y certificadas en cuanto a su exactitud por Contador Público.
Sin perjuicio de lo previsto en el inciso anterior, las infracciones en las que incurran las empresas privadas en relación con su obligación de retención, serán sancionadas con una multa entre cinco y diez veces el monto correspondiente a la retención que debieron practicar.
Esta multa será aplicada por el Banco Hipotecario del Uruguay y el producto se verterá en el Fondo Nacional de Vivienda. Para su percepción se seguirá la vía ejecutiva, constituyendo suficiente título a esos efectos, el documento en que se disponga la aplicación de la multa, siempre que se cumplan los extremos previstos en el artículo 874 del Código de Procedimiento Civil.
Fuente: Artículo 1°, Decreto - Ley N° 15.319, de 30 de agosto de 1982.
CAPÍTULO XII
Agencia Nacional de Vivienda

Sección I
Naturaleza, fines y competencia

Artículo 285°.- (Características generales).- Créase la Agencia Nacional de Vivienda como servicio descentralizado, con los fines, cometidos y atribuciones que especifica esta Ley.
A todos los efectos legales y procesales, se domiciliará en Montevideo, pudiendo establecer sucursales permanentes o transitorias en cualquier otro punto del país.
En su actuación podrá identificarse también con la sigla "ANV"; en la presente Ley se la menciona como "la Agencia".
Fuente: Artículo 9, Ley N° 18.125, de 27 de abril de 2007.
Artículo 286°.- (Fines).- La Agencia tendrá por finalidad el promover y facilitar el acceso a la vivienda, de conformidad con el artículo 45 de la Constitución de la República, así como contribuir a la elaboración e implementación de las políticas públicas en materia de habitat urbano-
Fuente: Artículo 10, Ley N° 18.125, de 27 de abril de 2007.
Artículo 287°.- (Cometidos).- La Agencia tendrá los siguientes cometidos:
A) Actuar en la ejecución de las directrices emanadas del Plan Quinquenal de Vivienda, los Planes de Ordenamiento Territorial y las directivas del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA).
B) Administrar activos provenientes de créditos para la vivienda en cumplimiento de las directivas del MVOTMA
C) Administrar el Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios
Fuente: Artículo 11, Ley N° 18.125, de 27 de abril de 2007. Literal C, Artículo 16 Ley N° 18.175 de 17 de agosto de 2011.
Artículo 288°.- (Atribuciones).- Para el cumplimiento de sus cometidos, la Agencia podrá:
A) Formular y ejecutar programas en la materia de sus cometidos, una vez aprobados por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), así como ejecutar programas provenientes del MVOTMA.
B) Brindar asistencia técnica, apoyo logístico y asesoramiento a los poderes y entes públicos, en forma directa o mediante todo tipo de convenios, y en especial al MVOTMA para la formulación e implementación de la política de vivienda y ordenamiento territorial.
C) Convenir con entidades del Gobierno Central o de los Gobiernos Departamentales, u otras entidades públicas, empresas privadas, o entidades de la sociedad civil, la ejecución de obras y programas en el campo de sus cometidos, con la aprobación previa del MVOTMA.
D) Constituir o adquirir sociedades comerciales, así como participar en emprendimientos o asociaciones con entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, constituyendo consorcios o sociedades, siempre que ello no comprometa la responsabilidad de la Agencia más allá del capital invertido.
E) Constituir fondos de inversión y fideicomisos, y cumplir cualesquiera de las funciones referidas a fideicomisos generales, financieros o de otro tipo.
F) Crear y gestionar sistemas de seguro de crédito hipotecario, fondos de garantía, así como otros fondos e instrumentos financieros destinados al cumplimiento de sus fines.
G) Gestionar carteras de créditos provenientes de operaciones financieras destinadas a la vivienda, tanto propias como de terceros en virtud de acuerdos que celebre.
H) Prestar servicios de administración y valuación de inmuebles, así como realizar todo tipo de negocios sobre inmuebles para el cumplimiento de sus cometidos, los que se regularán exclusivamente por la reglamentación que a tales efectos dicte el Poder Ejecutivo, a propuesta de la Agencia.
I) Prestar servicios de proyectación, dirección, control y certificación de programas y proyectos inmobiliarios, incorporando las dimensiones económicas y sociales en su evaluación.
J) Establecer relaciones de cooperación con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras y con organismos internacionales, y actuar como unidad ejecutora de proyectos financiados con préstamos nacionales o internacionales.
Fuente: Artículo 12, Ley N° 18.125, de 27 de abril de 2007.
Sección II
Patrimonio, recursos y presupuesto
Artículo 289°.- (Patrimonio).- El patrimonio de la Agencia estará compuesto por:
A) Los activos que le sean transferidos por el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), en virtud de normas legales y convenios.
B) Un aporte inicial de capital en efectivo de $ 500.000.000 (quinientos millones de pesos uruguayos), que podrá ampliarse hasta $ 1.000.000.000 (un mil millones de pesos uruguayos), por resolución del Poder Ejecutivo.
C) Un aporte inicial de capital en efectivo de hasta 65.000.000 UI (sesenta y cinco millones de unidades indexadas) para constituir el depósito en garantía exigido por la normativa del Banco Central del Uruguay para que la Agencia pueda constituirse como fiduciario de los fideicomisos financieros de activos provenientes de la reestructura del BHU.
Fuente: Artículo 13, Ley N° 18.125, de 27 de abril de 2007
Artículo 290°.- (Recursos).- Constituirán recursos y fuentes de financiamiento de la Agencia:
A) La renta producida por sus activos.
B) Los ingresos resultantes del cumplimiento de los servicios que preste.
C) Las transferencias que establezca el Presupuesto Nacional u otras leyes.
D) Todo otro ingreso que se establezca a su favor por Ley o por liberalidad.
Fuente: Artículo 14, Ley N° 18.125, de 27 de abril de 2007
Artículo 291°.- (Exoneraciones tributarias).- Los fideicomisos constituidos por activos provenientes de la reestructura del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), y cuyo fiduciario o administrador sea la Agencia estarán exonerados de toda clase de tributos de carácter nacional, excepto las contribuciones de seguridad social.
Los servicios que la Agencia y el BHU se presten entre sí o al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en el marco de sus cometidos y competencias, estarán exentos del Impuesto al Valor Agregado.
Fuente: Artículo 15, Ley N° 18.125, de 27 de abril de 2007
Artículo 292°.- (Del presupuesto).- El Presidente de la Agencia presentará a consideración del Directorio el proyecto de presupuesto para el ejercicio financiero siguiente, a más tardar el 30 de junio de cada año. Tras su aprobación por el Directorio, la Administración presentará el proyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo y al Tribunal de Cuentas, de conformidad con el artículo 221 de la Constitución de la República. Mientras no se apruebe el primer presupuesto, los costos operativos de la Agencia serán atendidos, mes a mes, por Rentas Generales, a solicitud del Directorio de la Agencia, y con aprobación del Poder Ejecutivo.
Fuente: Artículo 16, Ley N° 18.125, de 27 de abril de 2007.
Artículo 293°.- (De los estados de situación patrimonial).- La Agencia presentará al Poder Ejecutivo el estado de situación patrimonial al cierre de cada ejercicio financiero anual y el estado de resultados correspondientes a dicho ejercicio, dentro de los tres primeros meses del ejercicio siguiente. Los mencionados estados contables serán publicados, de conformidad con lo previsto en el artículo 191 de la Constitución de la República, una vez comunicados por el Poder Ejecutivo y visados por el Tribunal de Cuentas.
Fuente: Artículo 17, Ley N° 18.125, de 27 de abril de 2007-
Artículo 294°.- (Resultados del ejercicio económico).- Los beneficios resultantes de su gestión se destinarán al cumplimiento de sus cometidos.
Fuente: Artículo 18, Ley N° 18.125, de 27 de abril de 2007
Artículo 295°.- (Transferencia de activos del BHU).- La Agencia se hará cargo de los activos que se determinen por los actos o convenios que se celebren entre el Poder Ejecutivo y el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) en cumplimiento de la autorización prevista en el artículo 124 de la Ley N° 18.046, de 24 de octubre de 2006.
La transferencia de activos en favor de la Agencia operará de pleno derecho en la fecha en que se celebren los actos o convenios respectivos, o en la fecha que en ellos se indique.
Los registros públicos procederán a la registración de la transferencia con la sola presentación del certificado notarial que expedirá la Agencia con referencia precisa a los datos individualizantes de cada bien raíz, título y modo de adquisición y a la inscripción del instrumento antecedente.
La Agencia se hará cargo de todas las deudas correspondientes a los activos transferidos.
Se entenderán implícitamente comprendidos en la transferencia de estos activos, los contratos que el BHU hubiera celebrado con referencia a dichos inmuebles.
Fuente: Artículo 19, Ley N° 18.125, de 27 de abril de 2007.
Artículo 296°.- (Expropiación).- A los efectos de su expropiación, declárase de utilidad pública y, por consiguiente comprendidos en lo dispuesto por el artículo 4° de la Ley N° 3.958, de 28 de marzo de 1912, y sus modificaciones, los bienes inmueble s necesarios para el cumplimiento del Plan Quinquenal de Vivienda, los Planes de Ordenamiento Territorial y las directivas del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
Fuente: Artículo 20, Ley N° 18.125, de 27 de abril de 2007.
Sección III
Privilegios para la gestión y recuperación de créditos
Artículo 297°.- (Privilegio en la gestión y recuperación de créditos). Respecto de los créditos originados en otras instituciones, así como sus novaciones o refinanciaciones, la Agencia, en su carácter de acreedor, administrador o fiduciario -en este último caso, sólo si el beneficiario es público-, tendrá los mismos privilegios que la entidad que concedió el crédito, comprendidos el derecho de ordenar la retención de sueldos y prestaciones de seguridad social, venta extrajudicial de bienes hipotecados, rescisión administrativa de promesas de compraventa de inmuebles, y otros que pudieran corresponder legalmente.
Respecto de otros créditos que gestione la Agencia, la recuperación de créditos se regirá por lo dispuesto en el Capítulo III de esta Ley.
La orden de retención que disponga la Agencia tendrá igual prioridad que el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), y cuando concurra con una orden similar del BHU, se priorizará la que proceda del crédito más antiguo.
Extiéndese la facultad de disponer retenciones sobre retribuciones salariales y prestaciones de la seguridad social conferida a la Agencia Nacional de Vivienda por el presente artículo, a los créditos otorgados o que otorgue, cuando actúe en carácter de acreedor, administrador o fiduciario de fideicomisos.
Las retenciones resultantes de lo dispuesto en el inciso precedente tendrán el mismo orden de prioridad establecido para el Banco Hipotecario del Uruguay, por el artículo 1° de la Ley N° 17.829, de 18 de setiembre de 2004, en la redacción dada por el artículo 1° de la Ley N° 18.358, de 26 de setiembre de 2008, y cuando concurra con una orden similar del referido Banco, se priorizará la que proceda del crédito más antiguo.
Fuente: Artículo 34, Ley N° 18.125, de 27 de abril de 2007. Incisos dos y tres Artículo 223, Ley N° 18.834 de 4 de noviembre de 2011. Inciso dos, redacción corregida.
EJECUCIÓN JUDICIAL SIMPLIFICADA DE CRÉDITO HIPOTECARIO PARA VIVIENDA

Sección I
Ámbito de aplicación

Artículo 298°.- (Delimitación de la presente ejecución). La presente ejecución se confiere a los créditos, por suma de dinero líquida y exigible, garantizados con hipoteca, destinados a la adquisición, construcción, refacción o ampliación de vivienda, por instituciones de intermediación financiera, públicas o privadas, así como por fiduciarios de fideicomisos financieros y siempre que el actor sea primer preferente al cobro en el inmueble.
Fuente: Artículo 35, Ley N° 18.125 de 27 de abril de 2007 en la redacción dada por Artículo 16, Ley N° 18.574 de 14 de setiembre de 2009.
Artículo 299°.- (Delimitación con otros regímenes). La ejecución de crédito hipotecario que no cumpla los presupuestos del artículo 35 de la presente Ley se regirá por lo previsto en los artículos 377 y siguientes del Código General del Proceso y disposiciones modificativas.
Se regulará por el régimen de la ejecución extrajudicial de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay y disposiciones modificativas:
A) La ejecución de créditos hipotecarios otorgados por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, sin importar la fecha de otorgamiento del crédito.
B) La ejecución de créditos otorgados por el Banco Hipotecario del Uruguay con anterioridad a la vigencia de la presente Ley, aunque hubieran sido ampliados o novados con posterioridad.
C) La ejecución de créditos a que refiere el inciso primero del artículo 34 de la presente Ley".
Fuente: Artículo 36, Ley N° 18.125, de 27 de abril de 2007 en la redacción dada por Artículo 16, Ley N° 18.574 de 14 de setiembre de 2009.
Artículo 300°.- (Integración con normas generales en lo aplicable). La presente ejecución se rige por las disposiciones que siguen, derogándose toda disposición que sea contraria a las mismas; aplicándose además y en cuanto no se opongan a las disposiciones de este capítulo, los principios y disposiciones generales del Código General del Proceso.
Fuente: Artículo 37, Ley N° 18.125, de 27 de abril de 2007.
Artículo 301°.- (Procedibilidad de la ejecución).- Transcurridos noventa días desde el incumplimiento de una cuota del mutuo, el acreedor podrá promover la ejecución de la garantía hipotecaria por el total del saldo adeudado.
Cuando la hipoteca recaiga sobre inmueble en régimen de propiedad horizontal y el propietario adeude tres meses o más de gastos comunes, el acreedor hipotecario, cuando así se hubiera pactado en el mutuo hipotecario, podrá abonar lo adeudado, y dichas sumas se entenderán indivisibles con el pago de las cuotas del mutuo. Igual mecanismo podrá pactarse para el caso de que el hipotecante hubiera incumplido un año o más de contribución inmobiliaria
Fuente: Artículo 38, Ley N° 18.125, de 27 de abril de 2007.
Artículo 302°.- (Preferencia en caso de hipoteca recíproca).- En caso que existiere hipoteca recíproca, el legitimado previsto en el artículo 35 de esta Ley será el acreedor inmediato siguiente a la misma.
Fuente: Artículo 39, Ley N° 18.125, de 27 de abril de 2007.
Sección II
Procedimiento judicial
Artículo 303°.- (Juzgados competentes).- Son competentes para conocer en la preparación, así como en la ejecución de los créditos hipotecarios, que se regulan por la presente Ley, los Juzgados del lugar del inmueble hipotecado, no admitiéndose la prórroga de competencia.
Fuente: Artículo 40, Ley N° 18.125, de 27 de abril de 2007.
Artículo 304°.- (Diligencia preparatoria de la ejecución).- Previo a la ejecución del crédito hipotecario, será preceptivo para el acreedor promover la intimación de pago, con mandato judicial, al deudor principal y al hipotecante, si este ultimo es persona distinta de aquél.
Con la solicitud de intimación se deberá agregar el título de la ejecución que se prepara -mutuo hipotecario o testimonio en forma- y se acompañará la liquidación circunstanciada de la deuda, con especificación de las imputaciones de pagos realizados, los intereses y accesorios devengados y el saldo adeudado, todo relacionado en forma cronológica y fácilmente identificable.
La intimación será con plazo de diez días hábiles, a contar desde el día hábil siguiente a la intimación efectuada.
El intimado podrá comparecer para manifestar lo que estime oportuno y de las manifestaciones se dará conocimiento al acreedor, con efectos de simple noticia.
El intimado quedará habilitado con el cedulón de intimación para depositar, en cuenta que determine la institución acreedora en la solicitud de intimación, la suma que entienda corresponda, la que se tendrá como pago a la fecha de efectuado el depósito y se imputará de acuerdo a derecho.
La falta de intimación judicial previa determina la nulidad absoluta de lo actuado en la ejecución.
Fuente: Artículo 41, Ley N° 18.125, de 27 de abril de 2007.
Artículo 305°.- (Demanda de ejecución).- Vencido el plazo de intimación, el acreedor estará habilitado para deducir demanda de ejecución de la deuda garantizada con la hipoteca, ante el mismo Tribunal y en el mismo expediente de la intimación, sin que la modificación de la cuantía determine la modificación de la competencia prevenida por la intimación.
En la demanda, invocará los documentos agregados en la solicitud de intimación que obra en el expediente, acreditará la exigibilidad (cumplimiento del plazo o condición), y deberá acompañar:
A) Liquidación actualizada de la deuda en los términos previstos e imputando los pagos que hubieren realizado los intimados dentro de los diez días hábiles siguientes a la última intimación.
B) Informe contable de la parte actora con explicitación de los tipos de intereses, tasas y demás parámetros utilizados en la liquidación.
C) Incremento mensual que devengará por intereses o actualización, con los criterios utilizados para su liquidación.
D) Certificado notarial que determine la titularidad del hipotecante ejecutado, con proceso dominial del inmueble y testimonio de la información registral completa, especificando las eventuales prevenciones respecto del título y la relación de otros acreedores hipotecarios no preferentes.
Fuente: Artículo 42, Ley N° 18.125, de 27 de abril de 2007.
Artículo 306°.- (Providencia de ejecución).- El Tribunal, sin más trámite, y si la demanda cumpliere todos los requisitos procesales y sustanciales, decretará el embargo, condenará a los ejecutados al pago del crédito, costas y costos, decretará el remate del bien hipotecado al mejor postor, por intermedio del Rematador y en el lugar habilitado al público, que proponga la institución acreedora, con la base establecida en el artículo 48 de esta Ley, dispondrá el otorgamiento de la escrituración si el mejor postor es persona distinta del acreedor y dispondrá la notificación judicial de los demandados y de los restantes acreedores hipotecarios.
El Rematador podrá aceptar el cargo de inmediato, pero su encargo quedará condicionado a que la providencia inicial quede firme.
Fuente: Artículo 43, Ley N° 18.125, de 27 de abril de 2007.
Artículo 307°.- (Notificación a la parte demandada y defensas oponibles).- Librada la comunicación del embargo, la providencia se notificará a los demandados, quienes podrán oponer, dentro del plazo de diez días, exclusivamente las defensas de incompetencia, litispendencia, falta de capacidad de la parte o su representante, falta de representación, caducidad de la inscripción de la hipoteca, cosa juzgada y transacción, nulidad por falta de intimación previa, pago, prescripción o falta de requisitos esenciales para la validez del contrato de mutuo hipotecario.
Las defensas sólo son admisibles si, tratándose de cuestión de hecho, se prueban documentalmente, y acompañando los documentos o mencionando en poder de quien se hallan.
El Tribunal rechazará sin sustanciar, toda defensa o excepción que no fuere de las enumeradas, las que no se opusieren en forma clara y concreta, cualquiera sea el nombre que el ejecutado les diere y, tratándose de cuestión de hecho, no acompañare la prueba documental o no indicare en poder de quien se halla.
Fuente: Artículo 44, Ley N° 18.125, de 27 de abril de 2007.
Artículo 308°.- (Sustanciación de las defensas).- Si las defensas fueren admitidas, se sustanciarán por el trámite de los incidentes fuera de audiencia (artículo 321 del Código General del Proceso) y la sentencia que las resuelva se regulará por lo dispuesto en los artículos 358 y 359 del Código General del Proceso.
Para el caso de haberse invocado prueba documental en poder de terceros o el adversario, el Tribunal se expedirá sobre la admisibilidad de la prueba, una vez contestado el traslado de las defensas y, si resulta admisible, ordenará su diligenciamiento.
La resolución interlocutoria que rechaza liminarmente las defensas admite la impugnación que prevé el literal B) del artículo 46.
Fuente: Artículo 45, Ley N° 18.125, de 27 de abril de 2007.
Artículo 309°.- (Apelación limitada en toda la ejecución).-
Sólo son apelables en la presente ejecución:
A) La resolución inicial que no hace lugar a la ejecución, la cual se apelará como interlocutoria con fuerza de definitiva.
B) La resolución interlocutoria que rechaza liminarmente las defensas, admite solamente recursos de reposición y apelación sin efecto suspensivo, los cuales serán interpuestos en forma conjunta, pudiendo el Tribunal de Alzada ordenar la suspensión del proceso en cualquier momento.
C) La sentencia que, en caso de oposición, resuelve las defensas, la cual se apelará como definitiva, salvo en el caso que acoja la excepción de incompetencia, en cuyo caso se apela como interlocutoria con fuerza de definitiva.
D) La resolución que rechace la prueba, con efecto diferido.
Fuente: Artículo 46, Ley N° 18.125, de 27 de abril de 2007.
Sección III
Remate
Artículo 310°.- (Procedencia).- Ejecutoriada la providencia inicial, aceptado el cargo por el Rematador y notificados judicialmente los acreedores hipotecarios que surgieran de la demanda, el remate se seguirá extrajudicialmente por el referido martillero, bajo su responsabilidad y, en cuanto al título del inmueble, bajo la responsabilidad del escribano del acreedor.
Fuente: Artículo 47, Ley N° 18.125, de 27 de abril de 2007.
Artículo 311°.- (Publicidad).- Se anunciará la venta durante tres días en el Diario Oficial y en otro del lugar del inmueble, sin necesidad de nueva notificación.
La publicidad se realizará por acuerdo entre el Rematador y el acreedor, según los usos en esta materia y ante cualquier discrepancia decidirá el Tribunal, previa vista, siendo lo resuelto irrecurrible.
El Rematador, acreditando la orden judicial de remate, queda facultado para pedir directamente el auxilio de la fuerza pública a los efectos de colocar en el inmueble anuncio del remate y para que los interesados visiten el bien.
La venta en remate se realizará sobre la base del 75% (setenta y cinco por ciento) de la tasación catastral, fijándose como seña el 30% (treinta por ciento) de la misma, debiendo mencionarse en los avisos respectivos:
A) Base expresada en la moneda del remate.
B) Identificación del inmueble: padrón, localidad o sección catastral, superficie y frente, en caso de propiedad horizontal, unidad y plano y cualquier otro elemento identificatorio del bien.
C) Prevenciones respecto del título, del estado de ocupación del inmueble y de adeudos por gastos comunes, otros consumos y tributación del mismo.
D) Detalle de otros gravámenes que afecten al inmueble.
E) Los honorarios del Rematador que serán de cargo del comprador y quedan fijados en todos los casos en el 2,5% (dos y medio por ciento) de la postura.
F) Los gastos de escrituración que serán de cuenta del comprador y que éste dispone de 30 días corridos siguientes al remate para depositar el saldo, sin que se suspenda por ferias judiciales, ni semana de turismo y si venciera en día inhábil se corre al primer día hábil para el depósito.
G) Si el acreedor financiara parte del precio al comprador.
Fuente: Artículo 48, Ley N° 18.125, de 27 de abril de 2007.
Artículo 312°.- (Acto de remate).- El remate se realizará bajo la dirección del Rematador y en lugar habilitado al público.
La institución acreedora puede realizar postura, y si resulta mejor postor la escrituración se realizará por el juzgado de la ejecución.
Fuente: Artículo 49, Ley N° 18.125, de 27 de abril de 2007.
Artículo 313°.- (Frustración del remate).- Si no se realiza la venta por falta de postor, el Juez ordenará, a solicitud de la institución acreedora, sin más constancia que la de haber fracasado el remate, le sea adjudicada la propiedad sin audiencia del deudor, ni más trámites que la ejecución promovida, otorgándole la escritura correspondiente por el importe del valor catastral actualizado y disponiendo que, una vez escriturado, le sea entregado el inmueble de inmediato.
Fuente: Artículo 50, Ley N° 18.125, de 27 de abril de 2007.
Sección IV
Liquidación del remate, escrituración y cobro del acreedor
Artículo 314°.- (Rendición de cuentas del remate).- El Rematador depositará en plazo de tres días hábiles, en la cuenta que la institución acreedora señaló en los autos, la suma de la seña de la postura, descontados los honorarios y tributación del remate, así como los gastos en los cuales incurrió.
El Rematador en plazo de diez días hábiles siguientes al remate dará cuenta al Juzgado de lo actuado en la preparación y realización del remate.
Fuente: Artículo 51, Ley N° 18.125, de 27 de abril de 2007.
Artículo 315°.- (Depósito del saldo de precio).- Una vez depositado, por el mejor postor, el saldo de precio en el plazo de treinta días, en la cuenta de la institución acreedora, ésta abonará al Rematador los importes aún no abonados, retendrá las demás costas que hubiere pagado y finalmente retendrá la suma adeudada y que fuera liquidada en la demanda de ejecución, incluyendo la suma mensual de incremento prevista en la demanda (literal C) del artículo 42 hasta el mes anterior al depósito, y depositará el sobrante, en el plazo de cinco días hábiles siguientes, a la orden de la Sede y bajo el rubro de los autos en que se decretó el remate, a los efectos de lo dispuesto por el artículo 388.2 del Código General del Proceso.
Fuente: Artículo 52, Ley N° 18.125, de 27 de abril de 2007.
Artículo 316°.- (Escrituración y entrega del bien).- La institución acreedora está habilitada por el mandato inicial firme, a excepción del caso que la institución adquiera para sí, para escriturar, por el hipotecante ejecutado, al comprador los bienes vendidos, dando cuenta al Tribunal.
Los Jueces ordenarán sin más trámite, a pedido y bajo la responsabilidad de la institución acreedora, el levantamiento de todo embargo, segunda y ulteriores hipotecas, o cualquier otro gravamen posterior a la hipoteca que abarque el inmueble rematado, salvo la hipoteca recíproca, al solo efecto de la transmisión del dominio.
El comprador está habilitado para solicitar la entrega y desocupación del bien por el Juzgado, por el proceso de entrega de la cosa (artículo 364 del Código General del Proceso), sin necesidad de identificar a los ocupantes o poseedores del inmueble; quedando limitadas las excepciones a aquellas que surjan de derechos que provengan de actos jurídicos prioritarios debidamente registrados o con documento de fecha cierta anterior a la preferencia del ejecutante.
En dicho proceso sólo serán apelables la providencia inicial desestimatoria de la pretensión, la sentencia definitiva y la que rechaza las excepciones por inadmisibles, esta última sin efecto suspensivo. Al ejecutado no se le admitirá defensa alguna y la providencia que rechace el planteo del ejecutado será irrecurrible.
Fuente: Artículo 53, Ley N° 18.125, de 27 de abril de 2007.
Sección V
Costo de la ejecución y responsabilidad
Artículo 317°.- (Exoneración del impuesto a las ejecuciones).- Se exonera esta ejecución del pago del impuesto a las ejecuciones.
Fuente: Artículo 54, Ley N° 18.125, de 27 de abril de 2007.
Artículo 318°.- (Costas y costos).- Las costas y costos serán de cargo del ejecutado, salvo en cuanto a las peticiones del ejecutante rechazadas por el Tribunal que se regularán por el régimen general.
En caso que no haya sobrante, los costos del ejecutante por la diligencia preparatoria y ejecución no podrán ser mayores al 2,5% (dos y medio por ciento) del producido líquido -descontadas las costas del proceso- y, si hubiera trámite de defensas, no mayor al 5% (cinco por ciento); siempre que no hubiera honorarios concertados.
Si hubiera sobrante, el curial del ejecutante podrá percibir la diferencia de honorarios de acuerdo al artículo 388 del Código General del Proceso.
Las costas y costos que se originen en caso de ejecución de segunda o ulteriores hipotecas, no tendrán prelación sobre el crédito de la institución acreedora.
Fuente: Artículo 55, Ley N° 18.125, de 27 de abril de 2007.
Artículo 319°.- (Responsabilidad de las partes y auxiliares).- La institución acreedora, el Rematador y el escribano son responsables por cualquier apartamiento de las facultades que les otorga y los deberes que les impone la presente Ley, así como por contrariar el principio de lealtad y buena fe con la cual deben actuar en el proceso.
Para el caso que se rechacen in limine las defensas o, admitidas éstas, se rechacen con declaración de haber sido manifiesto el propósito de entorpecer o dilatar sin fundamento la ejecución, el Letrado patrocinante del ejecutado no tendrá derecho a percibir honorarios.
Fuente: Artículo 56, Ley N° 18.125, de 27 de abril de 2007.
Sección VI
Procesos conexos
Artículo 320°.- (Incidencias y tercerías).- Cualquier otra incidencia o tercería que se deduzca no suspenderá la ejecución, ni el remate, tramitándose en pieza por separado, por el procedimiento incidental, sin perjuicio de las responsabilidades que genere de acuerdo a su resultado.
Fuente: Artículo 57, Ley N° 18.125, de 27 de abril de 2007.
Artículo 321°.- (Proceso ejecutivo).- La institución acreedora está habilitada para iniciar proceso ejecutivo, por el mismo mutuo ejecutado, en cualquier momento y contra cualquiera de los deudores, cuando acredite que el producto de la venta del inmueble hipotecado no alcanzará a cubrir el total de lo adeudado o en el caso que, una vez efectuado el remate, resulte un saldo impago.
Fuente: Artículo 58, Ley N° 18.125, de 27 de abril de 2007.
Artículo 322°.- (Proceso ordinario posterior).- Los ejecutados podrán iniciar proceso ordinario posterior en el caso que las defensas fueran otras que las admisibles en la ejecución regulada.
Para conocer en este proceso, será competente el mismo Tribunal que hubiere entendido en la primera instancia de la ejecución regulada en esta Ley.
El derecho a promover este proceso caducará a los sesenta días de ejecutoriada la sentencia de condena.
Fuente: Artículo 59, Ley N° 18.125, de 27 de abril de 2007.
CAPÍTULO XIII
NORMAS REFERIDAS AL BHU

CAPITAL
FONDO DE RESERVA OBLIGATORIO SU COLOCACIÓN

Artículo 323°.- Su capital queda fijado en la suma de $ 555.000.000 (quinientos cincuenta y cinco millones de pesos)
Fuente: Artículo 182, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
Artículo 324°.- El Banco Hipotecario del Uruguay, deberá constituir un fondo de reserva, con los beneficios líquidos anuales que resulten después de establecer las provisiones y previsiones, que demande la naturaleza y situación de las operaciones realizadas
Fuente: Artículo 182, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
Artículo 325°.- La única contribución por cualquier concepto, que el Banco Hipotecario del Uruguay deberá eventualmente verter a Rentas Generales será la que, en cada caso, se determine en la Ley de Recursos quinquenal a que se refiere el artículo 214 de la Constitución de la República. Esta contribución no podrá afectar sino los beneficios líquidos de gestión
Fuente: Artículo 182, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968
Artículo 326°.- El Banco podrá acrecer los recursos disponibles para sus operaciones, con capitales tomados en préstamo, quedando autorizado para afectar con prenda créditos hipotecarios, caucionar valores y, en general, realizar todas aquellas operaciones financieras conducentes a los fines preindicados.
Fuente: Artículo 182, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
Artículo 327°.- Los fondos disponibles correspondientes al capital, fondo de reservas, provisiones y previsiones, podrán colocarse en la oportunidad y monto que fije el Directorio, en operaciones, preferentemente a corto plazo, de las enumeradas en el artículo 18.
Fuente: Artículo 182, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
Nota: El artículo 18 mencionado refiere al artículo 354 del presente Texto Ordenado.
OPERACIONES
Artículo 328°.- El Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) actuará como institución financiera especializada en el crédito hipotecario, para facilitar el acceso a la vivienda, rigiéndose en su actividad bancaria de acuerdo a las normas que fije el Banco Central del Uruguay (BCU). Para el cumplimiento de su cometido, dispondrá de los siguientes poderes:
A) Otorgar créditos en moneda nacional, unidades indexadas o unidades reajustables, con garantía hipotecaria:
a) A personas físicas, para la adquisición, construcción, refacción o ampliación de la vivienda.
b) A personas jurídicas para viviendas de sus integrantes, para iguales destinos, cuando cuente para ello con la total garantía del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), de fondos especiales o depósitos afectados a tal fin.
c) A beneficiarios de subsidios que el MVOTMA otorgue para la adquisición, construcción o refacción de viviendas, como complemento del mismo, y con el previo acuerdo de dicho Ministerio.
B) Negociar, administrar y emitir todo tipo de valores negociables, cualquiera sea su modalidad, en el país o en el extranjero, por cuenta propia o de terceros. Las emisiones de valores por cuenta propia se realizarán en moneda nacional, unidades indexadas o unidades reajustables.
C) Vender, permutar y adquirir propiedades en el proceso de recuperación de créditos.
D) Prestar servicios de locación de cajas de seguridad, cobranza, guarda y administración de valores de terceros.
E) Disponer que la oficina, institución o empresa que abone sueldo o pasividad a beneficiarios de créditos del BHU, retenga el importe necesario para cubrir los pagos de dichos créditos. A tal efecto, mientras el prestatario perciba sueldo, jubilación o pensión, la oficina, institución o empresa encargada de abonar dicho sueldo, jubilación o pensión, retendrá mensualmente de su importe la cuota correspondiente a la operación realizada, y la entregará al BHU en forma inmediata. A los efectos de lo dispuesto precedentemente se deberá dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 1° de la Ley N° 17.062, de 24 de diciembre de 1998, debiéndose tomar los ingresos nominales del núcleo familiar, deducidos los descuentos legales y la prioridad será la establecida por la Ley N° 17.829, de 18 de setiembre de 2004, en la redacción dada por el artículo 7° de la Ley N° 17.940, de 2 de enero de 2006, y por el artículo 138 de la Ley N° 18.046, de 24 de octubre de 2006. Bastará para ello que el pedido de retención le sea solicitado por el BHU. En el caso de los obreros a jornal, las retenciones se harán proporcionalmente a la forma de pago, sea éste semanal o quincenal; en la forma establecida en el inciso anterior, si es mensual. Los incumplimientos de verter los montos retenidos podrán ser sancionados con una multa cuyo importe no superará en tres veces el monto correspondiente de la retención, sin perjuicio de los recargos por mora correspondientes y lo dispuesto en materia penal.
F) Captar depósitos del público mediante el sistema de ahorro previo y mediante depósitos a plazo fijo en general siempre que el plazo contractual de estos últimos sea superior a un año, en moneda nacional, unidades indexadas o unidades reajustables. El saldo total de depósitos a plazo fijo del público, no podrá exceder el 20% (veinte por ciento) del patrimonio contable al cierre del año anterior. Para el cálculo del tope establecido precedentemente, no se computarán los certificados de depósito a plazo fijo, las obligaciones hipotecarias reajustables, las obligaciones negociables y cualquier otro valor negociable emitido por el Banco.
G) Invertir los excedentes financieros, para lo cual podrá constituir depósitos en el BCU o en otros bancos públicos o privados, y adquirir títulos del Gobierno Central y títulos emitidos por el BCU.
H) Prestar, a título oneroso, los servicios de asesoramiento relativos a la especialidad técnica del BHU, en los términos previstos en el artículo 271 de la Ley N° 16.462, de 11 de enero de 1994.
I) Constituir o adquirir sociedades comerciales, o participar en sociedades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, existentes o a crearse.
J) Otorgar créditos en moneda nacional, unidades indexadas o unidades reajustables, para la refacción o ampliación de la vivienda sin garantía hipotecaria a: 1) Personas físicas. 2) Personas jurídicas para viviendas de sus integrantes.
Estos créditos solamente pueden otorgarse en caso que el Reglamento que dicte el Banco Hipotecario del Uruguay a efectos de instrumentarlos sea aprobado por el Poder Ejecutivo.
K) Contraer pasivos con otras instituciones financieras reguladas y controladas por el Banco Central del Uruguay. El saldo total de depósitos de instituciones financieras, no podrá exceder el 20% (veinte por ciento) del patrimonio contable al cierre del año anterior. Para el cálculo del tope establecido precedentemente, no se computarán los certificados de depósitos a plazo fijo, las obligaciones hipotecarias reajustables, las obligaciones negociables y cualquier otro valor emitido por el Banco".
Fuente: Artículo 1 Ley N° 18.125, de 27 de abril de 2007. Redacción dada a b) del Literal A) artículo 371 de Ley 19.149 de 24 de octubre de 2013. Redacción dada al b) literal F) por artículo 371 de Ley 19.149 de 24 de octubre de 2013.
El literal J del punto c fue agregado por Artículo 23 de la Ley 18.795 de 17 de agosto de 2011 y en el punto d) el literal K fue agregado por el artículo 371 de la Ley 19.149 de 24 de octubre de 2013.
PRÉSTAMOS
Artículo 329°.- Los pedidos de préstamos se harán en formularios especiales, que suministrará el Banco a los interesados.
Fuente: Carta Orgánica de BHU
Artículo 330°.- Los préstamos se harán en títulos, en bonos o en dinero en efectivo. Los que se realicen en títulos serán reembolsados en plazos que no excedan de treinta y un años, según tablas que formará el Banco, mediante el pago de anualidades fijas o variables. Sin embargo, el plazo máximo podrá sobrepasarse, en los casos en que se otorgue ampliación del préstamo originario con destino a construcción, debiéndose inscribir nuevamente en este caso la respectiva hipoteca. Los que se acuerden en bonos, deberán ser reembolsados dentro del plazo máximo de tres años. Los que se verifiquen en numerario, deberán ser reembolsados en plazos que no excederán de treinta y un años en las condiciones fijadas para los préstamos en títulos, salvo las ampliaciones que se otorguen por aplicación del sistema de reajuste. Sin embargo tratándose de los fondos a que se refiere el artículo 17, el reembolso podrá efectuarse a su vencimiento, en especie, con anualidades o sin ellas, tratándose de operaciones renovables de hasta cinco años de plazo.
Fuente: Artículo 182, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
Ver el artículo 499 de la Ley 16.226 en la redacción dada por el artículo 4° de la Ley 16.903, con el agregado del artículo único de la Ley 16.512.
Artículo 331°.- El servicio hipotecario de los préstamos en títulos y en efectivo, así como los reembolsos anticipados o a su vencimiento que correspondan a estos últimos, e intereses punitorios, se harán siempre en moneda de oro sellado de curso legal, en la Administración Central del Banco o en sus sucursales. Tanto en los préstamos en títulos como en efectivo, contratados o a contratarse, el deudor está obligado para todos los efectos legales, a pagar el total de la deuda en moneda de oro sellado de curso legal, salvo la facultad de cancelar anticipadamente en títulos que establece el artículo 71. No se considera cancelación anticipada a ese efecto, la confusión que se opera cuando el Banco adquiere los bienes gravados, ya sea privada o judicialmente, o se le adjudiquen a consecuencia de la ejecución o en el caso previsto en el artículo 82.
Fuente: Carta Orgánica de BHU
Artículo 332°.- El interés asignado al préstamo hipotecario será establecido por el Banco y, salvo en los casos en que leyes especiales hayan fijado a la fecha de promulgación de esta Ley, tasas inferiores, excederá en un mínimo de uno por ciento a la tasa nominal de los títulos hipotecarios respectivos. El Directorio del Banco fijará anualmente las distintas tasas de interés según la clasificación genérica de los créditos, el costo del dinero, los gastos administrativos del préstamo y la constitución y el mantenimiento de las provisiones y reservas a que se refieren los artículos 14 y 15 de la Ley Orgánica. La diferencia en el interés será lo único que podrá percibir el Banco por concepto de gastos de administración y de utilidad. Las tablas de amortización aplicables a los préstamos en títulos se calcularán en forma que esa diferencia se perciba siempre sobre los saldos deudores, con deducción de las amortizaciones que ya hubiera realizado el prestatario.
Fuente: Artículo 1° Ley 12.261 de 28 de diciembre de 1955.
Artículo 333°.- La hipoteca garantiza los servicios del préstamo, cualquiera que sea el tiempo por el cual se estén adeudando. La inscripción en el Registro permanecerá vigente hasta tres años después de vencido el plazo fijado para la duración del préstamo, en los casos en que haya servicios adeudados o a devengar. Con relación al Banco no rige lo dispuesto en el artículo 2333 del Código Civil.
Fuente: Carta Orgánica de BHU
Nota: ver los artículos 13 y 15 de la Ley 17.596 de 13 de diciembre de 2002.
Artículo 334°.- La anualidad, que será pagadera por mes, por trimestre o semestre, según lo resuelva el Directorio, comprende: A. El interés; y B. La amortización determinada por el interés y la duración convenida del préstamo hipotecario. El Banco en los contratos de hipoteca que celebre, podrá exigir que los servicios hipotecarios se abonen con una anticipación hasta de dos meses, cuando las tablas a que se refiere el artículo 43 correspondan a servicios vencidos.
Artículo 49°- Los préstamos acordados en bonos serán reembolsados en efectivo, o en bonos, a la par, de la serie en que fue hecha la operación. También podrán serlo total o parcialmente, antes del vencimiento, en la forma ya indicada o en bonos de series anteriores. En el caso de hacerse ese reembolso en efectivo, antes del vencimiento, se descontará, a beneficio del deudor, un interés del cuatro por ciento anual sobre el monto abonado.
Fuente: Carta Orgánica de BHU.
Artículo 335°.- Los deudores de préstamos en bonos abonarán una comisión de 1% anual, sobre el importe adeudado de la hipoteca. Esta comisión se reducirá al cuarto por ciento anual sobre los bonos que el deudor deposite en el Banco en cuenta corriente, siempre que se trate de valores de la misma serie y vencimiento que adeuda. La liquidación y pago de la comisión se hará el 10 de mayo y 10 de noviembre de cada año, cargándosele al deudor, en caso de falta de pago, el interés impuesto por el artículo 72.
Fuente: Carta Orgánica de BHU
Artículo 336°.- Los deudores por préstamos en bonos podrán, antes de vencer la hipoteca, solicitar su renovación, la que será acordada en el caso de no estar agotada la emisión a que se refiere el artículo 37 y siempre que de la nueva tasación que se practique, resulte confirmado el valor que se acordó a ese préstamo, pudiendo el Directorio limitarlo o ampliarlo dentro de la nueva tasación. La escritura de renovación se extenderá previo pago de lo adeudado, en la forma dispuesta por el artículo 49, o previo depósito de los bonos de la serie respectiva, los cuales se canjearán en el acto de hacerse la escritura por los de la nueva serie a que corresponda. Los gastos de tasación y escritura, en este caso, serán la mitad de los que fije el arancel.
Fuente: Carta Orgánica de BHU
Artículo 337°.- No pueden aceptarse en garantía de un préstamo:
A. Los inmuebles que forman parte del dominio público; B. Las minas y canteras; C. Los inmuebles por destino; D. Las propiedades que por su naturaleza o ubicación no produzcan renta cierta y durable. E. Los inmuebles indivisos, con excepción de los casos siguientes, y siempre con el consentimiento de todos los condóminos, manifestando en la escritura de hipoteca o en otra escritura pública:
1°) en el de quedar hipotecado todo el bien; y 2°) en el de que para la ejecución de la hipoteca, o partición del inmueble, el Banco quede ampliamente facultado para determinar la ubicación y deslinde de la parte gravada, dentro de los límites generales de la propiedad en condominio.
F. Los terrenos baldíos, salvo en el caso de edificación prevista en el artículo 54.
Fuente: Carta Orgánica de BHU.
Literal F Artículo 184 de la Ley 13.728 de 17 de diciembre de 1968.
Artículo 338°.- El préstamo garantizado con hipoteca no excederá del 90% (noventa por ciento) del valor venal del inmueble, fijado conforme a la reglamentación que se dicte y en última instancia por el Directorio, no pudiendo exceder ese valor del establecido en la tasación que practicará un perito nombrado por el Banco. El Directorio podrá ordenar una nueva avaluación del bien a hipotecarse cuando lo estime conveniente por cualquier causa o hayan transcurrido más de seis meses de verificada la tasación anterior. El tope máximo de préstamo a otorgar con otra garantía real o aval bancario será fijado por el Directorio del Banco, conforme con las normas que dicte la autoridad monetaria. (29)
Fuente: Artículo 1° del decreto-Ley 15.100 de 23 de diciembre de 1980.
Artículo 339°.- Los préstamos hipotecarios destinados a construcción, ampliación o refacción de viviendas podrán alcanzar hasta el 95% (noventa y cinco por ciento) del valor venal del inmueble y hasta el 100% (cien por ciento) de dicho valor cuando se concedan con ahorro previo del mutuario y en aquellos casos en que expresamente así lo determine el Poder Ejecutivo. Asimismo, podrá ascender al 100% (cien por ciento) de la inversión total los préstamos a los organismos públicos productores de vivienda. El valor venal del inmueble será fijado teniendo en cuenta el valor del terreno y de la construcción proyectada, en la forma dispuesta en el artículo anterior, siempre que la principal superficie de solado del nuevo edificio se destine a vivienda, y que el mismo se encuentre ubicado en zonas donde existan todos los servicios de urbanización y los proyectos estén debidamente financiados a juicio del Banco.
Fuente: Artículo 1° del decreto-Ley 15.100 de 23 de diciembre de 1980.
Artículo 340°.- Los préstamos destinados a construcción, ampliación o refacción se entregarán al mutuario en cuotas, de acuerdo al cronograma que fije el Banco y a medida que avancen las obras. Dichas cuotas tendrán la calidad de inembargables y no estarán sujetas a interdicción de clase alguna. Previamente a la entrega un técnico del Banco deberá determinar que las obras realizadas corresponden a la respectiva cuota. Serán de cargo de los deudores los honorarios y gastos de inspección. Podrá sin embargo adelantarse el importe de las cuotas en los siguientes casos: A. Para efectuar acopios de materiales a incorporarse en la construcción que se financia con el préstamo del Banco. B. Para posibilitar la construcción de viviendas de interés social. En ambos casos el Banco Hipotecario del Uruguay dictará la reglamentación correspondiente.
Fuente: Artículo 1° del decreto-Ley 15.100 de 23 de diciembre de 1980.
Artículo 341°.- Sobre teatros y establecimientos de recreo, no se podrá acordar un préstamo que exceda del 30 por ciento del valor venal de los bienes ofrecidos en garantía.
Fuente: Carta Orgánica de BHU.
Artículo 342°.- El préstamo en bonos no podrá exceder de N$ 15 (nuevos pesos quince), ni del cincuenta por ciento del valor venal del inmueble.
Fuente: Carta Orgánica de BHU.
Artículo 343°.- En las operaciones que no se destinen a construcción, a una misma persona natural o jurídica, aun cuando sea por medio de distintos mutuos, no se le podrá acordar en préstamos, una suma superior a 50.000 UR (artículo 38, Ley No. 13.728, de 17 de diciembre de 1968 y sus modificativas), salvo en los préstamos establecidos por Ley para la adquisición de inmuebles colectivos y conjuntos habitacionales, o cuando la autoridad monetaria así lo autorice. Cuando el monto del préstamo de construcción a otorgarse, o la suma de las diversas operaciones vigentes de una misma persona natural o jurídica supere la suma equivalente a 200.000 UR (artículo 38, Ley No. 13.728 de 17 de diciembre de 1968 y sus modificativas), la resolución del Directorio deberá ser adoptada por tres votos conformes. (32) La misma regla se aplicará cuando el monto del mutuo exceda del 90% (noventa por ciento) del valor venal del inmueble. En todos los casos en que las reglamentaciones o esta Ley, fijen topes numéricos, al solo efecto de calcularlos y sin que implique admitir la divisibilidad de la hipoteca, tratándose de propiedades en condominio, la parte del préstamo que corresponde a cada condómino se determinará tomando como equivalente entre sí las partes de cada uno de ellos, salvo que otra proporción resulte del título de propiedad o de la escritura del préstamo hipotecario. Cuando por la herencia o compra de los bienes hipotecados se excedieran los límites previstos, el deudor tendrá un año de plazo para ponerse en las condiciones exigidas. (33)
Fuente: Artículo 1° del decreto-Ley 15.100 de 23 de diciembre de 1980.
Artículo 344°.- Los préstamos en cuenta corriente, no podrán exceder de $ 400.000 (pesos cuatrocientos mil). (34)
Fuente: Artículo 182, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
Artículo 345°.- Las obras de edificación se verificarán de acuerdo con los reglamentos que el Directorio del Banco dicte al efecto y los planos, memorias descriptivas y contratos de construcción, aprobados al concederse el préstamo, no siéndole posible al mutuario hacer o consentir ninguna variación en el plan de obras sin la anuencia del Banco. (35)
Fuente: Artículo 182, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
Artículo 346°.- Por el hecho de otorgar la escritura respectiva, los deudores transfieren a la Institución los derechos que les acuerda el artículo 1.844 del Código Civil. El Banco no hará entrega alguna al prestatario sin que previamente el empresario de las obras o constructor se haya notificado de la cesión a que se refiere el inciso precedente, notificación que será hecha por un escribano funcionario del Banco.
Fuente: Artículo 182, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
Artículo 347°.- Como excepción podrán acordarse préstamos en bonos sobre terrenos baldíos situados en Montevideo, dentro del Bulevar Artigas, hasta el veinte por ciento de su valor venal y corriente. Para acordar estos préstamos se requieren cinco votos conformes del Directorio. (37)
Fuente: Carta Orgánica de BHU.
Artículo 348°.- En el caso de ejecución judicial o en el de venta a que se refiere el artículo 80 de bienes hipotecarios que admitan cómoda división, o si la garantía comprende bienes separados, el Banco se reserva el derecho de optar por la enajenación en uno o en más lotes o en fracciones asignándole a cada uno la parte del gravamen que juzgue conveniente. Igualmente es privativo del Banco, acordar o no la división de la hipoteca a solicitud de parte interesada, a cargo de la cual estarán -tanto en este caso, como en los del apartado anterior- los gastos que imponga el proyecto de división y adjudicación, así como el deslinde y amojonamiento.
Fuente: Carta Orgánica de BHU.
Artículo 349°.- Los contratos de préstamos hipotecarios del Banco y los que con ellos tengan relación, se cumplirán en todas sus partes en Montevideo y serán debidamente escriturados por un escribano público, nombrado o aceptado por la Institución.
Tanto el Banco como el solicitante de un préstamo pueden, sin expresión de causa antes de firmarse la escritura, desistir de la operación sin que tal hecho de lugar a reclamo ni a indemnización alguna.
Fuente: Carta Orgánica de BHU.
Artículo 350°.- Todo préstamo se hará previa tasación verificada por un perito del Banco.
Fuente: Carta Orgánica de BHU.
Artículo 351°.- En el avalúo de los establecimientos ganaderos y agrícolas se tomarán en cuenta además del valor de la tierra, el de las construcciones de mampostería que sean directamente necesarias para la explotación de los mismos, hasta un límite que no altere la prudente correlación entre el valor de dichas mejoras y la importancia económica del predio, su ubicación, la naturaleza y características del establecimiento y el tipo de explotación. El valor de los alambrados se tendrá en cuenta a efectos de incluirlo en el valor de la tierra. El límite hasta el cual el valor de las mejoras es susceptible de incidir en el avalúo, determinado por el tasador de acuerdo a los diferentes elementos de juicio indicados en el inciso 1° de este artículo, sólo podrá variarse mediando informe favorable del perito nombrado por el Banco (Arts. 53 y 54). En los establecimientos industriales no se apreciarán ni las máquinas de cualquier índole o importancia que fueran, ni ninguna otra clase de existencias propias de la respectiva explotación industrial.
Fuente: Artículo 9° de la Ley 12.666 de 12 de diciembre de 1959.
Artículo 352°.- Los gastos que origine el examen de los títulos, los de tasación y escrituración, serán en cuenta de los deudores, según aranceles especiales que aprobará el Directorio. La totalidad o parte de estos gastos podrá ser adelantada por el Banco, resarciéndose del importe de ellos y de sus intereses, mediante un recargo adicional, durante cinco años, en la cuota o servicio hipotecario. El Banco podrá tomar a su cargo, en todo o en parte, dichos gastos.
Artículo 68°- Los títulos de los bienes hipotecados quedarán en poder del Banco por el tiempo que dure el préstamo. Sin embargo, en los casos en que el Banco opere al amparo de las previsiones de la presente Ley No. 16.774, los títulos correspondientes a los bienes hipotecados en garantía de créditos cedidos podrán ser depositados en la Institución que este Banco disponga al celebrar cada una de las operaciones de trasmisión. (40).-
Fuente: Artículo 38, Ley 16.774 de 27 de setiembre de 1996 a raíz de la incorporación producida por el artículo 1°, Ley 17.202 de 24 de setiembre de 1999.
Artículo 353°.- Antes de constituir el préstamo y contrato accesorio de hipoteca, se exigirá seguro contra incendio de las construcciones, por la cantidad que fije el Banco, la cual no deberá exceder del valor de estas construcciones, deducido el de los cimientos. Toda póliza sobre el bien afectado, así como sus renovaciones, estarán constituidas o endosadas a favor del Banco y quedarán depositadas en él hasta la cancelación del préstamo. La Institución aseguradora será indicada en todos los casos por el Banco, el que podrá concertar el seguro y pagar las primas por cuenta del propietario, quien adquiere por este hecho todas las obligaciones de asegurado, tan plenamente como si hubiese contratado directamente.
La falta de cumplimiento de las condiciones del seguro, faculta al Banco para proceder a la ejecución. En caso de siniestro, si el deudor no procediera a reconstruir la propiedad dentro de los tres primeros meses de producido, el Banco podrá acreditar el importe percibido del seguro, hasta la concurrencia de su crédito y liquidará el préstamo inmediatamente. En caso de reconstruirse la propiedad, el Banco facilitará al deudor, el importe del seguro, entregándoselo como en los casos de préstamos de edificación. El nuevo seguro será obtenido en la misma forma establecida en los párrafos precedentes. En los casos de préstamos para edificación en que los edificios no tengan más de dos pisos, el seguro se exigirá antes de entregar la cuota que corresponda a la colocación de los techos. Si los edificios tienen más de dos plantas el seguro se exigirá antes de proceder el Banco al pago de cada cuota, teniéndose en cuenta el valor de la parte construida, excluyendo los cimientos. El Banco podrá optar en sustitución del régimen preestablecido en este artículo, por la constitución de un fondo de protección de la garantía hipotecaria, cuya formación y empleo serán regidos por la reglamentación que dicte al efecto el propio Banco, el que queda facultado para incluir en la cuota del servicio hipotecario el importe necesario a ese fin.
Fuente: Artículo 182, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968
Ver: Artículo 183 de la Ley N° 13.728 de 17 de diciembre de 1968
Artículo 354°.- Los deudores están obligados a exhibir anualmente en el Banco el comprobante de estar pagada la contribución inmobiliaria de los bienes hipotecados, lo que deberán efectuar dentro del mes siguiente a aquel en que haya vencido el último plazo para su pago sin recargo. El Banco pondrá constancia, en la planilla, de la presentación, devolviéndola al interesado. En caso de omisión del deudor en el cumplimiento de la anterior obligación, queda facultado el Banco para obtener, por cuenta de aquel la planilla correspondiente. Las cantidades que el Banco adelante para el pago de la planilla de contribución inmobiliaria y de póliza de seguro, de acuerdo con el artículo 69, se consideran parte integrante del crédito hipotecario y producirán el interés que el Banco fije,- hasta el 10%- debiendo abonarse por los deudores al vencimiento de la primera cuota subsiguiente al pago efectuado, so pena de ejecución.
Fuente: Carta Orgánica de BHU.
Artículo 355°.- Los deudores tienen derecho a anticipar en cualquier momento, el reembolso de todo o parte del capital prestado. (43) El reembolso de los préstamos en numerario se hará siempre en numerario. El reembolso de los préstamos en títulos podrá ser hecho en numerario o en títulos hipotecarios correspondientes a cualquiera de las series en vigor, siempre que éstas no sean de un interés escrito inferior al de la serie de la deuda que se amortiza. Estos títulos se recibirán por su valor nominal, sea cual fuere su cotización y deberán entregarse con los cupones no vencidos. El reembolso parcial anticipado no podrá, sin embargo, ser menor del 5% (cinco por ciento) del capital por el cual se realizó el préstamo. Los deudores pueden pedir que a su costa se extienda escritura haciendo constar cada una de las entregas que hagan a cuenta del préstamo y que se anoten en el registro respectivo, esas cancelaciones parciales. El Banco podrá percibir por concepto de indemnización, hasta el 3% (tres por ciento) en efectivo sobre la suma que se anticipe, cuando el reembolso total o parcial se verifique en títulos. Esta indemnización no se hará efectiva, sin embargo, en el caso de que la cancelación vaya acompañada de un nuevo contrato hipotecario con el Banco sobre la misma propiedad. Si el reembolso se realizara en efectivo, el Banco podrá cobrar al deudor, hasta el monto del interés convenido en la hipoteca por todo el tiempo que medie entre la fecha del pago y la que corresponda a cinco días después de la fijada para la próxima amortización de los títulos hipotecarios de la serie en que se realizó la operación. La nueva cuota que debe abonar el prestatario se calculará, en los casos de reembolsos parciales, de forma que el saldo de la deuda quede amortizado dentro del plazo establecido en el contrato hipotecario. El Banco se reserva el derecho, si a su juicio resultare así conveniente, de disponer de las sumas retenidas por cualquier concepto en el otorgamiento del préstamo, una vez que haya transcurrido un año a partir de la fecha de la retención o depósito. El Banco dispondrá de dichas sumas, dándole el destino que motivó la retención o bien aplicándolas al pago de servicios atrasados, amortizaciones extraordinarias, contribución inmobiliaria, seguro contra incendio, pavimento, saneamiento o cualquier otra deuda o pago que se traduzca en un beneficio para la propiedad, a cuyo efecto procederá a la liquidación de los saldos depositados, vendiendo los títulos si fuere necesario. Este procedimiento podrá ser seguido por el Banco sin necesidad de ninguna gestión judicial. Las facultades que se le acuerdan al Banco por este artículo, alcanzarán también a los préstamos hipotecarios celebrados con anterioridad a la promulgación de esta Ley. (44)
Fuente: Artículo 182, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968
Ver: Artículo 15 de la Ley 18.574.
Artículo 356°.- Mientras dure la mora en el pago de los servicios o en el de cualquier otra suma que se adeude al Banco, éste tendrá derecho a cobrar un recargo que podrá llegar hasta el máximo establecido por las leyes nacionales por concepto de mora en el pago de las obligaciones fiscales. (45)
Fuente: Artículo 182, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
Artículo 357°.- Si los inmuebles hipotecados experimentaren desmejoramiento o sufrieran daños en forma tal que no ofrezcan suficiente garantía para la seguridad del crédito del Banco, tiene éste el derecho de exigir judicialmente o reembolso o cancelación de su préstamo, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o criminales en que puedan haber incurrido los deudores respectivos. A estos efectos, el Banco queda facultado para realizar visitas de inspección en los inmuebles hipotecados, con simple orden del Juez de Paz de la Sección donde aquellos estén ubicados y aún contra la voluntad de los prestatarios.
Fuente: Carta Orgánica de BHU.
Artículo 358°.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 80 el Banco tiene la facultad de proceder en la forma establecida en el inciso 7° del artículo 81, a la toma de posesión de la propiedad hipotecada y al embargo y percepción inmediata de su renta para aplicarla al pago de los servicios, gastos de administración y conservación de la propiedad, si el deudor dejase pasar 90 días desde la fecha en que debió pagar el servicio respectivo. El Banco, en estas circunstancias, percibirá comisión por concepto de cobranza y administración de acuerdo con sus aranceles.
En cualquier momento en que el deudor se ponga al día en el servicio de su hipoteca se le devolverá la posesión del inmueble y se levantará el embargo de la renta, sin perjuicio de la subsistencia de los contratos que por vía de administración haya celebrado el banco, no pudiendo los arrendamientos exceder de 4 años, si se tratase de predios rurales, y de 2 años si fuesen urbanos. (46).
Fuente: Artículo 182, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
Artículo 359°.- Después de constituido el préstamo, queda prohibido a los deudores arrendar los inmuebles hipotecados por más de seis meses, si fueran urbanos o suburbanos y de un año, si fueran rurales, lo mismo que estipular pagos adelantados de más de tres meses, en el primer caso, y de más de seis meses en el segundo. Tampoco podrán los deudores constituir anticresis sino dentro de los términos y condiciones fijadas para el arrendamiento en el párrafo anterior. Para efectuar por más tiempo los contratos enunciados, así como para variar las condiciones fijadas, necesitan los prestatarios el consentimiento escrito del Banco, y sin él, serán absolutamente nulos respecto de la Institución. El Banco está obligado a expedir certificados de hipoteca sobre las propiedades gravadas a su favor, estableciendo en ellos solamente su ubicación, área y deslinde.
Fuente: Carta Orgánica de BHU.
Artículo 360°.- El Banco llevará al día los registros de hipotecas, que serán públicos y podrán ser examinados gratuitamente, haciendo constar en ellos los préstamos que forman cada serie, las cantidades acordadas y las propiedades territoriales afectadas, con su área, ubicación, tasación y número de empadronamiento.
Fuente: Carta Orgánica de BHU.
Artículo 361°.- Ningún deudor atrasado en el servicio de hipoteca constituida a favor del Banco podrá celebrar con éste nuevo contrato hipotecario, sin que previamente regularice su situación. En los casos de préstamos de edificación, las cesiones de cuotas sólo serán válidas con respecto al Banco, siempre que el mutuario esté al día en los servicios del préstamo en el momento de ser entregada la cuota. El Banco, podrá en cualquier momento ordenar la venta de los títulos depositados o disponer del efectivo también depositado para entregarse por cuotas en los préstamos de construcción y cubrir con su importe los servicios atrasados que se adeuden siempre que las cuotas estén garantidas por las construcciones efectuadas según inspección del Banco. Los embargos que se traben en las cuotas no impedirán al Banco el cobro de sus créditos, estando sólo obligado a rendir cuenta de las operaciones efectuadas si los acreedores lo solicitan. (47).
Fuente: Artículo 182, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
Artículo 362°.- La mora en el cumplimiento de las obligaciones que esta Ley y los contratos de préstamos establezcan se produce por el mero vencimiento de los términos fijados.
Fuente: Carta Orgánica de BHU.
Artículo 363°.- Una vez satisfecho el pago íntegro de la deuda, el Banco hará extender la cancelación de la hipoteca y devolverá los títulos al propietario. En los casos de venta, ejecución o adjudicación, cuando resulte saldo contra el deudor, se procederá de igual manera reservándose el Banco entonces, la copia de la hipoteca.
Fuente: Carta Orgánica de BHU
VENTA DE PROPIEDADES HIPOTECADAS
Nota: Ver el artículo 16 de la Ley 16.112 y los artículos 35 y siguientes de la Ley 18.125.
Artículo 364°.- El Banco podrá ejecutar judicialmente a sus deudores o proceder a la venta de las propiedades hipotecadas por sí y sin forma alguna de juicio, ordenando el remate público con la base total de la deuda, en los casos siguientes y cuando: 1. Falten, en la época fijada en el contrato, al pago de las cuotas y dejen transcurrir noventa días sin reparar la falta, no solicitar espera, la que podrá ser concedida o negada. 2. En los préstamos en dinero efectivo, sin anualidades, el deudor no pagará la deuda a su vencimiento, procediendo a la ejecución, noventa días después del vencimiento, si no se le acordara alguna prórroga; y 3. En el caso de siniestro, a que se refiere el artículo 69, no reconstruya la propiedad.
Fuente: Carta Orgánica de BHU.
Artículo 365°.- En los casos de venta a que se refiere el artículo anterior el Banco, con prescindencia absoluta del deudor, estará especialmente facultado para: 1. Hacer rematar, por el martillero que designe, sin necesidad de intervención judicial los inmuebles hipotecados, anunciando la venta durante 10 días: los 5 primeros en sección especial del "Diario Oficial" y los 5 restantes en un diario de la capital. (50) 2. Disponer que la venta se haga en el paraje que indique, al mejor postor, y sobre la base de lo que importe la deuda, intereses punitorios líquidos y gastos de la ejecución, exigiendo al comprador, como seña, una suma prudencial que por los menos cubra totalmente los gastos, debiendo mencionarse esas circunstancias en los avisos respectivos, así como el nombre del deudor, cantidad adecuada o indicación de si la finca está o no arrendada por contrato inscripto en el Registro de Locaciones, y en caso afirmativo, por cuanto tiempo, renta que produce y forma de pago; los honorarios del rematador que no excederán del 1% (uno por ciento). (51) (52) Los honorarios y gastos de escrituración serán de cuenta del comprador. 3. Al vender las propiedades, recibir a su arbitrio, hasta el importe del saldo del préstamo en efectivo o en cédulas o títulos hipotecarios por su valor nominal. El excedente sobre el importe del préstamo deberá cubrirse siempre en moneda nacional de curso legal. (53). 4. Acordar al comprador en el caso de tratarse de hipotecas constituidas en efectivo o en títulos, el derecho de continuar con todo o parte de la hipoteca.
5. Exigir ejecutivamente, en cualquier momento y contra cualquiera de los deudores, en caso de ser dos o más, el pago del saldo que le queden debiendo, por capital, intereses, servicios, gastos de reparaciones de los edificios, seguro, etc., cuando el producto de la venta de los inmuebles hipotecados no alcance a cubrir totalmente lo adeudado. 6. Entregar y escriturar al comprador los bienes vendidos; y 7. Pedir por medio del Juez respectivo el auxilio de la fuerza pública para ocupar o tomar posesión de los bienes hipotecados, para colocar en ellos banderas o carteles de remates; para hacer que los interesados o rematadores los examinen, y para dar, en caso de venta, la posesión a los compradores, no obstante la oposición de los dueños o de los ocupantes, si se produjera tal oposición. Los jueces procederán en estos casos como en aquellos en que se hubiera renunciado a los trámites del juicio ejecutivo.
Fuente: Redacción del numeral dada por el artículo 182 de la Ley 13.728
Artículo 366°.- Si la venta, no se realiza, se dispondrá un segundo remate, dentro de los noventa días siguientes, en la misma forma determinada en los artículos anteriores, o con una rebaja hasta del cuarenta por ciento sobre la base del primer remate. Si ésta tampoco diera resultado, los Jueces ordenarán, a solicitud del Banco, sin más constancia que la de haber fracasado los remates verificados, le sea adjudicada la propiedad sin audiencia del deudor, ni más trámites que la presentación de la escritura de la hipoteca, otorgándole la escritura correspondiente por el importe de la suma que había servido de base para el último remate, quedando así el Banco en condiciones de liquidar la cuenta para el cobro del saldo personal.
Fuente: Carta Orgánica de BHU.
Artículo 367°.- (Base del remate).- Para el remate previsto en los artículos 80 y 81 de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay la base será el equivalente al 75% (setenta y cinco por ciento) del valor catastral del inmueble. Para el caso del remate previsto en el artículo 82 de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay, podrá el Banco disponer que la venta se haga por hasta la mitad del valor de tasación catastral."
Fuente: Artículo 2, Ley 18.125 de 27 de abril de 2007
Nota: Los artículos 89 y 81 de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay corresponden a los artículos 367 y 368 del presente Texto Ordenado. El artículo 82 de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay corresponden a los artículos 369 del presente Texto Ordenado.
Artículo 368°.- En caso que la tasación catastral que establece el valor real de inmuebles ubicados en zonas urbanas y suburbanas objeto de ejecución forzada judicial, ejecución extrajudicial o venta judicial, no incluyera el valor de las construcciones, la misma podrá ser sustituida por tasación extrajudicial, presentada por el ejecutante o actor.
Fuente: Artículo 17, Ley 18.574 de 14 de setiembre de 2009.
Artículo 369°.- Adquirida la propiedad por el Banco el Juez ordenará le sea entregada de inmediato.
Fuente: Carta Orgánica de BHU.
Artículo 370°.- En los casos de venta, la firma de la promesa de compraventa importa, por parte del comprador la aceptación de los títulos de propiedad del inmueble, y el compromiso de escriturar lisa y llanamente dentro de los diez días de avisado por el Banco.
Fuente: Carta Orgánica de BHU.
Artículo 371°.- El Banco podrá proceder a la venta de los inmuebles hipotecados en los casos previstos por el artículo 80, aunque el inmueble se encuentre embargado en virtud de orden judicial por ejecución de otros créditos, y aunque el deudor esté concursado o haya sido declarado en quiebra. En estos casos deberá poner a disposición de la autoridad respectiva una vez hecha la liquidación de la deuda, el remanente del precio, cubierto que sea el crédito a su favor y los gastos producidos.
Fuente: Carta Orgánica de BHU.
Nota: Ver artículos 14 y 15 de la Ley 17.596.
Artículo 372°.- Efectuada la venta y escriturada la propiedad, se tomará la liquidación de la deuda, gastos e intereses, aplicando a su pago el producto de aquélla, y si hubiera sobrante se entregará al deudor o sus sucesores declarados en juicio, salvo los casos previstos en el artículo 87. Si no se presentasen a recibirlo, el Banco conservará dicho saldo en sus cajas hasta que sea solicitado.
Fuente: Carta Orgánica de BHU.
Artículo 373°.- Los jueces, bajo pretexto alguno, podrán suspender o trabar el procedimiento del Banco para la venta en remate de las propiedades hipotecadas, a menos que se trate de tercería excluyente de dominio. Los gravámenes del inmueble, posteriores a la hipoteca del Banco, no producen contra éste efecto alguno, y, por consiguiente, no estará obligada la Institución a citar a los demás acreedores hipotecarios, si los hubiera, en los casos de ejecución o venta a que se refiere el artículo 80. Esto no obstante, el Banco deberá establecer, en los avisos de remate, los gravámenes posteriores al suyo que constan anotados en el título de propiedad, surtiendo esta publicación los efectos de notificación personal a los acreedores. Los jueces ordenarán sin más trámite y directamente, a pedido y bajo la responsabilidad del Banco, el levantamiento de todo embargo, segunda y ulteriores hipotecas, o cualquier otro gravamen posterior a la hipoteca que pesa sobre el inmueble vendido, al solo efecto del traspaso de dominio. El sobrante de la venta, si lo hubiere, en los casos a que se refieren los incisos anteriores, lo consignará el Banco en la Oficina de Crédito Público, a disposición de quien corresponda, según resuelvan los Jueces competentes. Las costas y costos que se originen en caso de ejecución de segunda o ulteriores hipotecas, no tendrán prelación sobre el crédito del Banco.
Fuente: Carta Orgánica de BHU.
Artículo 374°.- Si el Banco optase por la ejecución judicial, quedan suprimidos los trámites del juicio ejecutivo, debiendo efectuarse el remate por el rematador que indique, ya sea al mejor postor, o bien sobre la base del importe de la deuda, intereses punitorios y una cantidad prudencial para gastos, rigiendo en todo lo demás las disposiciones aplicables del presente capítulo.
Fuente: Carta Orgánica de BHU.
Artículo 375°.- En los remates judiciales o extrajudiciales realizados en aplicación de la presente Carta Orgánica, el Banco podrá realizar ofertas de hasta el 90% (noventa por ciento) del valor de tasación del inmueble realizada por tasador designado por el propio Banco, en tanto no supere el doble del valor catastral del inmueble.
Fuente: Artículo 369, Ley 19.149 de 24 de octubre de 2013.
CAPÍTULO XIV
DISPOSICIONES VARIAS
Artículo 376°.- Declárase que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente tendrá la titularidad y disponibilidad de la totalidad de los recursos destinados al Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización. (este creo que vendría a sustituir el artículo 70 del TOLVI)
Fuente: Artículo 335, Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005.
Artículo 377°.- Autorízase al Inciso 14 "Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente" al mantenimiento del Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización en las monedas o títulos de cualquier tipo según lo considere conveniente, así como a la realización de colocaciones financieras e inversiones en activos de eventuales excedentes, previa autorización del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fuente: Artículo 336, Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005.
Artículo 378°.- Autorízase al Inciso 14 "Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente" a disponer de hasta el 5% (cinco por ciento) de los ingresos del Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización a fin de solventar las erogaciones tanto de funcionamiento como de inversión no imputables directamente al costo de las obras.
Fuente: Artículo 337, Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005.
Artículo 379°.- La Contaduría General de la Nación habilitará el crédito adicional necesario en la misma fuente de financiamiento, toda vez que los créditos de inversiones financiados con cargo al Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización, ajustados de acuerdo a lo establecido por el artículo 405 de la Ley N° 17.296, de 21 de febrero de 2001, sean insuficientes para ejecutar el nivel de inversiones autorizado.
Fuente: Artículo 338, Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005.
Artículo 380°.- A partir de la vigencia de la presente Ley, los créditos presupuestales asignados con la financiación 1.5 "Fondo Nacional de Vivienda" se ajustarán bimestralmente en función de la recaudación de los ingresos previstos en el artículo 81 de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968, en la redacción dada por el artículo 1° de la Ley N° 16.237, de 2 de enero de 1992, y sus modificativas, con excepción de los establecidos en el literal d) del referido artículo.
Los organismos recaudadores de los ingresos afectados a dicho Fondo deberán comunicar a la Contaduría General de la Nación y al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la recaudación mensual dentro de los quince días siguientes al mes de su percepción.
Fuente: Artículo 602, Ley N° 18.719, de 27 de diciembre de 2010.
Nota: El artículo 81 mencionado corresponde al 72 del presente Texto Ordenado.
Artículo 381°.- Autorízase al Inciso 14 "Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente", a transferir los fondos presupuestales que soliciten los Gobiernos Departamentales a efectos de ejercer el derecho de preferencia previsto en el artículo 66 de la Ley N° 18.308, de 18 de junio de 2008.
El otorgamiento de los fondos, se realizará a través del Fondo Nacional de Vivienda creado por el artículo 81 de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968, en la redacción dada por el artículo 1° de la Ley N° 16.237, de 2 de enero de 1992, y estará condicionado, a la posterior traslación de dominio del inmueble al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para la cartera de inmuebles destinados a Vivienda de Interés Social.
Fuente: Artículo 211, Ley N° 19.670, de 15 de octubre de 2018.
Artículo 382°.- Los préstamos destinados a construcción, ampliación o refacción de inmuebles con financiación del Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización por intermedio de instituciones financieras se entregarán al prestatario en cuotas, a medida que avancen las obras.
Dichas cuotas tendrán la calidad de inembargables y no estarán sujetas a interdicción de clase alguna.
Previamente a la entrega deberá verificarse que las obras realizadas correspondan a las respectivas cuotas. Podrá sin embargo adelantarse el importe de las cuotas para efectuar acopios de materiales a incorporarse en la construcción, ampliación o refacción de inmuebles que se financien.
Fuente: Artículo 248, Ley N° 18.172, de 31 de agosto de 2007.
Artículo 383°.- La comercialización de los materiales necesarios a la industria de la construcción queda sometida a las disposiciones de la Ley N° 10.940 de 19 de setiembre de 1947, pudiendo el Poder Ejecutivo regular con carácter general sus precios en las distintas etapas de su comercialización, aplicándose en lo pertinente, las disposiciones del artículo 12 y concordantes de la mencionada Ley.
Fuente: Artículo 201, Ley 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
Artículo 384°.- Exonérase del pago del impuesto a las Trasmisiones Inmobiliarias la primera transmisión del dominio de viviendas declaradas de interés social destinadas a habitación del adquirente.
Fuente: Artículo 202, Ley 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
Artículo 385°.- Cuando se gestionare la exoneración total o parcial de aportes de la industria de la construcción por la utilización de los procedimientos de autoconstrucción o de mano de obra benévola, en función de lo establecido por el decreto - Ley 14.411, de 7 de agosto de 1975, y sus modificativos, el Banco de Previsión Social deberá expedirse dentro de un plazo no mayor a los sesenta días corridos.
En caso de que transcurra ese término sin que se dicte resolución, el solicitante, siempre que disponga de las restantes autorizaciones habilitantes para comenzar los trabajos, podrá comenzar la construcción proyectada sin perjuicio de que si, en definitiva, no corresponde exoneración, la situación contributiva será la que resulte de la avaluación administrativa y de los efectos de las inspecciones que puedan realizarse para comprobar la concordancia del planteamiento inicial con la situación de hecho, en este caso no se aplicarán multas ni recargos, salvo que se comprueben conductas ilícitas.
Fuente: Artículo 4°, Ley 16.237, de 2 de enero de 1992.
Artículo 386°.- Exonérase del pago del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales, creado por la Ley N° 16.107, de 31 de marzo de 1990, y sus modificativas las siguientes enajenaciones:
A) Las que se efectúen a favor de un organismo público, con la finalidad de destinar los bienes objeto de la misma, exclusivamente a la construcción de viviendas.
B) Las que realicen los organismos públicos a favor de particulares, como consecuencia de la adjudicación de una vivienda económica, media o núcleo básico evolutivo.
C) Las enajenaciones que se realicen entre particulares y organismos públicos en cumplimiento y ejecución de licitaciones públicas adjudicadas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y que por resolución fundada de éste se encuentren comprendidas dentro de la ejecución de los planes de vivienda del citado Ministerio.
D) Las enajenaciones otorgadas entre particulares en el marco de las relocalizaciones financiadas por el Fondo Nacional de Vivienda del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, siempre que el precio se integre total o parcialmente con subsidio estatal
Las exoneraciones referidas en esta disposición operarán de pleno derecho, dejándose constancia de las mismas por el profesional interviniente en el acto traslativo de dominio.
Fuente: Literal D agregado por Artículo 493 de la Ley 19.355 de 19 de diciembre de 2015. Resto Artículo 445, Ley 16.736, de 5 de enero de 1996
Artículo 387°.- Corresponderá al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y al Banco Hipotecario del Uruguay, indistintamente, la legitimación activa en todas las gestiones de cualquier clase tendientes al cobro de los importes a que refieren los artículos 70 y 71 de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968. A estos mismos efectos, el testimonio de las actuaciones administrativas a través de las cuales hayan quedado comprobadas las circunstancias generadoras de los créditos, constituirá título ejecutivo.
Fuente: Artículo 4°, Ley 16.237, de 2 de enero de 1992.
(Nota: Los artículos 70 y 71 referidos, corresponden a los artículos 65 y 66 del presente Texto Ordenado).
Artículo 388°.- Facúltase a las personas públicas no estatales y cooperativas para que en forma autónoma puedan otorgar a sus afiliados préstamos para vivienda, en las condiciones previstas por el artículo 32 de la Ley 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
A esos efectos, dichas instituciones tendrán la más amplia libertad de administración de sus recursos, elección de tipología de vivienda nueva o usada y condiciones de los préstamos a otorgarse.
Fuente: Artículo 4°, Ley 16.237, de 2 de enero de 1992.
(Nota: El artículo 32 referido, corresponde al artículo 27 del presente Texto Ordenado).
Artículo 389°.- Las adjudicaciones de viviendas que se realicen con financiación del Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización - excepto las correspondientes a MEVIR, al sistema cooperativo y fondos sociales - se realizarán por estricto sorteo entre quienes se encuentren, de acuerdo a las condiciones que establezcan la reglamentación, en igualdad de condiciones de ingresos.
Fuente: Artículo 4ª, Ley N° 16.237, de 2 de enero de 1992.
Artículo 390°.- Declárese por vía interpretativa que el artículo 81 de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968, en la redacción dada por el artículo 1 de la Ley N° 16.237, de 2 de enero de 1992, implica que a partir del 1 de febrero de 1992 la totalidad del producido del impuesto que grava a las jubilaciones y las pensiones servidas por el Banco de Previsión Social (artículo 25 del decreto - Ley N° 15.294, de 23 de junio de 1982) queda exclusivamente afectado a la construcción de viviendas para el usufructo de jubilados y pensionistas cuyas asignaciones mensuales de pasividad sean inferiores a dos salarios mínimos nacionales.
Fuente: Artículo 1°, Ley 16.464, de 12 de enero de 1994.
(Nota; El artículo 81 referido, corresponde al artículo 72 del presente Texto Ordenado).
Artículo 391°.- Los bienes inmuebles adjudicados o enajenados por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente o adquiridos con subsidios otorgados al amparo de lo establecido en el Capítulo V de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968 y sus modificativas, quedan gravados por el término de veinticinco años con derecho real a favor del Ministerio citado por el monto equivalente al subsidio asignado debiendo constar el mismo en la escritura respectiva sin perjuicio de la depreciación prevista en el artículo 70 de la mencionada Ley, en la redacción dada por el artículo 341 de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005. Cuando la adquisición de un inmueble con subsidio habitacional otorgado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, hubiera sido financiada en forma complementaria con un préstamo hipotecario concedido al adquirente por el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) o cualquier institución de intermediación financiera, de lo cual se deberá dejar constancia en la escritura respectiva, el derecho real previsto en este inciso, pierde su rango en relación con los créditos hipotecarios referidos.
En caso de ejecución del inmueble sujeto a dicho gravamen, el Juzgado interviniente, el BHU o la ANV deberán solicitar al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente la información relativa al monto del subsidio reajustado y no depreciado, en función del tiempo transcurrido. Dicho monto deberá ser reembolsado al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente una vez satisfecho el préstamo hipotecario referido en el inciso primero, siempre que se hubiere otorgado el mismo. Cuando el subsidio otorgado hubiera representado el 90% (noventa por ciento) o más del precio correspondiente según así resulte de la escritura respectiva, el inmueble será inembargable en tanto no transcurra el plazo de inalienabilidad establecido en el artículo 70 citado o se hubiera producido el reembolso del subsidio no depreciado.
Este beneficio se aplicará exclusivamente al adjudicatario del subsidio habitacional directo o a sus causahabientes. La presente disposición regirá para todas las enajenaciones ya efectuadas, así como para las que realice en el futuro el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, siempre que sus adquirentes hubieran recibido subsidio
Fuente: Artículo 447, Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996 en la redacción dada por Artículo 29, Ley N° 18.795, de 17 de agosto de 2011 .
(Nota: el artículo 70 referido, corresponde al artículo 65 del presente Texto Ordenado).
Artículo 392.- Facúltase al Inciso 14 "Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente" a rescindir administrativamente los contratos de suministro de viviendas suscritos entre el citado Ministerio, el instituto de asistencia técnica y la cooperativa de vivienda, constituida bajo la modalidad grupo del Sistema Integrado de Acceso a la Vivienda (SIAV), que tienen por objeto la provisión de soluciones habitacionales a sus integrantes, cuando se configuren alguna de las siguientes causales:
A) Incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones estipuladas en el contrato de suministro, en las normas legales y reglamentarias aplicables al programa grupo SIAV.
B) Incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones estipuladas en el contrato de asistencia técnica, suscrito entre el instituto de asistencia técnica y la cooperativa de vivienda.
La rescisión administrativa de los contratos de suministro importará de pleno derecho la revocación del contrato de asistencia técnica respectivo y consecuentemente la imposibilidad de ejecutar las obligaciones pactadas en el mismo. La rescisión administrativa del contrato de suministro, es sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que por derecho pudieren corresponder.
Esta disposición regirá para todos los contratos de suministro y de asistencia técnica suscritos con anterioridad a la vigencia de la presente Ley, así como para los que se otorguen en el futuro, en el marco del programa grupo SIAV.
Fuente: Artículo 253, Ley N° 18.172, de 31 de agosto de 2007.
Artículo 393°.- Comuníquese, etc.
ANEXO NORMATIVO

Leyes

1) ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE
2) VIVIENDA SOCIAL
3) DESALOJO COLECTIVO
4) VIVIENDAS VACÍAS
5) DISPOSICIONES VARIAS
Leyes Complementarias
1) Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible
PROMULGACION: 18 de junio de 2008
PUBLICACION: 30 de junio de 2008
Actualizado: 31 de diciembre de 2018.
Ley N° 18.308 - Ley de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible.
PODER LEGISLATIVO
El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,
DECRETAN:
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Artículo 1°.- (Objeto).- La presente Ley establece el marco regulador general para el ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, sin perjuicio de las demás normas aplicables y de las regulaciones, que por remisión de ésta, establezcan el Poder Ejecutivo y los Gobiernos Departamentales. A tal fin:
a) Define las competencias e instrumentos de planificación, participación y actuación en la materia.
b) Orienta el proceso de ordenamiento del territorio hacia la consecución de objetivos de interés nacional y general.
c) Diseña los instrumentos de ejecución de los planes y de actuación territorial.
Artículo 2°.- (Declaración de interés general, naturaleza y alcance).- Declárase de interés general el ordenamiento del territorio y de las zonas sobre las que la República ejerce su soberanía y jurisdicción.
Los instrumentos de ordenamiento territorial son de orden público y obligatorios en los términos establecidos en la presente Ley. Sus determinaciones serán vinculantes para los planes, proyectos y actuaciones de las instituciones públicas, entes y servicios del Estado y de los particulares.
El ordenamiento territorial es cometido esencial del Estado y sus disposiciones son de orden público.
Artículo 3°.- (Concepto y finalidad).- A los efectos de la presente Ley, el ordenamiento territorial es el conjunto de acciones transversales del Estado que tienen por finalidad mantener y mejorar la calidad de vida de la población, la integración social en el territorio y el uso y aprovechamiento ambientalmente sustentable y democrático de los recursos naturales y culturales.
El ordenamiento territorial es una función pública que se ejerce a través de un sistema integrado de directrices, programas, planes y actuaciones de las instituciones del Estado con competencia a fin de organizar el uso del territorio.
Para ello, reconoce la concurrencia de competencias e intereses, genera instrumentos de promoción y regulación de las actuaciones y procesos de ocupación, transformación y uso del territorio.
Artículo 4°.- (Materia del ordenamiento territorial).- El ordenamiento territorial y desarrollo sostenible comprende:
a) La definición de estrategias de desarrollo sostenible, uso y manejo del territorio en función de objetivos sociales, económicos, urbanísticos y ecológicos, a través de la planificación.
b) El establecimiento de criterios para la localización de las actividades económicas y sociales.
c) La identificación y definición de áreas bajo régimen de Administración especial de protección, por su interés ecológico, patrimonial, paisajístico, cultural y de conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
d) La identificación de zonas de riesgo por la existencia de fenómenos naturales o de instalaciones peligrosas para asentamientos humanos.
e) La definición de equipamiento e infraestructuras y de estrategias de consolidación del sistema de asentamientos humanos.
f) La previsión de territorio a los fines y usos previstos en los planes.
g) El diseño y adopción de instrumentos y procedimientos de gestión que promuevan la planificación del territorio.
h) La elaboración e instrumentación de programas, proyectos y actuaciones con incidencia territorial.
i) La promoción de estudios para la identificación y análisis de los procesos políticos, sociales y económicos de los que derivan las modalidades de ocupación y ordenamiento del territorio.
Artículo 5°.- (Principios rectores del ordenamiento territorial).- Son principios rectores del ordenamiento territorial y desarrollo sostenible:
a) La adopción de las decisiones y las actuaciones sobre el territorio a través de la planificación ambientalmente sustentable, con equidad social y cohesión territorial.
b) La coordinación y cooperación entre sí, sin perjuicio de las competencias atribuidas a cada una, de las entidades públicas que intervienen en los procesos de ordenamiento del territorio y el fomento de la concertación entre el sector público, el privado y el social.
c) La descentralización de la actividad de Ordenamiento territorial y la promoción del desarrollo local y regional, poniendo en valor los recursos naturales, construidos y sociales presentes en el territorio.
d) La promoción de la participación ciudadana en los procesos de elaboración, implementación, seguimiento, evaluación y revisión de los instrumentos de ordenamiento territorial.
e) La distribución equitativa de las cargas y beneficios del proceso urbanizador entre los actores públicos y privados.
f) La recuperación de los mayores valores inmobiliarios generados por el ordenamiento del territorio.
g) La conciliación del desarrollo económico, la sustentabilidad ambiental y la equidad social, con objetivos de desarrollo integral, sostenible y cohesionado del territorio, compatibilizando una equilibrada distribución espacial de los usos y actividades y el máximo aprovechamiento de las infraestructuras y servicios existentes.
h) El desarrollo de objetivos estratégicos y de contenido social y económico solidarios, que resulten compatibles con la conservación de los recursos naturales y el patrimonio cultural y la protección de los espacios de interés productivo rural.
i) La creación de condiciones para el acceso igualitario de todos los habitantes a una calidad de vida digna, garantizando la accesibilidad a equipamientos y a los servicios públicos necesarios, así como el acceso equitativo a un habitat adecuado.
j) La tutela y valorización del patrimonio cultural, constituido por el conjunto de bienes en el territorio a los que se atribuyen valores de interés ambiental, científico, educativo, histórico, arqueológico, arquitectónico o turístico, referidos al medio natural y la diversidad biológica, unidades de paisaje, conjuntos urbanos y monumentos.
k) La prevención de los conflictos con incidencia territorial.
l) El carácter público de la información territorial producida por las instituciones del Estado.
TITULO II
DERECHOS Y DEBERES TERRITORIALES DE LAS PERSONAS
Artículo 6°.- (Derechos territoriales de las personas).-
a) Toda persona tiene derecho a que los poderes públicos establezcan un ordenamiento territorial adecuado al interés general, en el marco de los derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República.
b) Toda persona tiene derecho a la participación en los procedimientos de elaboración de los instrumentos de ordenamiento territorial.
c) Toda persona podrá demandar ante la sede judicial correspondiente la observancia de la legislación territorial y de los instrumentos de ordenamiento en todos los acuerdos, actos y resoluciones que adopten las instituciones públicas.
d) Toda persona tendrá derecho al acceso a la información sobre el territorio que posean las instituciones públicas.
e) Toda persona tiene derecho al uso común y general de las redes viales, circulaciones peatonales, ribera de los cursos de agua, zonas libres y de recreo -todas ellas públicas- y a acceder en condiciones no discriminatorias a equipamientos y servicios de uso público, de acuerdo con las normas existentes, garantizándolo a aquellas personas con capacidades diferentes.
Artículo 7°.- (Deberes territoriales de las personas).- Todas las personas tienen el deber de respetar las disposiciones del ordenamiento territorial y colaborar con las instituciones publicas en la defensa de su integridad a través del ejercicio racional y adecuado de sus derechos.
Asimismo las personas tienen el deber de proteger el medio ambiente, los recursos naturales y el patrimonio cultural y de conservar y usar cuidadosamente los espacios y bienes, públicos territoriales.
TITULO III
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 8°.- (Tipos de instrumentos).- La planificación y ejecución se ejercerá a través de los siguientes instrumentos de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible:
a) En el ámbito nacional: Directrices Nacionales y Programas Nacionales.
b) En el ámbito regional: Estrategias Regionales.
c) En el ámbito departamental: Directrices Departamentales, Ordenanzas Departamentales, Planes Locales.
d) En el ámbito interdepartamental: Planes Interdepartamentales.
e) Instrumentos especiales.
En la elaboración de los diferentes instrumentos se observarán los principios de información, participación, cooperación y coordinación entre las entidades públicas, sin perjuicio del respeto de la competencia atribuida a cada una de ellas. Los instrumentos de planificación territorial referidos son complementarios y no excluyentes de otros planes y demás instrumentos destinados a la regulación de actividades con incidencia en el territorio dispuestos en la legislación específica correspondiente, excepto los que la presente Ley anula, modifica o sustituye.
CAPITULO II
INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE ÁMBITO NACIONAL Y REGIONAL
Artículo 9°.- (Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible).- Las Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible constituyen el instrumento general de la política pública en la materia y tendrán por objeto:
a) El establecimiento de las bases y principales objetivos estratégicos nacionales en la materia.
b) La definición básica de la estructura territorial y la identificación de las actuaciones territoriales estratégicas.
c) La formulación de criterios, lineamientos y orientaciones generales para los demás instrumentos de ordenamiento territorial, para las políticas sectoriales con incidencia territorial y para los proyectos de inversión pública con impacto en el territorio nacional.
d) La determinación de los espacios sujetos a un régimen especial de protección del medio ambiente y sus áreas adyacentes y las modalidades de aprovechamiento, uso y gestión de los recursos naturales.
e) La propuesta de los incentivos y sanciones a aplicar por los organismos correspondientes que contribuyan a la concreción de los planes.
f) La proposición de medidas de fortalecimiento institucional y el apoyo a la coordinación y cooperación para la gestión planificada del territorio.
Artículo 10°.- (Elaboración y aprobación de las Directrices Nacionales).- El Poder Ejecutivo elaborará y someterá las Directrices Nacionales al Poder Legislativo para su aprobación, sin perjuicio de la iniciativa legislativa que a éste corresponde. En el proceso de elaboración de las Directrices Nacionales se fomentará la participación directa de las entidades públicas con competencia relevante en la materia y de los Gobiernos Departamentales.
Artículo 11°.- (Programas Nacionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible).- Constituyen Programas Nacionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible los instrumentos cuyo objetivo fundamental será establecer las bases estratégicas y las acciones para la coordinación y cooperación entre las instituciones públicas en ámbitos territoriales concretos o en el marco de sectores específicos de interés territorial nacional.
La elaboración de los Programas Nacionales corresponde al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a través de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, por sí o mediante la elaboración conjunta de éste con otros organismos públicos, en el marco del Comité Nacional de Ordenamiento Territorial y con el asesoramiento de la Comisión Asesora de Ordenamiento Territorial. Los Programas Nacionales serán elevados al Poder Ejecutivo para su aprobación. Tendrán la vigencia y mecanismos de revisión que establezcan.
Artículo 12°.- (Estrategias Regionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible).- Constituyen Estrategias Regionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible los instrumentos de carácter estructural referidos al territorio nacional que, abarcando en todo o en parte áreas de dos o más departamentos que compartan problemas y oportunidades en materia de desarrollo y gestión territorial, precisan de coordinación supra-departamental para su óptima y eficaz planificación.
Las Estrategias Regionales contendrán al menos las siguientes determinaciones:
a) Objetivos regionales de mediano y largo plazo para el ordenamiento territorial y desarrollo sostenible.
b) Lineamientos de estrategia territorial contemplando la acción coordinada del Gobierno Nacional, los Gobiernos Departamentales y los actores privados.
c) La planificación de servicios e infraestructuras territoriales.
d) Propuestas de desarrollo regional y fortalecimiento institucional.
Artículo 13°.- (Elaboración y aprobación de las Estrategias Regionales).-Las Estrategias Regionales serán elaboradas mediante un procedimiento de concertación formal entre el Gobierno Nacional, representado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y los Gobiernos Departamentales involucrados. Las Estrategias Regionales deberán ser aprobadas por el Poder Ejecutivo y los Gobiernos Departamentales interesados.
CAPITULO III
INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS ÁMBITOS DEPARTAMENTAL E INTERDEPARTAMENTAL
Artículo 14°.- (Competencias departamentales de ordenamiento territorial).-Los Gobiernos Departamentales tendrán la competencia para categorizar el suelo, así como para establecer y aplicar regulaciones territoriales sobre usos, fraccionamientos, urbanización, edificación, demolición, conservación, protección del suelo y policía territorial, en todo el territorio departamental mediante la elaboración, aprobación e implementación de los instrumentos establecidos por esta Ley, en el marco de la legislación aplicable.
Artículo 15°.- (Ordenanza Departamental de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible).- La Ordenanza Departamental de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible constituye el instrumento con las determinaciones generales respecto a la gestión, planificación y actuación territorial en toda la jurisdicción del departamento. Es de competencia exclusiva de los Gobiernos Departamentales la elaboración y aprobación de las Ordenanzas Departamentales.
Artículo 16°.- (Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible).- Las Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible constituyen el instrumento que establece el ordenamiento estructural del territorio departamental, determinando las principales decisiones sobre el proceso de ocupación, desarrollo y uso del mismo. Tienen como objeto fundamental planificare! desarrollo integrado y ambientalmente sostenible del territorio departamental, mediante el ordenamiento del suelo y la previsión de los procesos de transformación del mismo. Es de competencia exclusiva de los Gobiernos Departamentales la elaboración y aprobación de las Directrices Departamentales.
Artículo 17°.- (Planes Locales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible).- Los Planes Locales de Ordenamiento del Territorio son los instrumentos para el ordenamiento de ámbitos geográficos locales dentro de un departamento. Se realizarán a iniciativa del Gobierno Departamental con la participación de las autoridades locales, las que definirán en cada caso su contenido, salvo cuando los contenidos del Plan Local estén indicados en un instrumento de ordenamiento territorial del ámbito departamental. Su tramitación y aprobación se hará en los términos establecidos en la presente Ley. Es de competencia exclusiva de los Gobiernos Departamentales la elaboración y aprobación de los presentes instrumentos, así como la definición del ámbito de cada Plan Local.
Artículo 18°.- (Planes Interdepartamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible).- Los Planes Interdepartamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible constituyen el instrumento que establece el ordenamiento estructural y detallado, formulado por acuerdo de partes, en los casos de micro regiones compartidas. Tendrán la naturaleza de los Planes Locales de Ordenamiento Territorial y serán elaborados y aprobados por los Gobiernos Departamentales involucrados.
CAPITULO IV
INSTRUMENTOS ESPECIALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Artículo 19°.- (Instrumentos Especiales).- Son los instrumentos complementarios o supletorios de los anteriores, entre los que se podrán incluir, entre otros: Planes Parciales, Planes Sectoriales, Programas de Actuación Integrada y los Inventarios, Catálogos y otros instrumentos de protección de bienes y espacios. Los Instrumentos Especiales deberán ser aprobados por los respectivos Gobiernos Departamentales y tendrán efecto vinculante sobre los derechos y deberes de las personas y de la propiedad inmueble.
Artículo 20°.- (Planes Parciales y Planes Sectoriales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible).- Los Planes Parciales constituyen instrumentos para el ordenamiento detallado de áreas identificadas por el Plan Local o por otro instrumento, con el objeto de ejecutar actuaciones territoriales específicas de: protección o fomento productivo rural; renovación, rehabilitación, revitalización, consolidación, mejoramiento o expansión urbana; conservación ambiental y de los recursos naturales o el paisaje; entre otras. Los Planes Sectoriales constituyen instrumentos para la regulación detallada de temas específicos en el marco del Plan Local o de otro instrumento y en particular para el ordenamiento de los aspectos territoriales de las políticas y proyectos sectoriales con impacto estructurante. Los Planes Parciales y los Planes Sectoriales serán aprobados por los respectivos Gobiernos Departamentales y se formalizarán en los documentos adecuados conforme a la Ordenanza Departamental.
Artículo 21°.- (Programas de Actuación Integrada).- Los Programas de Actuación Integrada constituyen el instrumento para la transformación de sectores de suelo categoría urbana, suelo categoría suburbana y con el atributo de potencialmente transformable e incluirán, al menos:
a) La delimitación del ámbito de actuación en una parte de suelo con capacidad de constituir una unidad territorial a efectos de su ordenamiento y actuación.
b) La programación de la efectiva transformación y ejecución.
c) Las determinaciones estructurantes, la planificación pormenorizada y las normas de regulación y protección detalladas aplicables al ámbito.
Tienen por finalidad el cumplimiento de los deberes territoriales de cesión, equi-distribución de cargas y beneficios, retorno de las valoraciones, urbanización, construcción o desarrollo entre otros. El acuerdo para autorizar la formulación de un Programa de Actuación Integrada se adoptará por la Intendencia Departamental de oficio o a instancia de parte, la que deberá presentar la propuesta del ámbito sugerido y justificación de la viabilidad de la actuación. La Intendencia Departamental, podrá autorizar la elaboración del Programa de Actuación Integrada y la posterior ejecución por gestión pública, privada o mixta, según los criterios establecidos en la Ordenanza Departamental. La elaboración por iniciativa privada únicamente podrá autorizarse cuando cuente con la conformidad de la mayoría de los propietarios de suelo en el ámbito propuesto y se ofrezcan garantías suficientes de su ejecución, todo ello en arreglo a lo que establezca la Ordenanza Departamental correspondiente.
Artículo 22°.- (Inventarios, Catálogos y otros instrumentos de protección de Bienes y Espacios).- Son instrumentos complementarios de ordenamiento territorial, que identifican y determinan el régimen de protección para las construcciones, conjuntos de edificaciones y otros bienes, espacios públicos, sectores territoriales o zonas de paisaje en los que las intervenciones se someten a requisitos restrictivos a fin de asegurar su conservación o preservación acordes con su interés cultural de carácter histórico, arqueológico, artístico, arquitectónico, ambiental o patrimonial de cualquier orden. Estos se podrán aprobar como documentos independientes o integrados en los otros instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible. Las Intendencias Departamentales mantendrán un registro actualizado de todos los inmuebles inventariados y catalogados, con información suficiente de su situación física y jurídica así como las medidas y grado de protección a que estén sujetos. Esta información deberá ser inscripta en el Inventario Nacional de Ordenamiento Territorial.
CAPITULO V
ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Artículo 23°.- (Elaboración de los instrumentos de ámbito departamental).- El Intendente elaborará y someterá los instrumentos del ámbito departamental a la Junta Departamental respectiva para su aprobación, sin perjuicio de la iniciativa legislativa que a ésta corresponde.
El Poder Ejecutivo, los entes y servicios públicos, prestarán su colaboración y facilitarán los documentos e información necesarios.
Artículo 24°.- (Puesta de Manifiesto. Suspensión cautelar).- En el proceso de elaboración de los instrumentos de los ámbitos regional, departamental e interdepartamental se redactará el avance que contenga los principales estudios realizados y los criterios y propuestas generales que orientarán la formulación del documento final. El órgano competente dispondrá, en todos los casos indicados en el inciso precedente, la Puesta de Manifiesto del avance por un período no menor a los treinta días a efectos de la consulta y recepción de las observaciones, la que será ampliamente difundida. A partir del inicio de la elaboración de los avances de los instrumentos, los Gobiernos Departamentales podrán establecer fundadamente como medida cautelar, la suspensión de las autorizaciones de usos, fraccionamientos, urbanización, construcción o demolición, en ámbitos territoriales estratégicos o de oportunidad. La suspensión cautelar se extinguirá, en todos los casos, con la aprobación definitiva del instrumento respectivo.
Artículo 25°.- (Aprobación previa y Audiencia Pública).- Los instrumentos se someterán a la consideración del órgano competente para adoptar su aprobación previa, a efectos de abrir el período de audiencia pública y solicitud de informes. La audiencia pública será obligatoria para los Planes Locales y para todos los Instrumentos Especiales, siendo su realización facultativa para los restantes instrumentos. La publicación de la aprobación previa determinará la suspensión de las autorizaciones en trámite de usos, fraccionamientos, urbanización, construcción o demolición en los ámbitos en que las nuevas determinaciones supongan modificación del régimen vigente. Esta suspensión se extinguirá con la aprobación definitiva del instrumento respectivo. Se deberá solicitar informes a las instituciones públicas, entes y servicios descentralizados respecto a las incidencias territoriales en el ámbito del instrumento. Previo a la aprobación definitiva, se deberá solicitar al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el informe sobre la correspondencia del instrumento con los demás vigentes y realizar el procedimiento ambiental que corresponda, el que dispondrá del plazo de treinta días hábiles desde la recepción para expedirse, vencido el cual sin pronunciamiento, se entenderá como emitido en sentido favorable.
Artículo 26°.- (Naturaleza jurídica. Publicación).- Los instrumentos del ámbito departamental tendrán la naturaleza jurídica de Decretos Departamentales a todos sus efectos. La omisión de las instancias obligatorias de participación social acarreará la nulidad del instrumento de ordenamiento territorial pertinente. Todos los instrumentos previstos en la presente Ley deberán ser publicados en el Diario Oficial.
Artículo 27°.- (Efectos de la entrada en vigor de los Instrumentos de Ordenamiento Territorial).- La entrada en vigor de los instrumentos previstos en la presente Ley, producirá los siguientes efectos:
a) La vinculación de los terrenos, instalaciones y edificaciones al destino definido por el instrumento y al régimen jurídico del suelo que les sea de aplicación.
b) No podrán otorgarse autorizaciones contrarias a las disposiciones de los instrumentos. Esta determinación alcanza al proceso de Autorización Ambiental Previa que se tramitará sólo para proyectos encuadrados en el instrumento de ordenamiento territorial aplicable. En los casos de apertura de minas y canteras quedará habilitada de oficio la gestión para la posible revisión del instrumento que se trate.
c) La declaración automática de fuera de ordenamiento, total o parcialmente incompatibles con el instrumento respectivo, para las instalaciones, construcciones, fraccionamientos o usos, concretados con anterioridad a la entrada en vigor y que resulten disconformes con el nuevo ordenamiento.
d) La obligatoriedad del cumplimiento de sus determinaciones de carácter vinculante para todas las personas, públicas y privadas.
e) La obligatoriedad de sus determinaciones a los efectos de la aplicación por la Administración de los medios de ejecución forzosa frente a los incumplimientos.
f) La declaración de utilidad pública sobre los terrenos, instalaciones y construcciones correspondientes, cuando prevean obras públicas o delimiten ámbitos de actuación a ejecutar mediante expropiación.
Existiendo instrumento vigente, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la Comisión Honoraria Pro-Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (MEVIR - "Dr. Alberto Gallinal Heber") y toda entidad pública, deberán construir las viviendas objeto de su competencia únicamente dentro de las previsiones de dichos instrumentos, obteniendo previamente el permiso de construcción respectivo. Esta disposición también rige para todo tipo de construcciones de la Administración Central, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, cuando construyan por sí o mediante contrato de cualquier tipo. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, expedirá un dictamen técnico de Viabilidad Territorial en caso de no existir instrumentos de ordenamiento y desarrollo territorial vigentes y aplicables para la zona de implantación de un emprendimiento para el que corresponda la autorización ambiental previa de acuerdo con la Ley N° 16.466, de 19 de enero dé 1994 y su reglamentación.
Artículo 28°.- (Seguimiento durante la vigencia).- Los instrumentos de ordenamiento territorial conforme a la presente Ley deberán prever mecanismos de seguimiento, control y evaluación técnica y monitoreo ciudadano, durante el período de vigencia. Las entidades públicas responsables de la implementación y aplicación de las disposiciones de los instrumentos deberán rendir cuenta de su actividad regularmente, poniendo de manifiesto los resultados de su gestión.
Artículo 29°.- (Revisión de los Instrumentos de Ordenamiento Territorial).- Las modificaciones en las determinaciones de los instrumentos deberán ser establecidas por instrumentos de igual jerarquía y observando los procedimientos establecidos en la presente Ley para su elaboración y aprobación. Toda alteración del ordenamiento establecida por un instrumento que aumente la edificabilidad o desafecte el suelo de un destino público, deberá contemplar las medidas compensatorias para mantener la proporcionalidad y calidad de los equipamientos. Los instrumentos serán revisados cuando se produzcan los supuestos o circunstancias que él mismo defina, así como siempre que se pretenda introducir alteraciones en él o en el territorio. Los instrumentos podrán prever procedimientos de revisión menos exigentes para modificaciones de aquellas determinaciones que hayan definido como no sustanciales, sin perjuicio que las mismas deberán ser establecidas por normas de igual jerarquía.
TITULO I
LA PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

CAPITULO I
DISPOSICIONES BÁSICAS

Artículo 30°.- (Categorización de suelo en el territorio).- La competencia exclusiva del Gobierno Departamental para la Categorización de suelo en el territorio del departamento se ejercerá mediante los instrumentos de ordenamiento territorial de su ámbito. El suelo se podrá categorizar en: rural, urbano, o suburbano. Para cada categoría podrán disponerse en los instrumentos subcategorías, además de las que se establecen en la presente Ley. Los Gobiernos Departamentales podrán categorizar con carácter cautelar por un plazo predeterminado como suburbano o rural, áreas de territorio que entiendan necesario proteger hasta tanto elaboren instrumentos que lo categoricen en forma definitiva y dictarán simultáneamente las disposiciones de protección necesarias.
Artículo 31°.- (Suelo Categoría Rural).- Comprenderá las áreas de territorio que los instrumentos de ordenamiento territorial categoricen como tales, incluyendo las subcategorías:
a) Rural productiva, que podrá comprender áreas de territorio cuyo destino principal sea la actividad agraria, pecuaria, forestal o similar, minera o extractiva, o las que los instrumentos de ordenamiento territorial establezcan para asegurar la disponibilidad de suelo productivo y áreas en que éste predomine. También podrá abarcarse como suelo rural las zonas de territorio con aptitud para la producción rural cuando se trate de áreas con condiciones para ser destinadas a fines agropecuarios, forestales o similares y que no se encuentren en ese uso.
b) Rural natural, que podrá comprender las áreas de territorio protegido con el fin de mantener el medio natural, la biodiversidad o proteger el paisaje u otros valores patrimoniales, ambientales o espaciales. Podrá comprender, asimismo, el Álveo de las lagunas, lagos, embalses y cursos de agua del dominio público o fiscal, del mar territorial y las fajas de defensa de costa.
Los suelos de categoría rural quedan, por definición, excluidos de todo proceso de urbanización de fraccionamiento con propósito residencial y comprendidos en toda otra limitación que establezcan los instrumentos.
Artículo 32°.- (Suelo Categoría Urbana).- El suelo categoría urbana comprenderá las áreas de territorio de los centros poblados, fraccionadas, con las infraestructuras y servicios en forma regular y total, así como aquellas áreas fraccionadas parcialmente urbanizadas en las que los instrumentos de ordenamiento territorial pretenden mantener o consolidar el proceso de urbanización. En el suelo categoría urbana los instrumentos podrán establecer las subcategorías de:
a) Suelo categoría urbana consolidado, cuando se trate de áreas urbanizadas dotadas al menos de redes de agua potable, drenaje de aguas pluviales, red vial pavimentada, evacuación de aguas servidas, energía eléctrica y alumbrado público; todo ello en calidad y proporción adecuada a las necesidades de los usos a que deban destinarse las parcelas.
b) Suelo categoría urbana no consolidado, cuando se trate de áreas en las que aún existiendo un mínimo de redes de infraestructuras las mismas no sean suficientes para dar servicio a los usos previstos por el instrumento.
Asimismo podrán tener la categoría de suelo categoría urbana no consolidado las zonas degradadas o en desuso que, de conformidad con las previsiones de los instrumentos, deban ser objeto de actuaciones con la finalidad de su consolidación o renovación.
A los efectos de lo dispuesto por el numeral 1° del artículo 297 de la Constitución de la República, así como toda otra legislación y en especial sobre fraccionamientos, el concepto de propiedad inmueble urbana se podrá adjudicar al suelo categoría urbana.
Artículo 33°.- (Suelo Categoría Suburbana).- Comprenderá las áreas de suelo constituidas por enclaves con usos, actividades e instalaciones de tipo urbano o zonas en que éstas predominen, dispersos en el territorio o contiguos a los centros poblados, según lo establezcan los instrumentos de ordenamiento territorial.
Son instalaciones y construcciones propias de suelo categoría suburbana las: habitacionales, turísticas, residenciales, deportivas, recreativas, industriales, de servicio, logística o similares.
A los efectos de lo dispuesto por el numeral 1° del artículo 297 de la Constitución de la República, así como toda otra legislación y en especial sobre fraccionamientos, el concepto de propiedad de inmuebles suburbanos se podrá adjudicar, en todo o en parte del predio, indistintamente al suelo categoría suburbana o urbana.
Artículo 34°.- (Atributo de potencialmente transformable).- Los instrumentos de ordenamiento territorial podrán delimitar ámbitos de territorio como potencialmente transformables. Sólo se podrá transformar un suelo incluido dentro de una categoría en otra, en áreas con el atributo de potencialmente transformable. Únicamente será posible incorporar terrenos a los suelos categoría urbana y categoría suburbana mediante la elaboración y aprobación de un programa de actuación integrada para un perímetro de actuación específicamente delimitado dentro de suelo con el atributo de potencialmente transformable. Mientras no tenga lugar la aprobación del correspondiente programa de actuación integrada, el suelo con el atributo de potencialmente transformable estará sometido a las determinaciones establecidas para la categoría de suelo en que fuera incluido.
CAPITULO II
RÉGIMEN GENERAL DE LOS DERECHOS Y DEBERES TERRITORIALES DE LA PROPIEDAD INMUEBLE
Artículo 35°.- (Derechos generales de la propiedad de suelo).- Forman parte del contenido del derecho de propiedad de suelo las facultades de utilización, disfrute y explotación normales del bien de acuerdo con su situación, características objetivas y destino de conformidad con la legislación vigente. Las limitaciones al derecho de propiedad incluidas en las determinaciones de los instrumentos de ordenamiento territorial se consideran comprendidas en el concepto de interés general declarado en la presente Ley y, por remisión a ésta, a la concreción de los mismos que resulte de los instrumentos de ordenamiento territorial. El cumplimiento de los deberes vinculados al ordenamiento territorial establecidos por la presente Ley, es condición para el ejercicio de los derechos de aprovechamiento urbanístico del inmueble. El ejercicio del derecho a desarrollar actividades y usos, a modificar, a fraccionar o a construir, por parte de cualquier persona, privada o pública, física o jurídica, en cualquier parte del territorio, está condicionado a la obtención del acto administrativo de autorización respectivo, salvo la excepción prevista en el suelo categoría rural productiva. Será condición para el dictado del presente acto administrativo, el cumplimiento de los deberes territoriales establecidos por la presente Ley.
Artículo 36°.- Derecho de superficie).- El propietario de un inmueble, privado o fiscal, podrá conceder a otro el derecho de superficie de su suelo, por un tiempo determinado, en forma gratuita u onerosa, mediante escritura pública registrada y subsiguiente tradición. El derecho de superficie es el derecho real limitado sobre un inmueble ajeno que atribuye temporalmente parte o la totalidad de la propiedad y comprende el derecho a utilizar el bien según las disposiciones generales de la legislación aplicable y dentro del marco de los instrumentos de ordenamiento territorial y conforme al contrato respectivo. El titular del derecho de superficie tendrá respecto al bien objeto del mismo iguales derechos y obligaciones que el propietario del inmueble respecto de éste. Extinguido el derecho de superficie, el propietario recuperará el pleno dominio del inmueble, así como las accesiones y mejoras introducidas en éste, salvo estipulación contractual en contrario.
Artículo 37°.- (Deberes generales relativos a la propiedad inmueble).-Constituyen deberes territoriales para los propietarios de inmuebles, en el marco de la legislación vigente y en función del interés general, entre otros, los siguientes:
a) Deber de usar. Los propietarios de inmuebles no podrán destinarlos a usos contrarios a los previstos por los instrumentos de ordenamiento territorial conforme a la presente Ley y las determinaciones que se establezcan conforme a los mismos durante su aplicación.
b) Deber de conservar. Todos los propietarios de inmuebles deberán mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, realizando las obras de conservación oportunas y cumpliendo las disposiciones que a tal efecto dictamine el Gobierno Departamental competente.
c) Deber de proteger el medio ambiente y la diversidad. Todos los propietarios quedarán sujetos a las normas sobre protección del ambiente, los recursos naturales y el patrimonio natural, absteniéndose de cualquier actividad perjudicial para los mismos. Se comprende el deber de resguardar el inmueble frente al uso productivo de riesgo o la ocupación de suelo con fines habitacionales en zonas de riesgo.
d) Deber de proteger el patrimonio cultural. Todos los propietarios deberán cumplir las normas de protección del patrimonio cultural, histórico, arqueológico, arquitectónico, artístico y paisajístico.
e) Deber de cuidar. Los propietarios de inmuebles deberán vigilarlos y protegerlos frente a intrusiones de terceros, haciéndose responsables en caso de negligencia de las acciones que éstos puedan ejercer en contravención a lo dispuesto por los instrumentos de ordenamiento territorial o en menoscabo de los deberes territoriales.
f) Deber de rehabilitar y restituir. Los propietarios de inmuebles quedarán sujetos al cumplimiento de las normas de rehabilitación patrimonial o de restitución ambiental.
Serán exigibles además los deberes territoriales particulares vinculados a la ejecución de perímetros de actuación según las categorías de suelo establecidas en el Capítulo III del presente Título.
CAPITULO III
FACULTADES Y OBLIGACIONES TERRITORIALES
Artículo 38°.- (Condiciones generales de los instrumentos. Limites y estándares mínimos).- Los instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible en las áreas delimitadas de suelo urbano, suelo suburbano o suelo con el atributo de potencialmente transformable, preverán las reservas de espacios libres y equipamiento, así como limites de densidad y edificabilidad.
Con carácter general, en las actuaciones residenciales, industriales, de servicios, turísticas, deportivas, de recreación u otras, las reservas para espacios libres, equipamientos, cartera de tierras y otros destinos de interés municipal, departamental o nacional, sin perjuicio del área destinada a circulaciones, no podrán ser inferiores al 10% (diez por ciento) del sector a intervenir.
El Gobierno Departamental, atendiendo a las características socioeconómicas de su ámbito jurisdiccional o la dotación de áreas para circulaciones públicas del proyecto, podrá disminuir el citado estándar hasta el 8% (ocho por ciento).
Los terrenos antes referidos deberán ser cedidos de pleno derecho a la Intendencia Departamental o a la entidad pública que ésta determine, como condición inherente a la actividad de ejecución territorial. En todos los casos los instrumentos de ordenamiento territorial exigirán que las nuevas urbanizaciones y fraccionamientos antes de su autorización definitiva ejecuten a su costo, la red vial y la conexión a la red vial general para la continuidad de la trama existente, además de las infraestructuras indicadas en el literal a) del artículo 32 de la presente Ley. En caso contrario deberán otorgar garantía real o personal suficiente a favor del Gobierno Departamental por el valor de dichas infraestructuras. La evacuación de aguas servidas deberá estar conectada a la red urbana preexistente en el sector o realizada a través de un sistema técnicamente avalado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y aprobado por la Intendencia Departamental para cada caso.
Artículo 39°.- (Régimen del suelo rural).- Los propietarios de terrenos categorizados como suelo rural tienen derecho a la realización de los actos precisos para la utilización y explotación agrícola, forestal, en general productiva rural o minera y extractiva, a las que estén efectivamente destinados, conforme a su naturaleza, sin más limitaciones que las impuestas por la legislación aplicable. Otros usos en el suelo categoría rural productiva, que pudieran ser admisibles por no implicar riesgos de su transformación, precisarán de la oportuna autorización de la Intendencia Departamental, si así lo dispusieran los instrumentos de ordenamiento territorial que se aprueben. No requerirán la correspondiente autorización para edificar en suelo categoría rural productiva, la vivienda del productor rural y del personal del establecimiento y aquellas edificaciones directamente referidas a la actividad rural, salvo que un instrumento de ordenamiento territorial así lo exija. En el suelo rural quedan prohibidas las edificaciones que puedan generar necesidades de infraestructuras y servicios urbanos, representen el asentamiento de actividades propias del medio urbano en detrimento de las propias del medio rural o hagan perder el carácter rural o natural al paisaje.
Artículo 40°.- (Régimen del suelo urbano consolidado).- Los propietarios de parcelas en suelo urbano consolidado tendrán derecho a edificar y usar, conforme a las determinaciones establecidas en los instrumentos de ordenamiento territorial y estarán obligados a ejecutar, a su costo, las obras de conexión de la parcela a las infraestructuras existentes a fin de garantizar la condición de solar de la misma. En aquellos ámbitos señalados en los instrumentos de ordenamiento territorial y en los casos que determine la Intendencia Departamental, los propietarios de los solares baldíos o terrenos con edificación ruinosa, deberán edificarlos o rehabilitar sus construcciones, en el plazo máximo que establezcan los mismos.
Artículo 41°.- (Facultades de la propiedad inmueble en suelo urbano no consolidado y suelo potencialmente transformable).- Los propietarios de inmuebles en suelo urbano no consolidado y en suelo con el atributo de potencialmente transformable, una vez incluido en un Programa de Actuación Integrada, tendrán las siguientes facultades:
a) Promover su ejecución y transformación en las condiciones y requerimientos que se establecen en esta Ley.
b) Adjudicación de los solares resultantes de acuerdo con el proyecto de fraccionamiento o urbanización, en proporción a sus aportaciones al proceso de ejecución.
c) Edificar en dichos solares, conforme a las determinaciones del instrumento y una vez cumplidos los deberes territoriales.
Los propietarios que renuncien voluntariamente o sean excluidos del proceso de ejecución por aplicarse la expropiación, tendrán derecho a la indemnización legalmente prevista, sin incorporar a la valoración de ésta los beneficios que se derivan del proceso de ejecución.
Los propietarios de inmuebles en suelo con el atributo de potencialmente transformable, no incluido en un Programa de Actuación Integrada tendrán derecho a presentar consultas e iniciativas a la Intendencia Departamental para acceder a la efectiva incorporación de los mismos al proceso de transformación territorial.
Artículo 42°.- (Obligaciones de la propiedad inmueble en suelo urbano no consolidado y suelo potencialmente transformable).- Los propietarios de inmuebles en suelo urbano no consolidado, así como en suelo con el atributo de potencialmente transformable, una vez incluido en un Programa de Actuación Integrada, tendrán las siguientes obligaciones:
a) De ejecutar a su costo las obras de urbanización del ámbito.
b) De ceder a la Intendencia Departamental o a la entidad pública que ésta determine, de forma gratuita, los terrenos del ámbito que los instrumentos de ordenamiento territorial prevean con destino a uso y dominio público.
c) De ceder a la Intendencia Departamental los terrenos urbanizados edificables o inmuebles en los que se concrete el derecho a la participación de ésta en la distribución de los mayores beneficios.
d) De distribuir de forma equitativa o de compensar, entre todos los interesados del ámbito, los beneficios y cargas que se deriven de la ejecución del instrumento de ordenamiento territorial.
Artículo 43°.- (Régimen de los fraccionamientos en suelo urbano, suburbano y suelo con el atributo potencialmente transformable).- No podrán autorizarse fraccionamientos en suelo urbano, suburbano o en suelo con el atributo de potencialmente transformable, siempre que generen superficies de uso público destinadas al tránsito, sin que se haya cumplido con las condiciones determinadas por el artículo 38 de la presente Ley, debiendo figurar la constancia de su cumplimiento en el respectivo plano.
Para las cesiones de solares o inmuebles de los fraccionamientos autorizados con posterioridad a la presente Ley, en las que se concreta la cesión prevista en el artículo 38 citado, en el sector a intervenir, así como el derecho a la participación de los mayores valores de la acción territorial de los poderes públicos, además de las áreas destinadas al uso público, la traslación de dominio opera de pleno derecho por su figuración en los respectivos planos
Fuente: Artículo 43 de la Ley N° 18.308 de 18 de junio de 2008 en la redacción dada por Artículo 502, de la Ley 19.670 de 15 de octubre de 2018.
Artículo 44°.- (Régimen de indemnización).- La adecuación de las facultades del derecho de propiedad a las modalidades de uso y localización de actividades previstas en los instrumentos de ordenamiento territorial, tales como usos del suelo, fraccionabilidad y edificabilidad, no origina por sí sola derecho a indemnización alguna. La indemnización procederá únicamente en los casos de expropiación, o de limitaciones que desnaturalicen las facultades del derecho de propiedad, con daño cierto. No son indemnizables las afectaciones basadas en meras expectativas originadas en la ausencia de planes o en la posibilidad de su formulación.
Artículo 45°.- (Equi-distribución de las cargas y beneficios).- Establécese la distribución equitativa de las cargas y beneficios generados por el ordenamiento territorial entre los titulares de los inmuebles involucrados en las acciones derivadas del mismo y de su ejecución. Los instrumentos de ordenamiento territorial contendrán disposiciones que consagren un sistema adecuado de distribución equitativa de cargas y beneficios entre los propietarios de inmuebles involucrados en el ordenamiento territorial.
Artículo 46°.- (Retorno de las valorizaciones).- Una vez que se aprueben los instrumentos de ordenamiento territorial, la Intendencia Departamental tendrá derecho, como Administración territorial competente, a participar en el mayor valor inmobiliario que derive para dichos terrenos de las acciones de ordenamiento territorial, ejecución y actuación, en la proporción mínima que a continuación se establece:
a) En el suelo con el atributo de potencialmente transformable, el 5% (cinco por ciento) de la edificabilidad total atribuida al ámbito.
b) En el suelo urbano, correspondiente a áreas objeto de renovación, consolidación o reordenamiento, el 15% (quince por ciento) de la mayor edificabilidad autorizada por el nuevo ordenamiento en el ámbito. La participación se materializará mediante la cesión de pleno derecho de inmuebles libres de cargas de cualquier tipo a la Intendencia Departamental para su inclusión en la cartera de tierras. Los promotores de la actuación, que manifiesten su interés y compromiso por edificar los inmuebles que deben ser objeto de cesión de acuerdo con el instrumento, podrán acordar con la Intendencia Departamental la sustitución de dicha cesión por su equivalente en dinero. Dicho importe será destinado a un fondo de gestión territorial o bien la permuta por otros bienes inmuebles de valor similar. Si la Intendencia Departamental asume los costos de urbanización le corresponderá además, en compensación, la adjudicación de una edificabilidad equivalente al valor económico de su inversión.
CAPITULO IV
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Artículo 47°.- (Garantía de sostenibilidad. Procedimiento ambiental de los instrumentos). Los instrumentos de ordenamiento territorial establecerán una regulación ambientalmente sustentable, asumiendo como objetivo prioritario la conservación del ambiente, comprendiendo los recursos naturales y la biodiversidad, adoptando soluciones que garanticen la sostenibilidad. Los instrumentos de ordenamiento territorial, a excepción de los del ámbito nacional, deberán contar con una Evaluación Ambiental Estratégica aprobada por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a través de la Dirección Nacional de Medio Ambiente en la forma que establezca la reglamentación. El procedimiento ambiental se integrará en la elaboración del correspondiente instrumento
Fuente: Artículo 47 de la Ley N° 18.308 de 18 de junio de 2008 en la redacción dada por el Artículo 502, Ley 19.355 de 10 de diciembre de 2015
Artículo 48°.- (Exclusión de suelo en el proceso de urbanización).-Quedan excluidos del proceso urbanizador los suelos:
a) Pertenecientes al Sistema Nacional de áreas Naturales Protegidas, salvo lo que se establezca en aplicación de lo dispuesto por la Ley N° 17.234, de 22 de febrero de 2000 y su reglamentación.
b) Con valores ambientales, paisajísticos u otros declarados de interés departamental, salvo aquellos contenidos expresamente en los instrumentos relativos al área.
c) Necesarios para la gestión sustentable de los recursos hídricos.
d) De dominio público que conforme a su legislación específica deban ser excluidos.
e) Con riesgos naturales o con afectación de riesgos tecnológicos de accidentes mayores para los bienes y personas.
f) Con valores agrícolas, ganaderos, forestales o, en general, de interés departamental, regional o nacional para la producción rural.
g) Que los instrumentos de ordenamiento territorial consideren incompatible con el modelo adoptado.
Los instrumentos de ordenamiento territorial establecerán medidas de protección especial cuando concurra alguna de las circunstancias señaladas.
Artículo 49°.- (Prevención de riesgos).- Los instrumentos deberán tener en cuenta en la asignación de usos de suelo los objetivos de prevención y las limitaciones territoriales establecidas por los organismos competentes en lo referido a los riesgos para la salud humana. Los instrumentos de ordenamiento territorial deberán orientar los futuros desarrollos urbanos hacia zonas no inundables identificadas por el organismo estatal competente en el ordenamiento de los recursos hídricos. Deberán además proteger la sustentabilidad productiva del recurso suelo como bien no renovable, no autorizando las actividades causantes de degradación hídrica o del suelo, o las incompatibles con otros tipos de utilización más beneficiosa para el suelo, el agua o la biota. Queda comprendida en las competencias de los instrumentos de ordenamiento territorial, la facultad de establecer limites y distancias mínimas entre sí de cultivos agrícolas y forestales o con otros usos de suelo y actividades en el territorio.
Artículo 50°.- Protección de las zonas costeras).- Sin perjuicio de la faja de defensa de costas establecida en el artículo 153 del Código de Aguas, en la redacción dada por el artículo 193 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, el litoral de los ríos de la Plata, Uruguay, Negro, Santa Lucía, Cuareim y Yaguarón, así como el litoral Atlántico nacional y las costas de la Laguna Merin, serán especialmente protegidos por los instrumentos de ordenamiento territorial. En los fraccionamientos ya aprobados y no consolidados a la vigencia de la presente Ley en la faja de defensa de costas, que no cuenten con infraestructuras y en la mayoría de cuyos solares no se haya construido, únicamente podrá autorizarse la edificación presentando un Plan Especial que proceda al reordenamiento, reagrupamiento y reparcelación del ámbito, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley N° 16.466, de 19 de enero de 1994 y su reglamentación.
El Plan referido destinará a espacios libres los primeros 150 (ciento cincuenta) metros de la ribera medidos hacia el interior del territorio, en las condiciones establecidas por el inciso tercero del artículo 13 de la Ley N° 10.723, de 21 de abril de 1946 en la redacción dada por la Ley N° 10.866, de 25 de octubre de 1946 y asegurará la accesibilidad. Asimismo, evitará la formación de edificaciones continuas paralelas a la costa en el resto de la faja, sin perjuicio del cumplimiento de las demás condiciones que establezca la normativa aplicable a la que necesariamente deberá someterse el Plan Especial antes de su aprobación definitiva. Los recursos administrativos no tendrán efectos suspensivos cuando se trate de inmuebles públicos o privados comprendidos en la faja costera referida en el inciso primero.
Artículo 51°.- (Impactos territoriales negativos en zonas costeras).- El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, rechazará fundadamente cualquier emprendimiento, en la faja de defensa de costas, si el mismo fuera capaz de provocar impactos negativos, entendiendo como tales:
a) La contradicción con los instrumentos de ordenamiento territorial aplicables.
b) La construcción de edificaciones sin sistema de saneamiento con tratamiento total de efluentes o conexión a red.
c) La materialización de fraccionamientos o loteos sin las infraestructuras completas necesarias.
d) Las demás que prevea la reglamentación. También se evaluará la posibilidad de que el emprendimiento pueda ser capaz de generar impactos territoriales acumulativos, entendiéndose por tales la posibilidad de posteriores iniciativas que, por su acumulación, puedan configurar disfunciones territoriales o ambientales severas.
CAPITULO V
DISPOSICIONES DE VIVIENDA Y SUELO EN EL MARCO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Artículo 52°.- (Coordinación entre las estrategias habitacionales y de suelo).- El ordenamiento territorial constituirá el instrumento fundamental en la articulación de las políticas públicas habitacionales y de suelo. Los Gobiernos Departamentales, a través de los instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, impulsarán las políticas habitacionales y de suelo delimitando áreas de territorio categoría urbana o con el atributo de potencialmente transformable en su caso, destinadas a las carteras públicas de tierras y calificando suelo destinado a vivienda de interés social en coordinación con el Plan Quinquenal de Vivienda. La aprobación de la delimitación del área será considerada como de declaración de utilidad pública a los efectos de su eventual expropiación.
Artículo 53°.- (Reserva de suelo para vivienda de interés social). En los sectores de suelo urbano o con el atributo de potencialmente transformable en que se desarrollen actuaciones de urbanización residencial, los instrumentos de ordenamiento territorial preverán viviendas de interés social de cualquiera de las categorías previstas en la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968 y sus modificativas. El número de éstas se situará entre el 10% (diez por ciento) y el 30% (treinta por ciento) de las viviendas totales que se autoricen en el ámbito de actuación. El porcentaje mínimo será concretado por el instrumento atendiendo a las necesidades de viviendas de interés social y a las características de los diferentes desarrollos residenciales. Se podrá eximir de esta obligación a las actuaciones en las que no se incremente el número de viviendas existentes.
Fuente: Artículo 53 de la Ley N° 18.308 de 18 de junio de 2008 en la redacción dada por el Artículo 488, Ley 19.355 de 10 de diciembre de 2015
TITULO V
LA ACTUACIÓN Y CONTROL EN EL MARCO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CAPITULO I
ACTUACIÓN TERRITORIAL

Artículo 54°.- (Control territorial y dirección de la actividad de ejecución).- El control y dirección de la actividad será público y comprende: la determinación de la forma de gestión, sus plazos y fuentes de financiamiento, la delimitación de los perímetros de actuación y la observación del cumplimiento de las obligaciones de compensación de cargas y beneficios y retorno de valorizaciones.
Se fomentará el desarrollo de la actividad de ejecución por iniciativa privada para el cumplimiento de los objetivos de los instrumentos de ordenamiento territorial.
El inicio de la actividad de ejecución requerirá la aprobación del instrumento de ordenamiento territorial correspondiente. No obstante, la ejecución de las redes básicas de uso público podrá realizarse en forma anticipada previa declaración de urgencia.
Artículo 55°.- (Regímenes de gestión de suelo).- Se podrán establecer regímenes de gestión de suelo definidos como el conjunto de modalidades operativas contenidas en los instrumentos de ordenamiento territorial para regular las intervenciones de las entidades públicas y de los particulares sobre el territorio.
Artículo 56°.- (Perímetros de Actuación).- El perímetro de actuación constituye un ámbito de gestión de un instrumento de ordenamiento territorial, en una superficie delimitada en el suelo categoría potencialmente transformable, o urbano no consolidado, para ejecutar las previsiones del mismo y efectuar el cumplimiento de los deberes territoriales de cesión, equidistribución de cargas y beneficios y retorno de las mayores valorizaciones.
La delimitación de un perímetro de actuación podrá traer aparejada la suspensión de otorgamiento de permisos de construcción hasta tanto no se aprueben los respectivos proyectos de urbanización y reparcelación en su caso.
Artículo 57°.- (Sistemas de gestión de los Perímetros de Actuación).- Los perímetros de actuación se desarrollarán por alguno de los siguientes sistemas de gestión:
a) Por iniciativa privada directa, constituyéndose una entidad privada para los fines de ejecución o por convenio de gestión entre los titulares de los terrenos.
b) Por cooperación público-privada, mediante la suscripción del correspondiente instrumento.
c) Por iniciativa pública, expropiando la Administración la totalidad de los bienes necesarios.
Artículo 58°.- (Proyectos de urbanización y de reparcelación).- Los proyectos de urbanización y reparcelación serán aprobados por la Intendencia Departamental conforme al procedimiento que defina la Ordenanza Departamental.
El proyecto de reparcelación integra el conjunto de predios comprendidos en un perímetro de actuación definiendo las parcelas resultantes, así como la adjudicación de las mismas a los propietarios en proporción a sus respectivos derechos y a la Intendencia Departamental, en la parte que le corresponde conforme a la presente Ley y al instrumento de ordenamiento territorial.
La reparcelación comprende también las compensaciones necesarias para asegurar la aplicación de la distribución de cargas y beneficios entre los interesados.
Artículo 59°.- (Operaciones territoriales concertadas. Cooperación público-privada).- Los instrumentos de ordenamiento territorial podrán disponer condiciones y localizaciones en que se estimularán operaciones territoriales concertadas conducidas por la Administración, con la participación de los propietarios inmobiliarios, los vecinos, los usuarios regulares de la zona, inversionistas privados o el Estado, con el objeto de alcanzar para un área determinada, transformaciones territoriales, mejoras sociales, desarrollo productivo o elevación de la calidad ambiental.
A iniciativa del Poder Ejecutivo o de uno o más Gobiernos Departamentales y también a propuesta de personas o entidades privadas, podrán constituirse sociedades comerciales de economía mixta cuyo objeto sea la urbanización, la construcción de viviendas u obras de infraestructura turísticas, industriales, comerciales o de servicios, así como cualquier obra de infraestructura o equipamiento prevista en un instrumento de ordenamiento territorial, incluyendo su gestión y explotación de conformidad con la legislación aplicable.
Artículo 60°.- (Mayores aprovechamientos).- Los instrumentos de ordenamiento territorial podrán admitir modificaciones de uso del suelo mediante el otorgamiento de contrapartida a cargo del beneficiado.
En el marco de las disposiciones de los instrumentos de ordenamiento territorial, se podrán constituir áreas y condiciones en las cuales el derecho de construir pueda ejercerse por encima del coeficiente de aprovechamiento básico establecido, mediante el otorgamiento de una contrapartida por parte del propietario inmobiliario beneficiado. También se podrá ejercer el derecho de construir en otro lugar, o enajenar este derecho, cuando el inmueble original se encuentre afectado por normativa de preservación patrimonial, paisajística o ambiental. La contrapartida, podrá alcanzar hasta el cincuenta por ciento del mayor valor resultante.
Artículo 61°.- (Fraccionamiento, edificación o utilización obligatorias).-Los instrumentos de ordenamiento territorial podrán establecer, para perímetros de actuación en los territorios comprendidos en éstos, la obligación de parcelamiento, edificación o utilización de suelo no utilizado, subutilizado o no edificado, debiendo fijar las condiciones y los plazos para la implementación de dicha obligación. El incumplimiento configurará falta a los deberes territoriales. El propietario afectado podrá requerir de la Administración la instrumentación de una operación territorial concertada con ésta como forma de viabilización financiera de su obligación y de relevar su incumplimiento.
Artículo 62°.- (Inmuebles necesarios para el cumplimiento de los planes).- Declárase de utilidad pública la expropiación por parte del Poder Ejecutivo o de los Gobiernos Departamentales de los bienes inmuebles necesarios para el cumplimiento de los instrumentos de ordenamiento territorial previstos en la presente Ley, cuando prevean:
a) La ejecución de las redes territoriales de saneamiento, drenaje pluvial, abastecimiento, vialidad, espacios libres y equipamientos públicos previstas en los instrumentos.
b) La ejecución de perímetros de actuación dirigida a la construcción de viviendas de interés social.
c) La ejecución de programas de protección o fomento productivo rural; renovación, rehabilitación, revitalización, consolidación, mejoramiento o expansión urbana; conservación ambiental y de los recursos naturales o el paisaje y otras similares.
En las áreas del territorio en que la existencia de fraccionamientos sin urbanización consolidada dificulte la recaudación departamental o constituya un freno significativo al desarrollo o conservación, las entidades responsables del ordenamiento territorial podrán iniciar acciones específicas para la regularización jurídica de la propiedad y la reparcelación de dichos fraccionamientos para el cumplimiento de los objetivos que establezcan los correspondientes instrumentos de ordenamiento territorial. Se podrá proceder, en estos casos, mediante el procedimiento de gestión y tasación conjunta.
En caso que el inmueble registre deudas con el Estado, el respectivo monto adeudado se compensará con el valor de tasación que se efectúe dentro del proceso de expropiación y a los efectos de la toma urgente de posesión, conforme establezca la reglamentación.
En caso que la compensación sea parcial, el ente estatal podrá depositar la diferencia, documentando judicialmente la existencia del adeudo fiscal de acuerdo a las normas respectivas.
Artículo 63°.- (Expropiación por incumplimiento de deberes territoriales).- Se declara de utilidad pública la expropiación por la Administración de los inmuebles en estado de abandono que teniendo potencialidades productivas o de utilidad social, no hayan sido explotados por más de diez años, a efectos de integrar las carteras de tierras.
Artículo 64°.- (Valoración).- A los efectos de establecer el monto de la indemnización, no se incorporará a la misma los beneficios que se deriven de la ejecución del instrumento respectivo.
Artículo 65°.- Aquellas personas cuyo núcleo familiar se encuentre en situación de precariedad habitacional, de acuerdo con los criterios establecidos por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, no siendo propietarias de inmuebles, sean poseedoras de un predio, no público ni fiscal, con aptitud de ser urbanizado, destinado a su vivienda y la de su núcleo familiar durante un período de cinco años, podrán solicitar a la Sede Judicial competente se declare la adquisición del dominio sobre el mismo por el modo prescripción. La posesión deberá ser ininterrumpida y con ánimo de dueño, pública y no resistida por el propietario. Podrán adquirirse a través de las disposiciones de este artículo, predios o edificios con una superficie habitable necesaria para cumplir el fin habitacional básico conforme a los criterios dispuestos por los artículos 12, 14, 18 literal A) y 19 de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968, hasta un máximo de trescientos metros cuadrados. No se reconocerá este derecho más de una vez al mismo poseedor. Cuando el predio sea parte de un inmueble en que existan otros en similar situación, la prescripción adquisitiva podrá gestionarse colectivamente. En esta situación podrán considerarse colectivamente las áreas del territorio que determinen los instrumentos de ordenamiento territorial. Las áreas necesarias para las infraestructuras, servicios y espacios públicos prescribirán en favor de la Intendencia Departamental. La prescripción será declarada por el Juez competente a instancia de los beneficiados, a través del proceso judicial correspondiente el cual estará exonerado de toda tributación; a su vez, podrá ser opuesta como defensa o excepción en cualquier proceso judicial. En los litigios en aplicación de este instituto, quedará en suspenso toda otra acción, de petición o posesoria, que pueda llegar a interponerse con relación al inmueble.
Fuente: Artículo 65, Ley 18.308 de 18 de junio de 2008 y sus modificativas establecidas en los artículos 285 y 289 de la Ley N° 19.149, de 24 de octubre de 2013, en la redacción dada por Artículo 11 de la Ley N° 19.661 de 21 de setiembre de 2018.
Artículo 66°.- (Derecho de preferencia).- El Gobierno Departamental tendrá preferencia para la adquisición de inmuebles objeto de enajenación onerosa entre particulares en las áreas dispuestas específicamente por los instrumentos de ordenamiento territorial a excepción de lo dispuesto en la Ley N° 11.029, de 12 de enero de 1948.
Artículo 67°.- (Carteras de Tierras).- Los Gobiernos Departamentales podrán crear carteras de tierras para fines de ordenamiento territorial en el marco de sus instrumentos, reglamentando su destino y utilización en el marco de sus respectivas competencias. Los inmuebles afectados al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente constituirán la Cartera Nacional de Tierras, estando dicho Ministerio habilitado a cederlos, venderlos, permutarlos, y aún donarlos, en cumplimiento de los instrumentos de ordenamiento territorial previstos en la presente Ley y demás legislación aplicable.
CAPITULO II
CONTROL TERRITORIAL
Artículo 68°.- (Policía territorial. Facultades disciplinarias).- Los Gobiernos Departamentales ejercerán la policía territorial mediante los instrumentos necesarios, a los efectos de identificar todas aquellas acciones, obras, fraccionamientos, loteos u operaciones de todo tipo realizadas en contravención de las normas aplicables y sancionar a los infractores.
El Poder Ejecutivo y los Gobiernos Departamentales, en el ámbito de sus respectivas competencias, están facultados a prohibir, impedir la prosecución y demoler, a costa del propietario, toda obra efectuada en violación de los instrumentos de ordenamiento territorial. Asimismo, podrán disponer las inspecciones, pericias, pedidos de datos, intimaciones y demás, que sean necesarias para hacer cumplir los instrumentos de ordenamiento territorial.
Artículo 69°.- (Facultad de policía territorial específica).- Las Intendencias Departamentales, en el marco de los poderes de policía territorial y de la edificación, deberán impedir, la ocupación, construcción, loteo, fraccionamiento y toda operación destinada a consagrar soluciones habitacionales, que implique la violación de la legislación vigente en la materia o los instrumentos de ordenamiento territorial, respecto de los inmuebles del dominio privado donde no pueda autorizarse la urbanización, fraccionamiento y edificación con destino habitacional.
Esta obligación regirá también para los casos que carezcan de permiso aunque se ubiquen en zonas donde pudiera llegar a expedirse dicha autorización.
Verificada la existencia de actividades que indiquen:
A) La subdivisión o construcción en lotes en zona donde no pueda autorizarse.
B) La subdivisión o la construcción no autorizada, o ante la constatación de la existencia en zona no habilitada para tal fin o sin previa autorización, de fraccionamiento, loteo y construcciones.
Cuando se trate de bienes inmuebles de propiedad privada, la Intendencia Departamental deberá concurrir ante la sede judicial de turno, solicitando la inmediata detención de las obras y la demolición de las existentes.
Presentada la demanda, el Juez actuante, verificados los extremos imprescindibles, decretará la suspensión inmediata de las obras y la demolición de las existentes.
En caso de incumplimiento de la orden emanada de la medida cautelar o de la demanda principal por el término de cinco días corridos, el Juez dispondrá el ingreso al predio para proceder a la inmediata demolición de las construcciones levantadas en contra de la orden judicial, con cargo a la propiedad, siendo de aplicación, en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 15.750, de 8 de julio de 1985, y toda otra legislación vigente.
Fuente: Artículo 69, Ley 18.308 de 18 de junio de 2008, en la redacción dada por Artículo 489 de la Ley N° 19.355 de 19 de diciembre de 2015
Artículo 70°.- (Ocupación ilegal de inmuebles con fines de asentamiento humano).- Se faculta al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, sin perjuicio de las competencias departamentales existentes, a aplicar las sanciones que establezca la legislación y la reglamentación a quien promueva o incentive la ocupación ilegal de inmuebles a los fines de asentamiento humano, en desconocimiento de lo dispuesto en los instrumentos de ordenamiento territorial establecidos por la presente Ley. Las empresas públicas prestadoras de servicios de agua potable, energía eléctrica, telefonía y transmisión de datos, deberán requerir informe previo del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para brindar servicios a viviendas o conjuntos de viviendas que formen parte dé asentamientos humanos ilegales.
Artículo 71°.- (Estímulos y sanciones. Garantías).- El Poder Ejecutivo y los Gobiernos Departamentales, a través de los mecanismos que correspondan, podrán establecer incentivos a efectos de impulsar las acciones y determinaciones de los instrumentos de ordenamiento territorial previstos por la presente Ley.
Toda obra, modificación predial, así como todo acto o hecho que se traduzca en la alteración física del territorio, hecha sin haberse obtenido el permiso respectivo o en contravención de los instrumentos de ordenamiento territorial, será sancionada sin perjuicio de la nulidad, con una multa de 50 UR (cincuenta unidades reajustables) a 50.000 UR (cincuenta mil unidades reajustables), de acuerdo al carácter o gravedad de la misma, pudiendo además la autoridad competente tomar las medidas necesarias a efectos de recomponer la situación anterior con cargo al infractor. Los recursos administrativos contra el acto que disponga la demolición o eliminación de las modificaciones prediales efectuadas sin el permiso correspondiente, tendrán efecto suspensivo, pero la autoridad competente podrá, por resolución fundada, hacer cesar la suspensión.
TITULO VI
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Artículo 72°.- (Promoción de la participación social).- Las instituciones públicas promoverán la participación social utilizando como mínimo, los instrumentos específicos que se establecen por la presente Ley.
Toda persona interesada podrá realizar propuestas, con la debida fundamentación, a los efectos de su consideración por las instituciones públicas competentes en los instrumentos de ordenamiento territorial.
Artículo 73°.- (Comisión Asesora).- Se comete al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la constitución de una Comisión Asesora de Ordenamiento Territorial, a efectos de incorporar las distintas visiones a las políticas del sector. Será presidida por el Director Nacional de Ordenamiento Territorial y estará integrada por delegados de instituciones públicas y privadas y representantes de la sociedad civil. Estarán comprendidos los Ministerios con competencia en la materia, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Congreso de Intendentes, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, la Universidad de la República, las gremiales de trabajadores, empresarios y profesionales, organizaciones no gubernamentales, otras instituciones de investigación y enseñanza, los Directores Nacionales de Medio Ambiente, de Aguas y Saneamiento y de Vivienda, así como toda otra entidad afín que incorpore la reglamentación. Esta Comisión podrá prestar su asesoramiento en todos los asuntos de competencia de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial a solicitud de ésta o por iniciativa de cualquiera de sus miembros. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, propondrá al Poder Ejecutivo la reglamentación correspondiente a su funcionamiento e integración. Los Gobiernos Departamentales podrán crear comisiones asesoras con participación de instituciones públicas y privadas y representantes de la sociedad civil, con el cometido de realizar aportes en el proceso de elaboración, ejecución y seguimiento de los instrumentos de ordenamiento territorial departamentales.
TITULO VII
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Artículo 74°.- (Coordinación entre la actividad departamental, regional y nacional).- Los Gobiernos Departamentales con la colaboración del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a través de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, deberán asegurar que exista la debida coordinación y compatibilidad entre los diversos instrumentos del ámbito departamental entre sí y con los instrumentos de los ámbitos nacional y regional en lo aplicable. Se establecerán procedimientos de elaboración concertada, a efectos de coordinar y compatibilizar en una fase temprana de su definición, los instrumentos sectoriales que tengan relevancia territorial, generados por los actores públicos, en la forma y procedimiento que establezca la reglamentación.
Artículo 75°.- (Comité Nacional de Ordenamiento Territorial).- Créase el Comité Nacional de Ordenamiento Territorial para la debida coordinación de las estrategias nacionales con incidencia en el territorio, el que será presidido por el Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y estará integrado por: el Ministro de Transporte y Obras Públicas; el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca; el Ministro de Industria, Energía y Minería; el Ministro de Turismo y Deporte; el Ministro de Defensa Nacional; el Ministro de Economía y Finanzas; el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y el Presidente del Congreso de Intendentes. El Director Nacional de Ordenamiento Territorial ejercerá la Secretaría del Comité Nacional de Ordenamiento Territorial. Los Ministros podrán ser representados por el Subsecretario o el Director General de Secretaria del Ministerio correspondiente, el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto por el respectivo Subdirector y el Presidente del Congreso de Intendentes por sus Vicepresidentes. El Comité podrá requerir la integración temporal de otros Ministros o Intendentes cuando los asuntos a tratar refieran a las competencias de éstos. El Poder Ejecutivo podrá variar la composición del Comité cuando se modifique la estructura o competencias de los Ministerios.
Artículo 76°.- (Cometidos del Comité Nacional de Ordenamiento Territorial).- Corresponde al Comité Nacional de Ordenamiento Territorial:
a) Contribuir a la formulación de las Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, así como los Programas Nacionales y efectuar sus seguimientos.
b) Pronunciarse sobre la correspondencia de los demás instrumentos de ordenamiento territorial a las Directrices Nacionales y dictaminar sobre la incidencia de ellos en los intereses nacionales.
c) Efectuar la declaración de interés nacional y urgente ejecución de las obras públicas promovidas por los órganos del Gobierno Nacional cuando éstas resulten incompatibles con cualquiera de los instrumentos de ordenamiento territorial, promoviendo su revisión.
d) Impulsar la información y la participación social en todos los procesos de ordenamiento territorial, a través de las formas que establece la presente Ley y las que surjan de la reglamentación.
e) Pronunciarse sobre la adecuación de los grandes proyectos de infraestructura u otros a las Directrices y Programas Nacionales.
f) Guiar los estudios e intercambios para la complementación e integración física de las infraestructuras a nivel territorial con los países limítrofes y a nivel sudamericano.
g) Entender en todo otro tema con incidencia relevante en el ordenamiento del territorio que le encomiende el Poder Ejecutivo.
Artículo 77°.- (Coordinación de las obras públicas en el marco de la planificación territorial).- Las obras públicas proyectadas por todo órgano del Estado o persona pública estatal o no, bajo cualquier modalidad o naturaleza, deberán ajustarse y compatibilizarse con las disposiciones de los instrumentos de ordenamiento territorial.
Dichas obras serán autorizadas, sin perjuicio de otros permisos correspondientes, de acuerdo con la normativa aplicable, por el Gobierno Departamental respectivo. En el caso que la solicitud fuere denegada por ser incompatible con el instrumento de ordenamiento territorial aplicable, el Comité Nacional de Ordenamiento Territorial podrá decidir sobre la efectiva materialización del proyecto, previa declaración de interés nacional y urgente ejecución. En este caso, el acuerdo del Comité determinará la suspensión parcial de aquellas determinaciones del instrumento que se opongan a la ejecución y generará el deber de iniciar el procedimiento para modificar dicho instrumento a fin de incorporar las previsiones oportunas que determinen la incidencia del proyecto, sin perjuicio de lo establecido al efecto sobre solución de divergencias. El Poder Ejecutivo se abstendrá de promover la declaración prevista y de ejecutar el proyecto, si el mismo resulta incompatible con las Directrices Nacionales o las Estrategias Regionales vigentes y aplicables.
La ejecución de las obras vinculadas a la defensa nacional se ajustará a lo dispuesto en su legislación específica.
Artículo 78°.- (Inventario Nacional de Ordenamiento Territorial. Registro de Instrumentos).- Créase el Inventario Nacional de Ordenamiento Territorial que funcionará en la órbita de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con el fin de facilitar la coordinación interinstitucional y compatibilizar políticas, programas, planes y proyectos de relevancia territorial. Los responsables de la elaboración de los instrumentos de ordenamiento territorial previstos en la presente Ley y de los planes, programas y proyectos de relevancia territorial a desarrollarse por organismos del Gobierno Nacional o de los departamentos o de los entes y servicios del Estado, deberán inscribir los mismos en el mencionado Inventario en los plazos y condiciones que prevea la reglamentación. Los planes, instrumentos, programas y proyectos vigentes con anterioridad a la presente Ley se deberán inscribir en un plazo de 180 (ciento ochenta) días de aprobada su reglamentación. La posible cooperación técnica y económica del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con los Gobiernos Departamentales, quedará condicionada al cumplimiento de la inscripción dispuesta. La información contenida en el Inventario estará disponible para consulta por parte de las instituciones interesadas y del público en general.
Artículo 79°.- (Sistema Nacional de Información Territorial).- Cométase al Poder Ejecutivo la estructuración de un sistema nacional de infraestructura de datos espaciales e información geográfica y literal asociada, como servicio público, para obtener, disponer y difundir información sobre la situación física del territorio, el paisaje, el patrimonio natural, riesgos y aptitudes, modos de asentamiento, vivienda, grados de ocupación, distribución espacial de actividades, afectaciones y cualesquiera otras circunstancias de interés con cobertura en el territorio nacional y su mar territorial, mediante la coordinación de las actuaciones de todas las entidades públicas con competencia o capacidad al respecto.
Artículo 80°.- (Solución de divergencias).- Las instituciones públicas, ante divergencias sobre criterios de ordenamiento, en zonas concretas o asuntos sectoriales, podrán iniciar procesos de negociación o mediación de conflictos, de forma voluntaria y de común acuerdo. A estos efectos podrán requerir la colaboración de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial.
En caso de que una de las partes o ambas, no acuerden con el resultado de la conciliación o resultare infructuosa ésta, serán resueltas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El proceso no tendrá efecto suspensivo, salvo que medie resolución expresa fundada del Tribunal al efecto.
Artículo 81°.- (Cooperación y apoyo del Gobierno Nacional. Fomento de la planificación departamental).- A solicitud de la Intendencia respectiva, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, brindará cooperación técnica y financiera, según establezcan las Leyes de presupuesto, a efectos de elaborar, gestionar y evaluar los instrumentos de ordenamiento territorial. La Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, tendrá entre sus cometidos de fomento de la planificación departamental, además de los establecidos por la legislación vigente, los siguientes:
a) Capacitación y apoyo a los servicios técnicos departamentales y estímulo a la innovación e investigación científico-técnica básica y aplicada y la capacitación relacionada con el territorio.
b) Elaboración de guías, protocolos y normas técnicas como apoyo a los Gobiernos Departamentales para elaborar los instrumentos de ordenamiento territorial y para el dictado de las normas pertinentes.
c) Colaboración técnica y financiera con las Intendencias en la elaboración de los instrumentos de ordenamiento territorial. La Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial y el Congreso de Intendentes podrán coordinar formas de cooperación técnica de alcance general.
TITULO VIII
DISPOSICIONES ESPECIALES
Artículo 82°.- (Fortalecimiento institucional para el Ordenamiento Territorial).- Cométese al Poder Ejecutivo la implementación de acciones para el fortalecimiento de las capacidades de gestión planificada del territorio ambientalmente sustentable y con equidad social, en el marco de la elaboración y ejecución de los instrumentos de ordenamiento territorial previstos en la presente Ley, en los ámbitos del Gobierno Nacional y Gobiernos Departamentales.
Artículo 83°.- (Ajustes legales).-
1) Ajustes a las Leyes N° 10.723, de 21 de abril de 1946 y N° 10.866, de 25 de octubre de 1946 (Ley de Centros Poblados).
a) Modifícase el artículo 1° de la Ley N° 10.723, de 21 de abril de 1946, en la redacción dada por la Ley N° 10.866, de 25 de octubre de 1946, el que quedará redactado de la siguiente forma:
"Queda exclusivamente reservada a los Gobiernos Departamentales respectivos, la competencia para autorizar toda creación de predios cuando así lo establezcan los instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, así como, en todos los casos, para autorizar la subdivisión de predios con destino directo o indirecto a la formación de centros poblados y para aprobar el trazado y la apertura de calles, caminos o sendas o cualquier tipo de vías de circulación o tránsito que impliquen o no amanzanamiento o formación de centros poblados". (Sustituido)
b) Deróganse el segundo y tercer incisos del artículo 2° de la Ley N° 10.723, de 21 de abril de 1946.
c) Modifícase el inciso tercero del artículo 9° de la Ley N° 10.723, de 21 de abril de 1946, que quedará redactado de la siguiente manera:
"En todos los casos estos planos se realizarán respectivamente por un profesional especializado en ordenamiento territorial o urbanismo y por un agrimensor".
d) Derógase el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N° 10.723, de 21 de abril de 1946.
e) Sustitúyase el inciso primero del artículo 11 de la Ley N° 10.723, de 21 de abril de 1946, el que quedará redactado de la siguiente forma:
"La violación a cualquiera de las normas contenidas en la presente Ley relativas al fraccionamiento o la enajenación de predios o aperturas de vías de tránsito, sin perjuicio de la nulidad absoluta del fraccionamiento y las ventas posteriores de predios parte del mismo, serán sancionadas con una multa de 50 UR (cincuenta unidades reajustables) a 50.000 UR (cincuenta mil unidades reajustables), con destino al Gobierno Departamental correspondiente, sin perjuicio de las demás sanciones que la transgresión pudiera producir. Las multas se harán efectivas por las Intendencias Departamentales y serán aplicadas solidariamente a todos los involucrados y profesionales intervinientes".
f) Derógase el inciso segundo del artículo 11 de la Ley N° 10.723, de 21 de abril de 1946.
g) Deróganse los numerales 1° y 2° del artículo 13 de la Ley N° 10.723, de 21 de abril de 1946 y sustituyese el numeral 3° del citado artículo en la redacción dada por la Ley N° 10.866, de 25 de octubre de 1946, el que quedará redactado de la siguiente forma:
"Ningún predio y ninguna vía pública que sirva de único acceso a predios podrá situarse ni total ni parcialmente en terrenos inundables, o que estén a nivel inferior a 50 centímetros por encima del nivel alcanzado por las más altas crecientes conocidas.
Tampoco podrá situarse ningún predio en los casos de contigüidad a los cauces del dominio público, dentro de las tierras abarcadas por una faja costera de 150 metros de ancho por lo menos, medida según lo dispone el Código de Aguas, a partir de la línea de ribera.
En todo fraccionamiento de predios costeros, la faja de 150 (ciento cincuenta) metros determinada a partir de la línea superior de la ribera pasará de pleno derecho al dominio público.
No se podrá admitir excepción alguna a lo previsto en el presente artículo".
h) Modifícase el artículo 15 de la Ley N° 10.723, de 21 de abril de 1946, en la redacción dada por la Ley N° 10.866, de 25 de octubre de 1946, el que quedará redactado de la siguiente forma:
"Queda prohibida, con las mismas sanciones establecidas en los artículos 10 y 11, toda división de tierras que implique crear predios independientes menores en superficie a 2.000 (dos mil) metros cuadrados si no cuenta con sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y de drenaje pluvial, de suministro de energía eléctrica, alumbrado público y pavimentos, construidos según lo autorizado y recibido por el organismo ejecutor correspondiente". (Sustituido)
i) Modifícase el artículo 16 de la Ley N° 10.723, de 21 de abril de 1946, el que quedará redactado de la siguiente forma:
"Queda prohibida, con las mismas sanciones establecidas en los artículos 10 y 11, toda división de tierra que implique crear predios independientes menores a las dimensiones que establezcan los instrumentos de ordenamiento territorial. En todo caso la dimensión mínima de los lotes será de 300 (trescientos) metros cuadrados de superficie". (Sustituido)
j) Sustitúyase el artículo 19 de la Ley N° 10.723, de 21 de abril de 1946, el que quedará redactado de la siguiente forma:
"Todos los fraccionamientos y trazados efectuados en contravención a lo dispuesto por la presente Ley y las ordenanzas e instrumentos de ordenamiento territorial, serán absolutamente nulos, debiendo el Gobierno Departamental imponer las sanciones correspondientes a que refieren los artículos 10 y 11 de la presente Ley".
2) Ajustes a la Ley N° 13.493, de 20 de setiembre de 1966. Modifícase el inciso primero del artículo 1° de la Ley N° 13.493, de 20 setiembre de 1966, el que quedará redactado de la siguiente manera:
"Las autoridades públicas competentes no autorizarán ningún fraccionamiento de suelo urbano, creando nuevos lotes destinados a la construcción de vivienda u otros usos urbanos que no cuenten con los servicios habilitados de agua potable y energía eléctrica, posibilidad de conexión a saneamiento en cada uno de los lotes, más los servicios generales de pavimento, red de alcantarillado y alumbrado público".
3) Ajustes a la Ley N° 17.292, de 25 de enero de 2001.
a) Modifícase el inciso primero del artículo 48 de la Ley N° 17.292, de 25 de enero de 2001, el que quedará redactado de la siguiente manera:
"Las urbanizaciones desarrolladas en suelo categoría urbana o suelo categoría suburbana según lo que establezcan los instrumentos de ordenamiento territorial, que se encuadren dentro de las previsiones de la presente Ley y de las normativas departamentales de ordenamiento territorial, podrán regirse por el régimen de la propiedad horizontal".
b) Derógase el inciso cuarto del artículo 48 de la Ley N° 17.292, de 25 de enero de 2001.
c) Agrégase un inciso final al artículo 48 de la Ley N° 17.292, de 25 de enero de 2001, con el siguiente texto:
En los suelos categorías urbana y suburbana, para las actuaciones residenciales, de turismo residencial o similares, el área comprendida entre los componentes de la trama de circulación pública, no podrá superar un máximo de 10.000 (diez mil) metros cuadrados. Dicha restricción no alcanza a los amanzanamientos aprobados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley N° 18.308, de 18 de junio de 2008.
Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, en los suelos categoría suburbana, cuando así lo establezcan las Directrices Departamentales, Planes Locales, Planes Parciales o Programas de Actuación Integrada previstos en los artículos 16, 17, 19, 20 y 21 de la Ley N° 18.308, de 18 de junio de 2008, se podrán admitir superficies mayores para las áreas comprendidas entre los componentes de la trama de la circulación pública, en función de la estructura territorial adoptada y del uso turístico como destino principal, siempre que se asegure la continuidad de la trama de circulación pública y la libre accesibilidad a los espacios públicos actuales y a aquellos que se creen simultáneamente con el acto de aprobación del fraccionamiento. Lo dispuesto no se restringe a la Urbanización de Propiedad Horizontal prevista en el presente artículo, y regirá cualquiera sea el régimen de propiedad de que se trate 4) Ajustes a la Ley N° 9.515, de 28 de octubre de 1935 (Ley Orgánica Municipal).
Fuente: Artículo 83, Ley N° 18.308 de 18 de junio de 2008 en la redacción dada por Artículo 282 de Ley N° 19.140 de 24 de octubre de 2013.
a) Agrégase el siguiente numeral al artículo 19 de la Ley N° 9.515, de 28 de octubre de 1935: "35) Dictar reglas para la edificación, en todo el territorio del departamento, siendo de su cargo:
A) La regulación normativa de la actividad de ordenamiento del ámbito territorial departamental.
B) Formular y aprobar las ordenanzas y demás instrumentos de ordenamiento territorial.
C) El contralor de la actividad administrativa del ordenamiento territorial".
b) Agrégase al artículo 35 de la Ley N° 9.515, de 28 de octubre de 1935, el numeral 43) con el siguiente texto:
"43) La actividad administrativa del ordenamiento territorial, en todo el territorio del departamento, especialmente:
A) Elaborar directa o indirectamente los instrumentos de ordenamiento territorial y someterlos a la aprobación de la Junta Departamental sin perjuicio de las facultades de ésta en la materia.
B) Ejercer las potestades de policía territorial, siendo de su cargo la autorización del ejercicio del derecho a construir, demoler, fraccionar, utilizar o localizar actividades en los terrenos y en general toda modificación predial, a través del otorgamiento de los permisos y autorizaciones correspondientes, de acuerdo a lo que dispongan las leyes y los decretos de la Junta Departamental".
5) Ampliación de la competencia de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Agrégase el siguiente literal al artículo 11 de la Ley N° 15.785, de 4 de diciembre de 1985:
ARTICULO 11.- La Corporación Nacional para el Desarrollo tendrá los siguientes cometidos:
A) Actuar como concesionario de proyectos de infraestructura pública de transporte, energía, telecomunicaciones y de cualquier otro tipo que sean de uso público, de acuerdo con lo que por Ley, contratos y convenios se le asignen. A estos efectos la Corporación podrá crear o adquirir sociedades comerciales o participar en consorcios y/o en fideicomisos especializados en la explotación de las concesiones o proyectos que se le otorguen.
B) Ejercer como administrador y/o fiduciario de proyectos vinculados al desarrollo y mantenimiento de infraestructura financiados con recursos públicos, préstamos o donaciones nacionales o internacionales.
C) Constituir sociedades comerciales, consorcios y/o fideicomisos con entes autónomos y servicios descentralizados a los efectos de la realización de obras de infraestructura o prestación de servicios.
D) Analizar y preparar proyectos de inversión así como identificar áreas de oportunidad en infraestructura pública.
E) Prestar servicios de administración de fondos, de recursos humanos o de administración contable y financiera, cuando los mismos no puedan ser prestados por otras personas públicas en razón de sus cometidos. La verificación de la condición precedente constará en el acuerdo o en la decisión que determina la prestación de dichos servicios.
De los acuerdos o decisiones que impliquen la ejecución de este cometido con fondos públicos se informará al Ministerio de Economía y Finanzas
Fuente: Artículo 83, numeral 5 de Ley 18.308 de 18 de junio de 2008 en la redacción dada por el artículo 34 de Ley N° 18.362 de 21 de setiembre de 2009 y el literal E texto dado por Artículo 345 de Ley N° 18.996 de 7 de noviembre de 2012.
Artículo 84°.- (Alcance y reglamentación de la presente Ley).- Las disposiciones de la presente Ley se aplicarán a partir de su publicación, aún cuando no estén aprobados los respectivos instrumentos de ordenamiento territorial.
2) VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

PROMULGACION: 17 de agosto de 2011
PUBLICACION: 12 de setiembre de 2011
ACTUALIZADO: 31 de diciembre de 2018
Ley 18.795 - Declárase de interés nacional la mejora de las condiciones de acceso a la vivienda de interés social.

PODER LEGISLATIVO
El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,
DECRETAN:
CAPITULO I
BENEFICIOS TRIBUTARIOS A LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
Artículo 1°.- (Interés nacional).- Declárase de interés nacional la mejora de las condiciones de acceso a la vivienda de interés social, definida esta última de acuerdo a la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968, modificativas y concordantes.
Artículo 2°.- (Proyectos y actividades promovidas).- Podrán acceder al régimen de beneficios establecidos en la presente Ley, en tanto sean declarados promovidos por el Poder Ejecutivo:
A) Los proyectos de inversión vinculados a la construcción, refacción, ampliación o reciclaje de inmuebles con destino a la vivienda de interés social, tanto en el caso en que los referidos inmuebles tengan por destino la enajenación, como cuando se destinen al arrendamiento o al arrendamiento con opción a compra. Quedan incluidos en este literal los proyectos destinados a la adquisición de viviendas de interés social construidas, refaccionadas, ampliadas o recicladas al amparo de la presente normativa para su posterior arrendamiento y los que desarrollen los fondos sociales y las cooperativas de vivienda en cualquiera de sus modalidades, en tanto tales viviendas cumplan con las condiciones generales establecidas en la presente Ley.
B) Las actividades específicas asociadas a la mejora en las condiciones de oferta y demanda de viviendas de interés social.
Artículo 3°.- (Objetivos).- A efectos del otorgamiento de los beneficios se tendrán en cuenta aquellos proyectos y actividades que cumplan con alguna de las siguientes condiciones:
A) Amplíen significativamente la cantidad de viviendas de interés social disponibles destinadas a la venta, arrendamiento, o arrendamiento con opción a compra y, en el caso de las cooperativas, al uso y goce de los socios cooperativistas.
B) Faciliten el acceso a la vivienda de los sectores socio-económicos bajos, medios bajos y medios de la población.
C) Contribuyan a la integración social y al mejor aprovechamiento de los servicios de infraestructura ya instalados.
D) Mejoren las condiciones de financiamiento y garantía para la adquisición, el arrendamiento o el arrendamiento con opción a compra de viviendas de interés social.
E) Fomenten la innovación tecnológica en materia de construcción edilicia.
Artículo 4°.- (Beneficios tributarios).- Facúltase al Poder Ejecutivo a otorgar los siguientes beneficios a los proyectos y actividades promovidas:
A) Exoneración de los impuestos que gravan la renta originada en las actividades o proyectos declarados promovidos. Esta exoneración podrá comprender a la renta o al propio impuesto.
B) Deducción íntegra a efectos de la determinación de la renta gravada por el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas, del costo de adquisición de los inmuebles en los que se construyan, refaccionen, amplíen o reciclen las viviendas comprendidas en las actividades o proyectos declarados promovidos. Dicho costo solo podrá deducirse en tanto sea necesario para obtener y conservar las rentas comprendidas en las actividades y proyectos promovidos que no hubieran sido exonerados en virtud de lo dispuesto en el literal anterior.
C) Exoneración del Impuesto al Patrimonio de los inmuebles cuya construcción, refacción, ampliación o reciclaje se haya declarado promovida. Dichos bienes se considerarán activo gravado a los efectos del cómputo de pasivo.
D) Exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los ingresos derivados de las actividades de enajenación, construcción, refacción, ampliación y reciclaje de viviendas. Facúltase al Poder Ejecutivo a otorgar un crédito por el impuesto incluido en las adquisiciones de bienes y servicios destinados a integrar el costo de tales operaciones, así como por el impuesto correspondiente a las adquisiciones que realicen los fondos sociales y las cooperativas de vivienda con destino a su actividad de construcción.
E) Exoneración del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales, a la parte enajenante, a la parte adquirente o a ambas, en el caso de hechos generadores vinculados a la primera trasmisión patrimonial de inmuebles destinados a la vivienda cuya adquisición, construcción, refacción, ampliación o reciclaje hubiera sido declarada promovida.
F) Exoneración del Impuesto al Valor Agregado aplicable a los servicios de garantía vinculados al arrendamiento y adquisición de inmuebles destinados a la vivienda de interés social.
G) Exoneración del Impuesto al Patrimonio aplicable a los activos afectados a la prestación de los servicios de garantía a que refiere el literal anterior. Dichos activos se considerarán gravados a efectos del cómputo de pasivos.
Artículo 5°.- (Declaratoria promocional).- Créase la Comisión Asesora de Inversiones en Vivienda de Interés Social (CAIVIS) que asesorará al Poder Ejecutivo a efectos de otorgar la correspondiente declaratoria promocional. El Poder Ejecutivo reglamentará la integración, funcionamiento, plazos y facultades de dicha Comisión. La Agencia Nacional de Vivienda actuará como órgano asesor de la Comisión, debiendo pronunciarse en forma preceptiva sobre todas aquellas iniciativas que promuevan el otorgamiento de exoneraciones tributarias. Asimismo asistirá a la Comisión en las tareas de secretaría y en todas las demás tareas de apoyo que le sean requeridas vinculadas a la evaluación y seguimiento de los proyectos y actividades promovidas.
Artículo 6°.- (Incumplimiento). En todos los casos, el Poder Ejecutivo deberá requerir las garantías que entienda pertinente para el efectivo cumplimiento por los beneficiarios de las obligaciones vinculadas al otorgamiento de beneficios tributarios. En caso de incumplimiento podrá disponerse la reliquidación de los tributos, las multas y los recargos que puedan corresponder, o la imposición de multas a fijarse entre 2.600 UI (dos mil seiscientas unidades indexadas) y 1.300.000 UI (un millón trescientas mil unidades indexadas), en los términos que disponga la reglamentación. La reglamentación establecerá los ámbitos de actuación de la Agencia Nacional de Vivienda y de los organismos recaudadores en las tareas de contralor del cumplimiento de las referidas obligaciones
Fuente: Artículo 6, Ley N° 18.795, de 17 de agosto de 2011 en la redacción dada por Artículo 496, Ley N° 19.355 de 19 de diciembre de 2015.
CAPÍTULO II
FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS HIPOTECARIOS
Artículo 7°.- (Creación).- Créase en la Agencia Nacional de Vivienda un Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios, que tendrá por finalidad otorgar garantías parciales para la concesión de créditos hipotecarios destinados a personas físicas, para la adquisición de una vivienda de interés social, siempre que esta revista la calidad de única vivienda del sujeto del crédito.
Artículo 8°.- (Naturaleza).- El Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios será un patrimonio de afectación independiente, sin personería jurídica, que será administrado por la Agencia Nacional de Vivienda, la que ejercerá las facultades de dominio sin ser propietaria, para cumplir los cometidos asignados en esta norma y en la Ley N° 18.125 de 27 de abril de 2007 y sus modificativas. El patrimonio del Fondo no responderá por las deudas de la Agencia Nacional de Vivienda.
Artículo 9°.- (Recursos).- El Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios se constituirá con los siguientes recursos:
A) El valor de las primas que perciba de las entidades acreedoras, tal como se definen en el artículo 10 de la presente Ley, como contraprestación por el otorgamiento de garantías, de acuerdo al sistema regulado por esta Ley.
B) Los aportes que se reciban con cargo al Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización u otras contribuciones que sean previamente aprobadas por la Agencia Nacional de Vivienda, como administradora del Fondo de Garantía.
C) Los montos recuperados de acuerdo al artículo 13 de esta Ley y toda otra suma que el Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios pudiera percibir a raíz del mecanismo de garantía previsto en la presente Ley.
D) Las donaciones, herencias, legados y demás aportes públicos y privados que reciba.
Artículo 10°.- (Mecanismo de la garantía).- El Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios podrá garantizar préstamos hipotecarios otorgados por parte de entidades sujetas a la autoridad o control del Banco Central del Uruguay (en adelante, individualmente, "Entidad Acreedora" y colectivamente, "Entidades Acreedoras"), de acuerdo a los requisitos establecidos en esta Ley y los que se establezcan en la reglamentación que se dicte por el Poder Ejecutivo a propuesta de la Agencia Nacional de Vivienda.
La Agencia Nacional de Vivienda, actuando como administradora del Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios podrá aceptar o rechazar las solicitudes de garantía, en función de las condiciones que establezca la reglamentación, en especial la calidad crediticia del deudor o la valuación de garantías.
Artículo 11°.- (Pago de la garantía).- Cuando el tomador del préstamo incumpliere con sus obligaciones, la Entidad Acreedora comunicará dicho extremo a la Agencia Nacional de Vivienda, la que deberá hacer efectivo el pago de la garantía, conforme a las condiciones que establezca la reglamentación.
Artículo 12°.- (Ejecución).- A efectos de la ejecución judicial del crédito hipotecario, la Entidad Acreedora podrá acudir al mecanismo de ejecución judicial simplificada de crédito hipotecario para vivienda, establecido en el Capítulo III de la Ley N° 18.125, de 27 de abril de 2007 y sus modificativas, sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Ley.
La Entidad Acreedora deberá comunicar a la Agencia Nacional de Vivienda el inicio de las acciones judiciales de ejecución dentro de los cinco días de haber presentado la demanda.
La Agencia Nacional de Vivienda, por el solo hecho de haber otorgado la garantía, estará facultada para acceder, consultar, comparecer, retirar en confianza y notificarse de cualquier actuación en el expediente judicial de ejecución hipotecaria promovido por la Entidad Acreedora, sin que ninguno de estos actos implique sustitución del acreedor, convalidación de actuaciones o conversión de la Agencia Nacional de Vivienda en parte de dicho proceso. Asimismo, la ANV estará facultada para adquirir el inmueble en el remate que promueva la Entidad Acreedora y en caso de resultar mejor postor, estará exonerada de depositar la seña.
La Agencia Nacional de Vivienda quedará subrogada de pleno derecho por el equivalente a lo pagado en virtud de la garantía que hubiese otorgado.
Artículo 13°.- (Destino de las sumas recuperadas).- En caso de remate, la liquidación del crédito y entrega del bien se regirán por lo dispuesto en el artículo 388 del Código General del Proceso, sin perjuicio de lo que se dispone a continuación.
Las sumas resultantes de la recuperación de deudas morosas, cuyas garantías ya se hubieran cancelado con cargo al Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios, deberán ser destinadas en el siguiente orden, al pago de:
A) Los tributos judiciales.
B) Los gastos y honorarios del rematador interviniente.
C) Los gastos y honorarios por servicios prestados por los depositarios y tasadores judiciales.
D) Los honorarios profesionales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de la Ley N° 18.125 de 27 de abril de 2007 y sus modificativas.
E) El saldo impago del crédito para única vivienda otorgado por la Entidad Acreedora interviniente, incluidos los intereses pertinentes a prorrata del porcentaje correspondiente a cada una de las Entidades Acreedoras, si hubiera más de una.
F) La suma abonada por el Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios más los intereses correspondientes.
Artículo 14°.- (Administración de créditos).- La administración de los créditos amparados por el sistema de garantías previsto en esta Ley, será realizada en todo momento por la Entidad Acreedora que otorgó el préstamo garantizado.
Sin perjuicio de lo anterior, la Agencia Nacional de Vivienda, tendrá derecho a solicitar información y realizar controles sobre los préstamos garantizados, teniendo derecho de acceso irrestricto a toda la información de los deudores. A estos efectos, las Entidades Acreedoras no podrán invocar el secreto profesional para negarse a brindar ningún tipo de información. La Agencia Nacional de Vivienda, por su parte, estará obligada a utilizar la información recibida únicamente con fines internos, estando estrictamente prohibida la divulgación total o parcial de dicha información a otros agentes públicos o privados. La violación de esta prohibición acarreará las responsabilidades previstas en el artículo 25 del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982.
Artículo 15°.- (Impuestos).- El Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios creado en virtud de lo dispuesto en la presente Ley, estará exonerado de todo tributo con excepción de las contribuciones especiales de seguridad social. Igual tratamiento recibirá la Agencia Nacional de Vivienda, por los tributos que pudieran corresponderle en su condición de administradora del referido Fondo. Exonérase del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales a las trasmisiones de bienes inmuebles cuyo hecho generador se origine en la ejecución de créditos hipotecarios garantizados por el referido Fondo.
Artículo 16°.- (Actuación de la Agencia Nacional de Vivienda) Agrégase al artículo 11 de la Ley N° 18.125, de 27 de abril de 2007, el siguiente literal:
"C) Administrar el Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios".
Artículo 17°.- (Utilización de fideicomisos de garantía).- Cuando las Entidades Acreedoras decidan garantizar préstamos destinados a única vivienda mediante la creación de fideicomisos de garantía, de acuerdo a la Ley N° 17.703, de 27 de octubre de 2003, se aplicará el mecanismo de garantía previsto por esta Ley.
CAPÍTULO III
INCORPORACION AL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL
Artículo 18°.- (Requisitos).- Se considerarán regidos por las normas referentes a la propiedad horizontal y sus unidades podrán ser objeto de traslación de dominio o afectación con derechos reales en forma individual, los edificios construidos que cumplan a su respecto los siguientes requisitos:
A) Que se haya concedido por la Intendencia respectiva el permiso de construcción del edificio de que se trate y que se haya aprobado por la misma Intendencia el plano proyecto de fraccionamiento horizontal, conforme a los cuales han sido realizadas las construcciones y será atribuido el dominio separado de las unidades.
B) Que se haya inscripto en la Dirección Nacional de Catastro el plano de mensura y fraccionamiento horizontal concordante con el plano proyecto aprobado por la Intendencia respectiva y efectuado el empadronamiento y avalúo fiscal de las unidades que indica dicho plano.
C) Que el edificio se encuentre en condiciones de habitabilidad suficientes para el uso al que se destine cada una de las unidades y sus bienes comunes, según la certificación que se presentará ante la institución financiera o el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que otorgue el crédito hipotecario con la garantía de alguna unidad habitacional emergente de la horizontalidad a que refiere este artículo. Dicho certificado será suscrito por el arquitecto director de obra y por el ingeniero agrimensor y dejará constancia que:
1) Las edificaciones se corresponden con el permiso de construcción aprobado.
2) Las mismas se encuentran dentro de los límites establecidos por la normativa aplicable en materia de propiedad horizontal.
3) Responden en un todo a la reglamentación municipal vigente.
4) No existe pendiente sobre ellas ninguna observación o medida administrativa por parte de la respectiva Intendencia.
5) Las unidades así como los bienes comunes de uso exclusivo y general del edificio se encuentran en condiciones de accesibilidad, pudiendo darse a dichas edificaciones un uso seguro, autónomo y confortable.
D) Que se contrate el seguro contra incendio previsto por el artículo 20 de la Ley N° 10.751, de 25 de junio de 1946, en la forma establecida por el literal C) del artículo 5° del Decreto-Ley N° 14.261, de 3 de setiembre de 1974, considerándose la prima correspondiente como expensa común.
E) Que se otorgue el Reglamento de Copropiedad en el cual se constituya la hipoteca recíproca conforme a lo dispuesto en el literal D) i artículo 5° y en el artículo 6° del Decreto-Ley N° 14.261, de 3 de setiembre de 1974.
F) Que simultáneamente al otorgamiento del mencionado Reglamento se suscriba por parte de la institución financiera pública o privada o por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente como refiere el literal C) precedente, un préstamo hipotecario en relación a por lo menos una de las unidades que integran el edificio dividido
G) Los contratos de reglamento de copropiedad y de compraventa de una unidad y préstamo o crédito hipotecario para el nacimiento de la propiedad horizontal de la presente norma se consideran jurídicamente otorgados en forma simultánea
Los edificios construidos por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, en el marco de los programas de vivienda, se considerarán incorporados al régimen de propiedad horizontal, siempre que acrediten el cumplimiento de los literales A), B), C), D) y E) referidos en la norma
Fuente: Artículo 18, Ley N° 18.795, de 17 de agosto de 2011. Literales C) y F) en la redacción dada por Artículo 297, Ley N° 19.149 de 24 de octubre de 2013. Literal G) Artículo 498, Ley N° 19.355 de 19 de diciembre de 2015, inciso segundo agregado por Artículo 492, Ley N° 19.355 de 19 de diciembre de 2015.
Artículo 19°.- (Horizontalidad definitiva).- La horizontalidad emergente del cumplimiento de los requisitos determinados en el artículo anterior tendrá carácter definitivo, no rigiendo lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 30 de la Ley N° 10.751, de 25 de junio de 1946. Todo ello sin perjuicio de las facultades de la Intendencia respectiva de fiscalización de la obra, otorgamiento de la habilitación final y adopción de las medidas administrativas pertinentes, así como de las responsabilidades de los técnicos intervinientes en su caso.
Las diferencias en la configuración de las unidades y bienes comunes producidas por el proceso de implantación de la obra, que sean objeto de mensuras futuras, no requerirán ratificación de los instrumentos otorgados en su oportunidad, entendiéndose que los derechos y obligaciones generados por estos se hacen extensivos a dichas diferencias.
Artículo 20°.- (Horizontalidad adquirida).- Los edificios construidos al amparo de lo dispuesto por la Ley N° 10.751, de 25 de junio de 1946, incluidos aquellos que hubieren obtenido horizontalidad por imperio del Capítulo III del Decreto-Ley N° 14.261, de 3 de setiembre de 1974 y de la Ley N° 16.760, de 16 de julio de 1996, que carezcan de habilitación final y con prescindencia de lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley N° 18.308, de 18 de junio de 2008, se considerarán con horizontalidad adquirida definitiva, en tanto se cumpla con los siguientes requisitos:
A) Los establecidos en los artículos 5° y 6° del Decreto-Ley N° 14.261, de 3 de setiembre de 1974.
B) Que se hayan ocupado una o más unidades del edificio por un plazo mayor de diez años, lo que se acreditará mediante documento público o privado con fecha cierta.
El plazo de diez años se contará en todos los casos, a partir de la fecha cierta del referido documento.
Se prescindirá del requisito del otorgamiento del reglamento de copropiedad y la hipoteca recíproca cuando el trámite de incorporación a propiedad horizontal sea realizado por los promitentes compradores
Fuente: Artículo 20, Ley N° 18.795, de 17 de agosto de 2011, inciso final agregado por Artículo 223, Ley N° 18.996 de 7 de noviembre de 2012.
Artículo 21°.- (Exigencias instrumentales).- En todos los actos y contratos relativos a inmuebles, regidos por el régimen de propiedad horizontal y comprendidos en la presente Ley, las exigencias instrumentales se adecuarán a lo dispuesto por el artículo 41 del Decreto-Ley N° 14.261, de 3 de setiembre de 1974, en lo aplicable.
Artículo 22°.- (Alcance).- Las normas de la presente Sección no afectan ni modifican el régimen vigente en materia de propiedad horizontal. Las mismas podrán aplicarse a cualquier edificio sin necesidad que sus unidades constituyan viviendas de interés social.
CAPITULO IV
DISPOSICIONES VARIAS
Artículo 23°.- (Modificación del artículo 18 de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay).-
Agrégase al artículo 18 de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario, del Uruguay en la redacción dada por el artículo 1° de la Ley N° 18.125, de 27 de abril de 2007, el siguiente literal:
"J) Otorgar créditos en moneda nacional, unidades indexadas o unidades reajustables, para la refacción o ampliación de la vivienda sin garantía hipotecaria a:
1) Personas físicas.
2) Personas jurídicas para viviendas de sus integrantes.
Estos créditos solamente pueden otorgarse en caso que el Reglamento que dicte el Banco Hipotecario del Uruguay a efectos de instrumentarlos sea aprobado por el Poder Ejecutivo".
Artículo 24°.- (Derogación).- Derógase el artículo 46 de la Ley N° 5.343, de 22 de octubre de 1915, en la redacción dada por el artículo 1° del Decreto-Ley N° 15.100, de 23 de diciembre de 1980.
Artículo 25°.- (Modificación del Decreto-Ley N° 14.219, de 4 de julio de 1974).- A partir de la vigencia de la presente Ley, los depósitos en garantía de arrendamientos previstos en el Decreto-Ley N° 14.219, de 4 de julio de 1974, se realizarán en Unidades Indexadas.
Facúltase a los bancos y a las cooperativas de intermediación financiera a recibir esta modalidad de depósitos, con el alcance y las condiciones establecidos en dicha norma legal.
Los depósitos en garantía de arrendamientos no generarán intereses.
Artículo 26°.- (Régimen de excepción).- (Régimen de excepción).- Para la enajenación, cesión o constitución de gravámenes respecto de las viviendas que siendo de interés social revistan la calidad de económica, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968, y concordantes y aquellas designadas como núcleos básicos evolutivos según lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968, en la redacción dada por el artículo 1° de la Ley N° 16.237, de 2 de enero de 1992, se prescindirá de los certificados previstos en los artículos 662 a 668 de la Ley N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990.
Lo previsto en el inciso anterior rige exclusivamente para las construcciones cuyo permiso de construcción haya sido aprobado por la Intendencia correspondiente antes del 1° de enero de 2013.
En caso de inexistencia de permiso de construcción, se podrá acreditar que las construcciones son anteriores al 1° de enero de 2013 mediante certificado de arquitecto.
Fuente: Artículo 26, Ley N° 18.795, de 17 de agosto de 2011. Incisos dos y tres agregados por Artículo 224 Ley N° 18.996 de 7 de noviembre de 2012.
Artículo 27°.- (Modificación del artículo 5° del Decreto-Ley N° 14.261, de 3 de setiembre de 1974). Sustitúyese el inciso tercero del literal A) del artículo 5° del Decreto-Ley N° 14.261, de 3 de setiembre de 1974, por el siguiente: "Estos requisitos se acreditarán por certificación de arquitecto o ingeniero".
Artículo 28°.- (Actuación de la Agencia Nacional de Vivienda en los fideicomisos que se establecen).- Cuando la Agencia Nacional de Vivienda, en su calidad de fiduciaria de activos provenientes de la reestructura del Banco Hipotecario del Uruguay, los aporte para la constitución de un nuevo fideicomiso cuyo fin principal sea comenzar o continuar obras de construcción de viviendas, podrá ocupar la posición de fideicomitente y fiduciaria del mismo.
Artículo 29°.- Sustitúyase el artículo 447 de la Ley N° 16.746, de 5 de enero de 1996, en la redacción dada por el artículo 10 de la Ley N° 17.596, de 13 de diciembre de 2002, por el siguiente:
"ARTÍCULO 447.- Los bienes inmuebles adjudicados o enajenados por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente o adquiridos con subsidios otorgados al amparo de lo establecido en el Capítulo V de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968 y sus modificativas, quedan gravados por el término de veinticinco años con derecho real a favor del Ministerio citado por el monto equivalente al subsidio asignado debiendo constar el mismo en la escritura respectiva sin perjuicio de la depreciación prevista en el artículo 70 de la mencionada Ley, en la redacción dada por el artículo 341 de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005. Cuando la adquisición de un inmueble con subsidio habitacional otorgado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, hubiera sido financiada en forma complementaria con un préstamo hipotecario concedido al adquirente por el Banco Hipotecario del Uruguay, la Agencia Nacional de Vivienda o cualquier institución de intermediación financiera, de lo cual se deberá dejar constancia en la escritura respectiva, el derecho real previsto en este inciso, pierde su rango en relación con los créditos hipotecarios referidos. En caso de ejecución del inmueble sujeto a dicho gravamen, el Juzgado interviniente, el Banco Hipotecario del Uruguay o la Agencia Nacional de Vivienda deberán solicitar al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente la información relativa al monto del subsidio reajustado y no depreciado, en función del tiempo transcurrido. Dicho monto deberá ser reembolsado al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, una vez satisfecho el préstamo hipotecario referido en el inciso primero, siempre que se hubiere otorgado el mismo. Cuando el subsidio otorgado hubiera representado el 90% (noventa por ciento) o más del precio correspondiente según así resulte de la escritura respectiva, el inmueble será inembargable en tanto no transcurra el plazo de inalienabilidad establecido en el artículo 70 citado o se hubiera producido el reembolso del subsidio no depreciado. Este beneficio se aplicará exclusivamente al adjudicatario del subsidio habitacional directo o a sus causahabientes. La presente disposición regirá para todas las enajenaciones ya efectuadas, así como para las que realice en el futuro el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, siempre que sus adquirentes hubieran recibido subsidio".

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 10 de agosto de 2011. DANILO ASTORI, Presidente; HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI, Secretario.

3) DESALOJOS COLECTIVOS

PROMULGACION: 21 de setiembre de 2018
PUBLICACION: 16 de octubre de 2018
Actualización: 31 de diciembre de 2018
Ley 19.661 - Modificación de las normas de desalojos colectivos y del régimen de prescripciones adquisitivas quinquenales.

PODER LEGISLATIVO
El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,
DECRETAN:
Artículo 1°.- (Declaración de interés general).- Las normas de la presente Ley se dictan en el marco del ordenamiento del territorio y de las zonas sobre las que la República ejerce su soberanía y jurisdicción, declarado de interés general por la Ley N° 18.308, de 18 de junio de 2008.
CAPÍTULO I
DESALOJOS COLECTIVOS
Artículo 2°.- (Desalojos colectivos).- Los procesos de desalojos colectivos que se inicien a partir de la vigencia de la presente Ley, se regirán por las siguientes disposiciones.
Se entiende por desalojos colectivos aquellas acciones que tienen como objetivo desalojar a cinco o más núcleos familiares que se encuentren ocupando un mismo inmueble o un conjunto de inmuebles que conforman un mismo asentamiento o edificio.
Artículo 3°.- (Ámbito de aplicación).- Solo se tramitarán por este proceso aquellos desalojos colectivos promovidos contra los sujetos que a título precario, de forma continua e ininterrumpida se encuentren ocupando desde hace más de veinticuatro meses un inmueble, sin que el propietario haya iniciado acciones judiciales tendientes a su recuperación y por tanto configurado el incumplimiento del propietario del deber de cuidar previsto en el literal e) del artículo 37 de la Ley N° 18.308, de 18 de junio de 2008.
Las disposiciones de la presente Ley no se aplicarán a las ocupaciones de bienes inmuebles de uso público o privado que sean propiedad del Estado o de cualquier otra persona pública.
Artículo 4°.- (Plazo de ocupación).- Para el cómputo del plazo de ocupación al que refiere el artículo segundo se tomarán en cuenta los veinticuatro meses previos a la entrada en vigencia de la presente Ley.
Artículo 5°.- (Procedimiento y competencia).- El proceso de desalojo colectivo previsto en la presente Ley, deberá tramitarse a través del proceso ordinario de conocimiento regulado por el Código General del Proceso y serán competentes los Juzgados de Paz de ubicación del o de los inmuebles.
Artículo 6°.- (Inspección ocular).- Por vía de diligencia preparatoria o como medio probatorio, se podrá solicitar las medidas tendientes a determinar el número de núcleos familiares que ocupan el inmueble.
La medida se cometerá, con citación de la contraria, al Alguacil de la Sede con amplias facultades.
Artículo 7°.- (Núcleo familiar).- Se entiende por núcleo familiar a que refiere el artículo 2° de la presente Ley, al grupo de personas, vinculadas o no por lazos de parentesco, que convivan en forma estable bajo un mismo techo, quedando excluidas las que convivan por razones comerciales, de amistad o de mera afinidad no familiar.
Artículo 8°.- (Destino del o los inmuebles).- Con la presentación de la demanda de desalojo colectivo, el accionante deberá acompañar y acreditar el destino que le dará al o a los inmuebles, para prevenir futuras ocupaciones precarias, cumpliendo con lo establecido en el literal e) del artículo 37 de la Ley N° 18.308, de 18 de junio de 2008.
Sin el cumplimiento del mencionado requisito, no podrá dictarse sentencia definitiva de desalojo y los ocupantes tendrán derecho de permanencia en el mismo.
El mismo requisito se solicitará en aquellos procesos reivindicatorios, posesorios y toda otra acción que tenga por objeto la recuperación o toma de posesión de inmuebles ocupados colectivamente, siempre que se cumpla con lo previsto en el artículo 3° de la presente Ley.
Artículo 9°.- (Comunicación).- Una vez iniciado el juicio de desalojo colectivo, el Juez deberá poner en conocimiento del proceso al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a la Agencia Nacional de Vivienda y a la Intendencia Departamental del lugar de ubicación del inmueble.
Artículo 10°.- (Plazo de desalojo y de lanzamiento).- El plazo de desalojo será de un año a contar desde la fecha en que la sentencia quedó ejecutoriada.
El plazo de lanzamiento para el caso de incumplimiento de la sentencia será de ciento veinte días, teniendo el Juez la facultad en casos de enfermedad o fuerza mayor justificada para aplazarlo.
El mismo plazo referido en el inciso primero se aplicará en aquellos procesos reivindicatorios, posesorios y toda otra acción que tenga por objeto la recuperación o toma de posesión de inmuebles ocupados colectivamente en los términos, siempre que se cumpla con lo previsto en el artículo 3° de la presente Ley.
CAPÍTULO II
MODIFICACIONES AL RÉGIMEN DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE INMUEBLES
Artículo 11°.- Sustitúyase el artículo 65 de la Ley N° 18.308, de 18 de junio de 2008 y sus modificativas establecidas en los artículos 285 y 289 de la Ley N° 19.149, de 24 de octubre de 2013, por el siguiente:
"ARTÍCULO 65°.- Aquellas personas cuyo núcleo familiar se encuentre en situación de precariedad habitacional, de acuerdo con los criterios establecidos por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, no siendo propietarias de inmuebles, sean poseedoras de un predio, no público ni fiscal, con aptitud de ser urbanizado, destinado a su vivienda y la de su núcleo familiar durante un período de cinco años, podrán solicitar a la Sede Judicial competente se declare la adquisición del dominio sobre el mismo por el modo prescripción. La posesión deberá ser ininterrumpida y con ánimo de dueño, pública y no resistida por el propietario.
Podrán adquirirse a través de las disposiciones de este artículo, predios o edificios con una superficie habitable necesaria para cumplir el fin habitacional básico conforme a los criterios dispuestos por los artículos 12, 14, 18 literal A) y 19 de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968, hasta un máximo de trescientos metros cuadrados.
No se reconocerá este derecho más de una vez al mismo poseedor.
Cuando el predio sea parte de un inmueble en que existan otros en similar situación, la prescripción adquisitiva podrá gestionarse colectivamente. En esta situación podrán considerarse colectivamente las áreas del territorio que determinen los instrumentos de ordenamiento territorial. Las áreas necesarias para las infraestructuras, servicios y espacios públicos prescribirán en favor de la Intendencia Departamental.
La prescripción será declarada por el Juez competente a instancia de los beneficiados, a través del proceso judicial correspondiente el cual estará exonerado de toda tributación; a su vez, podrá ser opuesta como defensa o excepción en cualquier proceso judicial.
En los litigios en aplicación de este instituto, quedará en suspenso toda otra acción, de petición o posesoria, que pueda llegar a interponerse con relación al inmueble".
Artículo 12°.- Sustitúyase el artículo 284 de la Ley N° 19.149, de 24 de octubre de 2013, por el siguiente:
"ARTÍCULO 284.- Le compete a la Intendencia Departamental, informar si el predio cuya prescripción adquisitiva se pretende, tiene la aptitud de ser urbanizado.
Si el informe no se presentara con la demanda de prescripción, el Juez de la causa lo solicitará a la Intendencia Departamental, la que deberá pronunciarse en un plazo de ciento veinte días, bajo apercibimiento de considerarse el predio con aptitud de ser urbanizado.
Se consideran terrenos con la aptitud de ser urbanizados aquellos predios que se encuentren dotados o que, en ausencia de ello, sea viable que se doten en el futuro de redes de agua potable, drenaje de aguas pluviales, red vial pavimentada, evacuación de aguas servidas, energía eléctrica y alumbrado público".
Artículo 13°.- Sustitúyase el artículo 286 de la Ley N° 19.149, de 24 de octubre de 2013, por el siguiente:
"ARTÍCULO 286.- En los procesos de prescripción colectiva de predios que sean parte de un inmueble, a que refiere el inciso cuarto del artículo 65 de la Ley N° 18.308, de 18 de junio de 2008, los solicitantes deberán presentar un proyecto de urbanización y fraccionamiento, que podrá ser elaborado por la Intendencia Departamental correspondiente o por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, sujeto a la aprobación de la Intendencia del lugar. Estas Instituciones podrán a su vez realizar convenios con Universidad de la República, a sus efectos.
El proyecto de urbanización y fraccionamiento deberá identificar las parcelas que prescribirán a favor de cada solicitante y determinar las áreas necesarias para las infraestructuras, servicios y espacios públicos, que pasarán de pleno derecho a favor de la Intendencia Departamental una vez que se haya efectuado el correspondiente fraccionamiento del padrón en mayor área y el empadronamiento de cada una de las parcelas cuya prescripción se declare. En estos casos, cada solicitante deberá acreditar la posesión de un predio que sea parte del inmueble cuya declaración de prescripción se solicita, sin importar que dicho predio no coincida, en ubicación o dimensión, con la parcela que se le asigna en el proyecto de urbanización.
Cuando un solicitante no logre acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la declaratoria de prescripción, continuará su posesión en la parcela que le fuera asignada en el proyecto de urbanización".
Artículo 14°.- Sustitúyese el artículo 288 de la Ley N° 19.149, de 24 de octubre de 2013, por el siguiente:
"ARTÍCULO 288°.- A efectos de acreditar la condición de no ser propietarios de inmuebles, a que refiere el inciso primero del artículo 65 de la Ley N° 18.308, de 18 de junio de 2008, el solicitante y cada integrante mayor de edad y capaz de su núcleo familiar, deberán adjuntar a la demanda una declaración jurada, de no ser propietarios de inmuebles.
La presentación de la declaración jurada será prueba suficiente de la condición de no propietarios de inmuebles, salvo prueba documental en contrario".

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 18 de setiembre de 2018. SEBASTIÁN SABINI, 1er. Vicepresidente; VIRGINIA ORTIZ, Secretaria.

4) INMUEBLES VACÍOS Y DEGRADADOS/h5>

PROMULGACION: 26 de octubre de 2018
PUBLICACION: 7 de noviembre de 2018
ACTUALIZACIÓN: 31 de diciembre de 2018
Ley 19.676 - Declaración de interés general el cumplimiento de los deberes relativos a la propiedad inmueble urbana en los inmuebles urbanos vacíos y degradados

PODER LEGISLATIVO
El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,
DECRETAN:
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°.- (Interés general).- Se declara de interés general el cumplimiento de los deberes relativos a la propiedad inmueble urbana, en los términos previstos en esta Ley.
Artículo 2°.- (Objeto de la Ley).- La presente Ley tiene por objeto promover el cumplimiento de los deberes relativos a la propiedad inmueble, de forma de evitar y revertir los procesos en los que se combinen las situaciones de vacío y degradación de inmuebles urbanos.
Artículo 3°.- (Ámbito de aplicación).- Esta Ley es de aplicación a los inmuebles ubicados en suelo urbano, cualquiera sea su destino, que se encuentren vacíos y degradados en los términos y con el alcance que se dispone.
Quedan exceptuados los inmuebles nacionales de uso público (artículo 477 del Código Civil) y los inmuebles ubicados en suelo urbano, cuando este último no cumpla con las condiciones previstas en el literal a) del artículo 32 de la Ley N° 18.308, de 18 de junio de 2008.
CAPÍTULO II
INMUEBLES VACÍOS Y DEGRADADOS
Artículo 4°.- (Inmueble vacío).- Se considera inmueble vacío, al que se encuentre desocupado por un plazo no menor a veinticuatro meses continuos. La desocupación refiere exclusivamente a personas.
Dicho plazo se computará desde la fecha de la diligencia prevista en el artículo 10, hacia el pasado.
Cuando el inmueble se encuentre ocupado en forma precaria, y por tanto se haya configurado el incumplimiento del propietario del deber de cuidar previsto en el literal e) del artículo 37 de la Ley N° 18.308, de 18 de junio de 2008, el tiempo de ocupación precaria se incluirá en el cómputo del plazo de veinticuatro meses.
Se entiende por ocupación precaria, la tenencia de un inmueble ajeno, sin previo contrato y por ignorancia o mera tolerancia del propietario.
Artículo 5°.- (Inmueble degradado).- Se considera inmueble degradado, y por tanto configurado el incumplimiento de su propietario del deber de conservar previsto en el literal b) del artículo 37 de la Ley N° 18.308, de 18 de junio de 2008, al que se encuentre en situación de ruina, deteriorado o tenga una edificación paralizada o esté en situación de baldío.
Artículo 6°.- (Inmueble en situación de ruina).- Se considera inmueble en situación de ruina, a aquel cuyas edificaciones presenten algunas de las siguientes condiciones:
A) Patologías importantes en su estructura sustentante, que en corto plazo puedan provocar su fallo total o parcial.
B) Mal estado constructivo de alguno de los elementos que la componen, que genere riesgo de muerte.
Artículo 7°.- Se considera inmueble deteriorado, al que por su estado o el de sus edificaciones, ponga en riesgo la integridad física de las personas, la salubridad pública o comprometa la habitabilidad de los inmuebles linderos.
A título enunciativo, se entiende que un inmueble está deteriorado cuando:
A) Exista menoscabo de alguno de los elementos constructivos que lo componen, que puedan ocasionar desprendimientos hacia la vía pública, a inmuebles linderos o al interior del propio inmueble, con riesgo a la integridad física de las personas.
B) Su estado de conservación genere un ambiente con condiciones favorables para la reproducción de vectores biológicos, que puedan afectar la salubridad pública.
C) Existan fallas en su sistema de impermeabilización, en su instalación sanitaria o en las construcciones de sus edificaciones, que comprometan la habitabilidad de los inmuebles linderos.
Artículo 8°.- (Inmueble con edificación paralizada).- Se considera inmueble con edificación paralizada aquel cuyas obras de construcción se encuentren inconclusas e interrumpidas durante un plazo no menor a veinticuatro meses continuos.
El plazo de interrupción se computará desde la fecha de la diligencia prevista en el artículo 10, hacia el pasado.
Cuando se trate de inmuebles construidos en régimen de propiedad horizontal, en los que la paralización solo alcanza a una o más torres, bloques o fases del proyecto, las disposiciones de esta Ley solo se aplicarán respecto a las mismas.
Artículo 9°.- (Inmueble en situación de baldío).- Se considera inmueble en situación de baldío, aquel que no contenga edificaciones de clase alguna o las mismas fueren insignificantes y por tanto, sea susceptible de ser ocupado.
CAPÍTULO III
PROCESOS PREVIOS A LA DECLARACIÓN JUDICIAL DE INMUEBLE URBANO VACÍO Y DEGRADADO
Artículo 10°.- (Diligencia preparatoria).-
10.1 Previo al proceso, y a solicitud de cualquiera de los legitimados del artículo 13, el tribunal dispondrá como diligencia preparatoria respecto del inmueble, la inspección judicial del mismo, con la finalidad de constatar su estado de conservación y ocupación, con identificación de eventuales ocupantes, así como la existencia de edificaciones paralizadas u otras circunstancias relevantes a los efectos de esta Ley.
10.2 La medida se tramitará en forma unilateral. Si los titulares registrales del derecho de propiedad no hubiesen tomado conocimiento de la medida en forma completa y concreta con motivo de su ejecución, se les notificará en los domicilios que consten en los Registros Públicos y en el inmueble.
10.3 A efectos de determinar el estado de conservación del inmueble, el tribunal dispondrá la concurrencia a la diligencia de un técnico designado por la Intendencia Departamental respectiva.
10.4 El alguacil también recabará la información que le pudieran proporcionar los ocupantes de los linderos y demás vecinos del inmueble.
10.5 Si el inmueble se encontrara desocupado u ocupado en forma precaria, sus cambios posteriores en la situación ocupacional no impedirán el inicio del proceso de declaración de inmueble vacío y degradado, ni producirán alteración alguna en dicho proceso ni en su resultado.
10.6 Caducarán los efectos previstos en el numeral anterior, si quien hubiese promovido la diligencia:
A) No solicitare la intimación judicial dispuesta en el artículo 12, dentro de los noventa días posteriores a la presentación del informe técnico que determine la degradación, previsto en el artículo siguiente; o
B) No interpusiera la demanda, dentro de los noventa días posteriores al vencimiento del plazo de intimación, sin que el intimado hubiese presentado un proyecto de rehabilitación del inmueble.
Artículo 11°.- (Informe técnico).- Cumplida la diligencia, la Intendencia Departamental deberá informar técnicamente, en el plazo que fije el tribunal, con un máximo de 30 días, lo siguiente:
A) Si el inmueble se ubica en suelo urbano que cumpla con las condiciones previstas en el literal a) del artículo 32 de la Ley N° 18.308, de 18 de junio de 2008.
B) Si el inmueble se encuentra degradado en los términos dispuestos en esta Ley.
En los casos de edificación paralizada, bastará con que el informe disponga que la obra se encuentra inconclusa e interrumpida al momento de la diligencia, para considerar al inmueble degradado en esta instancia. No obstante, y siempre que existan fundamentos técnicos para ello, el informe establecerá si la obra se encontró interrumpida durante el plazo de veinticuatro meses previos a la diligencia preparatoria, y en caso afirmativo, establecerá el plazo estimado total de interrupción de la obra.
Cuando el inmueble se ubique en suelo urbano consolidado y se encuentre degradado, el informe de la Intendencia Departamental deberá contener un listado de las observaciones técnicas mínimas a levantar para rehabilitar el inmueble, que permitan ajustarlo a los requerimientos de la normativa nacional y departamental correspondiente.
Si del informe técnico resulta que el inmueble no se ubica en suelo urbano consolidado o no se encuentra degradado, el accionante podrá solicitar fundadamente su revisión, a cuyos efectos el tribunal le otorgará nuevo plazo a la Intendencia Departamental.
Artículo 12°.- (Intimación judicial).- Cuando el informe técnico de la Intendencia Departamental establezca que el inmueble se ubica en suelo urbano consolidado y se encuentra degradado, previo a la presentación de la demanda, quien haya solicitado la diligencia preparatoria deberá intimar judicialmente a los titulares registrales del derecho de propiedad, a que en un plazo de veinte días presenten, y luego ejecuten, un proyecto de rehabilitación del inmueble que permita ajustarlo a los requerimientos de la normativa nacional y departamental correspondiente.
La intimación se realizará en el inmueble y, además, en el domicilio constituido o en los domicilios que consten en los Registros Públicos si no se hubiere constituido uno. A solicitud de parte interesada, el tribunal podrá otorgar una única prórroga del plazo referido, siempre que mediare motivo fundado. La reglamentación establecerá las condiciones técnicas y de plazos de inicio y ejecución de obras que deberán contemplar los proyectos. El proyecto de rehabilitación del inmueble será sometido a consideración técnica de la Intendencia Departamental, la que se deberá expedir en un plazo máximo de 30 días.
CAPÍTULO IV
PROCESO DE DECLARACIÓN JUDICIAL DE INMUEBLE URBANO VACÍO Y DEGRADADO
Artículo 13°.- (Legitimación activa).- El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y la Agencia Nacional de Vivienda, podrán solicitar indistintamente la declaración judicial de inmueble urbano vacío y degradado.
Artículo 14°.- (Competencia).- Serán competentes los Jueces Letrados de Primera Instancia del lugar de ubicación del inmueble que conozcan en materia civil, cualquiera sea el valor catastral del inmueble.
Artículo 15°.- (Estructura procesal).- La solicitud de declaración judicial de inmueble vacío y degradado, se tramitará por el proceso ordinario (artículo 348 del Código General del Proceso), con los requisitos dispuestos en la presente Ley.
Artículo 16°.- (Legitimación pasiva y citación de terceros).- El proceso se seguirá contra los titulares registrales del derecho de propiedad del inmueble, los que serán emplazados en el inmueble y además, en el domicilio constituido en las diligencias o en los domicilios que consten en los Registros Públicos si no se hubiere constituido uno. Se noticiará a los ocupantes en el inmueble y a los titulares de derechos reales y personales inscriptos en los Registros Públicos, en los domicilios que consten en dichos Registros. Si hubiere edificaciones paralizadas se citará al solicitante del permiso de construcción, en el domicilio que surja del trámite de solicitud. Además, se efectuará el emplazamiento genérico por edictos a todos los interesados.
Artículo 17°.- (Inscripción de la demanda).- La demanda se inscribirá en el Registro de la Propiedad, Sección Inmobiliaria correspondiente.
La enajenación posterior del inmueble no producirá alteración alguna en el orden del proceso ni en sus resultados. No obstante, el sucesor podrá comparecer al proceso y, si el actor lo consintiere, podrá sustituir al demandado.
Artículo 18°.- (Presunción de vacío).- Se presumirá que el inmueble estuvo desocupado durante el plazo de veinticuatro meses previos a la fecha de la diligencia preparatoria, cuando durante dicho período no se registre en el inmueble, conexión o consumo de agua potable o energía eléctrica, en las condiciones y con las excepciones que establezca la reglamentación.
A tales efectos, los prestadores del servicio de agua y energía eléctrica están obligados a proporcionar a los legitimados para accionar en el proceso, la información que estos les soliciten. Dicha información deberá acompañar la demanda. La presunción prevista en este artículo admite prueba en contrario.
Artículo 19°.- (Presunción de interrupción de obras).- En los inmuebles con edificación paralizada, se presumirá que la obra estuvo interrumpida durante el plazo de veinticuatro meses previos a la diligencia preparatoria, cuando se verifique alguna de las siguientes condiciones:
A) El informe técnico de la Intendencia Departamental elaborado conforme al artículo 11, establezca que durante dicho período la obra se encontró interrumpida.
B) Durante todo dicho período, la edificación careció de permiso de construcción de la Intendencia Departamental respectiva o el mismo estuvo vencido.
C) Durante todo dicho período, no se efectuó el pago de contribuciones a la seguridad social correspondientes a la obra, por actividad en dicho lapso.
A tales efectos, el Banco de Previsión Social queda obligado a proporcionar a los legitimados para accionar en el proceso, la información que estos le soliciten. Dicha información deberá acompañar la demanda.
Esta presunción admite prueba en contrario.
Artículo 20°.- (Presunción de ubicación en suelo urbano consolidado y de degradación del inmueble).- Se presumirá que el inmueble se ubica en suelo urbano consolidado y se encuentra degradado en los términos previstos en la presente Ley, cuando así lo determine el informe técnico de la Intendencia Departamental elaborado conforme al artículo 11.
En los casos de edificación paralizada, para que opere la presunción de degradación, además se requerirá probar que la obra estuvo interrumpida durante el plazo de veinticuatro meses previos a la diligencia preparatoria. Estas presunciones admiten prueba en contrario.
Artículo 21°.- (Contenido de la sentencia).- La sentencia judicial, además de cumplir con lo dispuesto en los artículos 197 y 198 del Código General del Proceso, tendrá el siguiente contenido:
A) Declaración respecto de si el inmueble se ubica en suelo urbano consolidado y se encuentra vacío y degradado.
B) Para el caso de que se declare al inmueble urbano, vacío y degradado, condena a los titulares registrales del derecho de propiedad del inmueble a rehabilitar el mismo, otorgándoles un plazo de veinte días para que presenten, y luego ejecuten en el plazo perentorio de un año un proyecto de rehabilitación del inmueble que permita ajustarlo a los requerimientos de la normativa nacional y departamental correspondiente, bajo apercibimiento de procederse a la venta judicial del inmueble dispuesta en la presente Ley. La reglamentación establecerá las condiciones técnicas y de plazos de inicio y ejecución de obras que deberán contemplar los proyectos. El proyecto de rehabilitación del inmueble será sometido a consideración técnica de la Intendencia Departamental, la que se deberá expedir en un plazo máximo de 30 días. El testimonio de la sentencia ejecutoriada se inscribirá en el Registro de la Propiedad, Sección Inmobiliaria correspondiente. Dicha inscripción se mantendrá hasta la efectiva rehabilitación del inmueble y no se levantará con la venta judicial del mismo.
CAPÍTULO V
VENTA JUDICIAL DEL INMUEBLE
Artículo 22°.- (Título de ejecución).- Procederá la ejecución, con la venta judicial del inmueble, cuando se solicite por el actor, una vez que quede firme la sentencia y no se haya cumplido con lo dispuesto en la misma. Ello sin perjuicio de la ejecución provisoria prevista en el artículo 260 del Código General del Proceso, para la cual el accionante queda eximido de prestar garantía. El ejecutado solo se podrá oponer presentando informe técnico de arquitecto, bajo estricta responsabilidad profesional de este, que establezca que se ha cumplido con la rehabilitación en los términos dispuestos en la sentencia. Dicha oposición se sustanciará en la forma prevista en el artículo 379.2 del Código General del Proceso. La venta judicial se realizará de acuerdo a lo establecido para la vía de apremio (inciso final del artículo 377 del Código General del Proceso), con las modificaciones previstas en la presente Ley.
Artículo 23°.- (Inembargabilidad relativa).- No será aplicable a los inmuebles comprendidos en esta Ley y, a los solos efectos de la misma, las inembargabilidades previstas en el artículo 381 del Código General del Proceso.
Artículo 24°.- (Título traslativo de dominio).- En esta ejecución no se realizará la agregación, el estudio, ni la aprobación de los títulos.
En la presente venta judicial, el título traslativo de dominio será considerado autónomo y perfecto, dando inicio a un nuevo proceso dominial.
Artículo 25°.- (Base del remate).- El remate del inmueble se realizará sobre la base del 75% (setenta y cinco por ciento) de su valor de tasación fijado por la Dirección Nacional de Catastro.
Artículo 26°.- (Derechos sobre el inmueble).- Ninguna reclamación o pretensión de quien alegue derechos respecto del inmueble, ni la situación concursal del propietario, impedirá el inicio o la prosecución de cualquiera de los procesos previstos en esta Ley, ni la traslación de dominio del bien al mejor postor o al accionante en los casos de los artículos 28 y 29. Tales reclamaciones o pretensiones se tramitarán por expediente separado y estarán al remanente del precio que surja luego de fijarse y reservarse los montos correspondientes a los créditos o derechos prioritarios conforme al inciso tercero. En la venta judicial del inmueble, el tribunal dispondrá de oficio el levantamiento o cancelación de todos los embargos, interdicciones, hipotecas, promesas de enajenación o de compraventa, gravámenes y demás inscripciones registrales vigentes que afectaren al bien vendido, sean de la fecha que fueren, lo que comunicará posteriormente a quien corresponda. Lo anterior no alcanza a la inscripción de sentencia dispuesta en esta Ley. Los derechos que surjan de las inscripciones levantadas o canceladas conforme al inciso anterior, subsistirán y recaerán, con las mismas prioridades, sobre el precio de la venta judicial, deducidos todos los gastos justificados del proceso, incluidos los del remate y costas. En el caso de las promesas de enajenación o de compraventa, dichos derechos comprenden el derecho a las restituciones, daños y perjuicios, cláusulas penales y demás rubros que corresponda.
Artículo 27°.- (Especialidades de la venta judicial de inmuebles con edificaciones paralizadas).- La venta judicial de inmuebles con edificaciones paralizadas, construidas en régimen de propiedad horizontal, tendrá las siguientes especialidades:
A) El inmueble, con sus mejoras, unidades y demás edificaciones paralizadas, se rematarán en un solo lote.
B) Sin perjuicio de la venta en lote, las disposiciones de la presente Ley y en especial lo previsto en el artículo 26, se aplicará exclusiva e individualmente sobre cada unidad o futura unidad de propiedad horizontal. A tales efectos, el precio de la venta judicial del lote, deducidos todos los gastos justificados del proceso, incluidos los del remate y costas, así como los montos correspondientes a acreedores prioritarios de todo el lote, será dividido entre las diferentes unidades o futuras unidades de propiedad horizontal, de acuerdo al porcentaje que represente el valor real de cada una, asignado por la Dirección Nacional de Catastro, en el valor real de todo el lote, como si cada unidad o futura unidad se hubiese vendido individualmente a dicho precio. Cuando alguna de las unidades o futuras unidades de propiedad horizontal del lote, carezca de valor real asignado por la Dirección Nacional de Catastro, se le deberá solicitar a ésta la fijación de dicho valor real, de todas las unidades o futuras unidades del lote, en la forma que establezca la reglamentación.
Artículo 28°.- (Falta de interesados en el remate).- Si en el remate no hubiese postores, se podrá sacar nuevamente el bien a la venta sobre la base de la mitad de la tasación, cumpliéndose para este nuevo remate con todos los requisitos establecidos para el anterior.
Si en el segundo remate no hubiere interesados, el accionante podrá optar por adquirirlo por la mitad del valor de tasación.
Artículo 29°.- (Derecho de preferencia a favor del Estado).- El accionante tendrá preferencia para la adquisición del inmueble objeto de la venta judicial, en las mismas condiciones que el mejor postor. La reglamentación establecerá las condiciones para el ejercicio de la preferencia. La preferencia para la adquisición del inmueble, dispuesta por otras normas legales, será subsidiaria de la presente.
Artículo 30°.- (Condenas procesales).- Serán de cargo del ejecutado exclusivamente las costas y demás gastos justificados de la ejecución.
Artículo 31°.- (Depósito del saldo de precio).- Si el depósito judicial en el Banco de la República Oriental del Uruguay del precio del remate, no tuviera movimiento en un plazo de diez años, se considerará paralizado, será vertido al Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización (FONAVI) con destino a cartera de tierras y prescribirá todo derecho a reclamar sobre las sumas vertidas. La presunción establecida en el inciso anterior quedará sin efecto, y por lo tanto no se verterá el depósito ni operará la prescripción, cuando el Juzgado a cuya orden estuviere el depósito, comunique al Banco de la República Oriental del Uruguay antes del vencimiento del referido plazo, que se encuentran en trámite los autos relacionados con el depósito u otros referidos a derechos litigiosos sobre el inmueble o el producido del remate. En los casos en que se haya acreditado que los autos judiciales se encuentran en trámite, el plazo de diez años comenzará a computarse a partir de la fecha que luzca la comunicación efectuada por el Juzgado.
Artículo 32°.- (Obligación del adquirente de rehabilitar el inmueble y su incumplimiento).- Los adquirentes en el remate deberán rehabilitar el inmueble, en los términos dispuestos en la sentencia dictada conforme al artículo 21 de la presente Ley, o presentar en un plazo máximo de veinte días y luego ejecutar, un proyecto de rehabilitación del inmueble, cuya ejecución permita ajustarlo a los requerimientos de la normativa nacional y departamental correspondiente. A solicitud de la parte interesada, el tribunal podrá otorgar una única prórroga del plazo referido, siempre que mediare motivo fundado. Dicho proyecto será sometido a consideración técnica de la Intendencia Departamental. Cuando los adquirentes en el remate no cumplan con la rehabilitación del inmueble, el actor podrá solicitar la venta judicial del mismo, en los términos dispuestos en el presente capítulo.
CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 33°.- (Plazo de desocupación).- Para la determinación del vacío del inmueble, se considerará la desocupación ocurrida en los dieciocho meses previos a la entrada en vigencia de la presente Ley.
Artículo 34°.- (Plazo de interrupción de obras).- Para la determinación de la edificación paralizada, se considerará la interrupción de la obra ocurrida en los dieciocho meses previos a la entrada en vigencia de la presente Ley.
Artículo 35°.- (Plazo para la reglamentación).- La presente Ley se reglamentará dentro del plazo de ciento veinte días desde su publicación.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 16 de octubre de 2018. JORGE GANDINI, Presidente; VIRGINIA ORTÍZ, Secretaria.

5) DISPOSICIONES VARIAS
Ley N° 16.736
PROMULGACION: 5 de enero de 1996
PUBLICACION: 12 de enero de 1996
TITULO 10
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Artículo 661°.- Sustitúyase el inciso cuarto del literal E) del numeral 2) del artículo 17 del Título 10 (IVA) del Texto Ordenado 1991, por el siguiente:
"Los intereses de préstamos otorgados por la División Crédito Social del Banco de la República Oriental del Uruguay, por la Corporación Nacional para el Desarrollo en los casos que admita la reglamentación, y los concedidos por el Banco Hipotecario del Uruguay destinados a la vivienda, quedan exonerados. También quedan exonerados los intereses de préstamos otorgados por las Cooperativas de Ahorro y Crédito y por las asociaciones civiles sin fines de lucro, en tanto dichos préstamos sean otorgados a sus socios y no excedan las UR 250 (doscientas cincuenta unidades reajustables), sea en una o varias operaciones separadas. Los intereses de créditos y financiaciones otorgados mediante órdenes de compra, con excepción de las que emiten las asociaciones civiles a que refiere el inciso anterior y dentro de los límites establecidos en el mismo, así como los intereses de créditos y financiaciones otorgados mediante tarjetas de créditos y similares, estarán gravados en todos los casos".
Ley 17.555
PROMULGACION: 18 de setiembre de 2002
PUBLICACION: 19 de setiembre de 2002
PODER LEGISLATIVO
El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,
DECRETAN:
Artículo 1°.- (Reducción de aportes a las obras privadas).- Los propietarios de las obras privadas del sector de la construcción que construyan al amparo del régimen de propiedad horizontal o con declaración de interés turístico o nacional, iniciadas antes del 31 de diciembre de 2003 o que estando suspendidas a la fecha de la promulgación de la presente Ley se reinicien antes del 31 de diciembre de 2003, pagarán en concepto del Aporte Unificado de la Construcción previsto en el Decreto-Ley N° 14.411, de 7 de agosto de 1975, una alícuota del aporte unificado del 50% (cincuenta por ciento). Este beneficio también alcanzará a las construcciones que sean propiedad de cooperativas de vivienda.
Las viviendas nuevas que se construyan fuera del régimen de propiedad horizontal, en las condiciones establecidas en el inciso precedente, pagarán en concepto del Aporte Unificado de la Construcción una alícuota que no superará el 62% (sesenta y dos por ciento).
El beneficio previsto en los incisos anteriores regirá para los aportes que se devenguen desde la vigencia de la presente Ley hasta el 31 de diciembre de 2005
Ley N° 17.930
PROMULGACION: 19 de diciembre de 2005
PUBLICACION: 23 de diciembre de 2005
SECCION IV
INCISOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL
INCISO 14- MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
Artículo 344°.- Sustitúyase el artículo 390 de la Ley N° 17.296, de 21 de febrero de 2001, por el siguiente:
"ARTICULO 390°.- El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente podrá rescindir administrativamente los contratos suscritos para la adquisición u ocupación de una vivienda por los beneficiarios de cualquiera de sus programas habitacionales, incluyendo aquellos celebrados en el marco del programa de regularización de asentamientos irregulares, cuando se configure alguna de las siguientes causales:
A) Enajenación, arrendamiento o cesión a cualquier título de la vivienda, violando la prohibición contenida en el artículo 70 de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
B) No se mantenga el destino de casa habitación.
C) No ocupe real y efectivamente la finca el beneficiario y su núcleo familiar.
D) En caso de haber sido ocupada la vivienda por el beneficiario, dejarla de habitar por más de seis meses, sin causa justificada, constatada en vía administrativa
"E) El no pago de las obligaciones pecuniarias que le impone la reglamentación a los beneficiarios de alguno de sus programas".
Fuente literal E: Artículo 293, Ley 19.149 de 24 de octubre de 2013
Artículo 345°.- Aplíquese el instituto de la rescisión administrativa consagrado en el artículo anterior, respecto de aquellos beneficiarios de una solución habitacional que forme parte de un conjunto de viviendas entregado por el citado Ministerio, o se encuentren comprendidos en el marco de programas de regularización de asentamientos irregulares, cuando los servicios sociales del mismo constaten en vía administrativa que dicho núcleo familiar genera graves problemas de convivencia en el entorno social del conjunto. Lo dispuesto precedentemente no será de aplicación cuando los beneficiarios hayan accedido a la solución habitacional con subsidio otorgado por el mencionado Ministerio a través del sistema de Cooperativas de Viviendas o grupos del Sistema Integrado de Acceso a la Vivienda conformados bajo la modalidad de cooperativas, rigiendo en lo pertinente las disposiciones contenidas en la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968, y demás normas complementarias y concordantes. En todos los casos que se aplique el instituto de la rescisión administrativa, la titularidad del bien se transferirá de pleno derecho, libre de obligaciones y gravámenes al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que readjudicará el mismo a los aspirantes inscriptos en sus registros. El acto administrativo que disponga la rescisión administrativa y declare la transferencia dominial, se inscribirá en el Registro de la Propiedad Inmueble que procederá a cancelar la inscripción anterior y dar el alta a la nueva inscripción. Cualquiera sea la causal que haya motivado el dictado de la resolución ministerial que dispone la rescisión administrativa del contrato, el proceso para recuperar la vivienda por parte del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, será el previsto en el artículo 364 del Código General del Proceso (juicio de entrega de la cosa), el cual se promoverá contra los beneficiarios, estableciéndose que en ocasión de solicitarse el desapoderamiento de la finca en el marco de dicho proceso, la medida comprenderá a todas las personas que se encuentren ocupando la misma cuando ésta se efectivice por parte del Juzgado competente. La presente disposición comprende también a quienes hayan adquirido el inmueble por modo sucesión de un beneficiario del programa.
Artículo 350°.- Autorízase una partida anual de hasta $ 118.935.000 (ciento dieciocho millones novecientos treinta y cinco mil pesos uruguayos), sin perjuicio de lo establecido en el artículo 405 de la Ley N° 17.296, de 21 de febrero de 2001, destinada a otorgar subsidios bajo la forma prevista en el literal B) del artículo 66 de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968. Dicha partida tendrá como finalidad asegurar la permanencia del beneficiario en la vivienda, mediante contribuciones al pago de cuotas de amortización y/o intereses de préstamos de vivienda correspondientes a la cartera social y cooperativas de vivienda del Banco Hipotecario del Uruguay. Los beneficiarios a que se refiere este artículo no podrán haber recibido otros subsidios directos con cargo al Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización. Los inmuebles cuyo pago de cuotas de amortización y/o intereses de préstamos se realizará bajo la modalidad prevista en este artículo, quedarán afectados por las limitaciones previstas en el artículo 70 de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968, por igual término que el de las alícuotas subsidiadas y hasta un máximo de cinco años a contar desde el cese del subsidio concedido, de todo lo cual se dejará constancia en la documentación respectiva. La instrumentación de las transferencias al Banco Hipotecario del Uruguay deberá enmarcarse en la política general del Poder Ejecutivo en relación a dicha institución financiera, para lo cual se requerirá la previa autorización del Ministerio de Economía y Finanzas.
Ley 18.172
PROMULGACION: 31 de agosto de 2007
PUBLICACION: 7 de setiembre de 2007
Artículo 249°.- Créase el Proyecto 725 "Fomento del Sistema Cooperativo de Vivienda de Ahorro Previo", Financiación 1.5 "Fondo Nacional de Vivienda", que tendrá por objeto otorgar créditos hipotecarios y subsidios a cooperativas de vivienda de ahorro previo para financiar la construcción de viviendas de las categorías mínima y económica, con un crédito de $ 50.000 (cincuenta mil pesos uruguayos). El referido crédito se adecuará cuatrimestralmente al monto de ingresos efectivamente percibidos a partir del 1° de enero de 2008, por los servicios de aquellos créditos hipotecarios concedidos a cooperativas de vivienda de ayuda mutua antes del 31 de diciembre de 2006 por la referida Secretaría de Estado. A la recaudación anual derivada de esos servicios se le adicionará el saldo no utilizado del ejercicio anterior por el mismo concepto.
Ley 18.719
PROMULGACION: 27 de diciembre de 2010
PUBLICACION: 5 de enero de 2011
Artículo 807°.- Sustituyese el inciso quinto del artículo 32 del Título 7 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente:
"También se considerarán incluidos en este artículo los ingresos de todo tipo, aun cuando correspondan a la distribución de excedentes, retiros o reembolsos de capital aportado, regulares o extraordinarios, en dinero o en especie, que generen los socios cooperativistas, excepto:
A) Los reintegros de capital de las cooperativas de vivienda, siempre que cumplan con los requisitos previstos en los numerales 1), 2) y 4) del literal L) del artículo 27 del presente Título, y el plazo entre el reintegro y la adquisición de la nueva vivienda no exceda los doce meses.
B) Los resultantes de la distribución de excedentes de las cooperativas de ahorro y crédito, que constituyen renta de capital. Tampoco están incluidos los ingresos provenientes de devolución de partes sociales integradas en dinero en las cooperativas de ahorro y crédito, por la suma nominal aportada por el socio.