Novedades



JUZGADO LETRADO EN LO PENAL DE 22є TURNO

SENTENCIA Nє 12

Montevideo, 22 de abril de 2020

VISTOS:

Para sentencia definitiva de primera instancia estos autos seguidos a J.N.G.P. por la coautorнa de un delito de "Homicidio", individualizados con IUE 87289/1985, tramitados con intervenciуn del Ministerio Pъblico representado en la causa por el Sr. Fiscal Letrado Nacional Especializado en Crнmenes de Lesa Humanidad Dr. Ricardo Perciballe y de la Defensa de particular confianza ejercida por la Dra. Rosanna Gavazzo.

RESULTANDO:

A) De los hechos probados.

1) Denuncia de desapariciуn de J.C.P.
El dнa nueve de julio del aсo mil novecientos ochenta y cinco J.C.P. denuncio ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de Primer Turno (fs. 2-5 vto.) la desapariciуn de su padre, J.C.P. Aporto un registro fotogrбfico del mismo, describiу su aspecto fнsico y algunas limitaciones producidas por dolencias e informo que su padre es un pedagogo y periodista fundador conjuntamente con C.Q. del semanario “M.” e integrante de la lista “77” del Frente Amplio en las elecciones nacionales realizadas en noviembre del aсo mil novecientos setenta y uno. Agrego que su padre saliу de su domicilio sito en xxx en horas de la maсana del dнa primero de agosto del aсo mil novecientos setenta y siete, que el mismo se desplazaba en su auto marca xxx, de color amarillo y negro, matrнcula xxx de Montevideo, que se reuniу hasta las diez horas con un amigo, siendo este el ъltimo en verlo. Se supo y acredito en legal forma que dicho amigo era el Sr. G.E.Q. domiciliado en xxx, tambiйn periodista, corresponsal del diario N.Y.T. y gerente de la agencia de noticias I.P.S. Dio cuenta de mъltiples gestiones realizadas ante autoridades oficiales nacionales (Policнa, Estado Mayor Conjunto, Consejo de Estado) y organismos internacionales (Comisiуn Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Comisiуn de Derechos Humanos de la ONU) en su bъsqueda, sin resultados concretos ...


El texto completo ha sido incorporado en la Base de Datos respectiva y sólo puede ser visualizado por los suscriptores de El Derecho Digital. Por más información haga click aquí o consulte al (+598) 2903 5119.



JUZGADO LETRADO EN LO PENAL DE 22є TURNO

SENTENCIA Nє 12

Montevideo, 22 de abril de 2020

VISTOS:

Para sentencia definitiva de primera instancia estos autos seguidos a J.N.G.P. por la coautorнa de un delito de "Homicidio", individualizados con IUE 87289/1985, tramitados con intervenciуn del Ministerio Pъblico representado en la causa por el Sr. Fiscal Letrado Nacional Especializado en Crнmenes de Lesa Humanidad Dr. Ricardo Perciballe y de la Defensa de particular confianza ejercida por la Dra. Rosanna Gavazzo.

RESULTANDO:

A) De los hechos probados.

1) Denuncia de desapariciуn de J.C.P.
El dнa nueve de julio del aсo mil novecientos ochenta y cinco J.C.P. denuncio ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de Primer Turno (fs. 2-5 vto.) la desapariciуn de su padre, J.C.P. Aporto un registro fotogrбfico del mismo, describiу su aspecto fнsico y algunas limitaciones producidas por dolencias e informo que su padre es un pedagogo y periodista fundador conjuntamente con C.Q. del semanario “M.” e integrante de la lista “77” del Frente Amplio en las elecciones nacionales realizadas en noviembre del aсo mil novecientos setenta y uno. Agrego que su padre saliу de su domicilio sito en xxx en horas de la maсana del dнa primero de agosto del aсo mil novecientos setenta y siete, que el mismo se desplazaba en su auto marca xxx, de color amarillo y negro, matrнcula xxx de Montevideo, que se reuniу hasta las diez horas con un amigo, siendo este el ъltimo en verlo. Se supo y acredito en legal forma que dicho amigo era el Sr. G.E.Q. domiciliado en xxx, tambiйn periodista, corresponsal del diario N.Y.T. y gerente de la agencia de noticias I.P.S. Dio cuenta de mъltiples gestiones realizadas ante autoridades oficiales nacionales (Policнa, Estado Mayor Conjunto, Consejo de Estado) y organismos internacionales (Comisiуn Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Comisiуn de Derechos Humanos de la ONU) en su bъsqueda, sin resultados concretos respecto de su persona y de su vehнculo. Sin perjuicio de ello, con fecha cuatro de octubre siguiente, la Jefatura de Policнa de Montevideo a travйs del Departamento de Vigilancia de la Direcciуn de Investigaciones emite un comunicado pъblico solicitando la colaboraciуn pъblica para ubicar el paradero de J.C.P. Paradуjicamente, siete dнas despuйs, la misma Jefatura de Policнa emite un comunicado pъblico informando que J.C. abandono el paнs el dнa veintidуs de setiembre de mil novecientos setenta y siete en el vuelo 159 de PLUNA con destino al aeroparque de Buenos Aires. Dicha informaciуn de viaje a la Republica Argentina fue vertida tambiйn por el representante diplomбtico del paнs ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas, expresбndose que en primera instancia el gobierno argentino habнa hecho saber a nuestro gobierno que no existнa constancia del ingreso de J.C. al territorio argentino, no obstante, luego confirmo la informaciуn inicialmente brindada por las autoridades uruguayas.

2) Investigaciуn. Demoras (contienda de competencia, excepciones de inconstitucionalidades, declaraciones del Poder Ejecutivo al amparo de la ley de caducidad de la pretensiуn punitiva del Estado).
A lo largo del extenso periodo temporal en que se ha desarrollado esta investigaciуn se han cumplido distintas actuaciones que, ademбs del diligenciamiento de pruebas, comprendieron una contienda de competencia instalada por la Justicia Militar y el diligenciamiento de excepciones de inconstitucionalidad (respecto de los artнculos 59 del Cуdigo Penal y 76 del Cуdigo de Organizaciуn de los Tribunales Militares, de los artнculos 1, 2 y 3 de la ley N° 15848, de los Arts. 1, 2 y 3 de la ley N° 18831, de la totalidad de la ley N° 18831 y de los Arts. 1, 2 y 3 de la ley 19550). Con fecha dieciocho de setiembre de mil novecientos ochenta y nueve se incorporу a la causa constancia de que el Poder Ejecutivo consideraba los delitos denunciados comprendidos dentro del articulo primero de la ley N° 15848, merito por el cual, con previa conformidad del Ministerio Pъblico, se dispuso por la Sede la clausura y archivo de las actuaciones (fs. 162). Veintiъn aсos despuйs, en el aсo dos mil diez, se solicitу al Poder Ejecutivo expedirse nuevamente acerca de si los hechos denunciados se encontraban comprendidos dentro de la caducidad de la pretensiуn punitiva del Estado dispuesta por el artнculo primero de la ley N° 15848. Con fecha diecisiete de agosto del aсo dos mil diez el Poder Ejecutivo de la йpoca declaro que el caso no se encontraba comprendido en el artнculo primero de la ley N° 15848 (fs. 232 de estas actuaciones). Ante ello, por providencia N° 2691 del primero de octubre del aсo dos mil diez (fs. 233) se prosiguiу con la investigaciуn interrumpida por acto estatal, cumpliйndose mъltiples instancias investigativas sin resultados concretos.

3) Detecciуn de centros clandestinos para interrogatorios y detenciуn. Estadнas de F.F.T. y de J.C. en los mismos.
Oportunamente la representaciуn del Ministerio Pъblico al expedirse respecto de una vista conferida por la Sede (fs. 334-337) dio cuenta que por su intervenciуn en otras causas por hechos similares al investigado en la presente dispone de informaciуn que refiere a la utilizaciуn de tres locales (el chalet “Susy” de Shangrila, la casa de Millбn y Loreto y locales de la rambla de Punta Gorda) como bases clandestinas de actuaciуn de las autoridades de la йpoca. Menciona que dichos hechos se dieron por probados con sentencias en dos instancias (Juzgado Penal de 19° Turno y TAP de 2° Turno) en autos individualizados con IUE 243332/2005, en pieza formada con testimonio integro de los autos IUE 98247/2006 y en causa radicada ante el Similar de 19° Turno individualizada con IUE 98-212/2010. De esta ъltima causa –seсala- se extrae, en forma sucinta, la forma de operar del SID (Servicio de Informaciуn de Defensa) y OCOA (Уrgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas) de la йpoca, la utilizaciуn de los locales de Punta Gorda, Bulevar y Palmar y tangencialmente la adquisiciуn de la casona de la Avda. Millбn y Loreto Gomensoro. Refiere que quedo plenamente probado lo relatado en cuanto al cautiverio de un grupo de personas pertenecientes al Partido por la Victoria del Pueblo en la casa de Punta Gorda y Bulevar y Palmar, asн como la presencia de dos niсos (los hermanos J.) y de una mujer embarazada que dio a luz estando presa (M. C. G. de G. y su hija M. M.) hechos que no se ligan directamente con J. C.. Respecto de J. C., sostiene que quedo probado que su secuestro se efectivizo en la casona de la Avda. Millбn y Loreto Gomensoro. Dio cuenta asimismo que el referido inmueble, padrуn xxx, fue adquirido el treinta de marzo de mil novecientos setenta y siete por V. E. P. D. en escritura autorizada por la Esc. L. I. P. R. de W.. La referida escribana estaba casada con un oficial del SID y dicho inmueble nunca figuro a nombre del Estado, siendo vendido por el mismo Sr. P. D. al fondo social de CUTCSA, el catorce de febrero de mil novecientos ochenta, no existiendo datos de aquel en la Direcciуn Nacional de Identificaciуn Civil por lo cual la Sra. Fiscal concluyo que se trataba de una persona inexistente. La mencionada profesional notaria dijo haber realizado la escritura a pedido del Gral. P., sin conocer al comprador, quien declaro como domicilio el de la profesional autorizante. En la escritura no consta el nъmero de documento pero la escribana consigno que era persona de su conocimiento.
Agrego la Sra. Fiscal que contemporбneamente con J.C., el periodista brasileсo F.F.T. estuvo detenido en la casona de Millбn y Loreto. A fs. 371 la Fiscalнa ofrece nuevos elementos probatorios: fotografнas mбs recientes del desaparecido, publicaciones periodнsticas de la йpoca (Semanario Brecha, La Lupa) en donde se relacionan hechos anteriores y contemporбneos a la desapariciуn de C., tambiйn constancia expedida por AJPROJUMI que de la causa IUE 536/1985, Archivo 14/87 resulta que F. A. F. T. fue detenido el catorce de julio de mil novecientos setenta y siete y liberado provisionalmente el cuatro de enero de mil novecientos setenta y ocho.

4) J. C., su perfil tйcnico, sindical y polнtico. Sus conexiones. Actividad desplegada.
La persona cuya desapariciуn fue objeto de denuncia en esta causa se trataba, como se dijo, de un connotado docente (Maestro y Profesor de Filosofнa) que habнa llegado al grado de Inspector en Primaria y posteriormente se desempeсу ante Organismos internacionales de la esfera educativa siendo tambiйn consultor de UNESCO, teniendo un activo rol en el бmbito sindical en donde integro la Asociaciуn de Maestros del Uruguay y la Convenciуn Nacional de Trabajadores.
El referido Maestro tambiйn incursiono en la actividad periodнstica, labor que desempeсo tambiйn con singular brillo (Diario El Nacional, Semanario Acciуn, Semanario Marcha, etc.). Tambiйn tuvo actuaciуn polнtico-partidaria, integrando en el aсo 1971 el grupo de independientes nucleados en la Lista 77 del Frente Amplio. En fin, se trataba de una distinguida personalidad del quehacer nacional e internacional, comprometido con las causas sociales de su йpoca. Tuvo una activa participaciуn de apoyo a personas opositoras al sistema de gobierno imperante al momento de su desapariciуn, actividad que lo conecto directamente con diplomбticos, refugiados polнticos en el extranjero, etc., colaborando intensamente en lograr el asilo polнtico en el extranjero de algunas personas y en propalar tambiйn al extranjero noticias referidas a la situaciуn polнtico-social imperante en el paнs.
En la йpoca en que se produjo la desapariciуn del Maestro C., el gobierno nacional (de facto) se habнa embarcado en una activa e intensa persecuciуn de todos sus opositores, especialmente aquellos que pertenecнan a movimientos o partidos de izquierda. Una vez identificada la filiaciуn polнtica y producida la detenciуn, las personas eran llevadas a centros clandestinos y allн sometidas a extensos interrogatorios sin asistencia letrada y en la mayorнa de los casos bajo diversas torturas. Si sobrevivнan, eran puestas a disposiciуn de la Justicia Militar y recluidas en prisiones especiales por largos aсos. Aquellas personas que no habнan sido detenidas, pero que se sabнan perseguidas, buscaron apoyo en las representaciones diplomбticas extranjeras radicadas en el paнs a fin de obtener un salvoconducto para viajar al exterior. La embajada de Mйxico fue uno de esos lugares a los que acudieron los perseguidos. Su agregado cultural, Licenciado C. A. y P., desempeсo un significativo rol en dicha labor humanitaria. Al respecto, Silvia Dutrenit en “La embajada indoblegable”, pags. 170171 (Op, cit. a fs. 1044 y 1044 vto.) sostuvo refiriйndose al embajador de Mйxico Vicente Muсoz Arroyo “Fue el diplomбtico extranjero que otorgo el mayor nъmero de protecciones en Uruguay cuando se vivнa en ese paнs la suspensiуn de las libertades polнticas y un grave ataque a los derechos Humanos de la ciudadanнa…Un cambio en ese sentido se dio al ser retirado de su misiуn como embajador en 1977, cuando inicio el sexenio del presidente J. Lуpez Portillo…Esa valentнa y generosidad tambiйn la tuvieron algunos de sus colaboradores que arriesgando su propia seguridad, por ejemplo Gustavo Maza y Cuitlahuc Arroyo, que protegieron en coyunturas crнticas a los asilados…”.
El perfil de J. C. ingresaba en el objeto de investigaciуn del aparato estatal, habiйndose acreditado en legal forma que su actividad habнa sido minuciosamente analizada por los servicios de inteligencia de la йpoca (ver fs. 196-218) y consecuentemente habнa sido objeto de actividades de represiуn.
E.Q., ъltimo de los conocidos en ver a C. confirmo la reuniуn informada por el denunciante, declaro que en la ocasiуn estuvieron hablando de polнtica y ante una pregunta concreta expreso que C. no le dijo nada de que sintiera temor “pese a que nosotros йramos muy perseguidos”. Segъn se consigna por el Ministerio Pъblico en su pieza acusatoria (fs. 2299) “…C. es mencionado en publicaciones realizadas por la dictadura, pues su nombre aparece junto al de otros docentes en la pбgina 45 del libro Nuestra Verdad 1960-1980 La Lucha contra el terrorismo (compilado por el Centro Militar) fs. 616; y en las pбginas 218 y 221 del libro Testimonio de una Naciуn Agredida del aсo 1978 (fs. 624 y 627).” Es conforme a la lуgica y a las reglas de la sana critica vincular directamente las tareas de inteligencia que cumplнan los funcionarios del SID investigando a L.
(Operaciуn “Pecera”), A. P., F. T. y a J. C., con las detenciones posteriores.

5) Detenciуn -desapariciуn del maestro J.C.P. por parte del SID comandado por J.N.G.
La probanza incorporada a la causa conlleva a la conclusiуn de que el Sr. J. C. efectivamente mantuvo la entrevista personal con G.E.Q. en el domicilio de este el dнa de su desapariciуn. A las inmediaciones del referido domicilio arribo conduciendo su auto modelo indio, el que dejo estacionado sobre la Avda. Rivera.
Luego de culminada la entrevista con su amigo, retorno sobre sus pasos, cuando se dirigнa a abordar su vehнculo, fue interceptado por dos individuos, el Capitбn de la Guardia Metropolitana J. R. Z. de la Brigada de Narcуticos (indagado, enjuiciado y absuelto en autos) asignado al SID y dos soldados, uno de ellos J. C. B. y el otro se ignora su filiaciуn. Luego de un breve diбlogo, en forma pacнfica el maestro ascendiу al vehнculo en que se desplazaban sus captores, en la parte del asiento de atrбs, custodiado por B. quien viajaba a su lado y le indicaba –ante las expresiones del conductor Z.- que debнa agacharse. Su viaje culmino en la casona de Millбn, tal como lo admitieran expresamente sus captores Z. y B.. Surge acreditado que allн funcionaba un centro clandestino de operaciones y detenciones pues a dicho lugar tambiйn fueron llevadas otras personas, entre ellas los testigos A.G.G.G. (fs. 393-396), C.A. (fs. 10181019) y F. A. F. T. (fs. 795-803), quienes proporcionaron pocos pero certeros datos del lugar, los que permiten concluir sin lugar a dudas que se trata de la misma casona de Millбn y Loreto Gomensoro. El Policнa J.R.Z.Q. (fs. 830-835) admitiу en su declaraciуn del 20.07.2011 haber participado en el procedimiento que culminу con la detenciуn de J.C., expresando que lo hizo en cumplimiento a una orden impartida por su jerarca jefe del SID el teniente coronel J.A.R.B. (ya fallecido en 2006), quien le manifestу que por orden del juez militar debнa detener a una persona de apellido C., dбndole como referencia un vehнculo Indio estacionado en las inmediaciones de Rivera y Ponce y que una vez cumplida la detenciуn se comunique radialmente; simultбneamente le indico que retrasmitiera la orden al soldado B. para que lo acompaсara, lo que Z. hizo. En un vehнculo VW conducido por el declarante acompaсado de B. se desplazan los referidos funcionarios, estacionan en las inmediaciones del auto Indio descripto “…hasta que un Sr. se dirige hacia la puerta del conductor del vehнculo, me acerco a esa persona, me identifico como el Of. Z. de Policнa prestando servicios en el SID, le pregunto si era el Sr. C., respondiйndome afirmativamente, por lo que lo invito que me acompaсe expresбndole que se trataba de una orden superior y de la justicia militar…ellos dos se ubican en la parte trasera, yo comunico por radio la novedad y cuando estбbamos en el vehнculo en marcha me comunican que debo conducir al detenido a una Direcciуn de la Avda. Millбn…Habнa un portуn que estaba abierto, entro con el vehнculo hacia la residencia…sobre la parte exterior de un tipo porche, estaba aguardando el Jefe del Departamento (R. B.) a quien le entregamos el detenido…me dice que me reintegre al SID con el soldado B.…cosa que hicimos…Era una residencia tнpica del Prado Chico, grande, fuerte. Creo que habнa un pequeсo jardнn.” (fs. 832). Por su parte, J.C.B.P., quien ha declarado en varias ocasiones (Ver fs. 78, 11-13, 573-578 y 2020-2024 vto.), confirmo su participaciуn en la referida detenciуn y entrega del detenido en el lugar indicado frente a la Pepsi Cola, de quien dijo “…era un hombre de unos cincuenta y cinco aсos de edad (60 dijo despuйs a fs. 11), con lentes, pelo canoso con alguna calvicie…creo que llevaba ropas de color marrуn…se quejу de dolores en la regiуn renal…” (fs. 8). Al exhibirse fotografнas de fs. 183-185 contesto “Puede serlo perfectamente, aunque no puedo decirlo cien por ciento. La cara coincide con mi recuerdo…” (fs. 575). B. agrego que un tercer participante de la operaciуn los siguiу conduciendo el vehнculo Indio hasta el lugar referido. Agrego “…recuerdo que esta persona fue llevada al sуtano de la finca (quedando de pie, fs. 11). Con posterioridad (a los pocos dнas de esto, fs. 575) solicite la baja al Tte. Cnel. G.…”; “Esta fue la ъnica persona que yo lleve a la casa de Millбn (fs. 576). El vehнculo Indio “Yo vi que quedo ahн mismo en la casona de Millбn” (fs. 576) eso lo repite seis meses despuйs a fs. 1021, no recordу quien quedo en el lugar con el detenido (fs. 577), no lo entrego a nadie en particular, habнa guardia asignada (fs. 1021 vto.).
Preguntado especнficamente quien preparo la operaciуn de arresto mencionada contesto “El Jefe del Departamento III, en ese momento era el Tte. Cnel. G., nada de lo que se hiciera allн era sin su conocimiento…” (fs. 11 vto.), no recuerda con precisiуn si la orden de detenciуn de C. la impartiу G. o M. (fs. 1020 vto.). Es menester tener especialmente en consideraciуn que la declaraciуn de B. haciendo referencia a que la orden de detenciуn la impartiу el Jefe del SID G. se realizу el dнa 12.08.1985 y se reitera veintisйis aсos despuйs a fs. 573 y fs. 1020 vto. con la imprecisiуn connatural al paso del tiempo (G. o M.). La circunstancia anotada deja de manifiesto el ardid ensayado por el encausado y su Defensa en el sentido de que “la orden la impartiу R. B. pues si bien G. ya estaba designado aъn no habнa asumido prбcticamente la funciуn por estar en el periodo de transiciуn y entrega del mando”. Lamentablemente no puede ser consultado R. B. al respecto (versiуn inculpatoria de G.) por cuanto el mismo se suicidу en el aсo dos mil seis al momento en que iba a ser detenido. La descalificaciуn del testigo B. ensayada por G., quien obviamente conociу el testimonio del mismo, se da de bruces con esta declaraciуn y se enmarca en los “operativos” ingeniosos y habituales del encausado para desvincularse de los hechos objeto de esta investigaciуn, mбxime cuando esta objetivamente asentado en su legajo personal la fecha en que tomo posesiуn del cargo de Jefe del SID. Se ha llegado a sostener por el encausado que B. era un soldado proactivo y colaborador a punto tal que estando en uso de licencia concurriу a la Repъblica Argentina ofreciendo sus servicios a entidades gubernamentales de represiуn de la sediciуn. Afirmaciуn que fue desmentida por B.. Oh casualidad, no se encontrу el legajo personal de B. a fin de cotejar debidamente estos hechos. .Puede considerarse razonadamente que el ex soldado B. (totalmente desvinculado del Ejercito desde su baja) pueda haber tenido injerencia en esa “desapariciуn” de su legajo? .Teniendo en consideraciуn especialmente la capacidad de delinquir del encausado y su probada y calificada capacidad de organizaciуn, puede dudarse lнcitamente que procuro desviar su responsabilidad hacia una persona fallecida, tal como se ha seсalado en autos? Desde otro punto de vista es menester tener tambiйn especialmente presente la nota 5 de fs. 999 escriturada en el legajo personal del encausado por parte de su superior el General A. P., en la cual se consigna “El dнa 21 de los corrientes (julio de 1977) fue detenido, incautбndosele un casette conteniendo grabado un documento reservado de las Fuerzas Armadas, numerosas anotaciones de militares y Unidades del Ejйrcito, el periodista brasileсo F. T., corresponsal del
Diario Excйlsior de Mйxico y de O. Estado de San Pablo en Buenos Aires. Esta detenciуn tambiйn permitiу detectar la intromisiуn en nuestros asuntos internos de personal de una representaciуn diplomбtica. El Sr. Tte. Cnel. G. realizo una valiosa labor de inteligencia y condujo el operativo con gran acierto lo que permitiу la sorpresa y el secreto que permitieron mejores condiciones de trabajo. Puso en evidencia este Sr. Jefe iniciativa, inteligencia, tacto, dominio de sн mismo, capacidad para el mando y sentido de la responsabilidad.”. Tal constancia estampada en el legajo del encausado por su jerarca sella el resultado de este anбlisis en el sentido de que a esa йpoca (25.07.1977, sin perjuicio de que la fecha concreta anterior en que asumiу el cargo fue el 8.07.1977, fs. 998) el Tte. Cnel. G. era Jefe en el SID. Ergo a la fecha de la detenciуn del Sr. J. C. realizada dнas despuйs (1°.08.1977) el responsable del operativo era el encausado y no otro. Mбs aun, la constancia siguiente, N° 6, pone de manifiesto el control que ejercнa el SID (G.) sobre “actividades de la embajada de un paнs amigo (Mйxico), obteniendo la informaciуn necesaria para controlar adecuadamente antecedentes del personal que obtiene asilo en la misma, lo que permite una adecuada labor de inteligencia”. Inteligencia que desemboca directamente en la detenciуn del Sr. J.C., vinculado directamente a las actividades de la embajada en su ayuda a facilitar la salida de uruguayos opositores al gobierno, tal como se expresу anteriormente.
El cнrculo cierra perfectamente: se detuvo a F.F.T. por orden de G., con la evidencia encontrada se fue en bъsqueda del Maestro C. tambiйn por su orden. Por si lo anterior no fuere suficiente para acreditar que el jefe del servicio era G., este en su declaraciуn ampliatoria de fs. 2170-2178, manifiesta que el Gral. P. le encomendу directamente el procedimiento sobre F. T. (recuйrdese que G. sostiene que a esa йpoca el Jefe del SID era R. B.) por la razуn de que el mismo “…en base a la cantidad de aсos que presto servicios en Inteligencia, en interrogatorios “especiales”…de personas no comunes, porque era un extranjero, periodista de un diario brasileсo y uno mexicano y aparte era parte de una campaсa contra Uruguay que se estaba haciendo en el extranjero y querнa el Gral. P. que lo hiciera yo…el Gral. no querнa que eso se transformara en un efecto boomerang para Uruguay y que ese interrogatorio saliera bien”. Huelgan los comentarios. G. tambiйn declaro: “…la embajada de Mйxico colaboraba con nosotros…si a travйs de esa investigaciуn que hizo el Mayor L. (designado por G. para tal investigaciуn) se detectу que algъn funcionario de esa embajada hacia intromisiones en los asuntos internos de nuestro paнs, no recuerdo quien era ese funcionario…”. Desde otro punto de vista las anotaciones realizadas por el encausado en legajos de sus subordinados revelan su calidad de Jefe del servicio en la йpoca (legajo de W. M. a fs. 972 y su declaraciуn de fs. 813 y ss., legajo de A.G.G. a fs. 940, etc.). El entonces Mayor W. M. P. de L. declaro el 19.07.2011 que durante el aсo 1977 se desempeсaba en el SID como encargado de Secciуn Anбlisis de Informaciуn en el Departamento III del SID y que G. era Jefe de Operaciones e integraba el Departamento (fs. 813-816 vto.).
La detenciуn del Maestro J.C. no fue aislada o un hecho fortuito, respondiу a un operativo por el cual posteriormente fuera felicitado el Jefe del Servicio J.N.G. (Voto discorde del Dr. R.P. Manrique en sentencia N° 91/2015 de la Suprema Corte de Justicia, fs. 1821 vto.).

6) Relacionamiento de J. C. con opositores al gobierno nacional de la йpoca. Operaciуn “Pecera”. Detenciуn de F.F.T. y su alojamiento en Millбn y Loreto Gomensoro. Ingreso de C..
Entre los muchos operativos realizados por las denominadas Fuerzas Conjuntas, se cumpliу la operaciуn “Pecera”, que tuvo por objetivo al Contraalmirante O. W. L. S., connotado opositor al rйgimen imperante y amigo personal del Sr. J. C.. Dicha operaciуn fue admitida por el encausado y otros militares (J. A. B. M. y A. G. G., fs. 635-640 y fs. 641-642). G. manifestу que la misma se hizo sobre un Capitбn de la Armada de apellido L. que se habнa recibido informaciуn que era agente de la KGB soviйtica y todo eso no se pudo verificar y todo termino en la nada (fs. 2174). Dicho Oficial de la Marina, en su rol opositor genero mъltiples contactos.
Entre ellos con el Agregado Cultural de la Embajada de Mйxico Licenciado C. A. y P. quien –como se afirmara precedentemente- coopero activamente para sacar del paнs a muchas personas opositoras al gobierno imperante y en el marco de esas actividades conociу al periodista brasileсo (opositor al rйgimen imperante en su paнs y exiliado en Buenos Aires) F. F. T., corresponsal del diario Excйlsior de Mйxico que fue encomendado a Montevideo a fin de interceder por la liberaciуn de un periodista local. A su llegada al paнs este tomo contacto con la embajada de Mйxico, especialmente con A. P., quien le brindo cooperaciуn y previo a su partida le entrego una grabaciуn para su publicaciуn en el exterior cuyo contenido ignoraba pero que suponнa tenia relaciуn directa con las actividades de las fuerzas oficiales de la йpoca, pues este querнa saber las condiciones en que Vivian sus amigos y compatriotas residentes en Uruguay. La citada grabaciуn la realizo O. L. y se trataba de grabaciones de boletines militares donde se transcribнan juicios a integrantes de las Fuerzas Armadas que no se habнan plegado a los mйtodos de las mismas, tambiйn contenнa el juicio al Gral. L. S.. El referido marino declaro que el maestro C. le habнa dicho que el Agregado Cultural mexicano le habнa mostrado un casette que era una joyita. F. T., como se expresara anteriormente, fue detenido el catorce de julio de mil novecientos setenta y siete (operaciуn expresamente admitida por G. quien encargo el interrogatorio del detenido al Mayor A. L., el que –segъn sus dichos- periуdicamente durante el poco tiempo que F. estuvo detenido en el SID le informaba lo que iba surgiendo de ese hombre, que las informaciones
carecнan de importancia lo que determinу que el declarante sugiriera ponerlo a disposiciуn de la justicia militar, fs. 2175) cuando se aprestaba a abordar un vuelo regular hacia la ciudad de Buenos Aires. Al pie del aviуn en que se trasladarнa, fue detenido por efectivos del SID, quienes le incautaron en la ocasiуn una grabaciуn de audio en la cual una voz disfrazada (de L.) daba cuenta de irregularidades cometidas por la Justicia Militar en el proceso incoado a L. S., esa grabaciуn se la habнa entregado –como ya se seсalу- el Licenciado C. A. y P. para que la sacara del paнs. Tambiйn le fueron incautados algunos apuntes en donde se mencionaban algunos militares represores tales como A. y G.. F.T. fue trasladado inicialmente a una casa, cuya identificaciуn no fue posible y luego a la casona de Millбn y Loreto, que como ya se dijera, fue adquirida un tiempo antes para el SID utilizando un “hombre de paja”, ficticio. Dicho periodista, manifestу (fs. 795-803) que habнa llegado al paнs enviado por el diario Excйlsior de Mйxico para interceder por la libertad de otro periodista, G. P., habiйndose puesto en contacto con el embajador de Mйxico y sus colaboradores. Logro su cometido de liberar a P. en horas de la tarde del catorce de julio y cuando se disponнa a abordar el aviуn que lo llevarнa a la ciudad de Buenos Aires (ese mismo dнa aproximadamente a las veintiuna horas), habiendo ya realizado los tramites de embarque, fue detenido prбcticamente a su ingreso a la aeronave. Dio cuenta que entre sus pertenencias llevaba la grabaciуn descripta que le fuera entregada por el Agregado Cultural de la Embajada de Mйxico en la cual una voz desfigurada con acento espaсol leнa sentencias de tribunales militares nacionales, tambiйn tenнa unos apuntes propios con nombres de militares uruguayos, de muertos y torturados, asн como de organizaciones antisubversivas. Segъn su testimonio, fue conducido inicialmente a una finca donde fue interrogado y objeto de simulacros de fusilamiento, al ingreso de la misma habнa una portera, como en el campo, decнan “abrн, abrн, somos nosotros…”, el piso era de tablas de madera, estбbamos en un lugar muy alejado ya que el telйfono andaba muy mal, sintiу que un tal J. C. le decнa a los gritos a su interlocutor telefуnico “Ya lo tenemos”. A partir del dнa veinte lo trasladaron a otra casa y allн “…por el pisar me di cuenta que habнa un jardнn con piedritas como de ladrillos picados…el piso era de baldosas y el salуn era muy, muy grande…Para llegar al lugar del interrogatorio tenнa que subir una escalera inmensa de caracol, llegaba a un piso y despuйs subнa otra escalera de caracol y arriba me interrogaban…”. Sus interrogadores querнan saber el autor de la grabaciуn, que identificara a “O.” supuesto individuo que entrego la cinta al diplomбtico de la embajada. En el transcurso de los interrogatorios fue torturado: colgado con las maсos hacia atrбs por considerable tiempo en tanto un individuo con un estetoscopio controlaba su estado, simultбneamente sonaba una mъsica a muy alto volumen. Recuerda que el aparato en el cual fue “colgado” tenнa muchas cadenas que se escuchaban mucho cuando lo armaban y cuando lo desarmaban.
Refiere que dejo “la casa” los dнas 3 o 4 de agosto, siendo llevado a la Cбrcel Central previo pasaje por un juzgado militar. “…Ese ъltimo dнa de julio o primero de agosto, llega a la casa otro preso, otro secuestrado al que le llamaban el veterano. Al promediar la tarde, cuando llegan los Jefes “…yo oigo la voz de J. C. que le pregunta el nombre. La persona responde su nombre pero no entiendo lo que dice. Y me quedo sobresaltado con la respuesta de J. C. que le dice que es Ud. de F. C.? y el veterano responde “No, no, no” con una voz cascada y dice algo que no entendн y J. C. le insiste que es pariente de F. C.. Despuйs siente que lo llevan a interrogar, lo nota subiendo la escalera de caracol con pasos muy difнciles, vuelve, al parecer muy cansado y a la media hora aproximadamente los guardias vuelven por йl. Escucho el mismo ruido de las cadenas, por lo que concluyo que estaban armando el aparato de colgar. Tiempo despuйs lo traen en mal estado, con mucha dificultad para caminar. Al anochecer empiezo a sentir gemidos muy fuertes, los guardias se movilizaron y los gemidos se acentuaron. No pude precisar el momento en que ellos deciden que al veterano hay que “sacбrselo”. En determinado momento los guardias sacan al veterano y “…fue brutal porque la idea que me quedo fue que lo habнan sacado en un colchуn o algo asн…”. A la maсana siguiente escucho a los guardias que se turnaban y decнan “el veterano estaba a la muerte o algo asн”. Al dнa siguiente de eso, 3 o 4 de agosto, lo llevan a Cбrcel Central. Categуricamente expreso “…sin ninguna duda yo sн puedo asegurar con plena certeza y seguridad que “el veterano” era el maestro J. C. porque la certeza y la seguridad es la suma de coincidencias y de certezas subyacentes que vienen de los hechos secretos; no es necesario que yo vea a una persona para decir que es esa persona. Pero si es necesario que yo tenga los elementos fehacientes para yo decir que es esa persona…”. Menciono ademбs, que supo que las autoridades locales de la йpoca presionaron a la embajada de Mйxico y lograron que su Agregado Cultural (A. P.) fuera apartado de sus funciones en Montevideo, trasladado de destino y abandonara el paнs.

7) Falsedades oficiales sobre el destino de J. C.. Su desacreditaciуn.
Como ya se expresara, en primera instancia el gobierno nacional de la йpoca, con el cometido de acallar los insistentes reclamos por la desapariciуn del Maestro J. C. luego de haber negado insistentemente haber procedido a su aprehensiуn ensayo la maniobra habitual (de desinformaciуn) publicando un comunicado de prensa presentando al Sr. J. C. como persona desaparecida en condiciones que el gobierno supuestamente desconocнa.
Posteriormente monto la farsa de la salida del Maestro hacia la Repъblica Argentina, al respecto informo que el Maestro J. C. habнa viajado a Buenos Aires en un aviуn de PLUNA, vuelo N° 159, el dнa 22.09.1977, lo que se propalo en el Comunicado N° 36 del 27.09.1977 y se trasmitiу a la esposa de aquel.
Se ha acreditado en autos que en ese mismo aviуn viajaron el periodista R. C. y su esposa B. T. D.. El primero declaro ante la Comisiуn Investigadora Parlamentaria sobre Personas Desaparecidas que conocнa bien a C. y que este no realizo ese viaje, que la azafata llamo a C. en varias oportunidades y este no se presentу, que йl lo busco en el aviуn y no lo encontrу. Su esposa, declaro en autos ratificando los dichos de su pre-fallecido esposo, e informo complementariamente que dicho vuelo no aterrizo en Buenos Aires por dificultades climбticas debiendo retornar a Montevideo.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Repъblica Argentina con fecha 19.12.77 informo a la Comisiуn Interamericana de Derechos Humanos que C. no registra ingreso a Argentina en esa fecha (22.09.77) ni tampoco en otra posterior.
Dнas despuйs, 9.01.78, la Cancillerнa Nacional comunico haber recibido un cable de la Cancillerнa argentina por el cual rectificaba un error de informaciуn, expresando que la lista de pasajeros del vuelo N° 159 de PLUNA estaba incompleta y que se habнa hallado, adosada a la misma, una suplementaria, que pasу desapercibida y en la que aparecнa J. C..
No obstante ello, debido a la presiуn de organismos internacionales y denuncias realizadas por familiares –como se seсalу precedentemente- el gobierno nacional habнa publicado el 28.09.77 un anuncio en la prensa con una foto de C. en donde se pedнan datos sobre su persona.
Contradicciones todas que relevaban falsedad de la informaciуn, producto quizбs de la colaboraciуn entre gobiernos del mismo signo polнtico enmarcada en el llamado Plan Cуndor cuya operatividad ha sido reiteradamente demostrada en diversas oportunidades en los estrados judiciales nacionales.

8) Conclusiones gubernamentales en democracia respecto al destino de J.C. Hallazgo de sus restos en predio militar. Su identificaciуn por ADN.
Conclusiones periciales: muerte asociada a apremios fнsicos, malos tatos o tortura.
En el transcurso del aсo dos mil tres, la Comisiуn para la Paz, luego del acopio de informaciуn bajo reserva, concluyo que J. C. fue aprehendido y detenido por fuerzas oficiales en las condiciones anteriormente relatadas. Hubo diferencias en lo relativo al destino del citado ciudadano y a las causas de su muerte. El informe de la citada Comisiуn deja constancia que J.C. fue detenido en la vнa publica, en la intersecciуn de las calles Francisco Lambн casi Avenida Rivera el dнa 1° de agosto de 1977, alrededor de la hora 10:30.
Se le traslado a un centro clandestino de detenciуn sito en Avda. Millбn, donde fue sometido a torturas, a consecuencia de las cuales falleciу en ese lugar el dнa 3.08.1977 sin recibir atenciуn medica (fs. 192). Se consignу asimismo que la Comisiуn habнa recibido informaciуn que sus restos habнan sido enterrados en el Batallуn 14 de Toledo y a fines del aсo 1984 exhumados, incinerados y arrojados al Rio de la Plata.
El hallazgo de los restos уseos de J. C. realizado el dнa 21.10.2011 por el Grupo de Investigaciуn de Arqueologнa Forense en el Batallуn 14 de Paracaidistas, en Toledo, departamento de Canelones, desmintiу parte de las conclusiones de la Comisiуn para la Paz, aunque la aseveraciуn desmentida habнa sido realizada en condicional “…segъn la informaciуn recibida…”. El enterramiento de los restos de C. fue ubicado prуximo al arroyo Meireles, a unos cien metros al sur de la vнa fйrrea, en la trinchera 208 del sector sur de la zona III de la investigaciуn arqueolуgica, a 1,40 metros de profundidad, en una fosa excavada en la roca, parcialmente cubierta de cal, con 1,25 por 0,90 metros.
Mediante cotejo por ADN el Equipo Argentino de Antropologнa Forense determino coincidencias entre muestras extraнdas de los restos y de sus hijos en un 99,9999994 %.
La Junta Medica Forense que analizo los restos consigno que no se trata de una muerte reciente y que es altamente probable que la misma se debiу a un disparo de arma de fuego a nivel craneal, lo que produjo estallido de crбneo y destrucciуn masiva encefбlica. Se informa asimismo que la ausencia de partes blandas impide descartar otras causas primarias o coadyuvantes a la muerte, por no contarse con evidencia. Segъn la topografнa del orificio de entrada y la destrucciуn de la base de crбneo puede establecerse un trayecto predominante de arriba hacia abajo, ligeramente de adelante-atrбs y de derecha a izquierda; tambiйn permite establecer en grado de probabilidad que la vнctima estuviera en un nivel inferior al arma de fuego. La destrucciуn de partes Oseas, la presencia de fragmentaciуn y deformaciуn de las postas de plomo asн como que un fragmento estuviera incrustado en otro permiten establecer en grado de muy alta probabilidad que el disparo haya sido cercano. Por la presencia de lesiones por arma de fuego como causa mбs probable de la muerte la Junta establece que la misma fue de etiologнa violenta. Se descarta la muerte accidental y la auto provocada, por lo que se establece que la muerte se debiу a la acciуn de una tercera persona. La presencia de fractura costal con caracterнsticas de producciуn peri mortem, atadura de maсos y eventualmente de tobillos, permiten realizar el planteo de muerte asociada a apremios fнsicos, malos tratos o tortura.
Mбs bien, al presente, al proveyente no le asaltan dudas en el sentido que el infortunado Maestro J. C., no muriу a consecuencia de patologнas preexistentes, tampoco como consecuencia de una detenciуn en condiciones infrahumanas o de haber sido sometido a interrogatorios extenuantes, sino como directa consecuencia de salvajes torturas y un concreto ajusticiamiento con arma de fuego con disparo realizado a su cabeza –mientras el mismo estaba maniatado de pies y maсos- por una persona que estaba en una posiciуn mбs alta y a poca distancia.

8) Polнtica oficial de silencio ante los desaparecidos.
A esta altura del conocimiento de los hechos es pъblico y notorio que en aquellos momentos (fecha de ocurrencia de la desapariciуn en investigaciуn en esta causa) era polнtica estatal, trasmitida a travйs de los respectivos mandos como уrdenes a todos los efectivos que participaban en “operativos” que, cuando un detenido fallecнa en los interrogatorios generalmente como consecuencia de la tortura, no debнa trascender tal circunstancia. Inicialmente los restos mortales se entregaban con la expresa prohibiciуn de apertura del fйretro por los dolientes y despuйs comenzaron a ser ocultados o eliminados. En todos los casos debнa darse una falsa explicaciуn sobre el destino del fallecido, cuando un detenido fallecнa antes, durante o despuйs de los interrogatorios, no se daba intervenciуn a la Justicia y en algunos casos se le comunicaba que se habнa producido una fuga, lo que determinaba un comunicado solicitando su detenciуn, habiendo el ciudadano fallecido con anterioridad. En algunos casos ъnicamente se emitнa un comunicado solicitando su requisitoria para ocultar su fallecimiento. El informe del Comando General del Ejercito elevado al Presidente de la Republica el 8.08.2005 (fs. 220221) respecto a J. C. refiere: “Detenido por el Servicio de Informaciуn de Defensa en la vнa pъblica, en la intersecciуn de la calle Francisco Lambн y Avenida Rivera el 1°.08.1977. Posteriormente fue trasladado a “La Casona” de la Avenida Millбn donde falleciу en fecha aproximada al 3 de agosto del mismo aсo. Sus restos fueron enterrados en el predio del Batallуn I Parac. N° 14, despuйs habrнan sido exhumados y cremados; sus cenizas y restos esparcidos en la zona.”
En el caso objeto de la investigaciуn presente, la justificaciуn del gobierno de la йpoca ante los insistentes reclamos nacionales e internacionales de privados y de instituciones pъblicas por la desapariciуn del maestro J. C. fue, en primer tйrmino, la publicaciуn de un comunicado presentбndolo como persona desaparecida en condiciones que ellos supuestamente desconocнan y, despuйs, su viaje a la ciudad de Buenos Aires en vuelo de la empresa PLUNA, lo que fue inicialmente desmentido por las autoridades argentinas, bien que posteriormente se ensayo una soluciуn componedora quizбs tendiente a evitar un bochorno a nivel internacional. En la causa obra testimonio de personas que lo conocнan y que viajaron precisamente en el vuelo indicado por el gobierno de la йpoca los que son certeros en seсalar que el maestro J. C. no viajo en dicho aviуn.
B) Del procedimiento.
I) Atento a las emergencias de autos (fs. 1-1708), por sentencia interlocutoria N. 198 de segunda instancia emitida por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4° Turno el dнa 22.05.2014 (fs. 1709-1723), en lo que aquн interesa, se dispuso la revocaciуn del fallo interlocutorio absolutorio de primera instancia y consiguientemente el enjuiciamiento y prisiуn de J.N.G.P. Imputado de la Comisiуn de un delito de “Homicidio” en calidad de coautor (Art. 61 Erales. 3 y 4 y 310 del Cуdigo Penal). El Ministerio Pъblico interpuso recurso de casaciуn respecto del fallo de segunda instancia (fs. 1730-1745) fundando su discrepancia con las consideraciones del Tribunal referidas a la aplicaciуn del principio de legalidad asн como a la valoraciуn e incorporaciуn del anбlisis de los instrumentos internacionales de derechos Humanos y principios de “ius cogens”, impetrando en definitiva la anulaciуn de la sentencia N° 198/2014, en lo que aquн interesa, en lo referido a que la atacada estima que el hecho delictivo perpetrado en autos estб sujeto a prescripciуn, desconociendo que se trata de un crimen de lesa humanidad.
Las Defensas, tanto la del ex co-encausado Z. como la de G. evacuaron los traslados del recurso de casaciуn interpuesto por Fiscalнa (fs. 1753-1768 y fs. 1770-1779 respectivamente) solicitando su desestimaciуn en el primer caso y la anulaciуn del enjuiciamiento de G. en el segundo.
Oportunamente se expresу la Fiscalнa de Corte (fs. 17831793) abogando por el amparo de la Casaciуn solo en lo que se refiere al agravio por la errуnea aplicaciуn del artнculo 174 del CPP y como corolario la aplicaciуn del Art. 29 del Cуdigo Penal.
En sentencia N° 91 del 20.04.2015 (fs. 1812-1819) con un voto discorde (fs. 18191826) la Suprema Corte de Justicia desestimo el recurso de casaciуn interpuesto.
Tambiйn desestimу un recurso de reposiciуn (fs. 1841) interpuesto por la Defensa de G. a fs. 1834-1839 en lo referido a que la prescripciуn es cosa juzgada en autos y solicita se declare que la misma ha operado en la especie y en su mйrito revoque su enjuiciamiento. Ergo, la Suprema Corte de Justicia, al rechazar en Casaciуn la excepciуn de prescripciуn opuesta por la Defensa del encausado expreso “…en el presente caso resulta central tener en cuenta que la Defensa de G. no interpuso recurso de casaciуn contra la sentencia de segunda instancia que desestimo tal cuestiуn, por lo que corresponde concluir que lo relativo a la prescripciуn del delito investigado es materia que ha pasado en autoridad de cosa juzgada…” (fs. 1818).
II) De la planilla de antecedentes expedida por el Registro Nacional de Antecedentes Judiciales del Instituto Tйcnico Forense (fs. 2027-2029) e informe de causa de fs. 2030 surge que el encausado tiene antecedentes y es reincidente.
III) Por providencia N. 3428 del 8.12.2016 (fs. 1958) los autos fueron puestos de manifiesto por el tйrmino legal. La Defensa realizo ofrecimiento probatorio a fs. 2059 solicitando la agregaciуn de copia del Pasaporte del enjuiciado y copia del Reglamento General del Servicio N° 21 y solicita una nueva de declaraciуn de su defendido. Por su parte el Ministerio Pъblico, evacuando el traslado conferido en merito a lo dispuesto por el Art. 165 del C.P.P. entendiу conducente y pertinente el diligenciamiento de la probanza ofrecida por la Defensa de los denunciantes (fs. 2062 y vto.), solicitando se oficie al Equipo de Antropologнa Forense y a la Unidad de Investigaciуn en Crнmenes de Terrorismo de Estado del Ministerio del Interior. Por auto N. 1056 del 10.05.2017 (fs. 2063) se acogiу el ofrecimiento probatorio realizado en el Nral. 1 de fs. 2062 (prueba ofrecida por la Defensa del encausado).
IV) Luego de la tramitaciуn de una excepciуn de inconstitucionalidad promovida por la Defensa del encausado, resuelta negativamente por la Suprema Corte de Justicia por sentencia N° 263 del 19.03.2018 (fs. 2143-2147), por decreto N° 1064 del 26.04.2018 (fs. 2157) se ordenу el diligenciamiento de la probanza pendiente. Se recibiу la declaraciуn del encausado y se agregу la documentaciуn oportunamente ofrecida (fs. 2170-2178, fs. 2184-2189)). Por resoluciуn N° 3476 del 23.11.2018 ejecutoriada (fs. 21952199) se desestimу la pretensiуn deducida por la Defensa de G. en el sentido de oponerse a la intervenciуn de la Fiscalнa Especializada en Crнmenes de Lesa Humanidad (fs. 2179-2180 vto.), ordenбndose la oportuna prosecuciуn de la causa.
La Defensa del enjuiciado promueve excepciуn de inconstitucionalidad de los Arts. 1, 2 y 3 de la ley N° 19550 solicitando su inaplicabilidad para el caso de autos.
Luego de la sustanciaciуn en legal forma de la excepciуn promovida (fs. 22172261), por sentencia N° 1273 del 29.08.2019 (fs. 2288-2289) la Suprema Corte de Justicia desestimo la excepciуn de inconstitucionalidad de los Arts. 2 y 3 de la ley N° 19550 y declaro inadmisible la excepciуn deducida contra el Art. 1° de la referida ley, imponiendo las costas al promotor. Por providencia N° 2178 del 24.09.2019 (fs. 2295) se dispone el cumplimiento de la probanza pendiente. La Fiscalнa comparece a fs. 2296 y renuncia a la prueba pendiente, solicitando la continuaciуn del proceso.
V) Por auto N. 2221 del 3.10.2019 (fs. 2297) se confiriу traslado al Ministerio Pъblico a efectos de que dedujera su pretensiуn, el cual fue evacuado en tiempo y forma a fs. 2298-2316 en pieza recibida el 16.10.2019. En su demanda-acusaciуn el representante de la causa pъblica dedujo acusaciуn contra el enjuiciado por entender que el mismo debe responder como coautor penalmente responsable de un delito de “Homicidio muy especialmente agravado”. Computa las agravantes genйricas de la alevosнa (Nral. 1° del Art. 47 del Cуdigo Penal) y la reincidencia (Nral. 1° del Art. 48 del Cуdigo Penal) y las agravantes muy especiales de la grave sevicia (Nral. 1° del Art. 312 del Cуdigo Penal) y cometerse el hecho inmediatamente despuйs de haberse realizado otro delito para ocultarlo o suprimir los indicios o la prueba del mismo (Nral. 5° del Art. 312 del Cуdigo Penal). Entiende que en la especie se da una conexiуn jurнdica sobre la egida del homicidio. La muerte ocurre por o en ocasiуn de el o los restantes delitos, quedando estos absorbidos, comprendidos en el homicidio al que concurren para calificarlo y por tanto agravarlo. Sostiene que no hay dudas que amen de los apremios fнsicos a los que fuera sometido C. encartables en la figura prevista en el Art. 286 del Cуdigo Penal, se debe agregar la privaciуn ilegitima de libertad (Art. 281 del Cуdigo Penal) a la que fuera sometida la victima por cuanto no obra en autos ninguna orden judicial ni siquiera de la “justicia militar” que habilitara la detenciуn de C. y menos aъn su cautiverio en un centro clandestino de detenciуn. Sin perjuicio de ello, dado que el cadбver apareciу con las maсos –y probablemente los pies- atados, tambiйn desde esta perspectiva nos encontramos frente a una privaciуn de libertad diversa de la anterior. Infiriйndose que el crimen se ejecutу para ocultar el delito precedente y por ello el enterramiento clandestino. En merito a ello solicito se le condene a la pena de veinticinco aсos de penitenciarнa y de su cargo las accesorias legales de rigor.
VI) Conferido traslado a la Defensa (fs. 2317-2318) esta lo evacua en tiempo y forma a fs. 2319-2330) en pieza recibida el dнa 18.11.2019. En el entendido de que su defendido no cometiу conducta delictiva alguna y sin perjuicio de ello que tambiйn ha obrado la prescripciуn, aboga por la absoluciуn de su patrocinado. Destaca que al momento de la detenciуn del fallecido operaron el Inspector Z. y los soldados J.B. y probablemente D. los S. alias “D.” entregando el detenido al Tte. Cnel. R.B., quedando plenamente probado que J. G. no tuvo ninguna participaciуn en la detenciуn. Agrega que quedo probado en legal forma que el Jefe del Departamento III era el Tte. Cnel. R. B.. Solo hay un testigo que ubica a su defendido como Jefe del referido servicio. Es el ъnico sobreviviente de los jerarcas militares mencionados, entonces resulta fбcil a la Fiscalнa atribuirle una vez mбs la responsabilidad a G.. La Fiscalнa no logro probar que G. cometiу una acciуn tнpica, antijurнdica y culpable bajo ninguna de las categorнas establecidas en los Arts. 60 y 61 del Cуdigo Penal, asн como tampoco ubicar su conducta dentro del rйgimen de culpabilidad que establece el Art. 18 del Cуdigo Penal. A su criterio la Fiscalнa pretende invertir el “onus probandi”, eliminar la presunciуn de inocencia y no aplicar la ineludible prescripciуn del delito, todo en un verdadero derecho penal de autor y del enemigo.
VII) Las probanzas que se consideran a los efectos de la decisiуn de la litis son: denuncia de desapariciуn de J.C.P.(fs. 2-5); declaraciones de denunciantes (fs. 14); declaraciones de la esposa de C. (fs. 16-17); declaraciones de J.C.B.P., soldado que participo en la detenciуn de J.C. (fs. 7-8, 11-13, 573-578, 1020-1024 vto.); declaraciones de E. Q., ъltima persona que mantuvo contacto con C. en libertad (fs. 1819); declaraciones de W. O. L. S. (fs. 580-582) amigo de C.; declaraciones de B. T. D. P. quien viajo en el aviуn que supuestamente habнa abordado C. (fs. 599 y vto.); declaraciones del maestro M. E. S. R. el informe escrito de este (fs. 600-611); relevamiento fotogrбfico de J. C. (fs. 1 y 370); informe de PLUNA que no acredita la partida de C. (fs. 60); informe de Comisiуn para la Paz (fs. 192); actuaciones administrativas cumplidas por la Policнa respecto a la denuncia incoada (fs. 20-31); exhorto N° 1071/1985 y su respuesta (fs. 45-57); testimonio de prontuario de J. C. C. P. y de actuaciones Policiales a su respecto (fs. 1068-1143); actuaciones referidas a excepciones de inconstitucionalidad promovidas tanto por los denunciantes como por los encausados, asн como excepciones de prescripciуn y oposiciуn a intervenciуn de Fiscalнa Especializada; comunicaciones hechas por el Poder Ejecutivo respecto a la inclusiуn o no del hecho en investigaciуn en las disposiciones del Art. 3 de la ley N° 15848 (fs. 161 y fs. 232); conclusiones en la Investigaciуn Histуrica sobre Detenidos Desaparecidos (fs. 193-221); informes del Ministerio de Defensa Nacional (fs. 348365); informe del Archivo Judicial de Expedientes Provenientes de la Justicia Militar (fs. 368); documentaciуn aportada por el testigo Juan Raъl Ferreira (fs. 372387) y declaraciones de este (fs. 388-392); declaraciones de A. G. G. G. detenido en la casona de Millбn y Loreto (fs. 393-396); documentaciуn agregada a fs. 399478,
483-486; testimonio del expediente administrativo tramitado en el Ministerio del Interior respecto de la desapariciуn de C. (fs. 489-502); testimonio de audiencia celebrada en autos IUE 109-193/2003 ante el Similar de lo Contencioso Administrativo de Primer Turno en el que constan declaraciones de integrantes de la Comisiуn para la Paz (fs. 512522); testimonio de historia clнnica de J. C. (fs. 664-681); informaciуn registral respecto del inmueble asiento de la casona de Millбn (fs. 534-571) e informe negativo de la Secciуn Notarial del Ministerio de Defensa Nacional respecto a la administraciуn de ese inmueble (fs. 1253-1259); testimonio de las publicaciones militares “La lucha contra el terrorismo. Nuestra verdad.” y “Testimonio de una naciуn agredida” (fs. 620-634); testimonio de legajos de militares indagados (fs. 699794; 874-887, 894-1012, 1931, 1934, 1938, 1941, 1945 y 1949); testimonio de legajo de R. Z. (fs. 1171-1248); informes negativos del Ejercito de fs. 844 y 867, informe de fs. 1163-1167; declaraciones de los militares J. A. B. M. (fs. 635-637 vto.), O. R. L. A. (fs. 638-640), A.G.G. (fs. 641642), W.M.P. de L. (fs. 813-816), L.A.M.M. (fs. 821 y vto.), G.A. (fs. 826-827), A.A.G.C. (fs. 828-829 vto.), C.A.W.K. (fs. 1025-1026), R.J.B.E. (fs. 19321933), S.H.R C.B. (fs. 1935-1937), J.C.C.T. (fs. 1939-1940), H.L.C.S. (19421944), G.E.C.E. (fs. 1946-1948), R.A.B.S. (1950-1955), J.I.C.H. (fs. 19701971) y demбs obrantes a fs. 1967, 1969, 1982-1983, 19851987 y 1996; declaraciones de los Policнas J.F.S.L. (fs. 805-807), R.J.M.B. (fs. 808-810 vto.), J.R.Z.Q. (fs. 830-835) y J.E.C. (fs. 1148); declaraciones del periodista F.A.F.T. quien aseguro haber compartido cautiverio con J.C. en la casona de Millбn y Loreto (fs. 795-803); declaraciones de C.A.M., detenido en la Casona de Millбn (fs. 1018-1019); fotocopias de publicaciones periodнsticas de la йpoca (fs. 10131015); declaraciones de la mйdico antropуloga del GIAF Alicia Luciardo Mata (fs. 1035) y de la mйdico forense R.M. (fs. 1058); informes del Departamento de Medicina Forense del ITF (fs. 1153-1158;); acta de constituciуn al momento del hallazgo de restos de J.C., informe preliminar de la Junta Mйdica del ITF, informe del GIAF, informe del Laboratorio Quнmico y del Departamento de Balнstica Forense de la DNPC e informe de EAAF, obrantes todos en causa acordonada individualizada con IUE 90-381/2011 del Similar de 2° Turno); certificaciуn medica definitiva sobre las causas de la muerte en investigaciуn con relevamiento fotogrбfico obrante en pieza acordonada caratulada “Pieza en autos IUE 87289/1985 referente al peritaje mйdico forense de rastros Humanos hallados el 21.10.2011); informe final del GIAF en cuadernola acordonada; declaraciones de J.N.G.P. (fs. 822-825 vto., 21702178); planilla de antecedentes judiciales (fs. 2027-2029) e informe de causa de fs. 2030; testimonio del Reglamento General de Servicio N° 21 para el Ejercito (fs. 2040-2045 y fs. 2184-2189); testimonio del Pasaporte Diplomбtico del encausado (fs. 2046-2058); y emergencias de los acordonados descriptos en el informe de Actuaria de fs. 2362.
Por auto N. 44 del 4.02.2020 (fs. 2346) se citу a las partes para sentencia, poniйndose los autos al despacho a tales efectos el dнa trece de febrero pasado (fs. 2353 vto.). Ahora bien, iniciado el estudio de las actuaciones a fin de emitir el fallo definitivo de primera instancia, se advierte que las que fueron puestas al despacho para tal fin no completan la totalidad de las que deben ser objeto de estudio y en su mйrito, por decreto N° 301 del 20.03.2020 (fs. 2354), se revocу el decreto N° 44 de fs. 2346 disponiйndose la puesta al despacho de la totalidad de las actuaciones que integran la causa, cometiйndose su contralor y correspondiente dada cuenta a la Actuaria. Con fecha 14.04.2020 la Actuaria pone al despacho las actuaciones de que da cuenta a fs. 2362
En su mйrito, por auto N° 309 del 14.04.2020 se convoca a las partes para sentencia, poniйndose los autos al despacho el dнa de hoy.

CONSIDERANDO:

I) Precisiуn preliminar.
La Defensa oportunamente opuso, entre otras defensas, la excepciуn de prescripciуn. Sin perjuicio de que sobre dicha excepciуn ya hubo en autos cosa juzgada desestimatoria, la Sede debe puntualizar que se afilia a la posiciуn doctrinaria y jurisprudencial de que el presente es un caso de delito de lesa humanidad emanado del “ius cogens” y por ello imprescriptible.
Ello sin perjuicio de tener presente la posiciуn sustentada por el Ad Quem (en un anбlisis enmarcado dentro del derecho interno) en autos respecto de la incidencia conjunta de la caducidad y la prescripciуn y del cуmputo de esta segъn consigno en la resoluciуn de enjuiciamiento Capнtulos. II y III (fs. 1712 a fs. 1717 vto.), prescripciуn extintiva que aъn no ha operado en la especie en mйrito al cбlculo realizado.
Por su vinculaciуn con el caso en examen y lo acertado que resulta (a juicio del proveyente) se trae a colaciуn fragmento de la sentencia N° 36 del Similar de 19 Turno, en la cual, fundamentando la naturaleza de delito de lesa humanidad de una conducta similar –desplegada entre otros por el propio encausado J.N.G.P. se expresa: “La ocurrencia de delitos - cada uno violando gran cantidad de derechos Humanos - cometidos durante el gobierno de facto, en el marco del terrorismo de Estado y en forma sistemбtica, masiva, planificada, como la desapariciуn forzada, los homicidios, las torturas, las prohibiciones de derechos polнticos, sociales y gremiales, la libertad de expresiуn, la violaciуn a la libertad ambulatoria, etc., comprenden las practicas que el Derecho Internacional considera “crнmenes de lesa humanidad ", crнmenes imprescriptibles y cuyo juzgamiento es irrenunciable por todos los Estados.- La nociуn de "crimen contra la humanidad " no quedo congelada en el Estatuto de Nuremberg, sino que evoluciono, se perfecciono y logro autonomнa, definiу sus caracterнsticas esenciales (imprescriptibilidad, improcedencia de la amnistнa, indulto, gracia, asilo polнtico y refugio) y se materializo en un principio de Derecho Internacional general con rango de “jus cogens”, por el cual el castigo a los autores de crнmenes contra la humanidad devino un imperativo universal.- Las normas que sancionan los crнmenes de lesa humanidad tienen naturaleza de “jus cogens”, son de general observaciуn y constituyen normas penales universales y fuentes de obligaciones penales individuales.- Tal concepto tiene su recibo en el Derecho Positivo Internacional en la Convenciуn de Viena sobre Derecho de los Tratados (1969) que lo define :" una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de los Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carбcter" (art. 53).- En tal sentido deberб tenerse presente que las referidas normas no estбn afectadas por ninguna limitaciуn de нndole geogrбfica o humana. Se trata de una norma de Derecho Internacional general, por lo cual es aplicable a todos los Estados, diferenciбndose del Derecho Internacional particular, local o regional, que importa ъnicamente normas vigentes para un sector determinado de paнses. Por el hecho de ser tales, aquellas obligan
a todos los Estados de la comunidad internacional, y a los nacionales de dichos paнses, en razуn de que ninguna disposiciуn interna puede contradecirla vбlidamente, independientemente de ser recogidos en instrumentos internacionales, su mera existencia importa imperatividad y universalidad. La Corte Internacional de Justicia, en su opiniуn consultiva sobre "Reservas a la Convenciуn para la Prevenciуn y Represiуn del Crimen de Genocidio" seсala que los principios de dicha convenciуn, al atribuнrseles naturaleza de “jus-cogens”, son obligatorios para todos los Estados aun fuera de todo vнnculo convencional. Como contrapartida, las obligaciones que imponen las dichas normas, pueden ser reclamadas por cualquier integrante de la comunidad internacional, lo que evidencia el carбcter "erga omnes" de tal obligaciуn. La existencia de la norma de “jus cogens” que establece el castigo para los crнmenes contra la humanidad tiene la naturaleza mixta, convencional y consuetudinaria (practica interna y “opinio iuris” de los Estados). Su existencia ha sido confirmada por la evoluciуn jurisprudencial y normativa de las ъltimas dйcadas.- Debe tenerse presente que mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional repudio los excesos que se cometнan durante los conflictos bйlicos y manifestу su intenciуn de proceder al juzgamiento de los responsables, estableciendo valores que paulatinamente se fueron asentando como pilares del derecho penal internacional y, fundamentalmente, de los crнmenes contra el derecho de gentes y de lesa humanidad.- Cabe mencionar, por ejemplo, la ll Convenciуn de La Haya de 1899 - en la cual la "Clausula Martens "introduce la protecciуn de los principios del derecho de gentes-; la IV Convenciуn de La Haya de 1907 que la reitera; los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 disponiendo que su denuncia "no tendrб efecto alguno sobre las obligaciones que las Partes contendientes habrбn de cumplir en virtud de los principios del derecho de gentes, tales y como resultan de los usos establecidos entre naciones civilizadas, de las leyes de la humanidad y de las exigencias de la conciencia pъblica" -arts. 63, 62, 142 y 158 de los Convenios I al
IV.- Luego la barbarie de los hechos cometidos durante la Segunda Guerra
Mundial movilizo la conciencia pъblica internacional.- El Estatuto del Tribunal de Nuremberg, que formo parte del "Acuerdo de Londres" firmado el 8 de agosto de 1945 por Estados Unidos, Gran Bretaсa, la Uniуn Soviйtica y el Gobierno Provisional de Francia constituyo un punto de inflexiуn fundamental para ratificar el principio de la responsabilidad individual o personal en crнmenes internacionales y constituye el primer ensayo de justicia penal internacional, juzgando delitos universales por encima de la competencia interna de las naciones.- El Estatuto del Tribunal de Nuremberg, tipifica tres categorнas de crнmenes: Crнmenes contra la paz, Crнmenes de guerra y Crнmenes contra la Humanidad.- En cuanto al concepto de estos ъltimos corresponde indicar que el articulo 6 literal c) los define como: "El asesinato, la exterminaciуn, la reducciуn a la esclavitud, la deportaciуn y todo otro acto inhumano cometido contra cualquier poblaciуn civil. antes o durante la guerra, o tambiйn las persecuciones por motivos polнticos, raciales o religiosos, cuando estos actos o persecuciones, que hayan constituido o no una violaciуn del derecho del paнs en donde hayan sido cometidos, hayan sido cometidos a continuaciуn de todo crimen que se encuentre bajo la jurisdicciуn del Tribunal, en relaciуn con ese crimen".- En efecto, se definen como "crнmenes contra la humanidad" determinados actos, independientemente de que estйn o no tipificados como delitos en la legislaciуn interna del lugar de Comisiуn.- La actuaciуn del Tribunal de Nuremberg afirmo el concepto de responsabilidad individual en relaciуn con los crнmenes internacionales: "Hace tiempo se ha reconocido que el derecho internacional impone deberes y responsabilidades a los individuos igual que a los Estados (...) Los crнmenes contra el derecho internacional son cometidos por hombres y no por entidades abstractas, y solo mediante el castigo a los individuos que cometen tales crнmenes pueden hacerse cumplir la disposiciones del derecho internacional " (Max S "Manual de Derecho Internacional Pъblico", Mйxico, Fondo de Cultura Econуmica, 1992).- La evoluciуn del concepto "crimen contra la humanidad" fue consolidбndose en el бmbito internacional con una explicita participaciуn y aceptaciуn del Uruguay.- El desarrollo de la nociуn "crimen contra la humanidad" consolido principios jurнdicos esenciales para su juzgamiento: los responsables no pueden estar amparados por el refugio, ni asilo; los delitos son imprescriptibles y se prohнbe que los Estados adopten medidas que impidan su juzgamiento.-
Tales elementos se incorporan al concepto de "crimen contra la humanidad "como notas caracterizan tйs del mismo y evidencian el progreso de la comunidad internacional en concretizar y perfeccionar una figura del “jus cogens” que comenzу gestбndose consuetudinariamente.- En el marco de dicha evoluciуn, la prбctica sistemбtica de torturas, Desapariciones forzadas y homicidios, respaldada ideolуgicamente por la doctrina de la seguridad nacional, constituye un "crimen de lesa humanidad".-Dicha asimilaciуn se produce por mandato de una norma de “jus cogens” de progresiva formaciуn en la conciencia pъblica internacional y exteriorizada en convenciones, declaraciones y jurisprudencia internacional que evidencian la voluntad de reprimir conductas violatorias de valores inherentes a la Humanidad considerada en su conjunto.- Corresponde destacar parte del considerando III de la Sentencia del 6 de marzo de 2001, dictada en Buenos Aires por el Juez Federal Dr. Gabriel R. Cavallo, por la cual declara invalidas, inconstitucionales y nulas, las llamadas leyes de "PUNTO FINAL" y " OBEDIENCIA DEBIDA": "(...) los hechos sufridos por (...) fueron cometidos en el marco del plan sistemбtico de represiуn llevado a cabo por el gobierno de facto (1976-1983).- En lo que sigue, veremos como esos hechos por el contexto en que ocurrieron, deben ser y son considerados, a la luz del derecho de gentes, crнmenes contra la humanidad. Ello implica reconocer que, la magnitud y la extrema gravedad de los hechos que ocurrieron en nuestro paнs en el periodo seсalado, son lesivos de normas jurнdicas que reflejan los valores mбs fundamentales que la humanidad reconoce como inherentes a todos sus integrantes en tanto personas humanas.-
En otras palabras, los hechos descriptos tienen el triste privilegio de poder integrar el punado de conductas seсaladas por la ley de las naciones como criminales, con independencia del lugar donde ocurrieron y de la nacionalidad de las vнctimas y autores.- Tal circunstancia, impone que los hechos deban ser juzgados incorporando a su anбlisis jurнdico aquellas reglas que la comunidad internacional ha elaborado a su respecto, sin las cuales no serнa posible valorar los hechos en toda su dimensiуn.- En este sentido, el analizar los hechos exclusivamente desde la perspectiva del Cуdigo Penal supondrнa desconocer o desechar un conjunto de herramientas jurнdicas elaboradas por el consenso de las naciones especialmente para casos de extrema gravedad como el presente.- Seria un anбlisis valido pero, sin duda, parcial e insuficiente.- La consideraciуn de los hechos desde la уptica del derecho de gentes no es ajena a nuestro sistema jurнdico.- Por el contrario, como se expondrб con mayor detenimiento mбs adelante, las normas del derecho de gentes son vinculantes para nuestro paнs y forman parte de su ordenamiento jurнdico interno.- La propia Constituciуn Nacional establece el juzgamiento por los tribunales nacionales de los delitos contra el derecho de gentes (art. 118).- Por otra parte, como se verб, la Repъblica Argentina se ha integrado, desde sus albores, a la comunidad internacional, ha contribuido a la formaciуn del derecho penal internacional y ha reconocido la existencia de un orden supranacional que contiene normas imperativas para el conjunto de las naciones (“jus cogens”).- En consecuencia, considero que para la adecuada valoraciуn de los hechos que aquн se investigan, no pueden prescindirse del estudio de las reglas que el derecho de gentes ha elaborado en torno de los crнmenes contra la humanidad".-Conforme: caso Scilingo. Por delito de genocidio, terrorismo y torturas.- SENTENCIA N. 16/2005, Madrid, 19 de abril de 2005.- AUDIENCIA NACIONAL, SALA DE LO PENAL SECCION TERCERA, SUMARIO 19/1997, ROLLO DE SALA 139/1997, JUZGADO C. INSTRUCCION N. 5, numeral 2.3: No pueden existir dudas sobre la existencia del tipo "crimen contra la humanidad", el cual genera responsabilidad individual, estб vigente en Derecho internacional desde hace dйcadas.- Ello sin perjuicio, claro estб, de las fundadas afirmaciones que con rigor cientнfico y excelente nivel tйcnico se han vertido en esta causa por otros operadores. En tal sentido es de particular aplicaciуn lo consignado por el Juez oportunamente actuante (Dr. Juan Carlos Fernбndez Leccini) en el Considerando I de su resoluciуn denegatoria de enjuiciamiento de J. G. (fs. 1285-1300) al cual se remite sin repetir en beneficio de la sнntesis.

II) Responsabilidad jurнdico-penal por la conducta desplegada respecto al Sr. J. C. P.. Grado de participaciуn criminal.
Cuarenta y tres aсos han pasado hasta el presente desde el dнa en que J. C. desapareciу, que no lo vieron mбs sus afectos. El veintiuno de octubre del aсo dos mil once fueron encontrados sus restos, enterrados en dependencias militares ubicadas en el departamento de Canelones, prуximo a la ciudad de Toledo. Paradуjicamente, al presente, solamente se ha podido conocer quienes procedieron a su detenciуn aquella maсana del primero de agosto de mil novecientos setenta y siete.
Nada se sabe sobre la o las personas que ejecutaron materialmente la conducta que culminу con la muerte del ilustre compatriota (ver respecto a esta calificaciуn la documentaciуn agregada a fs. 399-478, 483-486 y declaraciones de M. E. S. R. vertidas a fs. 600-611).
La probanza incorporada, las reglas imperantes en el sistema procesal-penal y las reglas de experiencia, amйn de lo que reiteradamente se ha decidido jurisprudencialmente en otros casos de conductas similares cometidas por fuerzas militares-Policiales respecto de personas desaparecidas, conllevan a tener por cierto que el infortunado J.C.P. perdiу su vida dentro de instalaciones asignadas a tareas pъblicas o estatales, mбs precisamente en reparticiones militares o explotadas por estos, pues habнa sido detenido por funcionarios del SID (Organismo militar), quienes lo alojaron en dependencia bajo su control ubicada
en la Avda. Millбn de esta ciudad (clandestina pues no estaba identificada como dependencia oficial y consiguientemente carecнa de los signos indicativos de tal amйn de que a su respecto se informу oficialmente que dicho inmueble no integraba el peculio del Estado ni era utilizado por este) y la excusa de su salida del paнs fue inicialmente desmentida por autoridades argentinas y confirmado su desmentido por el macabro hallazgo de sus restos mortales en una Unidad Militar de Toledo.
El silogismo parece muy claro: detenido por una unidad militar (SID) y encontrados sus restos enterrados tambiйn en una unidad militar (sita en las inmediaciones de la ciudad de Toledo, departamento de Canelones), cabe concluir que su muerte ocurriу en dependencias bajo el dominio militar y como directa consecuencia de la acciуn u omisiуn de militares.
Las evidencias constatadas al examinar los restos уseos de C. ponen de manifiesto una conducta positiva, comisiva, por cuanto fue objeto de un disparo de arma de fuego en su crбneo.
La extensa, interrumpida y azarosa investigaciуn de autos no ha podido avanzar en la determinaciуn e individualizaciуn concreta de la o las personas fнsicas participes en la conducta de dar muerte a J. C..
Si ha quedado plenamente probado que el organismo represivo que estuvo al frente de la aprehensiуn y cautiverio de J. C. ha sido el Servicio de Informaciуn y Defensa del Ejercito comandado por el encausado de autos, quien ejercнa directamente el mando militar sin delegaciуn, caracterizбndose su actuaciуn funcional por su presencia en los procedimientos y respaldo directo a sus subalternos.
Entonces, a la luz de la prueba obrante, cabe concluir que J.N.G.P.es responsable de la muerte de J. C., bajo cuyo mando se hallaban las personas que lo detuvieron, torturaron y asesinaron, si es que no lo hizo el mismo.
Con referencia a que el encausado era el encargado del servicio que detuvo a J. C. es menester realizar una breve reseсa histуrica de su vinculaciуn con el SID a la luz de su legajo personal: El mismo ingreso al SID como Jefe del Departamento III el 16.07.1974 (fs. 988) manteniйndose hasta el dнa 30.11.1974. El 1.12.1975 G. retorna al SID permaneciendo hasta el 30.11.1976; luego se encarga de dicho servicio por el periodo 1.12.1976 a 30.01.1977 (fs. 998) y luego retorna a prestar servicios en el Departamento III del SID el 1.02.1977 asumiendo la Jefatura del servicio el 8.07.1977 permaneciendo allн hasta el 30.09.1977 segъn resulta del testimonio de su legajo personal obrante a fs. 978-1002.
En palabras del Fiscal actuante “…dicho homicidio (ejecuciуn) es perfectamente atribuible al encausado G., puesto que este en dicho momento fungнa como Jefe del Departamento 3 del S.I.D. a cargo de quien estaba el detenido…G. era una pieza clave del mismo y seguramente el Oficial de alto rango con mas antigьedad en tal organismo…Dable es resaltar que el Departamento 3 del SID –junto con otros organismos como OCOA, tenнa por funciуn la persecuciуn, detenciуn y torturas de los opositores al rйgimen dictatorial.
Por ello la creaciуn de los centros clandestinos de detenciуn que se encontraban a sus уrdenes…” (fs. 2311-2312). Complementando el razonamiento en el sentido de que el encausado comandaba el SID al tiempo de la detenciуn de J. C. el Sr. Fiscal actuante expresa “Adunase a lo anterior, lo manifestado por J. C. B. (soldado que procediу a detener a C.) “El Jefe del Departamento 3 en ese momento era el Tte. Cnel. G., nada de lo que se hiciera allн era sin su conocimiento” (fs. 11 vto.). Por ъltimo, tampoco se puede sortear la Nota 5 de fs. 999 del Legajo Personal de G., habida cuenta que de esta surge en forma inconcusa que aquel fungнa como Jefe del Departamento en el operativo que se encuentra intrнnsecamente imbricado con el que nos convoca. En efecto, en dicha anotaciуn el Gral. A. P. en su calidad de Director del SID el dнa 25.VII.77 consigno “El dнa 21 de los corrientes fue detenido incautбndosele un casette conteniendo grabado un documento reservado de las Fuerzas Armadas, numerosas anotaciones de militares y Unidades del Ejйrcito, el periodista brasileсo F. T., corresponsal del diario Excйlsior de Mйxico y de O Estado de San Pablo en Buenos Aires. Esta detenciуn permitiу tambiйn detectar la intromisiуn en nuestros asuntos internos de personal de una representaciуn diplomбtica. El Sr. Tte. Cnel. G. realizo una valiosa labor de inteligencia y condujo el operativo con gran acierto, lo que permitiу la sorpresa y el secreto que permitieron mejores condiciones de trabajo. Puso en evidencia este Sr. Jefe iniciativa, inteligencia, tacto, dominio de sн mismo, capacidad para el mando y sentido de la responsabilidad.” Por todas estas razones la parte acusadora infiere sin hesitaciуn, que al momento que se perpetuo la muerte del Maestro C., el prevenido, no solo era en los papeles el Jefe del Departamento 3 del SID sino que ejercнa como tal su funciуn. Y esa inferencia sin lugar a dudas tiene amplio respaldo probatorio en la presente causa.
En el referido contexto, en que la muerte de la victima de autos se produjo en el curso de un operativo militar al mando del Sr. J. N. G. P., ignorбndose la autorнa de la misma, se entiende que se asiste ante un supuesto de coautorнa, esto es, realizaciуn conjunta de un delito por varias personas que prestan consciente y voluntariamente su actividad individual para tal fin.
Dentro del concepto de coautorнa, puede diferenciarse la coautorнa ejecutiva directa, en la que todos los autores realizan todos los actos ejecutivos de la conducta delictiva y, por otro lado, la coautorнa ejecutiva parcial, en la que se produce un reparto de las tareas ejecutivas. En este ъltimo caso, el reparto de tareas entre los diversos participes puede hacerse de tal manera que alguno o algunos de los coautores ni siquiera presencie el momento concreto de la ejecuciуn del reato.
Lo verdaderamente determinante en la coautorнa es que el dominio del hecho lo tienen varias personas que, en virtud del principio del reparto funcional de roles, asumen por igual la responsabilidad de su realizaciуn.
Las distintas contribuciones (prestaciones convergentes) deben considerarse, por tanto, como un todo, y el resultado total debe atribuirse a cada coautor, independientemente de la entidad material de la contribuciуn de cada uno. (Muсoz Conde-Garcнa Aran, Derecho Penal, Parte General, 3ra. Ed, pags. 484 y ss.).
En este tipo de conductas colectivas, con reparto de tareas, normalmente le precede un acuerdo expreso, en virtud del cual los partнcipes se reparten los roles.
Aunque tambiйn basta que el acuerdo se produzca durante la ejecuciуn del reato (coautorнa sucesiva) y que sea tбcito.
Esos desarrollos doctrinarios se ajustan plбsticamente a la situaciуn investigada en esta causa, en efecto: no existe razonable duda de que los efectivos militares y Policiales actuantes en los hechos en investigaciуn, asн como sus mandos naturales, integrantes todos de las denominadas “Fuerzas Conjuntas” desplegaron su accionar (operativo) en el marco de un plan desarrollado de antemano. La distribuciуn de roles, independientemente de las diferencias motivadas por razones de jerarquнa del cargo y de las уrdenes superiores, estuvo sujeta a las necesidades de los operativos, muchos de los cuales podнan en primera instancia aparecer como desconectados (“Operaciуn Pecera”, vigilancia y detenciуn de J.C., detenciуn del periodista brasileсo F. T.) pero basta elevar la mirada para detectar los puntos de conexiуn y apreciar que los mismos son parte de un todo.
La responsabilidad de J.N.G.P. en los hechos investigados se fundamenta en ese criterio de “ejecuciуn conjunta”, relacionada directamente con el designio superior de los mandos, la cooperaciуn institucional e interinstitucional mientras se desplegaba la conducta delictiva y la cobertura se aseguraba previamente, amparados en la cual operaban los ejecutores inmediatos, generalmente de inferior jerarquнa. No es necesario que el Jefe haya apretado el gatillo para comprometer penalmente su responsabilidad. Por su “dominio del hecho” el Jefe cumple un rol necesario pues al determinar a actuar fue generativo, por instigaciуn, del delito cometido por el o los ejecutores (Cуdigo Penal Uruguayo y Leyes Complementarias Comentados por el Prof. Dr. Miguel Langon, 1ra. Ed., pag. 195). La conducta del encausado, jefe proactivo y adornado de inteligencia y eficacia a estar a los juicios de sus superiores, fue determinante, generativa, con capacidad de determinaciуn, desencadenamiento, mantenimiento y sostйn de la decisiуn, siempre personal del autor, mбxime en el seno de una Instituciуn vertical como sin duda lo es el Ejercito. No se tratу de un simple consejo, una idea lanzada al azar, una palabra o arenga irresponsable.
Ello, obvio esta, en la hipуtesis que el referido jerarca no se haya comprometido directamente en la ejecuciуn delictiva.
Toda vez que dicha circunstancia no se ha acreditado (tal como se dijera precedentemente) en base al principio “favoris rei” se entroniza una participaciуn mediata.

III) Calificaciуn jurнdica.
El material probatorio incorporado informa adecuadamente sobre la conducta desarrollada por el enjuiciado, conducta que se ajusta plбsticamente a la hipуtesis prevista por los Arts. 18, 61, 281, 286, 310 y 312 Erales. 1° y 5° del Cуdigo Penal.
En efecto, el enjuiciado en el curso de un operativo desplegado en represiуn de actividades contrarias al gobierno de la йpoca, comandando el operativo, asistido de otros integrantes del Servicio de Informaciуn de Defensa del Ejercito, materializo la detenciуn, desapariciуn, tortura y ejecuciуn de la victima de autos, quien luego de aprehendido fue llevado directamente a un centro de reclusiуn clandestino gestionado por el referido Servicio militar en donde fue torturado y nunca mбs fue visto, apareciendo sus huesos treinta y cuatro aсos despuйs enterrados en un predio militar cercano a la ciudad de Toledo en el departamento de Canelones con certeros indicios de haber sido maniatado, torturado y ejecutado con un disparo en la cabeza.
El encartado debe responder como coautor penalmente responsable de un delito de Homicidio muy especialmente agravado por grave sevicia y por haberse cometido inmediatamente despuйs de haberse cometido otro delito para ocultarlo o suprimir sus indicios o su prueba, por cuanto determino a otros a cometer tal delito (Art. 61 Nral. 1° del Cуdigo Penal).
Se coincide con la representaciуn del Ministerio Pъblico en el sentido de que estamos en presencia de un homicidio consecuencial. La muerte fue consecuencia o se dio por o en ocasiуn de los delitos de “Abuso de autoridad contra los detenidos” (Art. 286 del Cуdigo Penal) y “Privaciуn de libertad” (Art. 281 del Cуdigo Penal) pues ni siquiera se ensayу o alego orden judicial ni aun de la justicia militar para la detenciуn y retenciуn cumplidas.

IV) Alteratorias operantes.
A la luz de las probanzas aportadas, se entiende que se configuran las agravantes genйricas de la alevosнa, por cuanto el o los agentes homicidas sin duda alguna obraron sobre seguro respecto de una vнctima que se encontraba en condiciones totalmente inadecuadas para prevenir el ataque o defenderse de la agresiуn y la reincidencia (Nral. 1° del Art. 47 y Nral. 1° del Art. 48 del Cуdigo Penal). Tambiйn concurren las agravantes muy especiales de la grave sevicia (Nral. 1° del Art. 312 del Cуdigo Penal), resultando el caso uno de los tнpicos citados por la doctrina como constitutivos de esta agravante especial, muerte precedida de torturas; y la prevista en el Nral. 5° del Art. 312 del Cуdigo Penal, por cuanto como lo sostiene muy bien el acusador el homicidio de C. se cometiу inmediatamente despuйs de haberse realizado otros delitos. Desde otro punto de vista, el hallazgo de sus restos clandestinamente sepultados en un predio militar revela la finalidad de ocultamiento de la conducta delictiva precedente al suprimir los indicios o su prueba.
No se computan atenuantes.

V) Tratamiento punitivo.
De conformidad con las emergencias del proceso y atento a lo dispuesto por los Arts. 50, 53, 61, 66, 69, 70, 81, 86 y 88 del Cуdigo Penal, considerando especialmente las aleatorias de conducta convocadas en la causa y las condicionantes de la conducta cumplida, el tratamiento punitivo se fijara en el monto requerido por la parte acusadora, con descuento de la preventiva cumplida (en su caso) y de su cargo los gastos de alimentaciуn, vestido y alojamiento durante el proceso y la condena.

Por los fundamentos expuestos y atento a lo dispuesto en los Arts. 1, 2, 3, 9, 18, 47 Nral. 1., 48 Nral. 1., 50, 53, 61, 66 a 69, 81, 85, 86, 105 lit. ‘a’, 281, 286, 310 y Erales. 1. y 5° del Art. 312 del Cуdigo Penal y Art. 245 y cc. del Cуdigo del Proceso Penal

FALLO:

Condenando a J.N.G.P. como coautor penalmente responsable de un delito de “Homicidio muy especialmente agravado”, a la pena de veinticinco (25) aсos de penitenciarнa, con descuento de la preventiva cumplida (en su caso) y de su cargo los gastos de alimentaciуn, vestido y alojamiento durante el proceso y la condena.
Ordenando la comunicaciуn de las penas accesorias (Art. 81 del C.P.), especialmente a la Corte Electoral.
De no ser recurrida expresamente en el plazo legal, elйvese en apelaciуn automбtica para ante el Tribunal de Apelaciones en lo Penal que por turno corresponda, con las formalidades de estilo (Art. 255 del C.P.P.).
Honorarios fictos ocho B.P.C.


Dr. Nelson Dos Santos – JUEZ LETRADO

DDU - CASO - JPP - 11321