ART. 1º.-
Suspéndase el tratamiento de nuevas solicitudes de autorización para introducir eventos de organismos vivos de origen vegetal y sus partes genéticamente modificadas para cualquiera de los propósitos definidos en el Decreto 249/000, de fecha 30 de agosto de 2000, por parte de la Comisión de Evaluación de Riesgo de Vegetales Genéticamente Modificados, por un período de dieciocho meses, a partir de la fecha de la publicación del presente decreto.

ART. 2º.-
Se crea un Grupo de Trabajo Interministerial compuesta por representantes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente que estará a cargo de diseñar los lineamientos y políticas sobre biotecnología, incluyendo la participación de los diversos sectores interesados a grupos de opinión, especialmente del sector privado, la sociedad civil y la academia.

ART. 3º.-
El Grupo de Trabajo deberá adoptar definiciones claras a nivel público, sin perjuicio de una amplia participación de la sociedad civil, en un marco regulador que comprenda:
a) ajustes institucionales que puedan resolver en el mediano plazo, la efectividad y adecuación de las eventuales capacidades incluyendo fortalecimiento administrativo, técnico y financiero;
b) eventuales impactos para la salud humana y amenazas al medio ambiente;
c) relación entre agricultura tradicional, natural, orgánica y la producción biotecnológica;
d) investigación científica e incorporación tecnológica;
e) fortalecimiento de la investigación a nivel regional;
f) mecanismos de información al consumidor.

ART. 4º.-
Estos trabajos deberán incluir fundamentalmente los siguientes aspectos:
a) Temas sociales;
b) Investigación científica;
c) Producción agrícola

ART. 5º.-
El Grupo Interministerial deberá presentar sus conclusiones y un proyecto de marco legal en el plazo máximo de un año, a partir de la fecha de publicación del presente decreto, abordando prioritariamente los aspectos que se indican a continuación, sobre los cuales tendrá que entregar un avance a los Ministros de las Secretarías de Estado representadas en el referido Grupo de Trabajo, en el plazo de seis meses:
a) El análisis de los riesgos y beneficios de la adopción y uso de la agrobiotecnología, con énfasis en las consecuencias socioeconómicas derivadas de su uso comercial y en distintos sistemas productivos;
b) El análisis de los eventuales efectos sobre el ambiente, fundamentalmente sobre la biodiversidad, teniendo en cuenta que muchos países de la región son megadiversos o, como es el caso de Uruguay tienen, en su pastura natural, una riqueza biológica única en el mundo;
c) El análisis de los eventuales efectos sobre la salud humana y animal así como sanidad vegetal;
d) Las cuestiones de propiedad intelectual relacionadas, incluido el cobro de regalías y la distribución de los beneficios;
e) La búsqueda de mejores mecanismos de participación de toda las partes interesadas en el proceso de toma de decisiones;
f) Las necesidades de cooperación y transferencia de tecnología y formas operativas y efectivas de satisfacerla;
g) El análisis de mecanismos de coexistencia.